El corazón de la corrupción en América Latina está en la esencia misma del Estado

Hana Fischer explica la importancia de la igualdad ante la ley y de la rendición de cuentas efectiva de los funcionarios públicos para combatir la corrupción.

En todas partes los políticos y burócratas suelen a despilfarrar la plata extraída a los contribuyentes. Sin embargo, en América Latina ese derroche alcanza cotas superlativas. Eso nos conduce a interrogarnos: ¿por qué ocurre eso?

Hay muchas posibles respuestas. Entre las principales se suele mencionar a la cultura imperante en esta región. Asimismo, a razones históricas: ese tipo de conducta estatal se arrastra desde la época colonial y continuó luego de las respectivas independencias.

Si bien esas explicaciones son correctas, ilustran tan solo parcialmente la verdad. Si esas fueran las causas esenciales —por definición inmodificables— entonces Latinoamérica estaría condenada a chapotear eternamente en medio de la mediocridad, la corrupción y el subdesarrollo.

Pero eso no es así. La prueba es la evolución de algunos países que lograron revertir esa nefasta tendencia e incorporar una saludable cultura política. Entre los casos más notables están Nueva Zelandia, Irlanda y Estonia. Esas naciones eran estatistas, burocratizadas, con una economía decadente debido a las múltiples regulaciones mal concebidas y a los monopolios estatales. Pero líderes lúcidos convencieron a la ciudadanía de la bondad de los cambios que pretendían implementar. Los resultados en cada uno de esos países han sido tan increíbles, que suelen ser tildados de “milagro”.

De los mencionados éxitos, nuestro continente podría sacar provechosas lecciones. Debería empezar por desentrañar cuál fue la fórmula para cambiar en relativamente poco tiempo la cultura general.

A nuestro entender, las raíces tanto de las buenas como de las malas prácticas son los incentivos que operan en el ámbito público. Ellos se materializan en el derecho vigente y en las instituciones. Los incentivos perversos fomentan las diferentes variedades de corrupción (clientelismo, amiguismo, nepotismo, designar para dirigir a empresas estatales a individuos incompetentes pero correligionarios, etc.). En cambio, cuando los estímulos son los adecuados, ellos impulsan las conductas virtuosas.

Con respecto al derecho, una doctrina ampliamente aceptada es que todos debemos ser iguales ante la ley. Esa idea se impuso durante la Ilustración, para combatir los privilegios del Antiguo Régimen. Una época en que la ley y los tribunales eran diferentes según el estamento (aristocracia o tercer estado) a que perteneciera cada uno. O sea, un sistema absolutamente injusto.

Sin embargo, en Latinoamérica la desigualdad ante la ley y la existencia de estamentos están establecidas en el corazón mismo de nuestra organización política. Ahí residen los incentivos perversos que dan origen a conductas indeseables y provocan los despilfarros estatales mencionados.

Concretamente, nos estamos refiriendo a la existencia de un derecho privado y otro administrativo. Además de ser injusto —constituye una recreación del Antiguo Régimen— es lo que induce al despilfarro, a la imprudencia en la elección de “cabezas” de las empresas públicas, a la contratación innecesaria de empleados públicos y a la corrupción.

Si todos estuviéramos sometidos a la ley común, las autoridades serían mucho más cuidadosas en el nombramiento de subalternos y en el uso de los dineros públicos. Si gobernantes, jerarcas y legisladores tuviesen que responder con su propio patrimonio por los daños y perjuicios que les provocan a otros, muy diferente sería su actitud.

Desde esa perspectiva, un principio general del derecho establece que quien cause un perjuicio deberá repararlo económicamente. No obstante, los servidores públicos están eximidos de esa obligación. Cuando ellos —por incapacidad o desidia— perjudican a alguien, los billetes para la compensación correspondiente no salen de su bolsillo, sino de rentas generales. Es decir que todos —incluso el propio damnificado— son los que pagan “los platos rotos”.

Precisamente una de las cosas que más rabia da es constatar la forma tan diferente en que las autoridades administran la plata propia de la fiscal. Por esa razón es que hay países fundidos, con deudas soberanas desorbitantes, mientras que los tomadores de decisiones político-económicas nadan en la abundancia.

¿Con ese tipo de incentivos es de sorprender que en el ámbito estatal predominen las conductas deshonestas? ¿Qué el dinero extraído a los contribuyentes se gaste “tirando manteca al techo”? ¿Qué se llene la plantilla estatal de gente ociosa e innecesaria? ¿Qué se escojan a los jerarcas por afinidad política, familiar o de amistad y no por idoneidad para ocupar determinado cargo?

Además, tenemos el tema de las instituciones. Por ese lado, en América Latina suele predominar la farsa. Por ejemplo, en las constituciones se establecen órganos de contralor. Pero en gran medida, no son instituciones efectivas. Eso ocurre porque a las autoridades de este continente no les gusta ser controladas y mucho menos tener su poder limitado. En eso no hay mayores diferencias entre ser “de izquierda” o “de derecha”; un partido “tradicional” o uno “progresista”.

En consecuencia, el funcionamiento de esos órganos de control está concebido de modo tal que en los hechos no pueden realmente impedir los abusos de poder ni las corruptelas. Algo importante a destacar, es que frecuentemente eso no se debe a que los ministros de esos organismos no realicen adecuadamente su labor, sino al diseño institucional.

