por Juan Ramón Rallo
Como ya sucediera con el mercado laboral o con las políticas de crecimiento económico, la difusión del programa fiscal de Ciudadanos constata, nuevamente, que no nos hallamos ante un partido liberal, sino ante una formación socialdemócrata que aspira a conseguir una reordenación “sensata” del entramado burocrático e intervencionista actual pero sin reducirlo lo más mínimo. Nótese que mi argumento no está siendo que Ciudadanos no es un partido liberal lo suficientemente radical: no, lo que estoy diciendo es que su objetivo de largo plazo no es reducir el Estado para ensanchar la sociedad civil. En el caso de los tributos, de hecho, esto es muy fácilmente observable.
No bajan impuestos
Ciudadanos no propone una rebaja general de impuestos, sino el mantenimiento de la montoriana presión fiscal actual. En concreto, Ciudadanos proyecta una bajada del IRPF de 4.350 millones de euros (debido a que reduciría los gravámenes a sólo tres tramos, inferiores a los actuales: 18% hasta 22.500 euros; 28% entre 22.500 y 75.000 euros; y 42% a partir de 75.000 euros) que compensará con una subida del Impuesto sobre Sociedades de 4.535 millones de euros (derivada de bajar el tipo al 20% pero eliminando prácticamente todas las deducciones). Y, a su vez, la reforma del IVA (eliminación del tipo superreducido y disminución del reducido al 7% y del general al 18%) tiene como objetivo declarado mantener constante la recaudación, de modo que tampoco por esta vía existe alivio fiscal alguno para la población.
A todas estas modificaciones, neutrales desde un punto de vista recaudatorio, hay que sumarles la instauración de un complemento salarial para las rentas más bajas (articulado a través del IRPF) que, de acuerdo con Ciudadanos, costaría algo más de 8.000 millones de euros. La financiación de semejante medida redistributiva se lograría merced a una reducción de las duplicidades y superfluidades administrativas (fusión de ayuntamientos, eliminación de las diputaciones, evaluación previa del gasto, etc.) cifrada en 5.000 millones de euros, más una armonización nacional del impuesto de Patrimonio y de Sucesiones, cuya recaudación no cuantifican pero que, como mucho, daría para cubrir el restante coste de ese complemento salarial.
En conjunto, pues, Ciudadanos no propone (ni pretende proponer) menores impuestos; acaso los incrementa marginalmente en algunas comunidades autónomas como la de Madrid (debido a la vía de la tributación patrimonial) para incrementar las transferencias estatales. Nuevamente, pues, nos topamos con las bases ideológicas de un partido típicamente socialdemócrata y no con las de uno liberal. Comparen, a este respecto, las promesas fiscales de Ciudadanos con las de otro partido declaradamente liberal como el P-Lib: el Partido Libertario propone abolir Sucesiones y Patrimonio; una progresiva reducción de los impuestos Especiales hasta suprimirlos; un recorte en tres fases de IRPF y Sociedades hasta eliminarlos; y una escalonada rebaja del IVA hasta el 5%.
Es decir, el saludable objetivo a largo plazo del P-Lib es financiar un Estado minimalista con apenas un impuesto sobre el consumo del 5%. ¿Imposible? En absoluto: ésa sería la auténtica revolución liberal que necesita España. Ahora bien, sí es verdad que a muchas personas el liberalismo del P-Lib puede parecerles demasiado radical (a mí me parece pertinentemente radical, esto es, que va a las raíces morales y económicas del liberalismo): lo importante, a este respecto, no es tanto si nos quedamos con un IRPF del 0% o del 10% cuanto la decidida voluntad liberal de reducir los impuestos y de adelgazar el Estado (más allá del gasto meramente redundante). Ciudadanos no aspira a bajar generalizadamente los impuestos ni a disminuir el Estado: no aspira a hacerlo ni de manera radical ni de manera timorata. Al contrario: su objetivo es conservar el Estado tal como existe ahora mismo pero de una manera menos irracional y exuberante. Por eso no pueden ser calificados como liberales y sí como miembros del consenso socialdemócrata que nos rodea.
Ahora bien, tal como también expliqué en los casos anteriores, todo esto no significa que Ciudadanos sea exactamente lo mismo que el PPSOE. Más allá de la no menor circunstancia de que esta formación no ha participado en corruptas tramas de saqueo institucional (veremos qué sucede cuando se afiance en el poder durante varios lustros), sus propuestas se dirigen a modernizar la socialdemocracia y a volverla algo menos destructora de las bases de generación de riqueza. En el caso de la fiscalidad, buscan implantar un sistema tributario más simple y transparente que, además, no penalice la atracción de talento extranjero con un IRPF menos disparatadamente progresivo que el actual. Son mejoras a celebrar pero no en nombre del liberalismo, sino de una socialdemocracia menos descabellada y más moderna.
