El Banco de España acaba de publicar un nuevo informe sobre la (in)sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones donde recomienda, entre otras polémicas medidas, valorar la posibilidad de elevar nuevamente la edad de jubilación (hasta los 70 años) y de seguir recortando las pensiones en relación a los salarios. Cómo no, tales propuestas han sido recibidas con uñas por una parte de la población española que, sin embargo, no parece ser consciente de los enormes problemas de viabilidad futura de nuestra Seguridad Social: en caso contrario, no sólo criticarían las propuestas del Banco de España, sino que inmediatamente después plantearían alternativas realistas para remediar estos más que ciertos retos en nuestro horizonte.
El propio informe del Banco de España recurre a una conocida ecuación para desagregar los cuatro factores de los que depende el gasto en pensiones públicas sobre el PIB y que, en nuestro caso, nos servirá para centrar el debate. A saber:
O expresado de otra forma, el peso del gasto en pensiones sobre el PIB depende de estos cuatro elementos:
Tasa de dependencia de los pensionistas: Relación entre el número de pensiones que deben ser pagadas y la población en edad de trabajar. Cuanto más elevado sea este porcentaje, mayor tiende a ser el gasto total en pensiones. Esta ratio depende inicialmente de la demografía: cuanto mayor sea la esperanza de vida, más crecerá el número de pensionistas (y de pensiones a abonar); cuanta mayor sea la natalidad, mayor será el número de personas en edad de trabajar. Pero a su vez también depende en parte de la legislación: una política migratoria menos restrictiva permite aumentar la población en edad de trabajar; un retraso de la edad de jubilación permite reducir el número de pensiones que debe pagar el sistema y también incrementar la población en edad legal de trabajar.
Tasa de empleo: La tasa de empleo es el porcentaje de personas en edad de trabajar que cuentan con una ocupación. En la ecuación anterior aparece el inverso de la tasa de empleo, pues su relación con el gasto en pensiones es inverso: a menor tasa de empleo, menor PIB y, por tanto, mayor gasto en pensiones sobre el La tasa de empleo depende de la voluntad y de las oportunidades de la población empleable para trabajar. El Estado no puede determinar directamente ni esa voluntad ni esas oportunidades, pero sí puede influir sobre ellas. Así, unos impuestos sobre la renta muy elevados y progresivos tienden a desincentivar la oferta de trabajo (al reducir la remuneración después de impuestos por hora trabajada) y una legislación laboral muy rígida estrangula las oportunidades para generar nuevos empleos.
Tasa de sustitución: Se refiere a la relación entre la pensión media y el salario medio, esto es, qué porcentaje del salario medio actual termina cobrando en forma de pensión un pensionista. A mayor tasa de sustitución, mayor gasto en pensiones sobre el PIB. Esta ratio sí puede depender directamente de la legislación y, en concreto, del método de devengo de las pensiones fijado por la normativa estatal (período de la vida laboral con el que se calcula la base reguladora y número de años necesarios para percibir un determinado porcentaje de esa base reguladora). Fijémonos en que la tasa de sustitución puede caer aun cuando la pensión media crezca en términos absolutos: si los salarios medios aumentan más rápidamente que la pensión media, la tasa de sustitución se ajustará a la baja (y a su vez, la tasa de sustitución también puede aumentar aun con recortes en la pensión media).
Peso de la masa salarial sobre el PIB: Cuánto pesan los salarios en el PIB. A mayor peso de la masa salarial en el PIB, mayor tenderá a ser el gasto en pensiones sobre el PIB: la razón es que, dado un volumen de empleo y un determinado salario, cuanta mayor sea la productividad de los trabajadores, mayor será el PIB en relación con esa masa salarial constante. Por ejemplo, si una economía se robotiza mucho, el PIB aumentará sin que lo haga necesariamente la masa salarial, de modo que el gasto en pensiones sobre el PIB disminuirá. El Estado tampoco puede determinar directamente esta ratio, pero sí puede influirla indirectamente: cuanto mayor sea la acumulación de capital, mayor será la productividad del trabajo. Si esas ganancias en productividad van a parar al trabajador, el salario medio aumentará (reduciendo así la tasa de sustitución) si bien el peso de la masa salarial en el PIB también lo hará; si esas ganancias de productividad van a parar al capitalista, el salario medio no aumentará (de modo que la tasa de sustitución no se reducirá), pero el peso de la masa salarial en el PIB sí lo hará.
Actualmente, el gasto en pensiones representa el 10,7% del PIB. La razón es que la tasa de dependencia de los pensionistas es del 31% (aproximadamente, cada tres personas en edad de trabajar han de pagar una pensión); la población en edad de trabajar es 1,79 veces superior a la población que trabaja (es decir, la tasa de empleo es del 55,8%); la tasa de sustitución es del 43,9% (la pensión media equivale a casi el 44% del salario medio); y la masa salarial también representa el 43,9% del PIB. A partir de aquí, ya podemos hacer proyecciones de sostenibilidad.
Si la edad de jubilación se mantiene en los 67 años, la tasa de dependencia se ubicará en torno al 64% en 2050. Si la tasa de sustitución no cae del actual 43,9%, el gasto en pensiones sobre el PIB dependerá de cómo evolucione el empleo y su productividad. Si somos optimistas y consideramos que la tasa de empleo podrá aumentar hasta el 70% de la población en edad de trabajar sin que se hunda la productividad de los trabajadores (por ejemplo, una masa salarial en torno al 48% del PIB), el gasto pensiones públicas aumentaría por encima del 19% del PIB. Si somos menos optimistas y la tasa de empleo se queda en el 60%, el gasto alcanzará el 22,5% del PIB. Es decir, sin elevar la edad de jubilación o sin reducir la pensión media en relación a los salarios medios, el gasto en pensiones tenderá en cualquier caso a duplicarse.
Por eso el Banco de España considera recomendable elevar la edad de jubilación hasta los 70 años (en cuyo caso la tasa de dependencia en 2050 rondaría el 52%) y recortar las pensiones medias en relación a los salarios medios alrededor de un 40% (dejando la tasa de sustitución en el 25%). En esas condiciones, el gasto en pensiones se ubicaría entre el 9% del PIB (en caso de que la tasa de empleo repunte al 70%) y el 10,5% del PIB (si la tasa de empleo se quedara en el 60%): esto es, el gasto en pensiones sobre el PIB se mantendría en torno a niveles similares a los actuales.
