Viejos economistas liberales españoles

Carlos Rodríguez Braun explica por qué los escolásticos españoles si deben ser considerados liberales: desde su explicación del precio justo hasta su método de llegar a posturas liberales en búsqueda de justicia.

Caben pocas dudas sobre la notable calidad de los pensadores escolásticos españoles, también en economía, sobre la que aportaron los rudimentos nada menos que de la teoría cuantitativa del dinero y la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Pero ¿podemos calificarlos de economistas liberales? En una palabra, sí.

Su visión del precio justo (es típico de los escolásticos abordar cuestiones económicas desde una perspectiva religiosa, moral y jurídica) es liberal, porque consideran que el precio justo es el precio de mercado. Con matices, claro. No sólo porque se refieren a ese precio en ausencia de fraude y violencia, sino también de emergencias, ante las cuales el príncipe podía intervenir y tasar los precios de los bienes de primera necesidad. Pero su fondo liberal está claro, como afirma la gran historiadora Marjorie Grice-Hutchinson: “Cuanto más profundamente se sumerge el estudioso en los debates de los escolásticos sobre el precio justo, no sólo es más fuerte la impresión de que los doctores creían en el libre juego de las fuerzas del mercado como principal determinante del precio, sino que también se da cuenta de que ansiaban proteger, desde un punto de vista moral, esta doctrina del peligro que pudiera representar cualquier ataque”.

La teoría cuantitativa es importante para el liberalismo porque centra la responsabilidad de la carestía de la vida en quien de verdad es el culpable: el que maneja la moneda, el Estado. No por casualidad el instituto liberal español por excelencia se llama Juan de Mariana. En efecto, el sabio jesuita español abogaba por un gobierno limitado, planteó la idea de que la inflación es en realidad un impuesto, y reclamó el control del gasto público…¡en 1609!

La teoría del valor de los escolásticos es subjetiva. Esta noción era muy antigua, está ya en Aristóteles, y la recogieron San Agustín y los escolásticos en la Edad Media, que se apartaron de la teoría del valor según el coste de producción, que prevalecería entre muchos economistas clásicos, y Marx. El profesor León Gómez Rivas cita a Grice-Hutchinson, que subraya el punto de vista contrario de los escolásticos: “Los autores medievales analizaban al pobre como consumidor más que como productor. Una teoría del valor según el coste de producción habría brindado a los comerciantes una excusa para aumentar el precio con el pretexto de cubrir sus costes, y se pensó que era más equitativo depender de las fuerzas impersonales del mercado que reflejaban el juicio de toda la comunidad, o, por emplear la frase medieval, la ‘estimación común’. Parece que el fenómeno del intercambio fue cada vez más explicado en términos psicológicos”.

Con todos los matices que corresponden a estos viejos economistas españoles, su idea del precio libre como justo es liberal. Nótese que buscando la justicia llegan a la libertad, justo al revés que el pensamiento moderno intervencionista, aferrado a la justicia y con conclusiones sistemáticamente antiliberales.

Este artículo fue publicado originalmente en Expansión (España) el 6 de junio de 2017.

El Euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa

La Fundación Rafael del Pino organizó, el 5 de octubre, la Conferencia Magistral de Joseph E. Stiglitz “El Euro. Cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa” con motivo de la presentación de su último libro de igual título.

Hay alternativa, no rescatemos al Banco Popular

Juan Ramón Rallo estima que quienes deben asumir las perdidas de los bancos son sus inversores, no los contribuyentes.

El Banco Popular está atravesando sus horas más bajas. No porque repentinamente haya adoptado un cúmulo de malas decisiones que lo hayan precipitado al abismo sino porque la basura que durante tantos años escondió en el interior de su balance ha comenzado a aflorar de manera ya irreversible. El Popular, como el conjunto de cajas nacionales, se sumergió de lleno en la burbuja inmobiliaria española generada por la laxitud crediticia del Banco Central Europeo. Y, aún no satisfecho con el volumen de activos tóxicos que ya había acumulado merced a su imprudencia ladrillística, optó por pagar 1.250 millones de euros por otra politóxica entidad denominada Banco Pastor cuyo valor real era de -500 millones.

Así las cosas, los test de estrés desarrollados por Oliver Wyman a finales de 2012 cuantificaron las pérdidas potenciales del Popular únicamente derivadas del ladrillo en más de 13.000 millones de euros. Un atracón de difícil digestión que ha terminado por condenar al banco a un irrefrenable declive: su desplome en bolsa seguido por la desbandada de los accionistas de referencia (BlackRock primero, y Crédit Mutuel después) le anticipan un muy negro futuro. La ampliación de capital ya se antoja totalmente inviable, de manera que las opciones realmente disponibles se reducen a tres.

La primera es que aparezca un inversor kamikaze dispuesto a quemar su dinero —o el de sus accionistas— en rescatar al Popular. De acuerdo con los últimos rumores, podría ser el Santander quien, o bien empujado por presiones gubernamentales o bien seducido por favores gubernamentales, se quedara con la entidad hoy presidida por Saracho. De momento, el Santander ha sido el único de los grandes bancos españoles que no ha participado en el salvataje del sistema financiero español (BBVA compró Catalunya Caixa; La Caixa adquirió Banca Cívica; Sabadell se hizo con la CAM; y la Bankia ha incorporado a BMN), de manera que no sería de extrañar que terminara soportando su parte del peaje. Sin embargo, el accionista del Santander ya ha sido tan sumamente maltratado durante la última década que cuesta creer que se le acabe dando la puntilla embarcándole en una operación tan disparatada como ésta. Aunque, por supuesto, en un sector tan encamado con la política, como es el financiero, cualquier locura puede terminar volviéndose realidad.

Pero si finalmente el Santander no acudiera al rescate, sólo quedarían abiertos dos caminos: o bien las pérdidas del Popular se las comen los contribuyentes o bien se las comen sus acreedores. El primer infame camino —el bail-out— es el que han seguido los gobiernos del PSOE y del PP hasta la fecha: tan pronto como las cajas se quedaban sin capital para seguir absorbiendo los números rojos de su irresponsable gestión financiera, el resto de la factura se la trasladaba al conjunto de los españoles. El segundo mucho más honesto camino —el bail-in— es el que algunos defendimos desde un comienzo y el que ha terminado por implantarse en la Unión Europea a través del Mecanismo Único de Resolución: una vez los bancos se quedan sin fondos propios para seguir absorbiendo sus pérdidas, el resto de la factura se les traslada a los acreedores.

Si atendemos a los tristes acontecimientos vividos durante los últimos años, resulta harto probable que el PP y sus altavoces mediáticos traten de persuadirnos de que, si fracasa la operación Santander, la única opción realista para el Banco Popular es el rescate a costa de los contribuyentes. La inyección de fondos públicos no sólo beneficia a la comunidad de inversores en renta fija (que se libra de la asunción de pérdidas) sino que proporciona una oportunidad de oro al Gobierno para maniobrar a su antojo en el sistema financiero, repartiendo opacamente prebendas y recompensas a aquellos actores más cercanos al poder.

