[La acción humana (1949)]
Los medios de intercambio y el dinero son fenómenos del mercado. Lo que hace de una cosa un medio de intercambio o dinero es la conducta de las partes en las transacciones del mercado. Una ocasión para ocuparse de los problemas monetarios se les presenta a las autoridades de la misma forma en que se preocupan de todos los objetos intercambiados, es decir, cuando se les pide decidir si el fracaso o no de una del partes en un acto de intercambio de cumplir con sus obligaciones contractuales justifica la compulsión por parte del aparato de opresión violenta del gobierno. Si ambas partes descargan sus obligaciones mutuas instantánea y simultáneamente, en general no se producen conflictos que induzcan a una de las partes a apelar al poder judicial. Pero si las obligaciones de una o ambas partes se retrasan temporalmente, puede ocurrir que se pida a los tribunales decidir cómo deben cumplirse los términos del contrato. Si implica el pago de una suma de dinero, esto implica a su vez la tarea de determinar que sentido debe atribuirse a los términos monetarios utilizados en el contrato.
Por tanto, recae en las leyes del país y en los tribunales definir lo que las partes del contrato tenían en mente cuando hablaban de una suma de dinero y establecer cómo va a resolverse la obligación del pago de dicha suma de acuerdo con los términos acordados. Tienen que determinar qué es y qué no es de curso legal. Atendiendo a esta tarea, las leyes y tribunales no crean dinero. Una cosa se convierte en dinero solo en virtud del hecho de que quienes intercambian productos y servicios los usan comúnmente como medio de intercambio. En la economía de mercado no intervenida, las leyes y jueces al atribuir una cualidad de curso legal a cierta cosa simplemente establecen lo que, según los usos del comercio, entendían las partes cuando se refirieron en su acuerdo a una cantidad definida de dinero. Interpretan las costumbres del comercio de la misma forma en la que procedían cuando se les pedía determinar cuál es el significado de cualquier otro término utilizado en los contratos.
La acuñación ha sido una prerrogativa de los gobernantes de un país. Sin embargo, esta actividad del gobierno originalmente no tenía otro objetivo que la estampación y certificación de pesos y medidas. El sello de la autoridad en una pieza de metal se suponía que certificaba su peso y calidad. Cuando príncipes posteriores recurrían a sustituir con metales más comunes y baratos parte de los metales preciosos al tiempo que mantenían el rostro y nombre habituales de las monedas, lo hacían furtivamente y con completo conocimiento del hecho de que estaban realizando un intento fraudulento de engañar al pueblo. Tan pronto como el pueblo descubría estos artificios, se utilizaban las monedas devaluadas con un descuento respecto de las mejores antiguas. Los gobiernos reaccionaban recurriendo a la fuerza y la coacción. Hacían ilegal discriminar en el comercio y en el establecimiento de los pagos diferidos entre moneda “buena” y moneda “mala” y decretaban precios máximos en términos de moneda “mala”. Sin embargo, el resultado obtenido no era el que buscaban los gobiernos. Los decretos no detenían el proceso que ajustaba los precios de las materias primas (en términos de la moneda devaluada) al estado real de la relación monetaria. Además, aparecían los efectos que describe la ley de Gresham.
Sin embargo, la historia de la interferencia pública en la moneda no es meramente un registro de prácticas de envilecimiento y de intentos frustrados de eludir las inevitables consecuencias catalácticas. Hubo gobiernos que no consideraban sus prerrogativas de acuñación como un medio de engañar a esa parte del pueblo que daba su confianza a la integridad de sus gobernantes y que, por ignorancia, estaban dispuestos a aceptar las monedas devaluadas por su valor facial. Estos gobiernos consideraban a la fabricación de monedas no como una fuente de lucro fiscal subrepticio, sino un servicio público pensado para salvaguardar un funcionamiento fluido del mercado. Pero incluso estos gobiernos (por ignorancia o diletantismo) recurrían a menudo a medidas que equivalían a interferir en la estructura de precios, aunque no estuvieran deliberadamente planeadas como tales. Como se utilizaban dos metales precios al tiempo como dinero, las autoridades creían ingenuamente que era su obligación unificar el sistema monetario decretando una relación rígida de intercambio entre el oro y la plata. El sistema bimetálico resultó ser un completo fracaso. No produjo bimetalismo, sino un patrón alternativo. El metal que, comparado con el estado inmediato del fluctuante tipos de intercambio del mercado entre oro y plata, estaba sobrevalorado en la relación fijada legalmente, predominaba en la circulación nacional, mientras que el otro metal desaparecía. Finalmente, el gobierno abandonó sus vanos intentos y aceptó el monometalismo. La actual política de compra de plata del gobierno estadounidense no es un dispositivo serio de política monetaria. Es simplemente una acción para aumentar el precio de la plata a favor de los propietarios de minas de plata, de sus empleados y de los estados en cuyas fronteras están ubicadas las minas. Su significado monetario consiste exclusivamente en el hecho de que se financia emitiendo billetes adicionales de dólar cuya cualidad de curso legal no difiere esencialmente de la de los billetes de la Reserva Federal, aunque muestren la impresión prácticamente sin sentido de “certificado de plata”.
