Carlos Ghosn, presidente de Renault.
El mercado francés de fusiones y adquisiciones parece sujeto a dos fuerzas opuestas.
Por un lado, la gran liquidez de las multinacionales y las perspectivas de recuperación económica han convertido a las empresas galas en objetivos de algunas de las mayores operaciones del último año. General Electric compró activos de Alstom por 14.000 millones de euros, la cementera suiza Holcim está en proceso de absorción de Lafarge por 41.000 millones y Nokia acaba de pactar la adquisición de Alcatel-Lucent por 15.600 millones.
Al mismo tiempo, París está aprobando normas para proteger a los grupos locales ante potenciales ofertas públicas de adquisición (opas). La propuesta más controvertida, que duplica los derechos de voto a los accionistas que llevan más de dos años en una empresa cotizada, está generando tensiones entre el Gobierno, empresarios franceses e inversores extranjeros en grupos como Vivendi, GDF Suez y Renault.
Salvo que los grupos cotizados se opongan en sus juntas de 2015 a la aplicación del sistema de doble voto, todos ellos deberán empezar a aplicar el nuevo modelo de forma automática a partir de abril de 2016. Diversos fondos de inversión consideran que se trata de un blindaje para evitar entradas hostiles y dar más poder a los núcleos duros de accionistas que existen en las empresas francesas, formados tradicionalmente por el Gobierno o empresarios afines.
Olivier de Guerre, presidente de Phitrust Active Investors, cree que "la generalización de esta práctica puede perturbar a algunas compañías al incrementar el peso de ciertos accionistas".
Voto reforzado
De las 40 empresas que constituyen el principal índice de la Bolsa francesa, sólo 13 se ven afectadas por la medida incluida en la denominada 'Ley Florange', porque el resto ya tienen mecanismos de voto reforzado en sus estatutos. Se trata de Air Liquide, BNP Paribas, Capgemini, Crédit Agricole, EDF, GDF Suez, L'Oréal, Orange, Renault, Unibail-Rodamco, Veolia, Vinci y Vivendi.
La semana pasada, los accionistas de la constructora Vinci rechazaron la instauración del nuevo sistema de reparto del poder político en las juntas, consagrando en sus estatutos el criterio de que una acción equivale a un voto.
En la junta de Vivendi celebrada el pasado viernes, más del 50% de los presentes se opuso a la 'Ley Florange', pero la modificación de estatutos necesaria para repeler esa norma requería el apoyo de dos tercios de los presentes. Por tanto, Vincent Bolloré, que tiene el 14,5% de Vivendi, asumirá de forma tácita el control de la empresa a partir del año que viene al duplicar sus derechos políticos. De este modo, tendrá manos libres para seguir con su estrategia de adquisiciones, iniciada con la compra de la web Dailymotion a Orange por 217 millones de euros. Se rumorea que Vivendi, dueña de Canal Plus, podría interesarse por grupos de televisión europeos como Mediaset o Sky.
Más polémicas pueden ser las juntas que Renault y GDF Suez celebran a final de mes. En ambas compañías, sus consejos quieren mantener el principio de un voto por acción, pese a que el Gobierno francés es accionista y rechazará esa iniciativa. En el caso de Renault, el Ejecutivo de François Hollande ha dicho que elevará su participación del 15% al 20% para sacar adelante la aplicación de la 'Ley Florange' en la junta. Esto puede crear tensiones con Nissan, que posee el 15% de Renault pero no ejerce sus derechos de voto.
El Gobierno tiene la victoria casi asegurada en la junta de GDF Suez, ya que controla el 32,5% del capital. Al duplicar sus derechos de voto, el blindaje del grupo gasista será total.
EDF y Orange, otros dos grupos con participación pública, ni siquiera van a proponer a la junta que se pronuncie sobre la nueva Ley, por lo que será aplicada de forma automática el año que viene. Los analistas creen que esto facilitará que el Gobierno pueda reducir su participación en la empresa de telecomunicaciones Orange, situada en el 25%, sin temor a perder el control.
En el caso de EDF, la preocupación de París es ver como utiliza el músculo financiero esta empresa eléctrica para rescatar a Areva, el fabricante estatal de reactores nucleares.
El nuevo reparto del poder político va a acompañado de otras normas aprobadas por el Gobierno francés. Por ejemplo, ha desaparecido la exigencia de "neutralidad" para los consejos de empresas que reciben opas hostiles. Ahora, pueden aprobar ampliaciones de capital o ventas de activos durante estas ofertas para dificultar su desarrollo. Además, el Ejecutivo tiene desde el año pasado más derechos de veto sobre fusiones en sectores estratégicos como energía, transporte y telecomunicaciones.
Cuarto más activo
Según los banqueros de inversión, estas medidas no van a aniquilar el mercado de fusiones francés, que el año pasado fue el cuarto más activo del mundo. Por ejemplo, Lafarge y Alcatel ya tienen en sus estatutos derechos especiales de voto para sus accionistas históricos, lo que no ha impedido su absorción por firmas extranjeras. Olivier de Guerre recuerda que "el principal accionista de Lafarge [el grupo Bruxelles Lambert], que se beneficia del doble derecho de voto, ha sido uno de los principales defensores de la fusión con Holcim".
Lo que sí parece imposible a partir de ahora es sacar adelante una opa hostil en Francia ante los blindajes estatutarios y la vigilancia estatal. Las ofertas deberán ser amistosas, no sólo para el consejo de la empresa pretendida y su núcleo duro, sino también para el Gobierno.
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