De ahí que sea necesario contrarrestar por anticipado la propaganda con la que tarde o temprano se nos bombardeará para justificar el indecente rescate público frente a la mucho más justa y razonable imputación de pérdidas a los acreedores privados. No en vano, basta echarle un vistazo al último balance presentado por el Banco Popular para comprobar que el bail-in constituye una opción completamente factible.

Así, la mayoría de analistas estiman que el Popular todavía carga con unas pérdidas latentes sobre su cartera de activos inmobiliarios superiores a los 3.000 millones de euros (aunque fuentes internas, evidentemente sesgadas, rebajan tal cifra a los 2.000 millones). Aun suponiendo que ni un céntimo de esa suma fuera absorbible por los más de 11.300 millones de euros en fondos propios que exhibía el banco a cierre de 2016 (recordemos que los bancos deben contar con un capital mínimo para operar), existen una pluralidad de pasivos financieros contra los que se podrían cargar tales quebrantos: 2.045 millones de euros en pasivos subordinados; 1.054 millones de euros en Euronotas y 825 millones de euros en pagarés y otros títulos de deuda a corto plazo. En total, pues, más de 3.900 millones de euros en una clase de pasivos que, quita mediante, deberían ser los primeros en absorber todas las pérdidas justo después de que los accionistas lo hayan hecho.

Pero imaginemos que el agujero final del Popular termina siendo mucho mayor de lo inicialmente estimado y que ni siquiera una quita del 100% sobre esos 3.900 millones de euros en títulos de renta fija basta para garantizar su subsistencia (o que parte de esos 3.900 millones ya han sido amortizados desde el cierre de balance en 2016). Pues bien, aun así, entre los pasivos del banco se encuentran más de 12.000 millones de euros en bonos garantizados (especialmente, cédulas hipotecarias) contra los que también cabría aplicar alguna quita: es verdad que muchos de esos bonos serían jurídicamente inatacables (pues cuentan con el doble respaldo del banco y del activo subyacente colocado como garantía), pero otros no lo serían (aquellos cuyo colateral también se halle impagado). Y, por último, si todo lo anterior no fuera suficiente, el banco también carga con más de 97.000 millones de euros en depósitos, una parte notable de los cuales procederán de depósitos individuales con un importe superior a 100.000 euros y por tanto no cubiertos por las garantías estatales: llegado el caso extremo, sería mucho más lógico que fueran los grandes depositantes —mucho antes que el contribuyente— quienes pagaran los restantes platos rotos.

En definitiva, quien tiene que asumir las pérdidas de un banco son sus inversores, no los contribuyentes: primero los accionistas y después los acreedores. Son ellos quienes han inmovilizado voluntariamente sus ahorros en la entidad con la perspectiva de obtener ganancias pero también soportando el riesgo de experimentar pérdidas. El contribuyente no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en todo este entuerto. Ya está bien de privatizar ganancias y socializar pérdidas: privaticemos ganancias y privaticemos pérdidas. Si finalmente los accionistas del Santander rechazan inmolarse absorbiendo al Popular, entonces los contribuyentes deberemos plantarnos y oponernos radicalmente a cualquier rescate público del Banco Popular. Que lo paguen sus acreedores.

Este artículo fue publicado originalmente en El Confidencial (España) el 7 de junio de 2017.

¿Por qué la redistribución de la riqueza es injusta? - Juan Ramón Rallo

Juan Ramón Rallo - Mitos de la Economía Española - Sevilla 2016

Sube el salario mínimo, aumenta el paro

http://www.civismo.org/es/inicio

 

Una de las mentiras más repetidas por los populistas es que sus medidas económicas no tienen coste, bien porque lo ocultan, bien porque se lo hacen pagar al ciudadano en facturas camufladas de consumos, como el de la luz. Esta desfachatez alcanzó máximos históricos el martes, cuando Unidos Podemos reclamó una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes, aduciendo que no tendría impacto presupuestario. Pero... claro que lo habría: el de los puestos de trabajo que se destruirían por no alcanzar la productividad del empleado los 18.000 euros que supone el coste mínimo por contrato para el empresario. A este perjuicio habría que añadir los subsidios a pagar a los nuevos parados y la consiguiente reducción de ingresos tributarios. Por ejemplo, en Alemania la introducción del SMI en 2015 supuso el despido de 60.000 trabajadores, y el desplome en un 55% en la creación de empleo indefinido. Si ese intervencionismo acarrea esos efectos en el ‘país locomotora’ de Europa, estimen lo que sería en España.

Pero ésta no es la única mina en el camino del pleno empleo: hay también cientos de regulaciones que bloquean ideas de negocio emergentes. Así se explica, entre otros motivos, la diferente fuerza en la creación de puestos de trabajo de unas regiones y otras. La dispersión de datos es alarmante. En 2015, por ejemplo, el mercado laboral se mantuvo estancado en Asturias, Murcia y Navarra, mientras que creció más de un 4% en Canarias, Baleares, Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana.

A su vez, BBVA Research ha calculado que el empleo en las CC AA crecerá entre un 1% y un 5% este año, y entre un 0,6% y un 4,6% el próximo. Con ello, la tasa de paro caerá al 17,9% de la población activa. Sin embargo, si todas las regiones aumentaran su ocupación al ritmo de la más rápida, el desempleo caería hasta el 14,4%.

Por comunidades, las cifras son todavía más escandalosas. En Navarra, desde que accedieron al gobierno Bildu y Podemos, el ritmo de creación de puestos de trabajo se ha estancado abruptamente. Si esta región recuperase el liderazgo que ostentó en este campo antes de que los radicales alcanzasen el poder, lograría en apenas dos años el pleno empleo, con apenas un 5,3% de paro. Algo similar pasaría en País Vasco, con un 6,2%, mientras que La Rioja, Aragón, Madrid, Baleares y Cantabria conseguirían reducir el desempleo a un solo dí- gito. Además, el grueso del resto de las regiones (Castilla y León, Cataluña, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia) alcanzaría una tasa de paro menor que la actual media española en el escenario normal de previsiones. Finalmente, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Andalucía todavía mantendrían un índice de desempleo en torno al 20%.

La sociedad civil tiene que exigir a los políticos que dejen a un lado el populismo y aprueben sólo leyes laborales compatibles con la competitividad que exige el mercado global. El remedio para ayudar a quienes de verdad más lo necesitan no es subir el SMI, sino el de subsidios temporales puntuales. Hacer propuestas voluntaristas inviables es un fraude que pagan muy caro los ciudadanos que sólo quieren que les dejen trabajar en paz. Los políticos no pueden olvidar que el abuso del rigor regulatorio se transforma en ‘rigor mortis’ en las empresas más débiles. 

Salarios, crecimiento económico y pensiones

F. Cabrillo (Vicepresidente Civismo) 

Desde hace algún tiempo los sindicatos y algunos partidos políticos insisten en la conveniencia de elevar los salarios en España, señalando que esto tendría efectos muy beneficiosos para la economía. No cabe duda de que hay buenas razones para valorar de forma positiva una subida salarial. A todos nos gustaría vivir en una sociedad en la que no existiera la pobreza y en la que la gran mayoría de la población disfrutara de un elevado nivel de vida. Pero, como tantas veces ocurre, una propuesta bienintencionada, podría acabar teniendo efectos perjudiciales para las mismas personas a las que se intenta favorecer.