Para ilustrar lo expresado, tomemos el caso del Tribunal de Cuentas del Uruguay. Tal como su nombre lo indica, este cuerpo tiene la función de vigilar el modo en que las autoridades administran la hacienda pública, teniendo como objetivo el “beneficio directo de la sociedad”.

Sin embargo, a pesar esas palabras tan rimbombantes, sus facultades son muy estrechas porque se limitan a verificar la legalidad del gasto. Queda fuera de su jurisdicción analizar si el desembolso decidido por determinado funcionario es necesario, oportuno o racional.

A esas potestades tan acotadas, se le agrega la forma en que el gasto público es fiscalizado. Cuando el Tribunal de Cuentas considera que un determinado gasto se aparta de la legalidad, lo “observa”. Frente a esa situación, el funcionario puede acatar la resolución y no realizarlo o por el contrario, puede “reiterarlo” (en criollo, ignorar el dictamen adverso y utilizar el dinero como le dé la gana). Esta última, es una práctica muy extendida entre las autoridades.

Si el Tribunal de Cuentas mantiene sus observaciones, lo notificará a la Asamblea General para que laude sobre el diferendo. Esta tiene 60 días para pronunciarse. Vencido ese plazo y sin resolución expresa del legislativo, se considera que este ha considerado como “bueno” el controversial gasto.

Hay que resaltar que los ministros del Tribunal de Cuentas han denunciado en reiteradas ocasiones que anualmente mandan cientos de observaciones para que sean analizadas por el parlamento, y que este “ni siquiera las mira”. Por tanto, vemos que se originan incentivos perversos que promueven el despilfarro y las corruptelas.

Si se busca incentivar conductas virtuosas, lo adecuado sería el mecanismo inverso. O sea, que si la Asamblea General no se expide en un plazo de 60 días un pronunciamiento, entonces se considera que ese gasto no debe hacerse. Y si el funcionario igual lo realiza, debería responder por ello con sus propios bienes ante la justicia ordinaria… y la penal si correspondiera.

Con los incentivos correctos, en poco tiempo Latinoamérica cambiaría su forma de actuar en el área estatal. Habría un cambio cultural que aparejaría el fin del actual despilfarro de los recursos públicos. No es poca cosa.

Este artículo fue publicado originalmente en Panam Post (EE.UU.) el 10 de junio de 2017.

¿Por qué es difícil desdolarizar?

Gabriela Calderón de Burgos explica por qué una desdolarización en Ecuador es altamente improbable e inconveniente.

Por Gabriela Calderón de Burgos

Nuevamente, muchos están preocupados acerca de la posibilidad de que ante la crisis fiscal que hereda el gobierno entrante, este opte por des-dolarizar la economía. Pero una salida de la dolarización además de ser catastrófica es altamente improbable.

El gobierno ha renovado su esfuerzo por promover el dinero electrónico. Esta unidad monetaria es irrelevante siempre y cuando siga siendo de uso voluntario. Si el gobierno decidiera hacerla de curso forzoso, esto es, de aceptación obligatoria, lo único que lograría es generar mayor incertidumbre, detonando una serie de consecuencias gravísimas.

Consideremos lo que sucedió en Grecia cuando el entonces Ministro de Finanzas Yanis Varoufakis propuso circular el dracma como moneda paralela. Grecia atravesaba una profunda crisis fiscal y esta propuesta lo único que logró fue desatar corridas, que condujeron a un feriado bancario y a elevar considerablemente la deuda externa de Grecia, debido a que los mismos bancos tuvieron que ser rescatados. Todo esto fue innecesario.1

Muchos economistas decían que la solución estaba en salir del euro. El economista Nikos Tsafos estima que de haberse salido del euro, Grecia fácilmente hubiese vuelto a experimentar la inflación de dos dígitos que tenía en la década de los ochenta. Tsafos explica que el ajuste vía devaluación, tan añorado por muchos economistas, no es una estrategia libre de costos. Durante la década de los ochenta, el dracma se depreció marcadamente en relación al dólar, en más de un 300%. No obstante, las exportaciones griegas experimentaron un declive.

A pesar del costoso daño que le infligió a Grecia en su breve paso por el Ministerio de Finanzas, el gobierno saliente considera a Varoufakis como un buen consejero y en su visita a Quito sugirió pagar a proveedores del Estado con dinero electrónico. Pero si el nuevo gobierno decidiera implementar esa propuesta, desataría un caos similar al sufrido por Grecia en 2015.

Otros sostienen que las travesuras del banco central con la Reserva Internacional (RI) estarían cocinando una crisis financiera que acabaría con la dolarización. Pero sucede que una de las principales fortalezas de este sistema es que no depende de la RI del Banco Central Ecuador (BCE), sino de la confianza que los ciudadanos tengan en el dólar frente a las alternativas disponibles. La única forma de des-dolarizar, al final del día, pasa por incautar los dólares de los ecuatorianos. Esta incautación iría de la mano de un feriado bancario y en el contexto ecuatoriano equivaldría a un suicidio político.

Es sumamente improbable que quienes han demostrado un extremo apego al poder cometan este suicidio. Sin embargo, si el nuevo gobierno continúa agravando la crisis fiscal y si continúa el comportamiento irresponsable del BCE, sí estará atentando contra la estabilidad del sistema financiero.

Pero sobre todo, una des-dolarización es altamente inconveniente considerando que el BCE es una dependencia del Ejecutivo y probablemente sería una herramienta abusada para acomodar la política monetaria a las necesidades de financiamiento del gobierno. En pocas palabras, una receta para volver a una inflación alta.

