Al cierre de 2015, España habrá consolidado una reducción del déficit público de 68.000 millones de euros, realizada en los últimos seis años. Pero, hasta 2018, seguiremos inmersos en el proceso de consolidación fiscal y deberemos afrontar una reducción adicional de 39.000 millones para cumplir el objetivo de déficit fijado para dicho año.
El entorno económico para el cumplimiento de este ambicioso objetivo se prevé más favorable que el vivido en los últimos años, lo que explica que nuestra inversión pública no deberá sufrir, en principio, nuevos recortes, pero tampoco crecerá, quedándonos en un nivel de inversión constante del 1,9% del PIB durante los próximos tres años.
¿Es suficiente una inversión en infraestructuras en España equivalente al 1,9% del PIB? En términos de la UE28, los últimos datos publicados por Eurostat confirman un ratio inversor del 2,8% del PIB europeo en 2015/2017, por lo que podríamos responder que nuestra inversión pública es inferior en 10.000 millones de euros anuales respecto del nivel que nos debería corresponder. No obstante, si nos comparamos con las cuatro primeras economías europeas, que deben ser nuestra referencia, el gap inversor es mucho mayor. Así, mientras España tiene programada una inversión anual durante dicho periodo de 23.766 millones de euros, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia invertirán anualmente 35.300, 65.000, 65.700 y 76.166 millones de euros, respectivamente; es decir, entre vez y media (Italia) y más de tres veces (Francia) la inversión pública anual española.
Es de sobra conocido el stock acumulado en España durante los últimos 20 años en determinadas infraestructuras de transporte: disponemos de la red de carreteras de alta capacidad más extensa de Europa, la segunda mayor red del mundo de alta velocidad ferroviaria, la mayor red de aeropuertos en intensidad de tráfico del mundo y de los dos mayores puertos de contenedores del Mediterráneo. Lo que se conoce menos, es que la factura que hemos pagado por ese liderazgo ha sido de 684.000 millones de euros –conviene recordar que 100.000 millones de euros han provenido de fondos europeos–. En el mismo periodo, Francia y Alemania se gastaron en infraestructuras 1,6 y 1,1 billones de euros, e Italia y Reino Unido 924.000 y 918.000 millones de euros, respectivamente; es decir, entre 1,3 y 2,3 veces más que España. ¿Cuál es la explicación? La respuesta podemos encontrarla en los informes de la consultora internacional AT Kearney, presentados recientemente por Seopan. En ellos se explica que, a pesar de haberse reducido significativamente nuestro histórico déficit en infraestructuras de transporte, mantenemos aún importantes déficits inversores en otras áreas prioritarias de marcado carácter social, donde las economías europeas más desarrolladas han invertido más en el pasado y lo siguen y seguirán haciendo en el futuro. Se trata de ocho áreas, como el agua (abastecimiento, tratamiento y distribución), energía (eficiencia, renovables y conexiones energéticas), infraestructuras sociales (salud, bienestar y justicia), transporte (mercancías y logística, accesibilidad a ciudades, redes secundarias y gestión de capacidad), medioambiente (tratamiento de residuos, protección y regeneración y reducción de emisiones), digital (telecomunicaciones e innovación tecnológica), urbanismo (movilidad, integración urbana, rehabilitación urbana y ciudades inteligentes) y mantenimiento del stock actual.
Las ocho áreas prioritarias anteriores explican el gap inversor existente entre España y el resto de economías desarrolladas de Europa. Como solución, AT Kearney recomienda invertir de forma sostenida entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales durante la próxima década, lo que representa incrementar nuestro nivel de inversión actual entre un 70% y un 140%. Ello es esencial para el desarrollo económico y la competitividad y bienestar de nuestra sociedad.
El cumplimiento de nuestro compromiso de reducción del déficit público, aun siendo un objetivo incuestionable, no puede servir de excusa o justificación para no asumir este reto inversor, pues existen fórmulas para hacer compatibles ambos objetivos. Disponemos de múltiples fórmulas de colaboración público-privada, de uso extendido en otros países que, con un adecuado planteamiento, además de evitar el cómputo en el déficit público de las inversiones y sin modificar la titularidad pública de la infraestructura, permiten su financiación.
La colaboración público-privada de infraestructuras constituye precisamente la razón por la que la CE creó el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, también conocido como iniciativa Juncker, cuyo objetivo no es otro que resolver el déficit inversor europeo, incentivando para ello la participación y liquidez de la financiación privada a proyectos de infraestructuras de alto valor añadido. En el caso de España, la caída de inversión ha sido del 30,5%, solo superada por Portugal.
Nos encontramos por tanto en un momento crucial en el que con la regulación adecuada y la necesaria voluntad política podemos construir nuestro futuro sin renunciar al desarrollo económico y a la mejora del Estado de bienestar. Huelga decir que la puesta en marcha de un plan de infraestructuras prioritarias a 10 años, además de contribuir a la modernización y mejora de nuestra competitividad, a la vertebración y cohesión de nuestro territorio, y a la mejora de nuestro bienestar social, supondría un claro impulso a nuestra economía, pues no nos cansaremos de recordar que cada euro de inversión en infraestructuras públicas casi duplica su valor en actividad económica, con un retorno fiscal del 50%, y una creación de empleo de 14 puestos por millón invertido, y todo ello con un peso de las importaciones de tan solo el 9%.
Julián Núñez es presidente de Seopan.
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