¿Un futuro de impuestos crecientes?
Pero acaso lo más inquietante de la propuesta fiscal de Ciudadanos no sea el presente inmediato —que, como digo, supondría una mejoría marginal con respecto a la situación presente— sino el futuro. Al menos en el presente documento, el partido de Albert Rivera no parece solucionar el acuciante problema de déficit público que sigue azotándonos: 60.000 millones de euros de agujero presupuestario en 2014.
Tal como hemos expuesto, la reforma fiscal planteada por Ciudadanos es neutral desde un punto de vista recaudatorio y las reducciones del gasto prometidas apenas sirven para cubrir los nuevos programas redistributivos que se pretenden implantar. Entonces, ¿qué hacer con el déficit? Aunque Ciudadanos no afronta directamente la cuestión, parece que se fía todo a un relanzamiento del crecimiento económico —merced a la dinamización de la actividad que pretenden imprimir con sus restantes medidas— y, sobre todo, a la lucha contra el fraude fiscal (que, a diferencia de lo que harían los liberales, no se consigue mediante una sustancial rebaja impositiva que incentive indirectamente a la gente a no defraudar, sino criminalizando y endureciendo más las leyes contra el fraude de lo que ya lo ha hecho el propio Montoro).
Sin embargo, existe una frase en el documento de Ciudadanos que no dejo de leer con cierta preocupación: “Esta reducción del tipo general de IVA y ensanchamiento de la base nos podría dar espacio para luego ir hacia un gran pacto de estado que redujera las cuotas de la Seguridad Social, para incrementar el empleo, a cambio de una subida del IVA, en la línea de las recomendaciones internacionales, y de la Comisión de Expertos. Este pacto no forma parte de nuestra propuesta, pero sería algo a valorar con las demás fuerzas políticas”. Claramente, Ciudadanos está preparando ideológicamente el terreno para futuros incrementos de la tributación indirecta con el pretexto de rebajar en paralelo las cotizaciones sociales: una fórmula que no tendría por qué ser negativa si, de verdad, se recortaran en toda su extensión las cotizaciones a la Seguridad Social.
Mas uno tiende a sospechar que, llegado el momento y habida cuenta del descuadre presupuestario del Reino de España, el IVA subiría mucho más de lo que bajarían las cotizaciones sociales: una treta análoga a la que ya empleara Montoro en 2012 para incrementar el IVA del 18% al 21%. Por supuesto, no deja de ser injusto extender la sombra de la sospecha sobre Ciudadanos por culpa de la gigantesca mascarada fiscal protagonizada por el PP; pero ciertamente no son unos temores del todo infundados: imaginen un partido político en el poder, sin marcadas convicciones liberales, necesitado de más ingresos para mantener un Estado de Bienestar que desea no recortar, que toma como referencia a Dinamarca —país con un IVA del 25%— y que tiene la oportunidad de incrementar la recaudación por IVA modificando la estructura fiscal del país de un modo cuya no neutralidad los ciudadanos no serían capaces de evaluar con precisión. Los incentivos de esa formación —que bien podría ser Ciudadanos en el futuro— parecen más que obvios y no se alinearían con los derechos de las personas.
En definitiva, Ciudadanos promete organizar cartesianamente el Estado gigantesco que padecemos los españoles a imagen y semejanza del resto de europeos, pero no achicarlo para dotar de una mayor autodeterminación a la sociedad civil. En su programa económico, el libre mercado es meramente instrumental a los objetivos de la política estatal; en el caso de la fiscalidad, el libre mercado es meramente instrumental a la maximización de los ingresos del Estado (a través de la promoción del crecimiento económico). No hay una inspiración liberal en sus políticas —aun cuando éstas traten de ser amistosas en muchos aspectos con el liberalismo— y por eso no ven como intrínsecamente problemáticas las relaciones coactivas que constituyen el Estado: por eso, en suma, su objetivo es quedarnos como estamos pero de la manera más sensata posible. Como en el caso de la Comisión de Expertos del Gobierno, la rebaja de impuestos de Ciudadanos se queda en una mera reordenación de los tributos. Y eso no es liberalismo.
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