Juan Ramón Rallo
La denuncia contra Google por parte de la Comisión Europea
escapa a cualquier racionalidad económica y jurídica. Es un simple inquisición
política.
Las empresas tienen dos vías para competir: una, tratando de generar un mayor
valor para el consumidor; la otra, cabildeando al poder político para que les
otorgue privilegios o para que destruya a sus rivales. La mal llamada
"legislación en defensa de la competencia" es uno de esos viles
mecanismos instituidos por el Estado para que unas empresas logren en la
trastienda política lo que han sido incapaces de lograr en la gran tienda del
mercado libre: desde sus orígenes, un eufemismo para enmascarar la extorsión política de las
compañías triunfadoras.
La última proeza de la Comisión Europea a este respecto no se sale de tan
deplorable guion histórico. Bruselas amenaza con sancionar a Google por
abuso de posición dominante en la promoción de su plataforma de
compras, Google Shopping. Sí, Google Shopping. Un servicio de compras a través
de internet donde el gigante de Mountain View goza de un dominio tan absoluto
que usted probablemente ni lo conozca ni, mucho menos, lo haya usado en su vida
para efectuar adquisición alguna.
Para sonrojo de Europa, huelga constatar lo obvio: que en el mercado de
ventas por internet, los monarcas absolutos son Amazon y Ebay, no
Google. Acaso porque, justamente, ofrecen un mejor servicio a este
respecto. ¿Por qué entonces cebarse contra el Google Shopping? Según la
Comisión, porque el buscador de Google -que sí es mayoritariamente usado en
Europa por ser mucho mejor que sus rivales más conocidos- privilegia los
resultados arrojados por Google Shopping frente a los de sus competidores
directos. ¡Anatema! Una empresa buscando aprovechar las sinergias entre sus
distintos productos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué será lo siguiente? ¿Que
esRadio dé prioridad en sus programas a las noticias de Libertad Digital frente
a las de El País o El Mundo?
La acusación, no por disparatada, tiene menores visos de triunfar. Tal vez
más. No en vano, por ejemplo, Microsoft ya sufrió en sus carnes una
multa de 500 millones de euros en 2004 por la muy predatoria práctica
de llevar instalado gratuitamente de serie con el Windows XP ese programa de
reproducción audiovisual tan poco funcional como es Windows Media Player. La
lógica y el sentido común entran en suspenso cuando tratamos de políticas de
defensa de la competencia: y por eso Google bien podría ser sancionado con hasta
6.000 millones de euros por el
mero hecho de reservarse las mejores posiciones en su servicio
gratuito de búsqueda.
Sí, subrayen: "su" servicio (porque, de momento, no ha sido nacionalizado por
la Comisión Europea) y "gratuito" (porque no olvidemos que Google presta su buen
servicio de búsquedas en internet de manera gratuita para el usuario). Pero
ninguna de ambas razones parecen ser suficientes como para exonerar a la
compañía de la voracidad recaudatoria de Bruselas: por lo visto, no sólo has de
otorgar el servicio gratuitamente, sino que además has de hacerlo bajo las
arbitrarias directrices de los eurócratas.
Al final, el asunto es muy simple. La competencia no debería ser entendida
como la inexistencia de "poder de mercado" ante la multiplicidad de alternativas
igualmente valiosas: por definición, la empresa que ofrezca un mejor
servicio a los consumidores gozará de "poder de mercado" (poder
otorgado por los propios consumidores), en tanto en cuanto éstos estarían en
posición de alegar que se encuentran maniatados por "cadenas de oro". Lo que caracteriza la verdadera competencia, en cambio, es que los consumidores
gocen de "libertad de salida" (que no estén obligados a
contratar con ninguna empresa concreta) y que los rivales gocen de
"libertad de entrada" (que nadie les prohíba ejercer la
competencia contra una empresa determinada).
Justamente, ambos requisitos se cumplen de manera viva en internet, donde ni
siquiera existen costes relevantes para que el usuario cambie al instante de
proveedor: si a éste no le agrada cómo Google le "amaña" los resultados,
dispone de Bing, Yahoo o DuckDuckGo a un click de distancia. Nada más.
Si así lo desea, no es necesario que regrese jamás por el manipulador portal de
Google. Pero, precisamente porque todo usuario ya dispone de semejantes
opciones, resulta inadmisiblemente liberticida que los eurócratas quieran
controlar cómo proporciona Google sus servicios so pena de expropiarle 6.000
millones de euros.
No se equivoquen: la denuncia contra Google por parte de la Comisión Europea
escapa a cualquier racionalidad económica y jurídica. Es una simple
inquisición política para sablear a la compañía, para contentar a sus
incompetentes competidores y, sobre todo, para poner de manifiesto quién manda
en Europa: no los ciudadanos, sino los burócratas.
© Libertad Digital SA
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