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ARTÍCULOSEL CONFIDENCIAL

La gran hipocresía europea en el caso de la manipulación del Euribor

La Comisión Europea sanciona a JP Morgan, Crédit Agricole y HSBC con 485 millones de euros por haber colaborado durante años en manipular el Euribor. El castigo se añade a la multa de 1.700 millones de euros que ya sufrieron en 2013 otras cinco entidades —Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, Citigroup y RP Martin— por idéntica acusación.

Para muchos, estamos ante una desvergüenza más propia del turbocapitalismo dominante que, de nuevo, demuestra que la autorregulación no funciona y que hace falta un mayor control estatal sobre la industria financiera. Incluso algunos vuelven a la infatigable reivindicación de que la banca en su conjunto debería ser nacionalizada y gestionada por probos funcionarios. Desentrañemos este falaz argumentario por partes.

Primero, ¿la manipulación del Euribor demuestra que la autorregulación no funciona? En absoluto. Autorregulación significa que los agentes económicos pueden coordinarse entre sí pactando a través de contratos las reglas por las que se regirá su relación. Autorregulación no significa que, tras acordar esas reglas, cada una de las partes vaya a respetarlas por su simple buena fe. Es evidente que muchas personas sienten una fuerte tentación a incumplir la palabra dada para así aprovecharse de los demás: esa ruptura unilateral de los contratos para rapiñar la contraparte es lo que se denomina fraude. Y no conozco a muchos liberales partidarios de la autorregulación que sostengan que el fraude no deba ser perseguido y sancionado: romper un contrato es una ofensa similar a invadir una propiedad privada y, como tal, merece reprobación jurídica.

En este sentido, las entidades financieras ahora sancionadas han incumplido todos los contratos sobre derivados financieros que colocaron en el mercado y en los que se comprometían a no manipular el índice al que estaban referenciados tales productos. Por consiguiente, es del todo razonable que sean sancionadas por semejante violación de sus contratos, no como excepción a los principios liberales, sino en aplicación de los mismos. Acaso la única (importante) salvedad a efectuar es que no deberían haber sido sancionadas por un órgano administrativo (Comisión Europa) bajo la acusación de violar las reglas comunitarias sobre competencia, sino por un órgano jurisdiccional bajo la acusación de fraude contractual y con el decidido objetivo de resarcir a las víctimas de este fraude. El liberalismo no es contrario a que las normas se cumplan: es partidario de que esas normas se puedan negociar entre las partes implicadas para que, a partir de entonces, cada una de ellas se atenga expresamente a lo pacto.

Segundo, ¿acabaría un mayor control estatal del sector financiero con los fraudes y engaños sobre los ciudadanos? Al contrario: si algo deberíamos haber aprendido de la reciente crisis económica es que el grado de corrupción y de abusos dentro del sector financiero estrechamente controlado por los políticos (las cajas de ahorro) fue muy superior al grado de podredumbre del sector financiero privado. Las personas no dejan de ser corruptibles por el hecho de ocupar una plaza pública: al contrario, pueden verse en una mejor posición para abusar de su poder. De hecho, buena parte de la podredumbre que ciertamente podemos observar dentro del sector privado se debe a los enormes privilegios que el Estado le otorga a la banca en forma de promesas de rescate.

Sin ir más lejos, en este caso particular, la sobredimensión de los mercados interbancarios a corto plazo —a partir de los cuales se determina el Euribor— es una consecuencia del privilegiado amparo que otorgan los bancos centrales a la iliquidez a corto plazo del sistema financiero: dado que estos bancos centrales —a través de su función de “prestamistas de última instancia”— facilitan que los bancos privados puedan endeudarse masivamente a corto plazo para invertir a largo plazo, terminan alumbrando un gigantesco mercado de capitales a corto plazo que es el que se toma como referencia para fijar el precio de los derivados de tipos de interés (derivados cuya razón de ser también se explica en gran medida por la inducida dependencia de la refinanciación a corto plazo por parte del sistema financiero). Es, de nuevo, ese privilegiado apoyo otorgado por la banca central a la banca privada la que ha generado el “mercado” artificial sobre el que ahora se producen abusos.

Y tercero, si verdaderamente se ha producido manipulación del Euribor, es evidente que la sanción contra estas tres entidades resulta del todo pertinente. Pero aun así no dejará de parecerme una decisión absolutamente hipócrita. Al cabo, apenas unas horas después de que la Comisión Europea anunciara semejante multa, el Banco Central Europeo confirmaba que extenderá su fallido programa de compra de deuda pública y privada hasta finales de 2017. Lo hará, según el propio BCE, para “presionar los precios sin distorsionarlos”. Pura alquimia que busca camuflar el verdadero propósito de la medida: mantener artificialmente reducidos los tipos de interés de la deuda pública y privada. Es decir, aprovechar el enorme poder de mercado del BCE para hacer exactamente lo mismo que los bancos privados sancionados hicieron de manera cartelizada: orquestar una manipulación de los tipos de interés de mercado.

“[El comportamiento de estas entidades] tenía un único objetivo: distorsionar el normal funcionamiento del mecanismo de precios de los derivados de tipos de interés”. Ésa es la acusación formal que dirige la Comisión contra la banca privada cartelizada para manipular el Euribor. ¿Encuentran alguna diferencia con lo que hace el BCE en el desarrollo de su política monetaria? Ninguna. Al parecer, si la banca privada altera los precios de mercado en su provecho, entonces merece ser reprendida; en cambio, si la banca central trastoca los tipos de interés de mercado en su provecho, entonces merece ser aplaudida. Quizá el gran error de estas entidades haya sido no calificar su manipulación del Euribor como “política monetaria”: en tal supuesto, imagino que las autoridades comunitarias les habrían otorgado exactamente el mismo tratamiento que el BCE.

En definitiva, toda violación de un contrato merece ser sancionada y sus víctimas, reparadas. En la medida en que todos estos grandes bancos —exagerada e ilícitamente privilegiados por nuestros Estados a través de otros muchos circuitos— hayan roto su palabra manipulando el índice de referencia (Euribor) de sus contratos, merecen ser sancionados. Ahora bien, no olvidemos que el gran manipulador del Euribor y del resto de tipos de interés de mercado es el Banco Central Europeo: una entidad que no sólo tiene bula para comportarse de una manera en la que los bancos privados no tienen permitido comportarse, sino que incluso se le asigna como misión estatutaria actuar de ese modo. Pura hipocresía institucional.