Por supuesto, los habrá que sostengan que la explosión del gasto en pensiones resulta irrelevante, por cuanto siempre pueden incrementarse proporcionalmente los impuestos (ya sean las cotizaciones sociales, el IRPF o los tributos sobre el capital). Pero confiar la sostenibilidad del sistema de pensiones a una fiscalidad muchísimo más agresiva que la actual supone una condena al fracaso, ya que contribuiría a desestabilizar todavía más el lado de los gastos. Por un lado, elevar las cotizaciones sociales o el IRPF reduciría la tasa de empleo: si se arrebata más dinero a los trabajadores, habrá mucha menos gente dispuesta a trabajar tantas horas; además, esa reducción de la oferta laboral sería sobreproporcionalmente mayor entre los trabajadores más cualificados, de modo que el salario medio de la economía tendería a caer (aumentando la tasa de sustitución); por otro, multiplicar los tributos sobre el capital desincentivará el ahorro y la acumulación de nuevos bienes de capital, lo que se traducirá en una menor productividad del trabajador y, por consiguiente, o en menores salarios medios (aumento de la tasa de sustitución) o en una caída de las rentas del capital sobre el PIB (esto es, un aumento del peso de las rentas salariales). A su vez, incrementos forzosos de los salarios que no vayan acompañados de una mayor productividad de los trabajadores sólo provocarán un aumento del desempleo (menor tasa de empleo) y de la participación de los salarios en el PIB. Todas estas vías, pues, aumentarían el gasto en pensiones sobre el PIB todavía más. Por el lado de la multiplicación exponencial de la fiscalidad simplemente nos meteremos en un callejón sin salida con una más que probable condena a la pobreza a trabajadores y pensionistas.
Inevitablemente, pues, habrá que poner coto al crecimiento del gasto en pensiones sobre el PIB. ¿Cómo hacerlo para minimizar el número de ciudadanos negativamente afectados? Primero, reduciendo la tasa de dependencia, ya sea elevando la edad de jubilación o la población en edad de trabajar (más natalidad y mayor inmigración); segundo, incrementando la tasa de empleo, liberalizando el mercado laboral y recortando los impuestos sobre el trabajo; tercero, minorando la tasa de sustitución, ya sea congelando la pensión media (revisar el método de cálculo para que crezca a un ritmo inferior al actual) o aumentando el salario medio mediante ganancias en la productividad; cuarto, aliviar los tributos sobre el ahorro para fomentar una fuerte acumulación de capital hiperproductivo (la famosa “robotización”) que permita aumentar el PIB sin necesidad de incorporar en las empresas tantos trabajadores como antes (pues no los habrá por cuestiones demográficas). Por todas estas vías, podría ponerse coto al estallido del gasto en pensiones y, por tanto, de la Seguridad Social.
Ahora bien, existe una última política que no hemos mencionado y que resulta esencial para que esta reforma resulte verdaderamente exitosa: fomentar el ahorro entre los trabajadores. Si la tasa de sustitución cae (es decir, si el trabajador cuando se jubile termina percibiendo un porcentaje menor del salario que cobraba durante su vida activa), es fundamental que se complemente esa pensión pública relativamente más exigua con un mayor ahorro privado. Ese mayor ahorro privado será, a su vez, el que nutrirá a la economía española de la financiación necesaria para la susodicha acumulación de capital hiperproductivo que habilite crecimientos del PIB sin tanta participación laboral como antes: esto es, los trabajadores-ahorradores deberían convertirse en los propietarios de los nuevos bienes de capital hiperproductivos y cobrar parte de sus pensiones a partir de las rentas (de los beneficios) que éstos generen.
En definitiva, al final la solución con más visos de éxito y de generar menores quebrantos es que nuestro sistema nacional de pensiones vaya pareciéndose cada vez más a un sistema privado de pensiones basado en la capitalización del ahorro. Todo lo demás o son tiros en el pie (subidas masivas de impuestos) o parches para mantener precariamente a flote un barco que se hunde (deterioro de las condiciones de jubilación para disminuir la tasa de dependencia y de sustitución). Pongámonos ya manos a la obra.
Una caída en la tasa de desempleo de EEUU del 4,6% en noviembre desde el 4,9% del mes anterior y del 5% en noviembre del año pasado, ha llevado a algunos comentaristas a sugerir que estamos casi en la llamada tasa natural, que se cree que está en torno al 4,5%.
Se dice que una vez la tasa de desempleo cae por debajo de una tasa “óptima”, llamada la Tasa No Aceleradora de Inflación del Desempleo (NAIRU, por sus siglas en inglés) se desata una espiral inflacionista.
Esta aceleración de la tasa de inflación tiene lugar a través de aumentos en la demanda de bienes y servicios. También aumenta la demanda de trabajadores y presiona sobre los salarios, reforzando el crecimiento de la tasa de inflación.
Así que desde esta perspectiva sería difícil para el presidente electo Trump implantar su plan de rebajar los tipos fiscales y aumentar los desembolsos públicos en proyectos, incluyendo la mejora de carreteras y puentes sin arriesgarse a un fuerte aumento en la tasa de inflación. O eso se dice.
Advirtamos que, en octubre, la tasa anualizada de crecimiento del índice de precios del consumo ya estaba en el 1,6% frente al 0,2% de octubre del año pasado.
También aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal tenga que adoptar una postura más agresiva sobre los tipos de interés para compensar cualquier posibilidad de aceleración de la tasa de inflación.
La NAIRU es una medición arbitraria, derivada de una correlación estadística entre cambios en el índice de precios del consumo y la tasa de desempleo. Lo que importa en el marco de la NAIRU es si la teoría “funciona”, es decir, si una bajada en la tasa de desempleo por debajo de la NAIRU genera una celebración en la tasa de inflación.
Utilizar correlación estadística como base de una teoría significa que “todo vale”. Por ejemplo, supongamos que se ha encontrado una alta correlación entre la renta de Mr. Jones y la tasa de crecimiento en el índice de precios del consumo. Cuanto más alta sea la tasa de aumento de la renta de Mr. Jones mayor será la tasa de aumento en el índice de precios del consumo.
Por tanto podríamos concluir fácilmente que para ejercitar control sobre la tasa de inflación el banco central debe vigilar y controlar cuidadosamente la tasa de aumento de la renta de Mr. Jones. Este ejemplo no es más absurdo que el marco NAIRU.
