A pocas semanas de las elecciones generales, los partidos políticos realizan su balance de la legislatura. En materia económica, hay muchas razones para críticas con fundamento la gestión del Partido Popular: el brutal aumento de los impuestos, el disparatado crecimiento de la deuda pública, el rescate de las cajas a costa del contribuyente o la parálisis liberalizadora. Sin embargo, las formaciones políticas de la oposición no atacan ninguno de estos puntos —en esencia, porque todas ellas quieren subir más los impuestos, continuar endeudándonos con saña e hiperregular nuestras vidas— sino que se centran en vituperar la reforma laboral aprobada a comienzos de 2012.
Según se desprende de la narrativa oficial, la reforma laboral sólo ha servido para que las grandes empresas se forren despidiendo trabajadores o precarizando su situación laboral: ninguna otra ventaja se desprende de haber abaratado la indemnización por despido o de haber restado a los sindicatos privilegios en materia de negociación colectiva. La realidad, sin embargo, es muy distinta.
Primero, la mayor parte de la destrucción de empleo experimentada por la economía española desde el inicio de la crisis se produjo en el marco de otra legislación laboral. En concreto, entre 2011 y 2015 se ha destruido alrededor de una sexta parte de los empleos que se perdieron entre 2007 y 2011 (400.000 puestos de trabajo frente a 2,3 millones). Si alguien tilda de mala la actual regulación del mercado de trabajo debido a la caída del empleo sufrida desde 2011, necesariamente deberá calificar de calamitosa la regulación previa a la reforma laboral de 2012.
Segundo, es falso que quienes más se beneficiaron de la reforma laboral hayan sido las grandes empresas: entre 2011 y 2014, las pymes destruyeron 870.000 empleos, mientras que las grandes empresas crearon 33.000. Es decir, quienes más costes por despido se ahorraron merced a la reforma laboral han sido las pymes, no las megacorporaciones turbocapitalistas que copan el Ibex 35. Acaso habrá quien piense que las grandes empresas se han dedicado a sustituir mano de obra cara por mano de obra barata, recortando los salarios con intensidad. Pero tampoco: desde 2011, las grandes empresas han incrementado los sueldos medios un 4%, mientras que las pymes sí los han recortado.
En definitiva, la reforma laboral no estuvo concebida para ayudar a las grandes empresas, sino a las pequeñas y medianas. Fueron ellas las que concentraron los peores tragos de la crisis, justamente por estar muchísimo menos internacionalizadas que las grandes. En ausencia de una reforma laboral que les permitiera aliviar el coste de las imprescindibles restructuraciones de plantilla, así como descolgarse de los convenios colectivos que les imponían unas condiciones laborales inasumibles, la quiebra de pymes habría sido mucho más intensa de lo que ya fue, provocando una destrucción de empleo todavía mayor a la que vivimos. Si ahora mismo estamos presenciando un notable ritmo de creación de empleo es porque parte del tejido empresarial español no fue destruido durante 2012 y 2013, y a evitarlo sí contribuyó la reforma laboral.
Precisamente por todo ello, acaso la verdadera crítica que pueda dirigirse contra esa reforma laboral sea su escasa ambición liberalizadora: el gobierno debería haber ido mucho más allá de lo que fue, instituyendo en España un mercado de trabajo completamente libre. De haber sido así, hoy crearíamos más y mejor empleo.
A costa del contribuyente
Ahora Madrid ya ha presentado su proyecto de Presupuestos para 2016, fiel a la obsesión ideológica que inspira al partido: subir impuestos para financiar una burocracia municipal expansiva. En concreto, el equipo económico de Manuela Carmena incrementará el IBI a familias numerosas y a los comercios de tamaño mediano-grande (quienes, a su vez, tratarán de trasladarles el sablazo a los consumidores o a sus empleados); este aumento de la recaudación, junto con una reducción del superávit, se destinará a financiar muy variopintas actuaciones del consistorio, en gran medida encaminadas a crear redes clientelares recompensando a los distritos que constituyeron el caladero de votos de Ahora Madrid en las pasadas elecciones municipales. Así, los distritos de Puente de Vallecas, Usera, San Blas-Canillejas o Vicávaro (donde Ahora Madrid ganó holgadamente) verán cómo sus presupuestos se incrementan entre un 8% y un 32%, mientras que los de Hortaleza o Barajas (donde Ahora Madrid perdió) experimentarán recortes de hasta el 4%.
La factura del populismo
Esta semana hemos conocido las estimaciones del Banco Central Europeo a propósito del agujero de la banca griega: 14.400 millones de euros. Recordemos que este agujero es consecuencia directa de la pésima estrategia negociadora frente a la Troika que llevaron a cabo Tsipras y Varoufakis durante la primera mitad de 2015 y que abocó a las entidades financieras helenas a un devastador corralito. El resultado salta terroríficamente a la vista: el boquete generado sobre la banca griega únicamente como consecuencia del corralito equivale al 8% del PIB griego, lo que trasladado a España superaría los 85.000 millones de euros (esto es, más de lo que se le ha inyectado en forma de capital a la banca española como consecuencia de toda la burbuja inmobiliaria). El capricho frentista de Syriza, pues, ha destruido su sistema financiero y ha empobrecido todavía más a los griegos: toda una proeza para no lograr absolutamente nada a cambio. El populismo pasa factura, no sólo en España, sino también en Grecia.
Desde el exterior
El gobierno chino ha flexibilizado su conocida política de “hijo único” por la que se prohibía a las familias chinas tener más de un vástago: a partir de ahora, será posible llegar a dos. No estamos, por consiguiente, ante una absoluta liberalización en materia de natalidad, pero al menos sí se relajan parcialmente tan absurdas y liberticidas restricciones. Los motivos que ha aducido el Ejecutivo asiático para justificar este cambio de actitud es el progresivo envejecimiento de la población que experimenta el país: al contingentar los nacimientos durante décadas, el crecimiento demográfico se ha estancado y, sobre todo, el porcentaje de población adulta se espera que se multiplique hasta 2050. China, en suma, estaba condenada a seguir la misma senda demográfica que Japón, país donde las ventas de pañales para ancianos ya superan las de pañales para niños. Ahora, con esta relajación de la política natalista, tiene la oportunidad de evitarlo. Falta, sin embargo, poner fin a todo control poblacional.
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