Para sanear la situación, el gobierno entrante debería reducir el gasto público a los niveles pre-2008; al menos minimizar las intervenciones del BCE aunque idealmente eliminarlo por ser innecesario y peligroso en dolarización; y emprender una reforma que integre el sistema financiero ecuatoriano al del resto del mundo.

Este artículo fue puglicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 19 de mayo de 2017.

Referencia:

1. Tsafos, Nikos. Beyond The Greek Debt: The Greek Crisis in Context. Create Space (2013). Disponible en: https://www.amazon.com/Beyond-Debt-Greek-Crisis-Context-ebook/dp/B00CPT5946/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

El socialismo del siglo XXI no llegó de golpe

Oliver Perez

Marx y Engels coincidían en que, fruto de su colapso por la sobreproducción de bienes y la concentración de capital en pocas manos, el capitalismo estaba destinado a ser el gran antecesor del socialismo. En tanto Lenin sostenía la tesis de que el estadio supremo del capitalismo no derivaría en ningún socialismo como sostenía Marx, sino en un imperialismo, y por lo tanto el desarrollo del capitalismo debía ser interrumpido abruptamente por una revolución.

Pero ambos, tanto los teóricos marxistas como los leninistas, coincidían en que el estadio previo a la consolidación del comunismo, era el socialismo. Este último, por ser una etapa transitoria y no definitiva, conservaría elementos de su antecesor, (el capitalismo), y de su sucesor (el comunismo), algo así como una vía intermedia. El socialismo sería entonces un periodo de grandes transformaciones donde la progresividad en su implementación juega un papel clave.

En el caso venezolano da cuenta de esta progresividad, el mecanismo por el cual se fueron derogando nuestros antiguos códigos civiles, penales y de comercio, y algunas leyes como la ley de la moneda de 1919, para dar paso a las llamadas leyes especiales. Las características de estas leyes es que dejan sin vigencia a sus predecesoras, a la vez que amplían la esfera de acción del estado; pero si a esto le sumamos el progresismo, también llamado discriminación positiva, tenderemos en la mano una fórmula infalible para llegar al pretendido fin: la instauración del socialismo.

La esfera de acción del Estado siempre estará limitada al concierto que los ciudadanos tengan en cuanto a las áreas de competencia en donde este debe actuar, y si cada vez los ciudadanos concuerdan en que el Estado debe asumir competencias que no le son propias como: hacer una distribución más equitativa de la renta nacional,  fijar precios a los salarios, productos y servicios, gravar con impuestos draconianos, y sobrereglamentaciones la actividad económica; bien pronto nos encontraremos con la sorpresa de que el Estado tiene injerencias en áreas muy poco deseables, un estado invasivo, que lejos de promover el cacareado bienestar social, jugará a entorpecer las actividades de los ciudadanos en su afán de lograr dicho bienestar por sus propios medios.

Desde los tiempos del General López Contreras, pasando por los gobiernos de Medina Angarita, Rómulo Betancourt, Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez (en su primer mandato), Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi, Hugo Chávez, y Maduro en el presente, ha sido una constante el intervencionismo en materia económica, lo único que ha variado es el acento que le han dado; alpargatas, mecates, cervezas, velas, carnes, medicinas, arepas, servicios de transporte, alquileres, salarios, impuestos a la herencia, reformas agrarias, socialización de la medicina, la educación y la seguridad social, nacionalización de la banca central, hierro y petróleo, derogación del patrón oro; en sí, nada ha escapado de la mano del Estado.

Las consecuencias de estas nefastas políticas llevaron a que, en los márgenes de las principales ciudades del país se desarrollara un anillo de pobreza; a la vez que las calles, avenidas y bulevares, se inundaban de personas que se lanzaban al comercio informal, para poder sobrevivir en un ambiente hostil a la empresarialidad, el comercio y el emprendimiento, incluido por supuesto la buhonería.

Lo único que tuvo que hacer Chávez en 1998 para llegar al poder, fue dirigirse a esas masas empobrecidas producto de ese socialismo moderado, Chávez no trajo el socialismo; lo repotenció, el socialismo estaba fraguándose de a poco desde 1939 hasta la fecha de su llegada al poder, él fue el culmen del intervencionismo en Venezuela, en ese sentido cabe decir que el socialismo del siglo XXI no llegó de golpe.

Publicado originalmente aquí

Los mexicanos culpan al “neoliberalismo” de los fracasos del socialismo

Ryan McMaken 

Han estallado protestas en México en respuesta al aumento en los precios de la gasolina, que muchos creen que llevarán a precios más altos en general. Todo esto se produce al mismo tiempo que crecientes temores acerca de una posible recesión en México en 2017.

El aumento en el precio de la gasolina llega tras reformas considerables del sector del petróleo en México, donde, durante décadas, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha disfrutado de un monopolio de la extracción del petróleo y el gobierno mexicano ha subsidiado los precios de la gasolina.

Pemex continuará existiendo como empresa petrolífera de propiedad estatal, pero el final de su monopolio llega en un momento en el que el gobierno mexicano está tratando de aliviar presiones fiscales invitando a inversores extranjeros a invertir en el sector del petróleo de México. Esas mismas presiones fiscales han llevado también al estado mexicano a rebajar subsidios que han existido desde hace mucho tiempo para compensar los precios de la gasolina mexicana mantenidos altos debido al monopolio estatal ineficiente y corrupto sobre el petróleo.