El propósito una teoría es presentar los hechos de la realidad de una manera simplificada. La teoría debe originarse a partir de la realidad, no a partir de alguna idea arbitraria que se base en una correlación estadística.
Contrariamente al pensamiento popular, una fuerte actividad económica no causa un aumento General en los precios de bienes y servicios ni un recalentamiento económico calificado como inflación. Independientemente de la tasa de desempleo, mientras todo aumento en el gasto se base en producción, no puede producirse realmente ningún “recalentamiento”.
El recalentamiento aparece una vez el gasto aumenta sin estar respaldado por producción, una situación que se produce cuando aumentan las existencias de dinero. Una vez aumenta el dinero, genera un intercambio de nada por algo o un consumo sin una producción precedente.
Como norma, a los aumentos en las existencias de dinero les siguen aumentos generales en los precios de bienes y servicios. Los precios son otro nombre para la cantidad de dinero que gasta la gente en los bienes que compra. Cuando se inyecta dinero no va a todos los mercados instantáneamente, sino por etapas: hay un lapso de tiempo. De ahí la razón del lapso de tiempo entre cambios en dinero y cambios en precios.
Si la cantidad de dinero en una economía aumenta mientras la cantidad de bienes permanece sin cambios, se gastará más dinero en la cantidad dada de bienes (es decir, los precios aumentarán). Inversamente, si la existencia de dinero permanece sin cambios no es posible gastar más en todos los bienes y servicios y por tanto no es posible un aumento general de los precios. Bajo la misma lógica, en una economía en crecimiento con una cantidad creciente de bienes y las existencias monetarias sin cambios, los precios bajarán.
Limitar el gasto público y la creación de dinero llevaría a creación de riqueza
Ahora, si el presidente electo Trump sellara todos los agujeros para la creación de dinero a partir de la nada y rebajara los desembolsos públicos, esto dejaría más riqueza real en manos del sector privado generador de riqueza. Esto fortalecería el proceso de generación de riqueza.
Un fortalecimiento en el proceso de generación de riqueza permitiría el aumento en la producción de bienes y servicios, es decir, el fortalecimiento del crecimiento económico. Consecuentemente, esto se correspondería con la disminución en la tasa de crecimiento de los precios de bienes y servicios. (Recordemos que los agujeros para creación de dinero de la nada estarían sellados). Esto también se correspondería con la disminución en la tasa de desempleo.
Observemos que en una economía libre no intervenida con una implicación pública mínima en la actividad económica y en ausencia de generación de dinero a partir de la nada tendría lugar un uso eficiente de recursos. En un entorno así, nadie tendría que establecer la llamada NAIRU. Un entorno así llevaría a una expansión de la riqueza real, una tasa baja desempleo y una tasa de inflación a la baja.
Advirtamos también que en una economía de mercado que funcionara apropiadamente cualquier forma de desempleo sería de naturaleza voluntaria. A las personas se les pagaría de acuerdo con su contribución a la producción de riqueza. Cualquiera que pidiera un salario por encima de su contribución a la generación de riqueza estaría desempleado.
Sin embargo, las posibilidades de que Donald Trump vaya a adoptar un gobierno más pequeño con los agujeros de creación de dinero a partir de la nada sellados probablemente sean nulas.
Más gasto público perjudicaría la creación de riqueza
Por tanto creemos que cualquier expansión agresiva de los desembolsos públicos probablemente perjudicaría aún más el proceso de generación de riqueza y llevaría a dificultades económicas en el futuro.
Evidentemente, si el proceso de generación de riqueza sigue siendo capaz de absorber todos los abusos debidos a la expansión pública y las imprudentes políticas monetarias de los bancos centrales, entonces las políticas de Donald Trump y la Fed parecerían tener éxito.
Esta ilusión se romperá una vez las existencias de riqueza real caigan en una vía descendente. Una vez se produzca esto, la economía caerá en una grave crisis económica.
Cualquier postura laxa agresiva por parte de la Reserva Federal y el gobierno solo empeorará más las cosas. Recordemos que el gobierno no es un ente generador de riqueza, solo consume de riqueza real.
Una caída en la tasa de desempleo de EEUU del 4,6% en noviembre desde el 4,9% del mes anterior y del 5% en noviembre del año pasado, ha llevado a algunos comentaristas a sugerir que estamos casi en la llamada tasa natural, que se cree que está en torno al 4,5%.
Se dice que una vez la tasa de desempleo cae por debajo de una tasa “óptima”, llamada la Tasa No Aceleradora de Inflación del Desempleo (NAIRU, por sus siglas en inglés) se desata una espiral inflacionista.
Esta aceleración de la tasa de inflación tiene lugar a través de aumentos en la demanda de bienes y servicios. También aumenta la demanda de trabajadores y presiona sobre los salarios, reforzando el crecimiento de la tasa de inflación.
Así que desde esta perspectiva sería difícil para el presidente electo Trump implantar su plan de rebajar los tipos fiscales y aumentar los desembolsos públicos en proyectos, incluyendo la mejora de carreteras y puentes sin arriesgarse a un fuerte aumento en la tasa de inflación. O eso se dice.
Advirtamos que, en octubre, la tasa anualizada de crecimiento del índice de precios del consumo ya estaba en el 1,6% frente al 0,2% de octubre del año pasado.
También aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal tenga que adoptar una postura más agresiva sobre los tipos de interés para compensar cualquier posibilidad de aceleración de la tasa de inflación.
La NAIRU es una medición arbitraria, derivada de una correlación estadística entre cambios en el índice de precios del consumo y la tasa de desempleo. Lo que importa en el marco de la NAIRU es si la teoría “funciona”, es decir, si una bajada en la tasa de desempleo por debajo de la NAIRU genera una celebración en la tasa de inflación.
Utilizar correlación estadística como base de una teoría significa que “todo vale”. Por ejemplo, supongamos que se ha encontrado una alta correlación entre la renta de Mr. Jones y la tasa de crecimiento en el índice de precios del consumo. Cuanto más alta sea la tasa de aumento de la renta de Mr. Jones mayor será la tasa de aumento en el índice de precios del consumo.
Por tanto podríamos concluir fácilmente que para ejercitar control sobre la tasa de inflación el banco central debe vigilar y controlar cuidadosamente la tasa de aumento de la renta de Mr. Jones. Este ejemplo no es más absurdo que el marco NAIRU.
