España registró un déficit público del 5,8% del PIB en 2014,
equivalente a algo más de 61.000 millones de euros, el mayor descuadre fiscal de la zona euro -exceptuando a Chipre,
último país rescatado tras el colapso de sus sistema financiero- y el quinto a
nivel mundial.
La acumulación de abultados déficits desde el estallido de la crisis ha
triplicado el volumen de deuda pública en los últimos años, hasta rozar el
100% del PIB en 2014 (1,03 billones de euros), la cifra más
alta desde principio del siglo XX, situando a España en el top ten de
países con mayor endeudamiento estatal. De hecho, el sector público nacional precisa uno de los mayores ajustes del mundo.
Este insólito aumento ha contrarrestado el esfuerzo realizado por familias y
empresas para reducir sus abultadas deudas, hasta el punto de que la
deuda total de España (pública y privada), lejos de reducirse,
ha crecido en cerca de 300.000 millones de euros durante la crisis.
Sin embargo, a todos estos datos, siendo graves, hay que sumar la
deuda pública que no se ve, es decir, la que no se contabiliza
de forma oficial a través del denominado procedimiento de déficit excesivo
(PDE). España es uno de los países con mayor deuda oculta de toda la zona
euro, y el problema es que no deja de crecer.
En concreto, el conjunto del Estado cerró el pasado año con
un endeudamiento total de 1,52 billones de euros, equivalente
al 144% del PIB, según las últimas cifras publicadas por el el
Banco de España (BdE). Esto implica unos 492.000
millones de euros más que la cifra oficial de deuda pública.
Esa partida incluye, entre otras cosas, la deuda de las empresas públicas, el
banco malo (Sareb), el Fondo de rescate bancario (Frob), el conjunto de
avales y créditos comerciales del sector público, el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social (la famosa hucha de las pensiones) o los préstamos
entre las distintas Administraciones -Fondo de rescate autonómico (FLA),
mecanismo de pago a proveedores, etc.-...
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