Los argumentos económicos que se han puesto sobre la mesa para defender esta propuesta son, básicamente, de dos tipos. El primero es de carácter macroeconómico. Se afirma que, si suben los salarios con carácter general, se elevará el poder compra de la población y, por tanto, su nivel de consumo; lo que llevará a un aumento de la demanda agregada, que estimulará la producción y la creación de nuevo empleo, todo lo cual elevará el nivel de la renta nacional. La segunda línea de argumentación, que ha salido a la luz a raíz de la crisis de solvencia de la Seguridad Social, afirma que unos salarios más altos tienen como efecto unas cotizaciones más elevadas y, por tanto, ayudan a incrementar los ingresos de la seguridad social y a reducir su preocupante déficit.

El problema es que estos argumentos, aparentemente sensatos, tienen, sin embargo, mucho de equivocados. El primero es un razonamiento básicamente keynesiano, que, como buena parte de los modelos desarrollados a partir de las ideas de Keynes, consideran, de forma implícita, que las economías son cerradas; o, al menos, que en ellas el papel del sector exterior no es muy relevante. Y esto, que ha sido verdad, sin duda, en muchos momentos del pasado, hoy ciertamente no lo es. Vivimos en economías abiertas; y, mientras no seamos plenamente conscientes de lo que esto significa, tendremos serias dificultades para entender lo que está pasando. En una economía cerrada un incremento de la demanda de consumo se dirigirá necesariamente a bienes y servicios producidos en el interior del país; y podremos suponer, por tanto –sin tener en cuenta posibles distorsiones en el ahorro y en la inversión– que la demanda de productos nacionales crecerá y se pondrá en marcha el mecanismo expansivo antes descrito. Pero en una economía abierta las cosas pueden ser muy diferentes, porque una parte importante del consumo se dirigirá a la compra de bienes comerciables en el mercado internacional. Y muchos españoles preferirán adquirir productos no fabricados en España, si consideran que su relación calidad-precio es mejor; y este tipo de consumo no generará, por tanto, tal proceso de expansión en la producción interna. Por otra parte, las empresas españolas, que deben competir con empresas de otros paí- ses, tanto dentro como fuera de España, encontrarán dificultades para mantener su cuota de mercado si sus costes son más altos que antes. Algunas, si son realmente competitivas, podrán hacerlo; pero otras, no. Por tanto, muchas empresas, en vez de ampliar sus plantillas tendrán que reducirlas y el efecto final será el contrario del buscado.

El argumento de que mayores salarios llevarían a un menor déficit en las cuentas de la Seguridad Social parte también de un principio equivocado. En este caso, la idea de que el número de trabajadores empleados es fijo. Si esto fuera así, los sindicalistas tendrían razón: dado un determinado nivel de ocupación, si los salarios aumentan, los ingresos de la Seguridad Social crecen. Pero el nivel de empleo no es fijo; ni es una variable que alguien –el Gobierno, la patronal, los sindicatos o todos juntos– puedan establecer mediante un acuerdo. Dependerá, en cambio, de las condiciones del mercado en cada momento. Y forzar aumentos de los salarios al margen de la productividad del trabajo en cada empresa tendría como efecto la reducción de la demanda de este factor. En otras palabras, la cotización media por empleado aumentaría; pero el número de trabajadores con empleo disminuiría, o crecería a un ritmo más bajo. Y en una economía como la espa- ñola, con una tasa de paro muy alta, adoptar medidas que hicieran más difícil la creación de empleo sería una muy mala idea.

En resumen, estas reflexiones ponen de manifiesto que tiene poco sentido tratar de manipular el mercado de trabajo; y que, si se hace tal cosa, los efectos pueden ser muy negativos. Para solucionar el problema del empleo, lo que nuestro país necesita es que se creen empresas competitivas, en un mercado que no es español, sino mundial. Deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo que negociar acuerdos generales sobre salarios no lleva a ninguna parte, en especial en el medio y largo plazo

Brutal subida de impuestos

Las medidas fiscales presentadas el viernes por el gobierno constituyen una dura vuelta de tuerca a empresas y particulares. Contra lo que pueda parecer a simple vista, la subida nos afecta a todos aunque formalmente sólo se aplique a determinados tipos de contribuyentes.

JUAN PINA

Lo ha vuelto a hacer. El partido de Montoro y Rajoy ha vuelto a subirnos los impuestos a todos. Sí, a todos. A algunos de forma directa (fumadores, consumidores de determinadas bebidas, empresas), pero a todos de manera indirecta ya que los impuestos siempre, inevitablemente, se repercuten. ¿Alguien piensa que arrancarle miles de millones de euros adicionales a las empresas no va a tener una fuerte incidencia en los precios de sus productos y servicios, que terminamos pagando los consumidores? ¿De verdad alguien cree que este nuevo mordisco a las empresas grandes no va a traducirse en menos compras de éstas a las pymes que las abastecen o prestan servicios, renegociando a la baja sus precios y poniendo en riesgo su continuidad? En el país con mayor paro de Europa, ¿de verdad hay ingenuos para quienes este hachazo fiscal no guarda relación con la capacidad de mantener o aumentar la plantilla de las empresas afectadas, para no hablar de la nómina de sus proveedoras más pequeñas y débiles?

Los impuestos se repercuten. ¿Alguien piensa que los impuestos adicionales a las empresas no afectarán a los precios que pagamos sus consumidores, o a su capacidad de dar empleo?

En 1850 el economista francés Frédéric Bastiat publicó su famosa falacia de la ventana rota, con la que denunciaba precisamente el curso de acción que vimos reflejado el viernes en nuestro Consejo de Ministros, y la línea argumental que lo enmascara. Esa línea argumental consiste en desconectar los efectos directos de los indirectos. “Lo que se ve y lo que no se ve”, tituló Bastiat. Cuando los gobernantes nos quieren quitar de golpe ocho mil millones de euros más para tratar de reconducir el déficit desbocado que ellos mismos provocaron, intentan ocultárnoslo con milongas. “Pagarán las empresas, los fumadores, los obesos que se hinchan a cocacolas (pero es por su bien), nunca el buen ciudadano correcto, ascético y sano” podría ser el resumen de la sarta de embustes que nos largó Cristóbal Montoro, trufada de las burdas gracietas y la torpe chabacanería a la que tanto cuesta acostumbrarse. “Lo que se ve” es a quién ha decidido aplicar esta nueva extorsión oficial la mafia institucionalizada que llamamos Estado. “Lo que no se ve” es quiénes terminaremos pagándola en realidad, es decir, de una u otra manera, todos. Las ramificaciones de cualquier alza fiscal van mucho más allá de los efectos inmediatos, y los tahúres como Montoro se valen de la ignorancia que ellos mismos fomentan y de la natural pereza intelectual de los ciudadanos. Ojos que no ven, bolsillo que al principio no siente y que, cuando sienta, no vinculará los aprietos con la subida de impuestos, al no haberla pagado directamente. “Lo que no se ve” es mucho más grave que “lo que se ve”.