El propósito una teoría es presentar los hechos de la realidad de una manera simplificada. La teoría debe originarse a partir de la realidad, no a partir de alguna idea arbitraria que se base en una correlación estadística.
Contrariamente al pensamiento popular, una fuerte actividad económica no causa un aumento General en los precios de bienes y servicios ni un recalentamiento económico calificado como inflación. Independientemente de la tasa de desempleo, mientras todo aumento en el gasto se base en producción, no puede producirse realmente ningún “recalentamiento”.
El recalentamiento aparece una vez el gasto aumenta sin estar respaldado por producción, una situación que se produce cuando aumentan las existencias de dinero. Una vez aumenta el dinero, genera un intercambio de nada por algo o un consumo sin una producción precedente.
Como norma, a los aumentos en las existencias de dinero les siguen aumentos generales en los precios de bienes y servicios. Los precios son otro nombre para la cantidad de dinero que gasta la gente en los bienes que compra. Cuando se inyecta dinero no va a todos los mercados instantáneamente, sino por etapas: hay un lapso de tiempo. De ahí la razón del lapso de tiempo entre cambios en dinero y cambios en precios.
Si la cantidad de dinero en una economía aumenta mientras la cantidad de bienes permanece sin cambios, se gastará más dinero en la cantidad dada de bienes (es decir, los precios aumentarán). Inversamente, si la existencia de dinero permanece sin cambios no es posible gastar más en todos los bienes y servicios y por tanto no es posible un aumento general de los precios. Bajo la misma lógica, en una economía en crecimiento con una cantidad creciente de bienes y las existencias monetarias sin cambios, los precios bajarán.
Limitar el gasto público y la creación de dinero llevaría a creación de riqueza
Ahora, si el presidente electo Trump sellara todos los agujeros para la creación de dinero a partir de la nada y rebajara los desembolsos públicos, esto dejaría más riqueza real en manos del sector privado generador de riqueza. Esto fortalecería el proceso de generación de riqueza.
Un fortalecimiento en el proceso de generación de riqueza permitiría el aumento en la producción de bienes y servicios, es decir, el fortalecimiento del crecimiento económico. Consecuentemente, esto se correspondería con la disminución en la tasa de crecimiento de los precios de bienes y servicios. (Recordemos que los agujeros para creación de dinero de la nada estarían sellados). Esto también se correspondería con la disminución en la tasa de desempleo.
Observemos que en una economía libre no intervenida con una implicación pública mínima en la actividad económica y en ausencia de generación de dinero a partir de la nada tendría lugar un uso eficiente de recursos. En un entorno así, nadie tendría que establecer la llamada NAIRU. Un entorno así llevaría a una expansión de la riqueza real, una tasa baja desempleo y una tasa de inflación a la baja.
Advirtamos también que en una economía de mercado que funcionara apropiadamente cualquier forma de desempleo sería de naturaleza voluntaria. A las personas se les pagaría de acuerdo con su contribución a la producción de riqueza. Cualquiera que pidiera un salario por encima de su contribución a la generación de riqueza estaría desempleado.
Sin embargo, las posibilidades de que Donald Trump vaya a adoptar un gobierno más pequeño con los agujeros de creación de dinero a partir de la nada sellados probablemente sean nulas.
Más gasto público perjudicaría la creación de riqueza
Por tanto creemos que cualquier expansión agresiva de los desembolsos públicos probablemente perjudicaría aún más el proceso de generación de riqueza y llevaría a dificultades económicas en el futuro.
Evidentemente, si el proceso de generación de riqueza sigue siendo capaz de absorber todos los abusos debidos a la expansión pública y las imprudentes políticas monetarias de los bancos centrales, entonces las políticas de Donald Trump y la Fed parecerían tener éxito.
Esta ilusión se romperá una vez las existencias de riqueza real caigan en una vía descendente. Una vez se produzca esto, la economía caerá en una grave crisis económica.
Cualquier postura laxa agresiva por parte de la Reserva Federal y el gobierno solo empeorará más las cosas. Recordemos que el gobierno no es un ente generador de riqueza, solo consume de riqueza real.
La deuda combinada en poder de los planes públicos de pensiones de EEUU llegará a los 1,7 billones de dólares el año que viene, de acuerdo con un informe recién publicado de Moody’s Investors Services.
Este “tsunami de las pensiones” ya ha llevado a la quiebra a poblaciones como Stockton, California, y Detroit, Michigan. Tal vez ningún gobierno ha gestionado suspensiones tan mal como Puerto Rico, donde una deuda en pensiones de 43.000 millones de dólares obligó a la comunidad a buscar la protección del gobierno federal después de haber impagado sus obligaciones a los tenedores de bonos, un impago que se espera que se extienda a los jubilados en forma de recorte de prestaciones.
Aunque el desastroso resultado del plan de pensiones de Puerto Rico (del que se prevé que se quede sin activos en 2019) representa el peor escenario, la misma serie de acontecimientos que llevaron a su desastre puede encontrarse en la mayoría de los planes de pensiones públicas de toda la nación.
Hay tres culpables principales que puede encontrarse en un casi todos los estados que sufren una crisis de pensiones públicas:
El uso de trucos contables pensados para trasladar los costes a las generaciones futuras, una aproximación prohibida para los planes privados de pensiones y rechazada tanto para los planes públicos como los privados en Canadá y Europa.
Legisladores que actúan en su propio interés político, que han atendido las reclamaciones pasadas de sindicatos públicos para enriquecer las prestaciones de sus miembros, pasando al tiempo los costes a las generaciones futuras.
Una estructura pública quebrada en la que los miembros del consejo de las pensiones públicas se ven en realidad penalizados de manera tangible por actuar responsablemente y son recompensados por elegir retrasar el día del juicio.
Tal vez evaluación más concisa de las pensiones públicas la ha realizado el exactuario jefe del mayor fondo público de pensiones de la nación (CalPERS), que advirtió sencillamenteque: “Política y pensiones simplemente no encajan”.
No son solo los estados “progresistas” como California los que han sucumbido a los cantos de sirena de las pensiones públicas. Mi estado de origen, Nevada (del que se piensa que históricamente es un bastión del pensamiento del gobierno limitado) está en un agujero proporcionalmente más profundo que nuestros vecinos californianos.