Por desgracia, estas reformas también resultan producirse en un momento en el que el precio global del petróleo ha bajado de golpe, lo que significa que la esperada oleada de inversión petrolífera en México ha sido más pequeña de lo previsto. Probablemente aumente con los precios del petróleo, pero entretanto los mexicanos corrientes tendrán que sufrir precios más altos de la gasolina debido a los menores subsidios.

Culpando al mercado de los problemas del intervencionismo

Sin embargo, como probablemente cabía esperar, a estas reformas (que son pequeñísimos pasos en dirección a un mercado más libre) se las ha culpado de empobrecer a la población mexicana.

Por ejemplo, múltiples noticiero se refieren a reformas “neoliberales” como la supuesta causa de las actuales dificultades de México, con lo cual quieren decir reformas “orientadas al mercado”. En otras palabras, las reformas mexicanas están experimentando lo que hemos visto una y otra vez en Latinoamérica y otros lugares: las crisis económicas son causadas por décadas de monopolios públicos e intervencionismo. Pero cuando el estado debe acabar haciendo reformas para evitar graves crisis fiscales, son las reformas las que cargan con la culpa.

Escribiendo para el PanAm Post, Rafael Ruiz Velasco señala:

Por increíble que parezca, han surgido voces que aun con toda la evidencia empírica de ser un caso de alto intervencionismo estatal en materia económica, se están atreviendo a culpar a los procesos de libre mercado como la principal causa de los aumentos próximos en la gasolina y el eventual desplome de Pemex.

Pemex: una reliquia del nacionalismo económico

El monopolio mexicano del petróleo se remonta a 1938, cuando el presidente mexicano Lázaro Cárdenas nacionaliza la propiedad de empresas estadounidenses y anglo-holandesas. Esta acción estuvo motivada no tanto por la ideología marxista tradicional como por un nacionalismo económico pasado de moda. Entonces como ahora, el apoyo al monopolio estatal mexicano del petróleo se justifica en términos de “soberanía petrolífera” u oponiéndose a la “opresión” de las empresas petrolíferas extranjeras. Esta ideología posteriormente se transformaría en lo que hoy se conoce como “teoría de la dependencia”.

Sin embargo, el resultado de este monopolio ha sido el que siempre cabe esperar de los monopolios públicos: menor calidad y precios más altos. Al excluir de la exploración del petróleo mexicano a la inversión y la tecnología extranjera, el estado mexicano sólo ha conseguido hacer al sector petrolero mexicano menos eficiente y menos capaz de aprovechar los recursos naturales de México.

Como observaba Ludwig von Mises en La acción humana, muchos países en diversos momentos sencillamente no pueden tener dentro de sus fronteras la tecnología y conocimiento de vanguardia necesarios para aprovechar sus recursos naturales. Por tanto,

Si los gobiernos de estos países impiden que extranjeros exploten estos depósitos o si la dirección de los asuntos públicos es tan arbitraria que no se asegura la inversión extranjera, se inflige un daño grave a todos aquellos pueblos extranjeros cuyo bienestar material podría mejorarse mediante una utilización más adecuada de los depósitos referidos. No importa si las políticas de estos gobiernos son el resultado de un retraso cultural general o de la adopción de las ideas actualmente de moda del intervencionismo y el nacionalismo económico. El resultado es el mismo en ambos casos.

Quienes estamos relacionados y descendemos de mexicanos de clase media productiva no tendríamos ningún problema en pensar que los mexicanos modernos podrían aprovechar los recursos naturales de México si se les permitiera tener el capital y las innovaciones globales. Pero es imposible negar que adoptando una política de expropiación, monopolización e intervencionismo, el estado mexicano ha alejado a los mexicanos industriosos de los mismos recursos que les permitirían el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de México.

Sin embargo, y por desgracia, el problema ideológico del nacionalismo económico continúa con muchos mexicanos. Ruiz Velasco escribe:

Pemex representó durante décadas el triunfo del Estado sobre “la oligarquía y el malvado imperio yankee” y se hizo un lugar en el ideario colectivo del mexicano como un baluarte de la soberanía nacional y una fuente, aparentemente inagotable, de bonanza y riqueza para la nación.

En realidad, lejos de todo el discurso nacionalista y sentimentalista, lo que realmente Pemex siempre ha representado es la imposición del Estado sobre el ciudadano, del monopolio sobre la competencia, de la ineficiencia sobre la productividad, del derroche sobre la responsabilidad financiera y del sindicalismo y el clientelismo sobre la meritocracia.

El dolor de la reforma

Después de casi 80 años de control monopolístico sobre el sector petrolífero, México tiene ahora un gran lío a resolver. El equipamiento está obsoleto y los subsidios han sido políticamente necesarios para compensar los precios inflados de un sector petrolero ineficiente.

Como cabría esperar de cualquier sector monopolístico, la corrupción en Pemex está por todas partes y directivos y trabajadores ordinarios por igual perciben salarios por trabajar en empleos que, en un mercado libre, nadie estaría dispuesto a pagar.

Como es muy habitual en intervenciones públicas como estas, muchos trabajadores normales se verán perjudicados si Pemex (afrontando ahora competencia real) se ve obligado a recortar empleos.