El Estado expulsa del mercado de trabajo a quien no alcanza a producir por el valor que los sesudos políticos imponen como salario mínimo

Lo anunciado el viernes sólo es el principio. Si con mayoría absoluta, un PP convertido a la socialdemocracia ya nos hizo más de cincuenta subidas de impuestos, qué no nos hará ahora que tiene la excusa de necesitar el apoyo de los socialdemócratas de toda la vida (PSOE) y de los nuevos socialdemócratas aspirantes a bisagra troncal del sistema (Ciudadanos). Y esa misma excusa le sirve al PP para entorpecer aún más el empleo aumentando las cotizaciones para tapar con un dedo la vía de agua de un Estado asistencialista quebrado. Como con los impuestos, también con las cotizaciones se ha comenzado “por arriba”, quitando topes a lo que se cotiza pero no al monto de la pensión resultante, en lo que constituye una evidente confiscación. Pero la evolución natural de la estrategia iniciada el viernes es seguir adoptando medidas que encarecerán la contratación, y que por lo tanto son letales para los parados, para los trabajadores y para las empresas. ¿A quién benefician? Solamente a la maquinaria estatal y a la casta de políticos y funcionarios que viven —mejor que el ciudadano medio— de gestionarla.

Desde la Unión de Contribuyentes hemos denunciado la subida de impuestos y cotizaciones, pero también el muy preocupante recrudecimiento del control y la vigilancia sobre los ciudadanos. El llamado Suministro Inmediato de Información, o SII, merece un rotundo NOO de los contribuyentes. Que la Hacienda pública conozca en tiempo real cada una de nuestras pequeñas compras es un paso más en la senda que nos lleva a la distopía de un Estado autoritario, obsesionado con ejercer un control social absoluto. Que se reduzca hasta límites irrisorios el derecho de los ciudadanos a preservar la privacidad de sus transacciones pagando en efectivo con los mismos billetes que emite el propio Estado, es una vulneración flagrante de nuestras libertades básicas. Que se utilice los impuestos como hilos de marioneta para llevarnos a consumir o a no consumir unos u otros productos, según convenga a nuestros gobernantes, repugna a todo ser humano consciente de la importancia de su libertad. 

Si con mayoría absoluta, un PP convertido a la socialdemocracia ya nos hizo más de cincuenta subidas de impuestos, qué no nos hará ahora que tiene la excusa de necesitar apoyos

Ante las medidas adoptadas, una vez enfriada la indignación que provocan, cabe reflexionar sobre cómo plantarles cara. Las empresas y los particulares tendrán que hacer cuentas… o hacer las maletas. La asfixia fiscal española ya es en muchos casos insoportable. Al ciudadano medio, el Estado ya le arrebata la mitad de cada hora de trabajo. Y le pone dificilísimo encontrar empleo porque lo que tiene que pagar la empresa es brutal. Y le expulsa del mercado de trabajo como a un trasto viejo si no alcanza a producir por el valor que los sesudos políticos imponen como salario mínimo. Y encima le chulea diciendo que todo esto es por su bien y que mucho ojito con fumar, o con tomarse un cubata, no vaya a enfermar y le cueste dinero a su amo, el Estado. No se puede recomendar porque seguro que hacerlo es apología de algo, pero… me imagino que mucha gente harta ya estará pensando en la objeción fiscal y en la contraeconomía en “be” para defenderse de Cristóbal Montoro y de su ejército de sanguijuelas.

Unidos Podemos: alabar a Castro por aquello que deploran en España

 Juan Ramón Rallo

Una parte importante de la izquierda española (especialmente agrupada en torno a Unidos Podemos) despidió a Fidel Castro entre alabanzas por los incuestionables logros sociales que había alcanzado en Cuba. Desde su punto de vista, el régimen castrista constituye un envidiable ejemplo de “justicia social”: de erradicación de la pobreza, de igualitarismo, de alfabetización, de salubridad, de empleos de calidad o de sostenibilidad medioambiental. Son tales hitos los que justificarían “absolver” al tirano y garantizar la institucionalización de tan exitoso régimen: sus sombras no son suficientes como para ocultar sus luces.

Y, sin embargo, esos mismos políticos e intelectuales son quienes repiten incansablemente que España es una sociedad en descomposición debido a las alarmantes cifras de pobreza, a la insoportable desigualdad, al desmantelamiento del Estado de Bienestar, a la precariedad laboral, a la pobreza energética o a la insostenibilidad medioambiental. Son los mismos, en suma, que reivindican derrocar el Régimen del 78 por su falta de democracia interna y por su bancarrota social.

Pero, ¿verdaderamente viven los cubanos mejor que los españoles? La pregunta es harto pertinente, no vaya a ser que el nivel de vida que se ensalza en Cuba sea misérrimo en comparación con el nivel de vida que tanto se deplora en España. Si así fuera, la idealización del castrismo unida a la condena sin cuartel a España sería un caso de puro sectarismo ideológico: contentarse allí con muchísimo menos de lo que se denuncia aquí por el simple hecho de que la tiranía socialista “es de los nuestros” y, en cambio, “el Régimen del 78” es el enemigo a tumbar.

Acaso se me reproche que la comparación entre Cuba y España no es pertinente, que a Cuba debería comparársela con otros países caribeños y no con el mundo desarrollado. Falso: como ya expusimos, el nivel de vida en Cuba antes del castrismo era superior al de España y, por supuesto, a la de todos los países caribeños vecinos. Para evaluar los logros o los fracasos del castrismo habrá que comparar la evolución de Cuba durante estos últimos 60 años con la de otro país, España, que partía de una situación incluso más desfavorable que ella. Si tan maravilloso ha sido el castrismo y tan desastroso ha sido el Régimen del 78, sería de esperar que todo ello se reflejara en los distintos indicadores socioeconómicos.

Pobreza

De Cuba suele afirmarse que ha logrado erradicar la pobreza; a su vez, de España se denuncia que presenta unas cifras de pobreza alarmantes. Pues bien, según las Naciones Unidas, la renta per cápita de Cuba es de 7.301 dólares, mientras que la de España es de 32.044 dólares. Es decir, la renta per cápita de la paupérrima España es casi cinco veces superior a la de la próspera Cuba. Tengamos presente que esas cifras están ajustadas por paridad de poder adquisitivo —esto es, recogen los diferenciales en el coste de vida— y también incluyen la valoración de servicios públicos como la sanidad y la educación (a saber, los cubanos no reciben 7.301 dólares más sanidad y educación gratuita: la gratuidad de tales servicios ya está integrada en la renta de 7.301 dólares por cubano).

Acaso se replique que la renta per cápita no es un buen indicador para conocer el nivel de vida del conjunto de la población por cuanto esa renta per cápita puede estar muy desigualmente distribuida. Y es verdad: la renta per cápita puede ocultar desigualdades muy grandes (el caso más célebre a este respecto es el de Guinea Ecuatorial: altísima renta per cápita que convive con niveles de pobreza alarmantes). Sin embargo, la desigualdad de la renta en España es inferior a la de Cuba: en concreto, el índice Gini de España es de 35,8 y el de Cuba de 40,7 (a menor Gini, menor desigualdad). Por tanto, España no sólo tiene mayor renta per cápita que Cuba, sino que también está más igualitariamente distribuida. De hecho, recordemos que la definición de “pobre” en España es toda persona con ingresos inferiores a 14.256 dólares (en paridad de poder adquisitivo): esto es, todo aquel que ingrese menos del doble que la renta per cápita cubana es considerado pobre en nuestro país. Por consiguiente, la práctica totalidad de la población cubana —salvo la nomenklatura socialista— sería considerada pobre en España.

