Estado minotauro

Ángel Fernández

Bertrand de Jouvenel (1903-1987) [1] [2] en su obra Sobre el Poder. Historia Natural de su Crecimiento definió un nuevo tipo de Estado que bautizó con el nombre de Estado Minotauro.

Empleó el mito griego de Teseo, para describir un Estado Minotauro que equivale a la bestia gigantesca, mitad toro y mitad hombre, que recibía como alimento a los jóvenes ciudadanos de Atenas que eran encerrados en un laberinto, como precio a pagar por los atenienses por haber perdido la guerra contra Creta: la pérdida de la libertad a cambio de la seguridad.

 

Forma política del Estado

 

La forma política del Estado moderno surgió a finales del siglo XV en Europa y, en España, fue con los Reyes Católicos. El Estado-Administración era incipiente y el Gobierno podía limitarse por el principio de consentimiento de los ciudadanos y, como argumentaban algunos autores escolásticos españoles, los derechos individuales están por encima de cualquier forma del poder terrenal.

 

Sin embargo, desde finales del siglo XIX con los derechos "sociales" y, especialmente, a lo largo de los siglos XX y XXI surge el Estado Minotauro, que definió Bertrand de Jouvenel, con el crecimiento exponencial del tamaño del Estado-Administración.

 

Como explica el profesor Armando Zerolo [3] [4] en su obra Génesis del Estado Minotauro (2013), es la nueva forma de tiranía democrática y, también, es el último estadio al que llega un aparato burocrático-administrativo al servicio de una casta política o, si se prefiere, de una oligarquía de élites extractivas, en una involución institucional que se fundamenta en la resolución estatista de los problemas a partir de las revoluciones políticas desde 1789.

 

Inicialmente, durante la economía preindustrial, la forma política del Estado representaba entorno al 5% del PIB de los países en los siglos XVI, XVII y XVIII. A partir de la revolución industrial y, especialmente, desde la revolución francesa, el tamaño del Estado creció paulatinamente hasta alcanzar cerca del 15% del PIB después de la Primera Guerra Mundial.

 

Después de estallar en 1929 la crisis deflacionaria, conocida como Gran Depresión, los ciudadanos quedaron inermes ante las diversas soluciones estatistas para los problemas sociales que las oligarquías de élites extractivas fueron imponiendo en Europa, y el tamaño del Estado creció hasta los niveles máximos del nacional-socialismo de la Alemania nazi y del socialismo real o comunismo de la antigua URSS.

 

Si lo Político se expresó antiguamente de un modo natural con las formas políticas de la ciudad, el reino o el imperio, con las revoluciones guiadas por el racionalismo constructivista, el tamaño de la forma política "artificial" del Estado ha aumentado exponencialmente durante los siglos XX y XXI pero, sin embargo, no parece que vaya a reducirse por el «consenso socialdemócrata» existente entre la oligarquía en el poder. Más bien, al contrario.

 

Después de estallar en agosto de 2007 la actual crisis deflacionaria, conocida como Gran Recesión, se observa un cambio en la percepción de los ciudadanos con gran descontento e indignación hacia la clase política. Sin embargo, como señala el catedrático Dalmacio Negro, que exista una situación prerrevolucionaria, no quiere decir que, en caso de producirse una revolución, el Estado vaya a disminuir.

 

Revolución Francesa (1789)

 

La Revolución francesa de 1789 fue el punto de inflexión y no retorno en el crecimiento del Estado. A partir de entonces, la legislación fabricada por el Estado-Administración se impone a los ciudadanos aplastando los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad de trato ante la ley.

 

Desde entonces, los ciudadanos consienten todo aquello que legisle la supuesta autoridad política. Los derechos individuales están secuestrados por el estatismo imperante en el "ethos" colectivo; significando la vida, la libertad y la propiedad lo que, en cada momento y en cada país, determine la oligarquía de élites extractivas por medio del derecho público, del derecho fiscal.

 

Con el crecimiento desbocado del Estado se impone la legislación positiva como formadora del Derecho con la "ratio status" o la "razón de Estado" imponiéndose por encima del uso y las costumbres, la "common Law" inglesa o, si se prefiere, el "derecho de gentes" que defendía la escolástica española de los siglos XVI y XVII.

 

El poder político reside en todos y cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, cuando el "ethos" colectivo deposita la toma de decisiones en una casta política, sin dispersión pluralista del poder y sin barreras institucionales (referéndum) frente al intervencionismo, la forma política del Estado se transforma en una maquinaria burocrática y legislativa al servicio de la oligarquía presente en cada ciudad, en cada región y en cada país, cuya esencia es el crecimiento y la invasión competencias del ámbito de decisión de los ciudadanos.