El problema de Nevada
Entras que la mayoría los expertos financieros advierten sobre futuras escaseces de profesores, carreteras en decadencia, impuestos más altos y recortes en la seguridad pública, el Public Employees’ Retirement System of Nevada (PERS) confía un poder evitar todo eso haciendo algo sencillo: ¡producir retornos inversión más altos de los que incluso espera conseguir Warren Buffett!
Como el PERS ha fallado en cumplir sus objetivos de inversión en los pasados periodos de 5, 10, 15, 20 y 25 años, los costes de jubilación de los funcionarios públicos han aumentado al máximo actual del 28% de la paga (un 40,5% para policías y bomberos), que ahora consume más del 12% de todos los ingresos fiscales públicos estatales y locales de Nevada combinados.
Y cuanto más dinero se envía al PERS, menos hay disponible para salarios como los solo 34.684 dólares ofrecidos a los nuevos maestros de la escuela del condado de Clark el pasado año, casi con seguridad un factor decisivo para la permanente escasez de maestros del distrito.
Lo que es peor, más del 40% de lo que pagan al PERS todos los empleados públicos (salvo policías y bomberos) seguir hasta en la deuda del sistema previamente acumulada, en lugar de en financiar las prestaciones futuras de dichos empleados.
Consecuentemente, todas las nuevas contrataciones se espera que sean perdedores netos bajo el se PERS (obteniendo un beneficio menor que su coste total), lo que, de forma no sorprendente, “afectará negativamente a la calidad y retención del maestro actual”, según investigadores de la oficina de trabajo y estadística.
Los costes de jubilación para la policía y los bomberos son aún más altos: Pagar al PERS una cantidad igual al 40,5% de su salario significa menos policías en la calle.
Por ejemplo, el departamento de policía del área metropolitana de Las Vegas ha ocultado aproximadamente 100 millones de dólares en fondos destinados explícitamente a contratar nuevos policías durante más de una década, probablemente anticipando la futura explosión por venir de los costes de jubilación. De hecho, a pesar del superávit, la policía está impulsando otra subida de impuestos, alegando sus siempre crecientes costes de personal.
Pero eso es solo la punta del iceberg.
La deuda del PERS se prevé que explote a lo largo de la próxima década aumentando de aproximadamente 11.400 millones de dólares a más de 38.000 millones si la previsión de retorno anual de inversión del 5,85% del consultor contratado por el PERS (Wilshire Associates) es precisa:
Para dar una idea de su dimensión, en 2013 Nevada gastó en total menos de 3.000 millones de dólares en policía, carreteras y bomberos.
Pagar una deuda de este tamaño requeriría aumentos igualmente masivos de tasas de contribución, requiriendo inevitablemente salarios más bajos para los trabajadores públicos, recortes en servicios vitales e impuestos más altos
En ese momento es probable que sencillamente no haya suficientes impuestos a subir ni servicios a recortar para hacer solvente al PERS, lo que no dejaría otra alternativa que recortar las prestaciones prometidas a los jubilados.
Para evitar ese destino y salvar al PERS, los legisladores de Nevada deben actuar con la urgencia que requiere esta situación.
Cómo llegamos hasta aquí
El PERS es distinto de las cuentas de jubilación del sector privado, en las que las contribuciones de los trabajadores se depositan directamente en cuentas de propiedad individual.
En el PERS, las contribuciones de jubilación de los trabajadores se agrupan en un gran fondo con la promesa a sus miembros de una pensión futura fija basada en el salario y la experiencia laboral, algo similar a cómo funciona la Seguridad Social.
Consecuentemente, el PERS debe hacer una serie de proyecciones para determinar en cuánto deben contribuir los trabajadores para garantizar que están completamente financiadas las prestaciones futuras prometidas. Una de las proyecciones más importantes que hace el PERS es su supuesto retorno anual de inversión del 8%.
En otras palabras, el PERS considera que un pago de 10$ dentro de 30 años estaría completamente financiado con solo 1$ hoy, ya que las ganancias esperadas de invertir ese dólar cubrirían esa diferencia de 9$ a lo largo de ese tiempo.
Por desgracia, siguen las inversiones del PERS rinden por debajo de ese objetivo, contribuyentes y trabajadores públicos de rescatarlo a través de mayores tasas de contribución.
Pero utilizar retornos esperados de inversión para descontar prestaciones futurasgarantizadas equivale a una mala práctica grave y por eso esa manera actuar es rechazada por los planes privados de pensiones de EEUU, los planes públicos y privados de Canadá y Europa y el 98% de los economistas financieros. Los planes públicos de pensiones de EEUU son los únicos disidentes de este consenso.
La forma más fácil de ver por qué está mal esto es ver qué pasa aumentando ese tipo. Imaginemos que el gobernador y el parlamento reclaman al tiempo al consejo del PERS que para inmediatamente el pasivo no financiado de aproximadamente 11.000 millones de dólares que reporta actualmente.
Suena a tarea imposible, ¿verdad?
Pero debido a la defectuosa metodología contable del PERS, el consejo podría aparentarliquidar toda esa cantidad en un distante. Bastaría que el asesor de inversiones del PERS afirmara que en lugar de un retorno anual del 8%, ahora que que el PERS puede lograr un retorno del 10,5%.
¡Voilá! ¡El PERS habría eliminado toda su deuda de11.000 millones de dólares e incluso dispondría de un pequeño superávit!
Por supuesto, su pasivo real no financiado (más de 50.000 millones de dólares utilizando una contabilidad correcta) no ha cambiado.
Si os escama esa aproximación, ésta es en buena compañía.
Pero dado que esta es la aproximación que emplean los miembros del consejo del PERS, deberían tener un cuidado extremo en asegurar que su retorno supuesto de inversión sea uno que puedan esperar alcanzar con confianza.
Por el contrario, ignoran tanto su lamentable rendimiento pasado como las proyecciones de sus propios consultores elegidos con cuidado, que están advirtiendo que la tasa anual de retorno asumida por el consejo es demasiado alta.
Después de un cuidadoso proceso de selección, el PERS encargó una segunda opinión aWilshire Associates, quienes, el 20 de agosto de 2015, informaron al consejo de que lo más probable era conseguir solo un retorno anual medio del 5,85% a lo largo de la próxima década, no el mínimo del 8% que debe lograr el PERS para evitar tener más deuda.