Aún así, la historia económica también proporciona ejemplos de políticas monetarias bien diseñadas y de éxito por parte de gobierno cuya única intención era equipar a sus países con un sistema monetario que funcione de forma fluida. El liberalismo del laissez faire no abolió la tradicional prerrogativa de la acuñación del gobierno. Pero en las manos de los gobiernos liberales, el carácter de este monopolio estatal se vio completamente alterado. Se descartaron las ideas que lo consideraban como un instrumento de las políticas intervencionistas. Ya no se usó para fines fiscales o para favorecer a algunos grupos de personas a costa de otros. Las actividades monetarias del gobierno de dirigían a un solo objetivo: facilitar y simplificar el uso del medio de intercambio al que la conducta de la gente había hecho dinero. Se estaba de acuerdo en que un sistema monetario de una nación debía ser sólido. El principio de solidez significaba que las monedas comunes (es decir, aquéllas cuyo poder de curso legal era asignado por las leyes) deberían ser barras de metálico adecuadamente calibradas y estampadas, acuñadas de tal manera que facilitaran la detección de limaduras, abrasiones y falsificaciones. No se atribuía al sello del gobierno más función que certificar el peso y la calidad del metal que contenían. Las piezas cuyo peso se redujera por el desgaste o por cualquier otra razón más allá de los muy estrechos límites permitidos perdían su calidad de moneda de curso legal; las propias autoridades retiraban esas piezas de la circulación y las reacuñaban. El receptor de una moneda desgastada no necesitaba recurrir a las balanzas y el crisol para saber su peso y contenido. Por otro lado, se permitía a las personas a llevar metal a la ceca y que se transformara en monedas normales ya sea libre de cargas o bajo un pago por la acuñación que no sobrepasara los costes reales del proceso. Así, las distintas divisas nacionales se convirtieron en verdaderas monedas en oro. Así se consiguió una estabilidad en el tipo de cambio entre la moneda nacional y la de todos los demás países que habían adoptado los mismos principios de moneda fuerte. El patrón oro internacional se creó sin tratados ni instituciones intergubernamentales.
En muchos países, la aparición del patrón oro se produjo por la operación de la ley de Gresham. El papel que desempeñaron las políticas públicas en el proceso en Gran Bretaña consistió meramente en ratificar los resultados producidos por la ley de Gresham: transformó en un estado legal un estado de hecho. En otros países, los gobiernos abandonaron deliberadamente el bimetalismo justo en el momento en el que el cambio en la relación del mercado entre oro y plata habría producido una sustitución de facto de la divisa en plata por la entonces prevalente divisa en oro. Con todas estas naciones, la adopción formal del patrón oro no requirió otra intervención por parte de la administración y el parlamento que la aprobación de leyes.
Fue diferente en aquellos países que querían sustituir una divisa en plata o papel por un patrón oro (de facto o de iure). Cuando el Reich alemán en la década de 1870 quiso adoptar el patrón oro, la divisa de la nación era la plata. No podía llevar a cabo su plan sencillamente imitando el procedimiento de aquellos países en los que la adopción del patrón oro era simplemente una ratificación del estado real de cosas. Tenían que intercambiar las monedas de plata en manos de gente por monedas de oro. Era una operación financiera complicada que ocupaba mucho tiempo e incluía enormes compras públicas de oro y ventas de plata. Las condiciones eran similares en aquellos países que pretendían la sustitución de dinero a crédito o fiduciario por oro.
Es importante considerar estos hechos porque ejemplifican la diferencia entre las condiciones que prevalecían en la era liberal y las que prevalecen hoy en la era del intervencionismo.
Este artículo está extraído del capítulo 31 de La acción humana
Publicado el 20 de febrero de 2012. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
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