Su principal atractivo: que tributan solo al 1% y que sus beneficios pueden estar en un 99,09% en manos de una sola persona
Las sicav, a pesar de su mala fama, son perfectamente legales. Lo que se hace con ellas pertenece más al campo de la «elusión fiscal» que al de la «evasión fiscal». Una sociedad de inversión de capital variable es un mecanismo regulado por la directiva europea 85/611/CEE. Para fundar una sicav hacen falta un mínimo de 100 socios, 2,4 millones de euros en capital social inicial y la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Su principal atractivo: que tributan solo al 1% y que sus beneficios pueden estar en un 99,09% en manos de una sola persona.
Las sicav tienen por su naturaleza la obligación de invertir en activos financieros. Es decir, deben comprar acciones, bonos, deuda pública o privada. Las personas o las empresas que han ganado mucho dinero pueden optar por meterlo en un fondo de inversión, gestionado por un banco, o invertir en una sicav. La gran ventaja de hacerlo a través de este producto es que permite diferir en el tiempo el pago de impuestos.
Las plusvalías por las inversión colectiva tributan al 1%. Ahora bien, en el momento en que los accionistas de la sicav decidan retirar su dinero de ese instrumento la tributación que se les aplicará será la general del ahorro, y que según la reciente reforma fiscal estará entre el 19% y el 23%. Por tanto, lo que permite la sicav es que, si no se retira la inversión de la misma, el socio podrá reinvertir una cantidad mayor de dinero, porque mientras esté dentro de la sociedad pagará el 1% y no el 19%-23%. Y esto es en último términdo una fórmula para incremento el patrimonio.
La Eurocamara insiste en su legalidad
De esas mismas ventajas se estaría beneficiando por tanto el sistema de pensiones de los eurodiputados. El Parlamento Europeo ha defendido hoy, ante la polémica generada en España, que la fórmula escogida para formalizar el antiguo sistema de pensiones complementario para eurodiputados, a través de una sicav en Luxemburgo, es «absolutamente legal» y que todas las prestaciones obtenidas deben declararse y están sujetas a tributación nacional.
«La fórmula escogida para este sistema complementario —una sicav— fue decidida por la entidad gestora del mismo, en el momento de su fundación el 3 de marzo de 1994. Dicha fórmula es absolutamente legal y se utiliza frecuentemente para sistemas complementarios de pensiones. La sociedad se crea en Luxemburgo por estar en este país la sede de la Secretaría General del Parlamento Europeo, desde donde se gestionan los fondos financieros de la institución», ha explicado la Eurocámara en un comunicado.
La creación de este sistema de pensiones complementario fue decidida en 1990 por un grupo de eurodiputados. Ante la falta de un régimen común, el 2 de junio de 1990, la mesa del Parlamento Europeo aceptó colaborar con dicho fondo complementario de pensiones, según relata la Eurocámara. En aquella época, los sueldos, cobertura y prestaciones sociales de los eurodiputados dependían de cada Estado Miembro y sus normas nacionales.
Este fondo voluntario funcionó hasta 2009, cuando tras la entrada en vigor del nuevo estatuto del eurodiputado, los salarios y prestaciones sociales -incluidas las pensiones- pasan a depender de las instituciones europeas. Es entonces cuando el Parlamento Europeo decidió terminar con las aportaciones al fondo, al entender que las pensiones quedan garantizadas de manera homogénea para todos los miembros.
Desde ese instante, cesaron las aportaciones al fondo así como la incorporación de nuevos eurodiputados al mismo. «Como es lógico, todas las prestaciones obtenidas a través del sistema complementario de pensiones deben declararse y están sujetas a tributación nacional», concluye el comunicado.
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