Desde hace algún tiempo los sindicatos y algunos partidos políticos insisten en la conveniencia de elevar los salarios en España, señalando que esto tendría efectos muy beneficiosos para la economía. No cabe duda de que hay buenas razones para valorar de forma positiva una subida salarial. A todos nos gustaría vivir en una sociedad en la que no existiera la pobreza y en la que la gran mayoría de la población disfrutara de un elevado nivel de vida. Pero, como tantas veces ocurre, una propuesta bienintencionada, podría acabar teniendo efectos perjudiciales para las mismas personas a las que se intenta favorecer.
Los argumentos económicos que se han puesto sobre la mesa para defender esta propuesta son, básicamente, de dos tipos. El primero es de carácter macroeconómico. Se afirma que, si suben los salarios con carácter general, se elevará el poder compra de la población y, por tanto, su nivel de consumo; lo que llevará a un aumento de la demanda agregada, que estimulará la producción y la creación de nuevo empleo, todo lo cual elevará el nivel de la renta nacional. La segunda línea de argumentación, que ha salido a la luz a raíz de la crisis de solvencia de la Seguridad Social, afirma que unos salarios más altos tienen como efecto unas cotizaciones más elevadas y, por tanto, ayudan a incrementar los ingresos de la seguridad social y a reducir su preocupante déficit.
El problema es que estos argumentos, aparentemente sensatos, tienen, sin embargo, mucho de equivocados. El primero es un razonamiento básicamente keynesiano, que, como buena parte de los modelos desarrollados a partir de las ideas de Keynes, consideran, de forma implícita, que las economías son cerradas; o, al menos, que en ellas el papel del sector exterior no es muy relevante. Y esto, que ha sido verdad, sin duda, en muchos momentos del pasado, hoy ciertamente no lo es. Vivimos en economías abiertas; y, mientras no seamos plenamente conscientes de lo que esto significa, tendremos serias dificultades para entender lo que está pasando. En una economía cerrada un incremento de la demanda de consumo se dirigirá necesariamente a bienes y servicios producidos en el interior del país; y podremos suponer, por tanto –sin tener en cuenta posibles distorsiones en el ahorro y en la inversión– que la demanda de productos nacionales crecerá y se pondrá en marcha el mecanismo expansivo antes descrito. Pero en una economía abierta las cosas pueden ser muy diferentes, porque una parte importante del consumo se dirigirá a la compra de bienes comerciables en el mercado internacional. Y muchos españoles preferirán adquirir productos no fabricados en España, si consideran que su relación calidad-precio es mejor; y este tipo de consumo no generará, por tanto, tal proceso de expansión en la producción interna. Por otra parte, las empresas españolas, que deben competir con empresas de otros paí- ses, tanto dentro como fuera de España, encontrarán dificultades para mantener su cuota de mercado si sus costes son más altos que antes. Algunas, si son realmente competitivas, podrán hacerlo; pero otras, no. Por tanto, muchas empresas, en vez de ampliar sus plantillas tendrán que reducirlas y el efecto final será el contrario del buscado.
El argumento de que mayores salarios llevarían a un menor déficit en las cuentas de la Seguridad Social parte también de un principio equivocado. En este caso, la idea de que el número de trabajadores empleados es fijo. Si esto fuera así, los sindicalistas tendrían razón: dado un determinado nivel de ocupación, si los salarios aumentan, los ingresos de la Seguridad Social crecen. Pero el nivel de empleo no es fijo; ni es una variable que alguien –el Gobierno, la patronal, los sindicatos o todos juntos– puedan establecer mediante un acuerdo. Dependerá, en cambio, de las condiciones del mercado en cada momento. Y forzar aumentos de los salarios al margen de la productividad del trabajo en cada empresa tendría como efecto la reducción de la demanda de este factor. En otras palabras, la cotización media por empleado aumentaría; pero el número de trabajadores con empleo disminuiría, o crecería a un ritmo más bajo. Y en una economía como la espa- ñola, con una tasa de paro muy alta, adoptar medidas que hicieran más difícil la creación de empleo sería una muy mala idea.
En resumen, estas reflexiones ponen de manifiesto que tiene poco sentido tratar de manipular el mercado de trabajo; y que, si se hace tal cosa, los efectos pueden ser muy negativos. Para solucionar el problema del empleo, lo que nuestro país necesita es que se creen empresas competitivas, en un mercado que no es español, sino mundial. Deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo que negociar acuerdos generales sobre salarios no lleva a ninguna parte, en especial en el medio y largo plazo
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