 

Después de depositar su voto cada cuatro años, la mayoría de los ciudadanos son espectadores pasivos de los juegos de las oligarquías por repartirse el poder y son meras comparsas de la redistribución por el orden político de la riqueza que genera el orden de mercado.

 

Tamaño del Estado

 

La amenaza más seria para la democracia en Europa es el tamaño del Estado que, nuevamente, está situado en niveles cercanos al 50% del PIB e, incluso, superiores; lo que imposibilita que se pueda competir internacionalmente con otras áreas económicas, quedando aprisionados los derechos individuales e intervenidos los mercados por la maraña de leyes y las redes de intereses tejidas por las oligarquías de élites extractivas de cada país.

 

En su obra Derecho, Legislación y Libertad, Friedrich A. Hayek (1899-1992) señalaba un tamaño de Estado del 50% del PIB en el Reino Unido en el año 1979; razón por la cual la ex primera ministra Margaret Thatcher intentó limitar el tamaño del Estado en su país desde 1979 y hasta 1990:

La tendencia del sector público a crecer progresivamente y de manera indefinida llevó, hace aproximadamente un siglo, a formular la ley sobre el creciente gasto del gobierno. En algunos países como Gran Bretaña, este crecimiento ha alcanzado ya un punto en el que el porcentaje de la renta nacional controlado por el gobierno llega a superar el 50%. Esta es sólo una consecuencia de la tendencia intrínseca de las instituciones actuales a la expansión del mecanismo estatal; y no puede esperarse otra cosa en un sistema en el que primero se fijan las «necesidades» y luego los medios disponibles, por decisión de gente que piensa que no tiene que pagarlos directamente... Puede ser que, habiéndose echado sobre la espalda demasiadas funciones, el gobierno descuide las más importantes...

Friedrich A. Hayek, Derecho, Legislación y Libertad (Unión Editorial, 2006), Páginas 420-421.

Si bien en España el tamaño era del 25% PIB en el año 1975 al comienzo de la transición a la democracia, ahora mismo el Estado sobrepasa el 50% del PIB en el año 2014 si se tiene en cuenta el volumen de gasto de las administraciones públicas central, autonómicas, provinciales y locales y, también, los correspondientes entramados público empresariales junto con las miles de entidades que se alimentan de los presupuestos públicos.

 

Cuanto mayor es el tamaño del Estado, mayor poder tienen el orden político para intervenir con leyes y actuaciones y, por tanto, mayor perjuicio se ocasiona al funcionamiento del orden de mercado.

Si bien no se puede obviar que existe un orden político, conviene analizar que marco institucional permite minimizar la intervención del orden político sobre el orden de mercado.

 

Algunos autores pensamos que el tamaño del Estado es perjudicial cuando está situado en niveles superiores al 15% del PIB que era el que existía a comienzos del siglo XX y, especialmente, cuando el marco institucional y el gasto público va más allá de garantizar la triple seguridad.

 

En la situación actual, sería factible reducir paulatinamente el gasto público hasta un 40% del PIB y liberalizar la economía para permitir que España pueda competir internacionalmente.

 

Estado Minotauro

 

El «consenso socialdemócrata» imperante en los partidos políticos y de la imposición de bioideologías (eutanasia, eugenesia...) son consecuencias lógicas de un Estado Minotauro que devora los derechos de los ciudadanos con un gasto público que representa más del 50% del PIB y alimenta un aparato burocrático-legal al servicio de las oligarquías de élites extractivas formadas por los partidos políticos, los sindicatos, las patronales empresariales y los medios de comunicación que realizan la propaganda del régimen.

 

El Estado Minotauro emplea cientos de excusas para la depredación de los recursos públicos como, entre otras, la justicia "social", el bien "común", el interés "general", la redistribución de la riqueza, la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la educación para la ciudadanía, la memoria histórica...

Por supuesto, aquellos que critiquen el Estado Minotauro y el consenso socialdemócrata que lo sostiene, quedan excluidos socialmente por la oligarquía y catalogados como alternativos, extremistas o radicales, cuando lo único que ponen de manifiesto es el recorte de las libertades políticas y la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo en un Estado Minotauro que rebasa el 50% del PIB.

 

Ante un Estado Minotauro, sólo existen dos opciones. Se puede votar con los pies y emigrar o bien se puede dar la batalla ideológica para cambiar la actitud personal de la oligarquía y de los ciudadanos que dan soporte electoral a la misma, modificando su errónea percepción sobre las soluciones estatistas y exigiendo los cambios institucionales para vivir en una sociedad más abierta con un Estado limitado o mínimo.