Si los niveles de pobreza en España son una “tragedia humanitaria”, ¿cómo puede la izquierda procastrista calificar de “logro social” el grado de pobreza en la Isla socialista?

Hambre

Del mismo modo que se nos dice que Cuba ha acabado con el hambre, también se nos alerta del que el hambre vuelve a campar a sus anchas por España. Sin embargo, la FAO certifica que los niveles de hambre en España y en Cuba no son estadísticamente significativos (esto es, que son demasiado bajos como para poder medirlos). ¿Por qué los datos de la FAO sirven para proclamar el fin del hambre en Cuba pero no para negar la existencia del hambre en España? Es verdad que en nuestro país hay personas que no están suficientemente alimentadas, pero su porcentaje es lo bastante bajo como para que no figure en las estadísticas de la FAO: ahora bien, ese mismo problema de medición también se da en Cuba y no parece que se le aplique el mismo rasero crítico que con España. ¿A qué viene la servil complacencia con la dictadura a partir de unas estadísticas que no se aceptan en nuestro país?

Pobreza energética

La falta de acceso a la electricidad, o a fuentes de energías sustitutivas, también es denunciada como una lacra que afecta gravemente a una parte de la población española. Sin embargo, de acuerdo con el Banco Mundial, cada español consume por año 2.504 kilogramos de equivalentes de petróleo, mientras que los cubanos sólo 1.301. Es decir, los españoles disponemos, como media, de un acceso al doble que energía que los cubanos (y, recordemos, que la desigualdad es menor en España que en Cuba).

Acaso se alegue que, en España, hay algunas personas que sufren de cortes temporales de electricidad por su incapacidad para atender la factura eléctrica y que esa bolsa de ciudadanos constituye una auténtica tragedia que sí debe denunciarse. Pero, de nuevo, esa misma perspectiva crítica no se dirige contra Cuba, pese a que su situación es mucho peor: el 25% de la población cubana vive en áreas rurales, y en esas áreas rurales, el 4,5% de la población no cuenta ni siquiera con acceso a la red eléctrica. Es decir, el 1,1% de la población cubana (el equivalente a medio millón de personas en España) está desconectada permanentemente de la electricidad (me abstengo de evaluar, por falta de datos, la calidad del suministro del resto de la población). En España, el 100% de la población tiene acceso a la red eléctrica.

Explotación laboral

El mayor problema de España es el empleo: ocupaciones mal pagadas y alto paro. En esto, aparentemente, Cuba sí sobresale: su tasa de desempleo es de apenas el 3,2%. Sin embargo, esa baja tasa de paro se consigue desincentivando el acceso de la población al mercado laboral (especialmente, de las mujeres). En Cuba, cuenta con un empleo el 65,8% de la población con edad de trabajar; en España, con una tasa de paro del 20%, ese porcentaje se ubica actualmente en el 60%. Ahora bien, ¿a qué tipo de empleo nos estamos refiriendo?

El salario medio en Cuba, según las propias estadísticas oficiales de la dictadura, es de 584 pesos mensuales, esto es, 22 dólares mensuales: ajustado por poder adquisitivo, serían 23,5 dólares mensuales. El salario medio españolson 2.590 dólares mensuales en paridad de poder adquisitivo (y recordemos que Cuba es más desigualitaria que España).

Frente a tan devastadores datos, los pro-castristas suelen afirmar que, pese a tan bajísimos salarios, el gobierno les proporciona gratuitamente a los cubanos sanidad, educación y vivienda. Pero en España la sanidad y la educación también están cubiertos por el sector público (en realidad, por los altos impuestos que soportan los españoles). Es decir, el salario medio cubano equivale a que, después de haber pagado la hipoteca o el alquiler en España, apenas nos resten una media 20 euros de sueldo para enfrentarnos a todos los restantes gastos mensuales. Sin duda, aquellas personas que perciban tan exiguos salarios dentro de nuestro país serían incluidos dentro de la categoría de empleo explotado y ultraprecario: pues bien, ese es el tipo de empleo que padece la inmensa mayoría de los cubanos y que los procastristas califican de “logro social” a importar.

Educación

Otra recurrente crítica contra España es que los recortes experimentados durante la crisis han contribuido a desmantelar el sistema educativo, dificultando así el acceso a la educación superior a muchísimos jóvenes. En cambio, se supone que Cuba constituye una tierra de oportunidades para que todos los adolescentes accedan a la universidad. Se olvida, empero, que el acceso a la universidad no sólo depende del coste de la matrícula, sino sobre todo de la capacidad económica con la que cuente un estudiante para mantenerse mientras estudia y sin trabajar (por eso, por ejemplo, la izquierda suele insistir en la necesidad de incrementar las becas). Y, en Cuba, la población se esfuerza por sobrevivir.

De ahí que en la Isla castrista sólo el 15,9% de los trabajadores cuente con estudios superiores: en España, el 36,2%. Acaso se nos diga que tales estadísticas son herencia del pasado y que hoy en Cuba es más fácil acceder a estudios superiores que en España. Pero tampoco: en Cuba, el número de matriculados en estudios superiores equivale al 49% de la población entre 18 y 23 años; en España, al 87%. Si nuestra educación superior está desmantelada y se ha vuelto prohibitiva para “la gente”, ¿qué decir de Cuba?

Sostenibilidad medioambiental

Desde determinadas tribunas también se nos ha vendido la consigna de que Cuba ha logrado crear un modelo económico sostenible desde un punto de vista medioambiental. En cambio, se suele acusar a España —y a Occidente, más en general— de estar destruyendo el planeta con un crecimiento irresponsable y antiecológico. Pero, nuevamente, los datos nos muestran la absoluta hipocresía a este respecto.

Primero, la huella ecológica de Cuba es de 1,85 hectáreas globales per cápita (esto es, cada cubano consume de media el equivalente a 1,85 hectáreas del planeta); la de España es de 5,42. Es decir, nuestro impacto ecológico es tres veces superior… pero recordemos que nuestra renta per cápita es 4,3 veces superior: por tanto, España es más respetuosa con el entorno en relación a los bienes y servicios que consumimos. O expresado de otra manera, España podría alcanzar la misma huella ecológica que Cuba manteniendo una renta per cápita un 50% superior a la de Cuba.

Esto mismo puede observarse a través de otras estadísticas: Cuba emite 3,5 toneladas de CO2 por persona frente a las 5,1 de España (emitimos menos del doble para generar más de cuatro veces su renta per cápita). Asimismo, el87,3% de toda la energía consumida por Cuba procede de combustibles fósiles, frente al 72,8% de España o al 83,3% de EEUU.

