Juan Ramón Rallo es Director del Instituto Juan de Mariana (España) y columnista de ElCato.org.
Señala en una reciente entrevista el exministro de Educación y candidato socialista a la presencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que su deseo no es el de subir los impuestos, sino el de reclamar solidaridad a los madrileños. No termina de quedar claro si Gabilondo pretende congelar todos los tributos autonómicos y habilitar una cuenta bancaria para que los ciudadanos solidarios efectúen sus donaciones voluntarias a la consejería autonómica de Hacienda o si, en cambio, Gabilondo únicamente está tratando de adornar comportamientos viciosos (los aumentos de impuestos) con actitudes virtuosas (la solidaridad).
Si se tratara de los primero —a saber, si Gabilondo pretendiera sustituir la coerción de la fiscalidad por la generosidad de la filantropía—, el exministro de Educación a buen seguro merecería el aplauso de todos los liberales por defender las relaciones sociales de carácter voluntario frente a la coacción institucionalizada a través de burocracias estatales. Pero, si tal fuera el caso, Gabilondo muy probablemente no se estaría postulando para presidir un gobierno autonómico, sino una ONG.
Más razonable, pues, resulta la otra interpretación: que el exministro de Educación esté tratando de darnos gato por liebre hablando de solidaridad cuando en realidad se está refiriendo a lo contrario, a saber, a la muy insolidaria sustracción forzosa de los ingresos y de la riqueza de los madrileños por parte de su administración autonómica.
La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define claramente solidaridad como la “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”: uno opta por adherirse de manera transitoria a coadyuvar al logro de los fines ajenos. En cambio, la propia RAE define tributo como una “obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas”: una subyugación estructural y onerosa que el sector público le impone a cada persona. La solidaridad, pues, evoca una loable virtud moral con la que se pretende recubrir y encubrir la radical tacha moral universalmente asociada al uso de la fuerza (del imperium estatal) dirigido a perturbar el pacífico disfrute de los derechos de las personas (en este caso, de los ingresos y del patrimonio justamente adquiridos).
Gabilondo —y todos los restantes políticos que se valen de semejante treta para ganarse la servidumbre voluntaria de los contribuyentes— no está pidiendo solidaridad: si lo hiciera, se limitaría a exhortarnos a empatizar con el resto de conciudadanos madrileños para así contribuir de manera voluntaria y generosa a mejorar la calidad de vida de aquellos más necesitados. Trataría de persuadirnos acerca de cómo ser buen ciudadano lleva aparejado el deber moral de ayudar al prójimo de manera desinteresada, pero no propondría emplear el poder coercitivo del Estado para transformar ese deber moral en una obligación jurídica unilateralmente impuesta por la administración. Gabilondo no está pidiendo solidaridad, sino sumisión del ciudadano al poder político: aceptación ciega y acrítica de la autoridad del Estado para decidir caprichosamente sobre sus vidas.
Ciertamente, uno podría estar sincera y profundamente convencido de que los impuestos son necesarios para el adecuado funcionamiento de una sociedad. Incluso podría pensar que una fiscalidad expansiva resulta extremadamente beneficiosa para la continua mejoría del bienestar de esa sociedad. Y podría, por último, justificar el imperialismo tributario sobre la comunidad civil apelando a la búsqueda de ese bien común.
Pero lo que no debería hacer ni siquiera el mayor entusiasta de coacción fiscal es pervertir el significado de las palabras: los impuestos no son una manifestación de la solidaridad, sino del poder. Del poder de que disfruta el Estado para imponerles unilateralmente a sus ciudadanos obligaciones y para que estos ciudadanos las cumplan dócilmente.
De ahí que cuando Gabilondo apela a las subidas de impuestos no esté apelando a ninguna revitalización virtuosa de la ayuda mutua dentro de la sociedad, sino a la descarnada aplicación de la fuerza y de la intimidación estatal para engrosar las arcas de la voraz burocracia madrileña. Expresado así, claro, resulta tan intuitivamente injusto y tan visceralmente repudiable como para que (casi) nadie le preste su apoyo. Y, por eso, el candidato socialista debe apelar a la solidaridad cuando, en realidad, lo único que se está haciendo es lavarle la cara a la coacción. No es filosofía política: es propaganda política.
Este artículo fue publicado originalmente en El Economista (España) el 8 de abril de 2015.
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