En realidad, en muchos sentidos, Pemex puede afrontar una situación que recuerda a las clausuras de las minas de carbón que se produjeron en Gran Bretaña con Margaret Thatcher. Aunque las minas de carbón de Gran Bretaña no era monopolios en el sentido que es Pemex, las muy subvencionadas (pero enormemente ineficientes) minas eran similares a Pemex en el sentido de que son o eran planes para generar empleo  a través de subvenciones y poderes de monopolio para la creación de empleos en áreas no competitivas y anti económicas.

Los trabajadores acudían estos empleos que se creía que ofrecían seguridad en el empleo y una paga decente. Sin embargo, para desgracia de los trabajadores, las industria subvencionada tienden a acabar estrellándose contra las rocas de las crisis económicas que obligan a terminar con los subsidios que hicieron posible unos niveles tan altos de empleo. El resultado final es que las carreras de los trabajadores se ven arruinadas y los costes aumentan para muchos consumidores.

Sin embargo, al contrario que las minas británicas de carbón, el petróleo mexicano todavía podría resultar competitivo en un mercado global si se permitiera la inversión y competencia extranjera para modernizar el sector. Si entra inversión extranjera, puede bastar para salvar muchos empleos del sector del petróleo. Según Bloomberg:

Pemex emplea a más de 145.000 personas y equivale a aproximadamente una quinta parte de los ingresos públicos y está en su peor estado financiero de la historia. Debe una cifra récord de 7.000 millones de dólares a proveedores de servicios petrolíferos y afronta niveles históricos de deuda que pronto excederán los 100.000 millones de dólares. La producción de crudo ha estado disminuyendo durante once años.

Pero el potencial es tan grande (especialmente en las aguas profundas del golfo de México) que la administración Peña Nieto confía en que el ajuste sea un éxito a largo plazo. Los gigantes petroleros del mundo han estado observando las reservas mexicanas, estimadas en más de 13.000 millones de barriles, durante décadas.

Muchos trabajadores y consumidores pueden sufrir enormemente entretanto. No tuvo por qué ser así, sin embargo. México podría haber acabado con su monopolio del petróleo hace décadas y el dolor actual sería sólo un recuerdo de un pasado distante. Mejor todavía, el estado mexicano podría haber evitado nacionalizar el sector del petróleo en absoluto, en cuyo caso no habría sido necesaria una “modernización” o “ajuste” o “transición”. Por desgracia, eso no fue lo que pasó.

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El artículo original se encuentra aquí.

La marcha de Venezuela hacia el default

Antony P. Mueller 

Solo es cuestión de tiempo que Venezuela deje de pagar su deuda exterior. Después de un breve repunte en 2009, cuando las reservas de moneda extranjera del país superaron los 40 mil millones de dólares, Venezuela ha sufrido una hemorragia constante de sus reservas hasta los 10 mil millones de dólares. En 2016, Venezuela empezó a vender oro para compensar la pérdida de sus reservas monetarias. Como consecuencia, las reservas de oro de Venezuela cayeron de más de 360 toneladas a menos de 190. Salvo que apareciera como prestamista alguna potencia extranjera, como por ejemplo China, el default de Venezuela parece inevitable (gráfico 1).

Venezuela no es solo la víctima de la caída de los precios del petróleo, aunque estos tengan el efecto inmediato más fuerte sobre las finanzas del país. Los ingresos del petróleo financian más de la mitad del presupuesto público de Venezuela y equivalen a casi toda la renta exportadora. El problema más profundo de Venezuela proviene del hecho de que casi todas las prestaciones sociales del supuesto gobierno tras la “Revolución Bolivariana” bajo los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido financiadas con expansión monetaria.

En 1998, antes de que Hugo Chávez se convirtiera en presidente, la oferta monetaria amplia extendida (M3) estaba en 10,6 miles de millones de bolívares. En 2010, la oferta monetaria venezolana ya había aumentado a más de 290 mil de millones de bolívares y en octubre de 2016, la oferta monetaria M3 había alcanzado los 7.513,9 miles de millones de bolívares venezolanos (gráfico 2).

Consecuentemente, la inflación anual de precios se disparó desde alrededor del 25% en los años anteriores a 2012 a más del 180% al final de 2015, hasta que el gobierno dejó de publicar en la práctica la cifra oficial. El Fondo Monetario Internacional estima una tasa de inflación del 480% para 2016 y del 1.640% para 2017.

Desde 2012, el precio del petróleo venezolano ha caído desde 100$ el barril a menos de 50$. Debido las turbulencias políticas y la socialización de la industria, la producción general de petróleo del país ha caído en 2016 al mínimo de los últimos trece años. Las exportaciones de Venezuela, que consisten casi completamente en petróleo, se han desplomado desde un máximo de 30,7 miles de millones de dólares en el tercer trimestre de 2008, a actualmente menos de 10 mil millones por trimestre. En febrero de 2016, el gobierno venezolano devaluó oficialmente su moneda en un 37% frente al dólar de EEUU, de 6,3 y 10 bolívares, al mismo tiempo que en el mercado negro se pagaban más de 1.000 bolívares por un dólar.

La Revolución Bolivariana que empezó Hugo Chávez en 1999 está llegando a su fin. Graves escaseces de bienes básicos, colas para la obtención de alimentos, precios exorbitantes en el mercado negro, el colapso de la moneda e hiperinflación afligen a un país que afirma poseer las mayores reservas demostradas de petróleo del mundo.

Es solo cosa de tiempo que Venezuela no pueda financiar sus importaciones y un caos social y político de proporciones sin precedentes aflija al país. La caída también afectará a los países vecinos de Venezuela.