Segundo, la contaminación ambiental es muy superior en Cuba que en España: mientras que en las ciudades españolas hay una concentración de partículas con diámetro inferior a 2,5 micras de 9,9 microgramos por metro cúbico, en Cuba esa cifra asciende a 16,5. De hecho, las muertes atribuibles a la contaminación ambientalascendieron en Cuba a 4.147 en 2012 frente a las 6.860 de España (con cuatro veces más población y 50 veces más vehículos de motor en nuestro país).

Y tercero: en España el 100% de la población dispone de acceso a agua protegida de la contaminación externa. En Cuba, sólo el 89,8% en el campo y el 96,4% en la ciudad: unas cifras deplorables a la altura de países subdesarrollados como Guatemala (86,6% en el campo y 98,4% en ciudad).

Defensa e I+D+i

Por último, la izquierda procastrista también suele reprocharle a los políticos españoles castuzos que sus prioridades presupuestarias estén completamente desnortadas: mientras que, por un lado, gastan demasiado en defensa, por otro apenas invierten en I+D+i. Pues bien, Cuba dedica el 3,5% de su PIB a gastos militares frente a menos del 1,3% por parte de España. A su vez, Cuba apenas destina el 0,47% de su PIB a I+D+i, frente al 1,26% de España. Si los políticos españoles no saben administrar correctamente el presupuesto público o no apuestan por la I+D+i, ¿qué no decir de la dictadura castrista?

Conclusión

La izquierda procrastrista española ha adoptado una estrategia tremendamente hipócrita y sectaria: alabar las virtudes del régimen tiránico cubano argumentando que su población disfruta de un nivel de vida que esa misma izquierda procastrista denuncia como miserable dentro de España. Las condiciones socioeconómicas calificadas de “emergencia social” en España y que vuelven urgente el derrocamiento del Régimen del 78 son las mismas —en realidad, mucho mejores— que las calificadas como “luces sociales” del régimen castrista para justificar el apuntalamiento de ese régimen.

No, Cuba es una tiranía liberticida que durante más de 50 años ha pauperizado enormemente a su población, hasta el punto de convertir un país desarrollado —o, como poco, en vías de desarrollo— en un país subdesarrollado y dentro de la misma liga que auténticos desastres como República Dominicana o Haití. Pero imaginemos que Cuba fuera una tiranía liberticida que, en efecto, hubiese contribuido a mejorar apreciablemente las condiciones de vida de su población: ¿justificaría ello el panegírico que la izquierda procastrista le ha brindado al difunto dictador durante los últimos días? En absoluto, pues por ese mismo criterio deberían aplaudir o disculpar otros regímenes liberticidas como el de Franco o Pinochet que también “desarrollaron económicamente” a sus países.

Lavarle la cara al tirano socialista apelando a sus logros económicos conduce necesariamente a lavarle la cara a cualquier otro tirano que consiga apadrinar un cierto progreso socioeconómico de su población. Pero en este caso, para más inri, ni siquiera eso: con el castrismo, esclavitud y miseria han ido de la mano

Debate económico (pensiones, empleo, impuestos): Rallo, Lacalle, Bernardos, Alberto Garzón

Los retos de la nueva legislatura - Juan Ramón Rallo

PIB real vía gasto -17%. ¿Y ahora qué?

España camina firmemente hacia la suspensión de pagos, fruto de un despilfarro público que crece sin pausa, financiado con la mayor burbuja de deuda de nuestra Historia, mantenida gracias al BCE

JUAN LABORDA

http://www.vozpopuli.com/

R.CENTENO, J.C.BARBA, J.LABORDA, J.C.BERMEJO 

Hace pocas semanas el ministro Luis de Guindos publicó un inaudito auto panegírico titulado “España amenazada”, que es un auténtico insulto a la inteligencia. Explica cómo se “salvó” España del rescate, cuando fue un error histórico para devolver a las cajas alemanas hasta el último euro a cambio de préstamos ilimitados del BCE, lo que ha elevado en 603.000 millones la deuda total, el mayor crecimiento de deuda de nuestra Historia; cómo “cortaron la sangría del déficit”, cuando han incumplido cada año todos los objetivos fijados por Bruselas siempre por goleada; o cómo desde entonces no paramos de crecer, ¡un 2% en cinco años!

Rajoy lo ha dejado meridianamente claro con su “nuevo” gobierno: incrementarán la desigualdad, aplastarán más aún a impuestos a los ciudadanos mientras mantienen intacto el despilfarro público

España camina firmemente hacia la suspensión de pagos, fruto de un despilfarro público que crece sin pausa, financiado con la mayor burbuja de deuda de nuestra Historia, mantenida gracias al BCE con su disparatada política de expansión monetaria a tipos de interés cero y sin control alguno, lo que aparte de hacer desaparecer cualquier incentivo de reformas, llevará a la ruina a varias generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Y mientras tanto tenemos un modelo productivo tercermundista (en el nuevo gobierno hasta se eliminado el ministerio de Industria) de especuladores y camareros, con un mercado laboral donde la mayoría de los empleos creados son temporales y con remuneraciones de 600 euros, la mayor caída salarial que se recuerda, algo que contrasta con la cifra conocida el viernes del mercado laboral en EEUU con las mayores subidas salariales en 7 años y un 4,9% de paro. Y todo ello completado con un sistema de pensiones quebrado y un sistema financiero insolvente.

Y es precisamente ante este Himalaya de mentiras que los abajo firmantes, economistas y profesores independientes autores de numerosos trabajos y textos de enseñanza, pero sobre todo con más predicciones acertadas sobre la evolución de nuestra economía que ningún otro colectivo o institución (desde el FMI a la Comisión Europea o los Servicios de Estudios Bancarios) algo fácilmente comprobable en las hemerotecas, publicamos en junio un cálculo del PIB, en el que se demostraba como el real difería del oficial en un 18,7 %, una diferencia enorme que cambia totalmente nuestro futuro económico y que exige drásticas decisiones de recorte del despilfarro público, como el acabar con las duplicidades entre AAPP, miles de asesores inútiles (Rajoy tiene 2.500 en Moncloa, frente a 600 Obama, 400 Merkel o 250 Theresa May) o la desastrosa gestión de la Sanidad y la Educación, cuyo costo se ha disparado un 60 % desde que fueron transferidas a las CCAA mientras la calidad caía en picado. 

Estimación del PIB a través del gasto total

En la presentación en Bruselas, hicimos llegar a las personas más representativas de la Comisión y las instituciones europeas el resultado de nuestros cálculos, y recibiríamos dos respuestas a las mismas. La primera de Martin Shultz Presidente del Parlamento, y la segunda firmada simultáneamente por Pierre Moscovici, Comisario para Asuntos Económicos y Valdis Dombrovskis, Vicepresidente de la Comisión, lo que significaba el punto de vista de la Comisión. Interesadas ambas en una ampliación de los datos aportados para comprobar su veracidad. La ampliación pedida consistía en realizar el cálculo en las tres diferentes maneras de calcular el PIB, vía producción, vía rentas y vía gasto. Nosotros lo habíamos realizado sólo por la primera vía. La segunda, terminada hace tres semanas y publicada en estas mismas páginas arrojaba una diferencia entre PIB real y PIB oficial muy similar a la primera (18,3%), y la tercera vía gasto es la que acabamos de completar y ahora resumimos.