La evaluación de Wilshire de menores retornos futuros esperados es compartida por prácticamente todos los expertos importantes del sector.
Por ejemplo, el McKinsey Global Institute advertía que: “Después de una época de rendimiento por la nubes, los retornos de inversión probablemente vuelvan a caer a tierra a lo largo de los próximos 20 años”. Basándose en las proyecciones de McKinsey, el PERS puede esperar un retorno a 20 años que vaya desde un mínimo del 4,6% bajo una recuperación de “crecimiento lento” hasta un máximo del 7,4% en un escenario de “crecimiento-recuperación”.
Incluso el gurú de la inversión Warren Buffett usa un mero porcentaje del 6,5% como tasa supuesta de retorno a largo plazo para el plan de pensiones de Berkshire Hathaway.
Debido a esto, la mayoría de los planes públicos de pensiones de EEUU están rebajando ahora mismo sus objetivos de inversión. Por ejemplo, el mayor plan público de pensiones de la nación (CalPERS) implantó un el año pasado un plan para rebajar gradualmente su objetivo del 7,5% al 6,5% a lo largo de los próximos años.
Una estructura quebrada de gobernanza
¿Entonces por qué el PERS (desafiando a sus iguales, a expertos y a sus propios consultores) continúa empleando una supuesta tasa de retorno del 8%?
Por interés político propio.
Después de que el asesor de inversiones del PERS, Ken Lambert, ofreciera unas pocas razones deslavazadas para justificar rechazar el informe Wilshire, el consejo pidió un cálculo preciso de lo que significaría rebajar su tasa al 7%.
Ese movimiento aumentaría la tasa de contribución del 28 al 38% de la paga, momento en el cual, según Lambert, “Todos nos iremos a casa”, prediciendo aparentemente una rebelión masiva de los empleados públicos que echaría del cargo al consejo actual y su personal.
El PERS ilustra aquí el error nuclear que tiene la estructura de gobernanza de los planes públicos de pensiones de EEUU: miembros del consejo a corto plazo, que no arriesgan nada, se enfrentan a una serie de incentivos donde son en la práctica castigados por hacer lo correcto y les beneficia pasar los costes a las generaciones futuras.
Una vez entendido esto, es fácil ver por qué el PERS calificaba al informe Wilshire como no merecedor “de prisa, ni de urgencia real” y decía que no contenía “nada [que] sea factible” cuando el presidente de la Nevada State Education Association, Rubén Murillo, presionaba repetida y correctamente al consejo en busca de respuestas.
El PERS se encuentra ahora ante un dilema sin salida: Como los miembros del consejo han estado tanto tiempo sin afrontar la realidad, los costes se dispararían si ahora tuvieran que adoptar suposiciones correctas. Pero no hacerlo sólo empeoraría su error inicial (y generaría la carnicería resultante) cuando llegue finalmente el momento de la verdad.
Es significativo que, debido a que el PERS solo tiene a mano aproximadamente 72 centavos de cada dólar de prestaciones prometidas, el sistema en realidad debe superar su objetivo de inversión del 8%. Solo así el sistema tendría suficiente dinero para cumplir con sus promesas.
El hecho de que el PERS tenga ahora un flujo de caja negativo (paga más en prestaciones de lo que recauda en aportaciones de contribuyentes y empleados) empeora las cosas.
Si esta tendencia persiste y se producen los retornos inversión proyectados por Wilshire, es fácil que el PERS se encuentre aproximándose a una relación de financiación de solo el 50%, que se considera un “punto de crisis” del que es “muy difícil salir”, según el jefe de inversiones de CalPERS, Ted Eliopoulos.
La reclamación de reformas disfrutar de un apoyo amplio bipartidista que incluye al menos a un antiguo miembro del consejo del PERS, la evaluación de Warren Buffett las pensiones públicas sigue sonando a tristemente cierta en Nevada:
Probablemente haya más ignorancia directiva sobre los costes de las pensiones que sobre cualquier coste de una magnitud remotamente similar. Y, como quedará gravosamente claro para los ciudadanos en décadas futuras, ha habido incluso una mayor ignorancia electoral de los costes de las pensiones públicas.
Gracias a Dios, sigue habiendo tiempo para salvar al PERS, pero los detalles de la reforma son mucho menos importantes que el reconocimiento de los problemas fundamentales. Como declararon los cargos públicos con respecto al plan de pensiones de Oregón acerca de una crisis similar: “Se está convirtiendo en un asunto moral. No podemos limitarnos a hablar solo de cifras”.
Conclusión
En teoría, el gobierno está ostensiblemente destinado a superar la naturaleza supuestamente miope y avariciosa de los actores individuales con políticas que están orientadas al largo plazo y pensadas para maximizar el bienestar general.
Pero, como revela el caso de las pensiones públicas (por no mencionar el gasto en infraestructuras, la deuda nacional, los derechos, etc.), el proceso político hace exactamente lo contrario: en realidad recompensa a quienes financian poco en el presente y difieren los costes hacia generaciones futuras.
Así que pedir a los legisladores que “sean más responsables” es un error. Todos somos actores interesados. En lugar de desear que no sea así, sería mucho más eficaz aceptar esta realidad y restringir el papel del gobierno a solo aquellas áreas para las que está dotado para atender.
Como decía Ron Seeling: “Política y pensiones simplemente no encajan. Solo es eso”.
Los salarios son el precio de los servicios laborales de un trabajador. La oferta de servicios laborales en el conjunto de una economía depende de la cantidad total de horas de trabajo (del número de trabajadores y del número de horas que quiera estar ocupado cada trabajador) y su demanda de las oportunidades que conozcan los empresarios para emplearlos rentablemente: de la intersección de esa oferta y de esa demanda surgen los salarios. Es decir, en un mercado libre, el salario es aquel precio por los servicios laborales que induce a los empresarios a dar empleo a todos aquellos trabajadores que lo buscan. Los intentos de incrementar los salarios por ley son totalmente en vano: a mayores costes salariales, menores oportunidades para que los empresarios rentabilicen su inversión, de modo que su demanda de trabajadores caerá y engendrará desempleo. Por eso, las leyes de salario mínimo, los convenios colectivos o los incrementos de las cotizaciones sociales tienden a incrementar el paro: encarecen la contratación sin aumentar directamente la productividad de los trabajadores (más costes a igual rendimiento).