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El artículo original se encuentra aquí.

Venezuela, hacia el abismo por la hiperinflación

Fernando Arancón

Simón Bolívar es una figura omnipresente en Venezuela. Infinidad de avenidas, calles y plazas llevan su nombre por todo el país; la antiguamente conocida como ciudad de Angostura hoy es Ciudad Bolívar; la nación tiene por nombre completo República Bolivariana de Venezuela y el proyecto supranacional del llamado socialismo del siglo XXI, el ALBA, es, desgranada, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

No es para menos tanto simbolismo. Bolívar es una de las piezas centrales en la independencia de los países sudamericanos junto con José de San Martín. Su visión de una América unida -el famoso panamericanismo- es el germen de los proyectos de integración que hoy florecen por el mundo. Sin embargo, y a pesar del despliegue toponímico bolivariano, dicen que no hay peor desprecio que no hacer aprecio, algo que aplicado a la situación económica y monetaria de Venezuela es literal.

El bolívar tiene hoy el dudoso honor de ser la divisa que más rápido se devalúa del mundo y que arrasa con Venezuela

Como no podía ser de otra forma, la moneda venezolana también ha sido bautizada como El Libertador. No obstante, el bolívar tiene hoy por hoy el dudoso honor de ser la divisa que más rápido se devalúa del mundo, un cohete inflacionario que está arrastrando a Venezuela al sombrío escenario de la hiperinflación. Este fenómeno, a pesar de dejar curiosas imágenes en el mundo como billetes en Zimbabue por valor de trillones -que en la práctica no valían nada- es fatal para la economía de un país. La deuda externa se dispara, es mucho más caro importar y el dinero se gasta para no ver cómo ha perdido valor al día siguiente, factores que en el caso venezolano son claves para entender que esto no es una línea recta, sino una espiral hacia un lugar poco conveniente.

Hace tiempo que el Gobierno venezolano dejó de dar cifras oficiales sobre cuál es la inflación en el país. Probablemente ni lo sepan, ya que un sistema con hasta cuatro tipos de cambio distintos entre bolívares y dólares, alguno de ellos no oficiales, hace prácticamente imposible seguir la pista de manera fiable a la escalada de los precios. Con todo, el Fondo Monetario Internacional ha estimado que en 2016 la inflación en el país sudamericano puede alcanzar el 700%, incluso un 1.000% en el caso de productos no regulados por el Gobierno. Y para 2017 las previsiones todavía son más elevadas.

El Gobierno venezolano ha conseguido que el billete de 100 bolívares tenga un valor de cuatro centavos de dólar

Una gestión nefasta, claman desde la oposición venezolana. Y están en lo cierto. Guerra económica, afirman desde el chavismo. Tampoco fallan en su diagnóstico. Si bien la existencia de cuatro tipos cambiarios -tres oficiales a 6, 12 y 172 bolívares por dólar mas uno a través del mercado negro- tenía un sentido bien definido de cara a importar productos básicos a precios preferenciales –a 6 y 12 bolívares–, en la práctica se ha revelado como un caos, tanto por estar los precios preferenciales sobrevaluados respecto al dólar como por abrir de par en par las puertas a la especulación monetaria de particulares y empresas. Se compran dólares a seis bolívares y posteriormente se revenden en el mercado negro a veinte, doscientas o quinientas veces su precio original. A finales de diciembre de 2016 este dólar paralelo se vende a casi 2.900 bolívares, y ha llegado a estar durante el año a 4.500. Una burbuja que sólo podía dar como resultado el actual caos inflacionario que vive el país.

Antes que poner coto a esta fiesta especulativa, el Gobierno del país ha mantenido el triple sistema cambiario, conocedor de que aun no siendo útil -el sistema puede funcionar cuando la economía tiene cierta armonía, no cuando todo el mundo compra y vende como en la bolsa-, es contraproducente en todos los plazos posibles para la marcha del país. Una sangría económica que no se han molestado en solventar.A cambio, han puesto a funcionar la máquina de los billetes. Bolívares y más bolívares en circulación a modo de bálsamo sobre el apetito especulativo existente en el país. Sin embargo, lo que ha conseguido esta medida es devaluar de tal manera la moneda que el billete de 100 bolívares, el más elevado en circulación hasta hace bien poco, tuviese un valor de cuatro centavos de dólar. Una imagen igual de surrealista que si nos viésemos los europeos comprando productos básicos con enormes fajos de billetes de 500 euros.

Los cerca de 60.000 millones de dólares en forma de bolívares se volatilizan al mismo ritmo que aumenta la inflación

Como a veces la economía puede parecer simple matemática, el Gobierno venezolano decidió diseñar y poner en circulación nuevos billetes de bolívares, de 500 el más bajo a 20.000 el más elevado. Una simplificación a través de ceros que si bien ahorra papel, no llega a solucionar el problema de fondo de la economía venezolana. Este cambio, además, fue presentado de manera sorpresiva por el Gobierno, ya que no sólo querían cambiar los billetes, sino impedir que los bolívares comprados a precios preferenciales y acumulados fuera de Venezuela para especular con ellos pudiesen regresar al país para ser cambiados. El tiempo y la forma, un caos. Se cerraron las fronteras con Colombia y Brasil y, sin estar los nuevos billetes preparados, se quiso retirar los antiguos. Las protestas obligaron a Maduro a retrasar el cambio de moneda hasta el nuevo año. Otro episodio más de una buena idea implementada rápido y mal.