El cálculo del PIB a través de gasto (o de la demanda) suma el consumo privado, el público, la formación bruta de capital y el saldo del comercio exterior , y estos son los resultados medidos por indicadores independientes recomendados por su alta correlación con el PIB por el propio Ministerio de Economía.

1. GCFH: Gasto en consumo final de los hogares. La evolución informada por la Contabilidad Nacional (CN) es del -13,7%. Este dato se compara con tres indicadores. Excluimos la matriculación de automóviles ya que su caída ha sido exageradamente grande en el período y estimamos que distorsiona a la baja el dato. No obstante, hay que avisar que también puede haberse producido un ligero efecto en dirección opuesta por el gran peso del indicador de ventas de grandes empresas (consumo), ya que hay evidencias[1] de que las empresas pequeñas y medianas sufrieron mucho más la crisis que las grandes.

• Indicador 1. VGEC: Ventas en grandes empresas Consumo (0,74)[2]. Se observa una disminución en el período del 22,9% (2007-2013), ponderada el 26,3%.

• Indicador 2. DISPC: Disponibilidades interiores de manufacturas de consumo (0,61). Se observa una disminución del 31,1%, ponderada el 29,5%. 

• Indicador 3. IVCM: Indice de comercio al por menor deflactado (0,58). La reducción observada es del 26,5%, ponderada el 23,9%.

La media ponderada de los tres indicadores es del -26,6%, que en nuestra opinión debería haber sido, como mínimo dadas las salvedades anteriormente expuestas, el valor informado en el macroagregado de la CN. Como el dato de GCFH en 2013 son 587.600 millones, el dato corregido son 499.766 millones. La diferencia son 87. 834 millones.

1. FBCFE: Formación Bruta de Capital Fijo en Equipo. La evolución informada en el período en la CN fue del -24,6%. En este caso el Ministerio de Economía recomienda dos indicadores altamente correlacionados.

• Indicador 1. DISPE: Disponibilidades interiores de bienes de equipo (0,82). La disminución observada fue del 42,7%, ponderada el 46,4%. 

• Indicador 2. MVC: Matriculaciones vehículos de carga (0,69). La disminución observada fue del 74%, ponderada el 67,6%.

La media ponderada queda por tanto en el -57%. El dato de 2013 informado por la CN son 60.400 millones y el dato corregido debería ser 34.446 millones. La diferencia para 2013 son 25.954 millones.

1. FBCFC: Formación Bruta de Capital Fijo en Construcción. La evolución informada en el período es del -46,5%. Este dato se compara con tres indicadores recomendados por su alta correlación, como en los otros casos, por el Ministerio de Economía.

• Indicador 1. AFIC: Afiliados construcción (0,81). Se observa una reducción del 64,6%, ponderada el 81,4%.

• Indicador 2. CEM: Consumo aparente de cemento (0,61). La disminución de este indicador es del 80,8%, ponderada queda en el 76,6%.

• Indicador 3. VIS: Visados dirección obra nueva. Superficie a construir total (0,51). La disminución es del 91,8%, ponderada el 72,8%

La media ponderada de los tres indicadores es del -76,9%. Como el dato informado en la CN en 2013 son 105.800 millones, el dato corregido debería ser 45.682 millones. La diferencia en todo 2013 son 60.118 millones. 

1. Saldo exterior. En el comercio exterior de servicios existe un buen ajuste con los datos ofrecidos por el BdE, sin embargo en el comercio de bienes observamos una diferencia sustancial en el saldo comercial informado por la Secretaría de Estado de Comercio y el que reseña el INE en las cifras de la CN, siendo en el primero 2.522 millones mas negativo que el segundo

Por tanto, la diferencia total para 2013 son 176.428 millones, es decir, sobre un PIB de 103.1272 millones da una diferencia del 17,1% del PIB de 2013, que se ajusta aceptablemente bien a nuestros cálculos anteriores desde la perspectiva de la oferta y de las rentas. Como ya hemos comentado, es posible que la diferencia se deba a la deficiente ponderación de la mayor caída de las ventas habida entre las pequeñas empresas, así como a posibles desviaciones al alza del consumo de las AAPP, muy difícil de comprobar si no es con una auditoría completa. En todo caso la diferencia observada entre todos los indicadores analizados y la Contabilidad Nacional demuestra que existen graves problemas en la exactitud de la elaboración de esta, que pensamos que son suficientes como para justificar una auditoría independiente de la Contabilidad Nacional española, dadas las enormes implicaciones que tendría semejante corrección de los datos. 

¿Y ahora qué?

Rajoy lo ha dejado meridianamente claro con su “nuevo” gobierno, donde los culpables del desastre económico de su legislatura siguen reforzados en sus puestos: incrementarán la desigualdad, aplastarán más aun a impuestos a los ciudadanos mientras mantienen intacto el despilfarro público, incumplirán todos los objetivos de déficit y seguirán hinchando la burbuja de deuda hasta que estalle como ocurrió con la inmobiliaria. Y mientras tanto seguirán haciendo todo para ocultar la verdad y seguir mintiendo hasta el final, empezando por elaborar unos Presupuestos que como todos los que han realizado serán mera ciencia ficción, y afirmando que crecemos al 3,1% cuando todos los indicadores de actividad y demanda, y los ingresos fiscales (descontando el efecto de la bajada de tipos) muestran que crecemos menos de la mitad de lo que afirman.

Las consecuencias son devastadoras: el ratio de deuda/PIB es del 173% y no del 100% oficial calculado con la deuda PDE, que no incluye la totalidad de la misma, y un PIB sobrevalorado

En nuestras cartas de respuesta esta semana a Moscovici, Shultz y Dombrovskis les demostramos a través de los tres procedimientos de cálculo del PIB, tal como nos habían pedido, la falsedad de las cifras oficiales, cuantificadas en tres anexos independientes para mayor facilidad de análisis por sus colaboradores. Cálculos que demuestran definitivamente y más allá de cualquier duda razonable que el PIB real de España es de unos 893.000 millones de euros en lugar de los 1,09 billones oficiales. Y las consecuencias son devastadoras: el ratio de deuda/PIB es del 173% y no del 100% oficial calculado con la deuda PDE, que no incluye la totalidad de la misma, y un PIB sobrevalorado. Eso significa que España se encuentra ya en suspensión de pagos. La presión fiscal es del 47 % y no del 38 % del PIB, casi a la cabeza de la UE, y si hablamos del expolio fiscal a las familias y al trabajo es ya el más alto no solo de Europa sino de la OCDE.

Adicionalmente les adjuntamos la evolución de los índices de actividad y demanda mas correlacionados con el PIB (consumo de electricidad, de cemento, de gasóleo automoción, producción industrial, ventas grandes empresas, ingresos fiscales, etc) que se han desplomado desde 2015, y hacen imposible que estemos creciendo al 3,1%. No será Rajoy quien vaya a cambiar nada, aunque ya no hay margen y es imposible aguantar así otros cuatro años.