La única forma de lograr ese deseable objetivo que es aumentar sostenidamente los salarios —y, por tanto, los estándares de vida de los trabajadores— es la de incrementar la productividad de los empleados: si cada trabajador es capaz de producir más bienes y servicios por cada hora ocupada, las oportunidades rentables de inversión empresarial serán mucho mayores y, por tanto, también lo será su demanda de trabajo. No son los decretos gubernamentales los que nos conducirán a mejores salarios, sino la mayor productividad del trabajador. ¿Y cómo incrementar la productividad de los trabajadores españoles? Sólo hay un camino: con mucha mayor inversión empresarial en bienes de capital (maquinaria, formación, I+D, infraestructuras, etc.), de manera que un mismo empleado se vuelva mucho más eficiente dentro de los procesos productivos de una compañía. Es decir, si queremos mayores salarios hemos de fomentar la inversión empresarial: y para fomentar la inversión empresarial necesitamos instituir un clima de estabilidad, confianza, libertad económica e impuestos bajos dentro de nuestra economía. Sin estos elementos fundamentales, cualquier intento por aumentar los salarios se traducirá en mayor desempleo. Más inversión nos llevará a mayores salarios; mayores salarios impuestos por ley nos llevarán a menos inversión y, por consiguiente, a menores salarios reales o a mayor paro.
La Seguridad Social acumula desde 2010 un déficit de 40.000 millones de euros, lo que ha contribuido a devorar los ahorros de su Fondo de Reserva desde los 64.400 millones de euros de 2009 a los 32.400 millones de 2015. La situación está lejos de revertir en el corto plazo, a pesar de la tan cacareada creación de empleo: su desequilibrio presupuestario en 2015 fue el mayor de toda la crisis —13.150 millones de euros— y hasta julio de este año prácticamente se ha triplicado con respecto al del desastroso ejercicio anterior. El propio Gobierno ya admite que el susodicho Fondo de Reserva, ese que iba a asegurar ‘in saecula saeculorum’ el futuro de nuestras pensiones, se va a esfumar dentro de un año. Y, por si lo anterior no fuera suficiente, las perspectivas a muy largo plazo son todavía peores: actualmente, existen 1,85 afiliados a la Seguridad Social por cada pensión abonada por el sistema; en apenas tres décadas, habrá menos de un afiliado por pensión.
La crítica situación de la Seguridad Social no es, sin embargo, nada excepcional. Durante los últimos tres decenios ha sido sometida a múltiples recortes para cuadrar sus estructuralmente descuadradas cuentas: así, antes de 1985, apenas era necesario haber cotizado una década para cobrar a los 65 años el 100% de una pensión que se calculaba como la media de los dos últimos años de salario; además, las cotizaciones sociales también cubrían los gastos del sistema sanitario público. Hoy, en cambio, es imprescindible haber cotizado 37 años para recibir a los 67 el 100% de una pensión calculada como la media de los últimos 25 años de salario y, para más inri, las cotizaciones sociales han dejado de cubrir la sanidad pública (es decir, ha habido que habilitar ‘nuevos’ impuestos para pagarla).
Pero, pese a estos múltiples recortes, su estado continúa siendo terminal. Ante tan deprimente situación, aquellos agentes sociales que durante medio siglo han estado manipulando a los españoles para venderles unas virtudes absolutamente inexistentes del sistema de pensiones públicas se niegan ahora a reconocer su fiasco y se empeñan en continuar huyendo hacia delante: esto es, se empeñan en continuar recortando tanto las prestaciones recibidas por los pensionistas como la renta disponible de los cotizantes. Un doble agujero negro cuyo único propósito es la subsistencia de un esquema redistributivo que solo se satisface a sí mismo a expensas de todos sus partícipes.
Así, por ejemplo, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, recopiló hace unos días en este periódico las propuestas de su sindicato para volver “sostenible” la Seguridad Social. Las ideas no destacan precisamente por su originalidad dentro del panorama político actual: impuestos (supresión de los topes máximos de cotización), impuestos (elevación de la base de cotización de los autónomos) y más impuestos (eliminación de todas las bonificaciones y exenciones sociales). De entre tan variado batiburrillo, sobresale una novísima idea:muchos más impuestos; en concreto, extraer del sistema de Seguridad Social los más de 20.000 millones de euros que cada año cuestan las pensiones de viudedad y orfandad para empezar a sufragarlas con figuras tributarias distintas a las cotizaciones sociales.
Esta última propuesta, por cierto, es compartida con escasos matices por prácticamente todas las fuerzas políticas: desde Podemos al PP, que tanto monta monta tanto. Debe de ser que, como sugiere Fernández Toxo, se trata de una recomendación de absoluto sentido común: las prestaciones por viudedad y orfandad carecen de carácter contributivo y, por tanto, es ‘lógico’ que no sean sufragadas por cotizaciones sociales, sino por los impuestos generales del Estado.
Pero no: en realidad solo estamos ante una treta que pretende camuflar la enésima bancarrota del sistema saqueando todavía más al contribuyente. De lo que se trata, en última instancia, es de financiar más de 20.000 millones de su gasto —equivalentes a casi un tercio de toda la recaudación del IRPF— con nuevos gravámenes creados ‘ad hoc’ y soportados por los mismos que ya están soportando las sangrantes cotizaciones sociales. El modelo es calcado al francés, a la llamada “contribución social generalizada”: una exacción adicional sobre ‘todos’ los trabajadores que equivale al 7,5% de sus salarios. Que todos los partidos coincidan en perpetuar este fraude escapando hacia delante solo confirma la complicidad originaria de todos ellos en haberlo gestado y los suculentos beneficios en términos electorales que cosechan manejando las pensiones a su arbitrio.
Imagínense la siguiente situación: un trabajador realiza durante 30 años aportaciones a un plan privado de jubilación que, a cambio de una determinada contribución mensual, promete pagarle una pensión determinada a los 65 años, hacerse cargo de todas sus facturas sanitarias y, en caso de morir anticipadamente, entregarle una pensión subsidiaria a su cónyuge viudo y a sus huérfanos menores de edad. Imagínense además que, tras esas tres décadas de contribuciones, el plan privado de jubilación se rebela contra el trabajador para anunciarle que: a) solo podrá jubilarse a los 67 años y con una pensión mucho más baja que la inicialmente prometida; y b) que, si quiere seguir teniendo derecho a sanidad gratuita y a pensiones de viudedad y orfandad, deberá seguir pagando, incluso después de jubilado, una contribución mensual muy superior a la que paga ahora. ¿Qué conclusiones sacaríamos acerca del comportamiento de ese plan privado de jubilación? Lo primero, que ha estafado al trabajador: le prometió una serie de prestaciones que finalmente no va a cumplir; y, lo segundo, que probablemente su situación financiera esté cercana a la bancarrota, motivo por el cual tiene que sacar la tijera reduciendo sus gastos e incrementando sus ingresos.
