Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.
Es realmente escandaloso que en momentos en los que por todos lados el Leviatán engulle una parte creciente de los ingresos de la gente, atropellando de ese modo sus libertades, irrumpa una avalancha de ataques contra los llamados “paraísos fiscales” en lugar de extenderlos, es decir, lugares en los que los propietarios puedan sufragar cantidades mínimas de impuestos y así salvar sus bienes de las garras insaciables de aparatos estatales siempre voraces por apoderarse del fruto del trabajo ajeno. Aparatos que hacen de todo menos dedicarse a las funciones de seguridad y justicia para lo que teóricamente fueron convocados, habitualmente en medio de corrupciones alarmantes de distinta índole. No se tiene presente la sentencia del célebre Juez estadounidense John Marshall de 1819 (McCulloch vs. Maryland) en cuanto a que “El poder de establecer impuestos, comporta el poder de destruir”.
Bajo ningún concepto deben confundirse los manotazos malhabidos de gobernantes, por una parte, con lo obtenido lícitamente por particulares, por otra. En el primer caso, sin duda que debe castigarse a los ladrones no importa donde escapan con los recursos de otros, mientras que en el segundo, si no se han lesionado derechos de terceros, debe respetarse la decisión de sus titulares donde decidan ubicar sus pertenencias.
En este último plano, es de interés indagar en dos aspectos clave. En primer lugar, la absurda “guerra contra las drogas” que como ha puntualizado en primer lugar el premio Nobel en Economía Milton Friedman constituye un absurdo, y referido a su país concluye que “Como nación hemos sido responsables por el asesinato de literalmente cientos de miles de personas en nuestro país y en el extranjero por pelear una guerra que nunca debió haber comenzado y que sólo puede ganarse, si eso fuera posible, convirtiendo a los Estados Unidos en un estado policial”.
Luego de abrogada la inaudita Ley Seca que provocó tantos desastres, como he señalado en mi libro La tragedia de la drogadicción. Una propuesta, fueron los mismos mafiosos del alcohol los que, a través de un sofisticado estudio de mercado, contribuyeron decisivamente al establecimiento de leyes que prohíban las drogas. Antes de eso no había habido problemas con los estupefacientes: unos cuatro mil años constituye una muestra suficientemente representativa en cuanto a que desde 2.000 años antes de Cristo hasta 1971 en que comenzó la “guerra a las drogas” no hubieron problemas con esas sustancias para usos no medicinales (salvo la decimonónica Guerra del Opio debido precisamente a la prohibición en China).
Es alarmante la corrupción de políticos, policías, jueces, agentes encargados de controlar las drogas y la invasión a la privacidad en cuanto a escuchas telefónicas, intervención en el secreto bancario, estímulos a los “soplones”, maniobras contables que tiñen todo tipo de operaciones, fortunas que amasan rufianes debido a los colosales márgenes operativos fruto de la prohibición debido al riesgo de operar en ese mercado, se dificulta la contención de drogadictos por parte de médicos y abogados debido a que se obliga al adicto a desenvolverse en el circuito criminal y tantas tropelías contra el debido proceso son solo algunas de las consecuencias nefastas de esta guerra, además de los fuertes incentivos para drogarse debido a los astronómicos ingresos de los “pushers” al efecto de colocar el producto en los colegios, en lugares bailables, etc. Nuevamente para citarlo a Friedman: “Las drogas son una tragedia para los adictos, pero criminalizar su uso convierte la tragedia en un desastre para la sociedad, para usuarios y para no usuarios por igual”.
Afortunadamente, hoy en día hay destacados seguidores de ese pensador que se han pronunciado enfáticamente por la liberalización de las drogas —todos con experiencias directas en esta desgraciada lucha- tales como el ex Secretario General de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, los ex presidentes de Colombia, México y Brasil, respectivamente Gaviria, Fox y Cardozo, el premio Nobel en Literatura Mario Vargas Llosa y el ex Secretario de Estado norteamericano George Shultz, además de numerosos académicos de todo el mundo.
Thomas Jefferson, al subrayar la diferencia entre lo que es un vicio de lo que es un crimen escribió que “No podemos renunciar y nunca renunciaremos a nuestra conciencia. Solo respondemos por ella ante Dios. Los poderes legítimos del gobierno se aplican solo si hay lesión de derechos a otros”. En la medida en que se asignen derechos de propiedad, quienes contratan trabajos, quienes aceptan el ingreso a sus locales comerciales, quienes aceptan pasajeros en sus vehículos, quines aceptan conductores en sus carreteras, estarán precavidos de que no se trate de personas que han perdido el control sobre si mismas, ya se trate de alcohol, tranquilizantes o drogas alucinógenas. Sin duda que deben desaparecer leyes como las que consideran un atenuante los crímenes cometidos bajo el efecto de las drogas en lugar de considerárselo un agravante (de lo cual, de más está decir, para nada se desprende que los operadores de Wall Street, escritores y ciudadanos pacíficos que se drogan sean asesinos).
En segundo término, es menester detenerse un instante en el tema fiscal. Si los gobiernos pretenden expropiar los patrimonios de sus gobernados impunemente para no ofrecer nada a cambio como no sean nuevas legislaciones que se apoderan de sus vidas y haciendas, es natural que los expoliados reaccionen y se defiendan frente a tamaño agravio. La libertad está indisolublemente atada a las rebeliones fiscales cuando los gobiernos se extralimitan, comenzando con el caso de los impuestos al té en las colonias norteamericanas de donde precisamente parió la experiencia más exitosa en la historia de la humanidad.
Por otro lado, ahora independientemente de la presión tributaria, es absolutamente improcedente el llamado “principio de nacionalidad” en materia impositiva para oponerse al “principio de territorialidad”. En el primer caso significa que el gobierno puede perseguir con gravámenes a los patrimonios independientemente del lugar en que se encuentran, a diferencia del segundo caso que con lógica mantiene los impuestos solo para quienes habitan el territorio en cuestión ya que esa es la responsabilidad de los gobernantes del cuidado de los derechos de los gobernados y no una voracidad tributaria ilimitada aplicada en jurisdicciones en los que no presta servicios el gobierno correspondiente.
Se ha perdido por completo la noción de que los gobiernos son servidores de la gente y no la gente servidores de los gobiernos. Es un hecho que allí donde los impuestos son razonables y los consiguientes servicios existen, las trifulcas fiscales tienden a desaparecer. Todos los impuestos debieran reemplazarse por dos con alícuotas mínimas en reemplazo de la maraña de dobles y triples imposiciones: el impuesto al valor agregado (que tiene la ventaja del menor costo debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor) y el impuesto territorial (al efecto de recaudar también de aquellos que no habitan la jurisdicción correspondiente pero es menester cuidar de sus propiedades).
Es comprensible que los gobiernos y las instituciones oficiales locales e internacionales aboguen por la exterminación de los paraísos fiscales puesto que sus permanencias disminuye su poder de destrucción (para recurrir a la terminología del antes mencionado Juez Marshall), pero en verdad resulta inaudito que hayan ciertos periodistas, empresarios y consumidores en general que presten apoyo logístico a la asfixia generalizada.
Para cerrar, en este contexto transcribo dos pensamientos de Juan Bautista Alberdi, el inspirador máximo de la Constitución liberal argentina de 1853. Primero: “El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública” y, segundo: “Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional: he aquí todo la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios”.
Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de América (EE.UU.) el 9 de mayo de 2013
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