Eso sí, con esta enorme inflación, el Gobierno se ha anotado un tanto: eliminar la deuda doméstica a pasos agigantados. Los cerca de 60.000 millones de dólares en forma de bolívares se están volatilizando al mismo ritmo que aumenta la inflación. Si el bolívar vale menos, esas deudas pierden igualmente su valor. Sin embargo, este dato puede considerarse una victoria pírrica de Maduro, ya que la deuda externa, que en buena medida es la que condiciona la marcha de un país y hoy por hoy ronda los 139.000 millones de dólares, se está disparando.

Maduro ha conseguido una tregua navideña con la oposición, aunque es el juego del gato y el ratón

La lógica respecto de la deuda interna es la misma -aunque económicamente inversa-: si cada vez hay que pagar más bolívares para comprar un dólar, las deudas en dólares son más caras de costear a medida que la divisa venezolana se deprecia. Si partimos de la base de que un gran número de productos básicos en Venezuela llegan importados y el país de lo poco que exporta es petróleo -con un precio por barril en niveles bajos- el percal comercial se lo pueden imaginar.

Se habla de impago de deuda como escenario en 2017. A la vista de la situación, es posible. Afortunadamente para Maduro, ha conseguido una tregua navideña en su particular pulso con la oposición, si bien en el país todo el mundo sabe que es el juego del gato y el ratón. Ahora cabe preguntarse si, dos siglos después de que Simón Bolívar apostase el futuro de Sudamérica en aquellas tierras, era para tener estatuas y nombres en calles o para que su patria no se viese abocada a esto.

*** Fernando Arancón es analista de inteligencia y miembro de la dirección de la revista ‘El Orden Mundial en el Siglo XXI’.

Necesitamos más "paraísos fiscales"

Yamila Feccia indica que para combatir la evasión fiscal conviene reducir la carga tributaria en lugar de cargar sobre los ciudadanos mayores regulaciones e impuestos que terminan socavando el crecimiento y la productividad.

Yamila Feccia es Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, con experiencia en análisis y desarrollo de variables económicas. Es economista del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de Fundación Libertad (Argentina).

La presión impositiva juega un papel significativo en el desarrollo de un país. Este año, como consecuencia de los Panama Papers, se cuestionó mucho la existencia de los refugios fiscales (o mal llamados paraísos fiscales) y la práctica de evadir e incluso eludir impuestos, pero olvidaron mencionar la voracidad fiscal que va en aumento en América Latina. Concretamente, Argentina es el país con mayor tasa tributaria del mundo y a esto se le suma la timidez para cerrar la brecha fiscal heredada del gobierno anterior. En este contexto, ¿cuál es el rol que juega el mercado ante la no existencia de un plan de reducción de regulaciones y de la presencia de un “cártel  impositivo”?

Está claro que los impuestos por encima de cierto nivel además de ser inmorales son ineficientes. A nivel empresarial crean distorsiones en las decisiones y afectan suproductividad; como asimismo las condiciones competitivas e incluso estimulan la pérdida de oportunidades de inversión, no sólo local sino también extranjera. De todas formas, lo más interesante es que a través de este robo tributario, el Estado desde el gasto arbitrario cree satisfacer las necesidades “reales” de las personas, de forma más eficiente que si lo harían ellas por sí mismas. Es decir, los contribuyentes pagan para que el Estado administrador tome decisiones por ellos mismos, mientras distorsiona los incentivos que el mercado genera.

Ante esta voracidad fiscal por parte de los gobiernos, tanto las empresas como los ciudadanos escapan de esas fiscalidades elevadas y buscan condiciones más favorables y convenientes donde colocar su dinero. No son una cueva de delincuentes como el mito popular sostiene. Tener dinero en el exterior es absolutamente legal, siempre y cuando provenga de actividades lícitas. La realidad es que nadie está dispuesto a someter sus ingresos a la glotonería de los estados de incrementar su recaudación a través de sus impuestos. Queda claro que los refugios fiscales no son una cuestión de gustos, sino de necesidad.

Por otro lado, estos refugios no perjudican a las personas más vulnerables como comúnmente se cree. Lo que realmente perjudica a los países más pobres son las innumerables regulaciones e impuestos que recaen sobre ellos. En otras palabras, constituyen un beneficio para todas las personas del mundo que han gozado de los frutos de una sana competencia fiscal. Según la ONG Oxfam Intermón, la inversión empresarial en los refugios fiscales se ha multiplicado por cuatro durante 2000 y 2014. El dinero oculto ya supera los US$ 7,6 billones(“trillions” en inglés) y sobrepasa el PBI del Reino Unido y de Alemania juntos. Asimismo, 9 de cada 10 empresas multinacionales tienen presencia en estos refugios, si ese dinero fuese volcado a la economía en más compañías, más trabajo y por ende menos pobreza, ya no habrían más excusas para un Estado administrador agigantado e interventor.

Según un informe publicado por la CEPAL, “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe”, la presión tributaria de América Latina se incrementó 0,2 puntos porcentuales del PBI el año pasado. El principal protagonista de este “avance”, como lo denomina el informe, se debe a una mayor recaudación del impuesto sobre la renta. En 2015, los ingresos públicos por elimpuesto sobre la renta crecieron de forma importante en la Argentina (12,8%), Chile (15,6%), Costa Rica (13,6%), Ecuador (11,7%) y México (24,0%). En cambio, es notable una clara reducción en Brasil (-6,1%), Guatemala (-6,4%) y Perú (-16,5%). Sin embargo, según sostiene el informe de la CEPAL, en el caso de Argentina, Bolivia y Brasil, el nivel de presión tributaria es más elevado que en aquellos países con similar producto per cápita.