Pues bien, ese ha sido exactamente el comportamiento de la Seguridad Social española durante las últimas décadas: una estafa en permanente bancarrota que, pese a ello, ha contado —y sigue contando— con aduladores y propagandistas en todos los partidos políticos y en la inmensa mayoría de organizaciones sociales. Una estafa en permanente bancarrota que, además, es incluso peor que la estafa perpetrada por cualquier fondo privado debido a un motivo fundamental: ‘todos’ estamos ‘obligados’ a participar en esa estafa, aunque seamos conscientes de su fraudulenta naturaleza y no queramos someternos a ella. Todo un hito en la historia de las conquistas sociales, sí señor.
La edición 2016 del día del trabajo siguió una tradición bien establecida: los sindicatos atribuyéndose los beneficios de todos los trabajadores. Entre sus afirmaciones más comunes, a menudo incorporadas a la atribución de las tendencias negativas en los salarios a la erosión del poder sindical, estuvo la de que los sindicatos aumentan los salarios de todos los trabajadores. Por desgracia, los sindicatos retrasan en lugar de aumentar la posibilidad real de otros de ganar más.
Los sindicatos se apoyan en los poderes especiales concedidos por el gobierno (por ejemplo, excepciones únicas ante las leyes antitrust), permitiendo a los empleados actuales impedir la competencia de otros dispuestos a hacer el mismo trabajo por menos dinero. Esta es una forma de colusión que, realizada por cualquier empresa, sería perseguida legalmente.
A los mayores salarios sindicales que se generan se atribuye por tanto el aumento de los salarios de todos los trabajadores, porque supuestamente empujan al alza los salarios de otros empresarios para evitar que sus trabajadores huyan en busca de esas alternativas mejor pagadas. Sin embargo, su afirmación no puede ser verdad sin violar la ley de la demanda.
Salarios más altos, menos empleo
Los salarios más altos derivados del poder de monopolio impuesto por el gobierno solo impulsarían al alza los salarios de los demás si aumentaran el número de esos empleos bien pagados. La razón es que los empresarios sólo necesitan para mantener a los empleados ofrecer más que las opciones reales de estos. Pero al forzar artificialmente al alza del costo de contratar a sus trabajadores, los sindicatos reducen en lugar de aumentar el número de dichos empleos ofrecidos por empresarios, haciendo que la producción reducida haga que los consumidores compren con los costes y precios más altos que genera eso. En lugar de mejorar las alternativas disponibles para los trabajadores no sindicalizados, se empeoran, ya que los trabajadores desplazados se ven obligados a competir con otros por trabajos no sindicalizados.
Esos trabajadores desplazados aumentan la oferta laboral para los empleos no sindicalizados. Eso impulsa a la baja los salarios de todos los trabajadores en esos empleos, no al alza. Consecuentemente, las primas de los salarios sindicales no benefician a todos los trabajadores: los beneficios vienen principalmente de los bolsillos de otros trabajadores.
Con solo aproximadamente el 7% de la fuerza laboral del sector privado estadounidense sindicalizada, el poder de los sindicatos disminuye por tanto las rentas reales de 13 de cada 14 trabajadores. Y como los sindicatos también aumentan directamente los costes de servicio público, e indirectamente a través de otras políticas que aumentan los costes (por ejemplo, la Ley Davis-Bacon y los Acuerdos Laborales de Proyectos) y que han impulsado los grandes sindicatos, todos los demás trabajadores también se ven dañados como contribuyentes.
La oposición sindical al comercio internacional
Y los sindicatos también han usado la misma técnica de la “gran mentira” de repetir constantemente lo contrario de la verdad como un hecho en otras áreas. Por ejemplo, conscientes de que su poder de monopolio para excluir los trabajadores de la competencia termina en las fronteras, los sindicatos han sido desde hace mucho tiempo el principal respaldo del proteccionismo. Centran su atención en aquellos que consiguen una protección especial y luego afirman que sus beneficios también se extenderían por toda la economía para beneficiar a otros. Pero ignoran los daños mucho mayores del proteccionismo: para todos los demás trabajadores que habrían ganado con más exportaciones, para todos los demás trabajadores que, como consumidores, tienen restringido su acceso a importaciones superiores y de menor coste (y obligan a la producción nacional a competir con ellas) y a todos los demás trabajadores perjudicados por la reducción de riqueza y renta real producida por el proteccionismo nacional y las respuestas proteccionistas extranjeras inducidas.
Dado que el día del trabajo ha sido considerado el inicio tradicional de la campaña “seria” de las presidenciales, es un momento apropiado para recordar lo dañina que es la estrategia de la “gran mentira” de los sindicatos. Su giro ilógico puede impedir una comprensión adecuada del daño que imponen los sindicatos a casi todos los estadounidenses, ofreciendo un recuerdo aleccionador de que “No es la ignorancia la que hace más daño: es saber muy bien que las cosas no son así”. Después de todo, cuando la gente sabe que ignora variables importantes que afectan a sus decisiones, normalmente no se juegan hasta la camisa por ellas, sino que cuando piensan que saben lo que es verdad lo que es mentira, pierde la camisa. Y un montón de hogares estadounidenses estarán en juego este noviembre.
El artículo original se encuentra aquí.
Esta aceleración de la tasa de inflación tiene lugar a través de aumentos en la demanda de bienes y servicios. También aumenta la demanda de trabajadores y presiona sobre los salarios, reforzando el crecimiento de la tasa de inflación.
La NAIRU es una medición arbitraria, derivada de una correlación estadística entre cambios en el índice de precios del consumo y la tasa de desempleo. Lo que importa en el marco de la NAIRU es si la teoría “funciona”, es decir, si una bajada en la tasa de desempleo por debajo de la NAIRU genera una celebración en la tasa de inflación.