1. Central del Balances del BdE http://www.bde.es
2. En este indicador, como en el resto, la cifra entre paréntesis corresponde con la correlación indicada por el Mº de Economía con el correspondiente macroagregado de la CN. El enlace a la publicación se encuentra enhttp://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/default.aspx Revisión de la metodología para el cálculo de los Indicadores Sintéticos de la Economía Española

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Este artículo está escrito conjuntamente por R.Centeno, J.C.Barba, J.Laborda, J.C.Bermejo.

Causas y culpas del populismo

«Los grandes movimientos populistas han triunfado en la historia cuando los han encabezado líderes carismáticos, como Lenin, Mussolini, Hitler, Perón y Evita, Castro o Chávez. Pero limitarse a las fechorías de esos monstruos de Museo de Cera es malentender el alcance del fenómeno. Querría, pues, dedicar estas líneas a los populistas de todos los partidos»

POR PEDRO SCHWARTZ 

Los movimientos populistas son la gran preocupación de nuestras democracias. Cunde la alarma, pero la mayor parte de los análisis del fenómeno populista son incompletos o incluso equivocados. Los expertos suelen destacar tres causas: una, la aparición de demagogos que aprovechan las crisis económicas para lanzar propuestas utópicas; dos, la ingenuidad de unos votantes que se dejan seducir por cualquier flautista de Hamelin; y la tercera, los defectos del sistema que llaman «neo-liberal», que a su juicio se ha mostrado incapaz, corrupto y plagado de desigualdades, lo que, dicen, explica e incluso justifica la ira de los «indignados».

Los grandes movimientos populistas han triunfado en la historia cuando los han encabezado líderes carismáticos, como Lenin, Mussolini, Hitler, Perón y Evita, Castro o Chávez. Pero limitarse a las fechorías de esos monstruos de Museo de Cera es malentender el alcance del fenómeno. Querría, pues, dedicar estas líneas a los populistas de todos los partidos, como Hayek dedicó su Camino de servidumbre a los socialistas de todos los partidos.

En consecuencia, serán necesarias masivas subidas de impuestos, que reducirán el crecimiento, o grandes recortes de servicios sociales, que provocarán la ira del pueblo llano

Las falsas promesas populistas de nuestros líderes comenzaron con Bismarck en la década de 1880, cuando creó los que denominaba «seguros» de accidentes, de enfermedad y de jubilación, que no eran sino sistemas de reparto basados en impuestos a los trabajadores y las empresas. Tras la Segunda Guerra Mundial, las pensiones públicas, salud gratuita y educación subvencionada se generalizaron. Era de esperar que, al cabo de los años, entraran en profunda crisis. Cuando la gente cree que esas prebendas las pagan los demás, la demanda se revela infinita. Cuando los suministradores disparan con pólvora del Rey, aumenta el desperdicio. En España aún funciona bien el servicio de salud, pero no la educación pública ni las pensiones, que están en quiebra. Para cubrir los gastos de un Estado del bienestar inevitablemente deficitario, los gobiernos caen en dos malas prácticas. La primera es cuadrar los beneficios sociales con una deuda pública que no hace sino crecer. La segunda consiste en no confesar la deuda implícita en los beneficios futuros prometidos y no capitalizados, principalmente las pensiones y la salud de poblaciones que envejecen. El Dr. Bokhale, del IEA de Londres, ha calculado que esta deuda no contabilizada ya suponía en 2010 un déficit público medio anual recurrente del 13,5 por ciento del PIB europeo. En consecuencia, serán necesarias masivas subidas de impuestos, que reducirán el crecimiento, o grandes recortes de servicios sociales, que provocarán la ira del pueblo llano. No es culpable el pueblo. Los votantes tardan en darse cuenta del engaño, pero al final son ellos los que se rebelan, incluso con peligro de la vida, como en Hispanoamérica.

Es un mito que el neoliberalismo, como gustan llamarlo, haya sido el causante de la crisis de 2007-8. El capitalismo siempre ha mostrado ciclos de expansión y contracción. Las políticas equivocadas los agigantan. Esta crisis no se debió tanto a la búsqueda del beneficio por banqueros y especuladores como a dos políticas públicas: los bajos tipos de interés de Greenspan, que hincharon los precios inmobiliarios y las cotizaciones de Bolsa en todo el mundo; y el constante empeño de los políticos estadounidenses en satisfacer el sueño de todo americano de tener una vivienda en propiedad. Esta peligrosa intervención en el mercado inmobiliario, iniciada por Roosevelt durante el New Deal, cuajó en la «Ley de Reinversión en Comunidades desfavorecidas» de 1977, que obligaba a la banca a conceder hipotecas de alto riesgo a minorías raciales. La banca, con la ayuda de dos empresas públicas hoy quebradas, Fannie Mae y Freddie MAC, titulizó y repartió por el mundo estas malas hipotecas. Cuando los precios de los inmuebles empezaron a caer en 2006, el mundo se hundió en la Gran Recesión. Tampoco aquí hubo quiebra moral del capitalismo, sino de políticos en busca de votos.

Los culpables últimos de esta gran quiebra moral son los intelectuales, que, con sus ensoñaciones sobre el bienestar social, cometen lo que en 1927 Julien Benda llamó La trahison des clercs, la traición de una clerecía ávida de poder e importancia. Los pensadores de nuestras democracias han abandonado la filosofía individualista para abrazar ideas comunitarias y socializantes, que lo fían todo a la acción pública. Como bien dijo Keynes, «los locos que nos gobiernan, cuando oyen voces en el aire, destilan su frenesí de algún escribidor académico de algunos años antes», sea este Marx o el propio Keynes.

Un ritornello de estos escribidores es que «la desigualdad social en nuestros países es escandalosa». ¡Falso si miramos al mundo! Según el Proyecto del Milenio de Naciones Unidas, el número de pobres que en el mundo viven con menos de 2,5 dólares al día ha disminuido entre 1990 y 2015 en 2,4 millones de personas

Un ritornello de estos escribidores es que «la desigualdad social en nuestros países es escandalosa». ¡Falso si miramos al mundo! Según el Proyecto del Milenio de Naciones Unidas, el número de pobres que en el mundo viven con menos de 2,5 dólares al día ha disminuido entre 1990 y 2015 en 2,4 millones de personas; dicho de otra forma, los pobres de solemnidad han pasado de ser el 47% al 14% de los siete mil millones de población actual, gracias a la globalización. Es lamentable que aún vivan en extrema pobreza 800 millones de personas, pero un fácil cálculo aritmético nos dice que, al mejorar una porción tan grande de la humanidad, la desigualdad ha tenido que reducirse. Los igualitarios de los países ricos se quejan de que esa mejora la han conseguido los pobres compitiendo con nosotros. A esa competencia, que deprime los sueldos de las clases medias de EE.UU., Europa y Australasia, hemos de añadir las nuevas tecnologías y los robots. Asimétrico igualitarismo: disgustados porque los pobres del mundo se les igualan por abajo, muchos son los que bizquean con envidia mirando hacia arriba a los más ricos. Hace poco oí a José Piñera decir que, por desgracia, aún son muchos los que mueren de hambre, pero ninguno que él sepa muere de desigualdad.

Pedro Schwartz / es secretario de think tank Civismo y miembro de la Real Academia de ciencias morales y políticas