Sin embargo, un artículo publicado por el World Economic Forum para el Encuentro Económico Anual en Davos menciona que América Latina tiene los niveles de desigualdad más altos del mundo. Por esta razón critica el sistema tributario y lo rotula de arcaico y disfuncional. Sostiene, además, que para poder alcanzar el “desarrollo” sostenible es necesario un ajuste y modernización del sistema de impuestos.

América Latina: variación real interanual de la recaudación del impuesto sobre la renta y del impacto sobre el valor agregado, 2013-2015
País	Impuesto sobre la renta				Impuesto sobre el valor agregado
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
Argentina	5,4	1,9	12,8		3,9	-6,8	3,3
Brasil	5,0	-1,6	-6,1		4,1	-0,6	-6,7
Chile	-6,4	-2,3	15,6		4,9	3,7	4,9
Colombia	5,7	3,2	2,0		-7,5	9,1	2,7
Costa Rica	7,6	3,4	13,6		-0,6	3,2	2,6
Ecuador	13,1	4,4	11,7		8,9	1,6	-2,8
El Salvador	17,5	1,7	2,5		2,4	-1,7	3,8
Guatemala	15,6	7,5	-6,4		0,2	2,3	-1,3
México	13,4	-2,5	14,0		-7,5	15,2	3,1
Perú	-4,7	6,5	-16,5		5,6	2,0	-0,9

Fuente: CEPAL “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe 2016”.

Argentina, el país con mayor tasa impositiva total en el mundo

Por su parte Argentina ha hecho basto esfuerzo para destacarse entre multitudes. Según el último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial es el país con mayor tasa impositiva total en el mundo (**). Y junto con Italia, son los países donde mayor desincentivo generan los impuestos a la hora de invertir. Además, Argentina es el cuarto país con tasas de impuestos corporativos más alta del mundo, con una tasa del 35%, según un informe publicado por Tax Foundation en agosto de 2016. Entre los primeros puestos se ubican Emiratos Árabes (55%), Puerto Rico (39%) y EE.UU. (38,9%). Por su parte Sudamérica (27%) se encuentra muy por encima del promedio del mundo. Esta información útil la debería tener en cuenta el actual Ministro de Economía a la hora de buscar inversores para impulsar elcrecimiento económico del país.

Según un informe publicado por Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) la carga tributaria formal integral (*) durante el 2016 se ubicaría entre un 47,5% y el 57,9% del ingreso total de una familia. En otras palabras, los argentinos en el sector formal deben trabajar los primeros 7 meses (211 días) del año para el Estado, y en los 5 restantes lo que gane irá a su bolsillo. En el 2012, un trabajador asalariado formal sólo debía trabajar 5 meses y medio (171 días) para pagar los impuestos que los diferentes niveles de la administración le cobraban. La presión tributaria efectiva actual —lo que realmente recaudo el Estado— ha crecido de sobremanera en los últimos 15 años, ya que en el año 2000 la recaudación en los tres niveles de gobierno como porcentaje del PBI era del 21,4% (similar a la de los 90), hoy ese porcentaje alcanza el 35%. Es decir, la presión tributaria ha crecido un 60% en los últimos 15 años.

Por el momento Argentina sólo tiene un infierno fiscal y ha alcanzado los peores rankings del mundo. Es importante que quienes la representan comprendan que las finanzas públicas mejoran cuando hay más actividad económica y no cuando hay más impuestos. Sin embargo, el actual presidente Mauricio Macri ha prometido discutir la reforma tributaria en el Presupuesto 2017 y el planteo de la nueva meta fiscal de bajar otro punto y medio el déficit fiscal del PBI.

A modo de conclusión y de acuerdo con Daniel J. Mitchell —economista del Cato Institute—, los paraísos fiscales son el único desincentivo a la subida ilimitada de los impuestos, es decir, juegan un rol clave en el proceso de liberalización ya que funcionan como una especie de competencia tributaria. Por lo tanto si no existiesen, los estados concertarían en una armonización de sus impuestos y sería imposible poder huir del sometimiento de los ingresos y de la voracidad de los gobiernos.

Queda claro que no todo el gasto público es nocivo para el desarrollo económico. Tiene sentido y ayuda al crecimiento en el caso de la protección de los derechos de propiedad y de hacer respetar el Estado de Derecho. El problema se encuentra en los países con fuertesestados de bienestar, que para sostenerlo y hacerlo posible, en la mayoría de los casos cuentan con sistemas tributarios altos que desaceleran los motores de crecimiento de la economía.

Dicho esto, es necesario dejar de presentar como algo malo a las inversiones offshore. Laevasión fiscal no se combate con la eliminación de los refugios fiscales, sino con menores tasas y reformas tributarias. Mientras los gobiernos no quieran enfrentar sus bombas fiscales, el mercado dará su respuesta ofreciendo condiciones más ventajosas y los mayores perdedores a fin de cuentas seguirán siendo los más pobres.

(*)Se incluyeron las contribuciones patronales y los impuestos directos e indirectos que cobran los tres niveles de gobierno-nación, provincias y municipios.

(**) Se incluyeron el impuesto a las ganancias, impuestos laborales y otros impuestos.