El timo del Índice Robin Hood

Publicado el 28 septiembre 2015 por Juan Ramón Rallo

La lucha contra la desigualdad ha regresado en los últimos años al primer plano del debate político y económico. La idea de que los ricos son ricos porque los pobres son pobres se ha extendido con virulencia por toda la sociedad, convirtiéndose en un nuevo dogma que muy pocos se atreven a rechazar. De ahí que cada vez más partidos reclamen un reparto equitativo de la riqueza a través de confiscaciones tributarias.

Para muchas de estas formaciones políticas, habrá supuesto un auténtico espaldarazo la publicación esta semana pasada del Índice Robin Hood, elaborado por la agencia Bloomberg. Este Índice Robin Hood busca medir cuántos ingresos obtendrían las personas más pobres de una sociedad si les entregáramos el patrimonio del individuo más rico de esa misma sociedad. Por ejemplo, si el patrimonio de Bill Gates se redistribuyera entre los estadounidenses más pobres, cada uno de ellos podría recibir 1.736 dólares. En el caso de España, si se repartiera la riqueza de Amancio Ortega entre los españoles de menor renta, cada uno de ellos obtendría 6.319 dólares.

Como vemos, los montos derivados de expropiarles toda su riqueza a Bill Gates o Amancio Ortega no son extraordinarios, pero acaso más de uno los juzgue suficientes como para defender semejante política redistributiva: entre los más pobres de una sociedad, podría pensarse, unos pocos miles de dólares pueden marcar una diferencia muy significativa. Ante este tipo de consideraciones, permítanme efectuar unos breves comentarios.

Primero y evidente: robar está mal. Por el hecho de que yo pueda salir beneficiado de arrebatarles su riqueza a otras personas no debería apoyar comportamientos que atentan contra los derechos de esas personas. Si un individuo se ha enriquecido lícita y pacíficamente, deberíamos respetar su derecho de propiedad. Sólo en caso de que el enriquecimiento haya sido ilícito —incluyendo privilegios otorgados por el Estado— deberían exigírsele indemnizaciones en favor de aquellas personas damnificadas.

Segundo: los 6.319 dólares que conseguiría cada español pobre en caso de quedarse con una porción del patrimonio de Amancio Ortega los cobraría una sola vez en su vida. No estamos hablando de ingresar 6.319 dólares cada año, sino 6.319 dólares por primera y única vez. Pero, además, tengamos presente que ese monto de dinero no se cobraría en efectivo, sino en participaciones sobre el patrimonio de la persona rica.

Por ejemplo, la mayor parte del patrimonio de Amancio Ortega está materializado en acciones de Inditex, lo que significa que cada español pobre cobraría 6.139 dólares… en acciones de Inditex. Si el pobre que las recibiera quisiera emplearlas para comprar en el supermercado o para pagar sus facturas, sólo tendría dos opciones: la primera es cobrar y gastar el dividendo de esas acciones, pero en el caso de Inditex estaríamos hablando de menos de 250 euros al año; la segunda opción sería vender las acciones, pero si muchas personas optaran por esa fórmula, el precio de la acción colapsaría y, por tanto, los recursos que podría verdaderamente obtenerse serían mucho menores. En suma, la renta de las personas más pobres aumentaría muchísimo menos de lo que afirma el Índice Robin Hood.

Y tercero: confiscar el patrimonio de los propietarios de las mayores empresas de un país no sólo empobrece a los ricos, sino que también destruye la base organizativa de esas grandes empresas. Los accionistas de control que las volvieran exitosas dejan de poder determinar el rumbo de esas compañías, lo que terminaría deteriorando la calidad de sus planes de negocio. Y peores empresas equivale a menor renta para sus trabajadores, accionistas minoritarios o proveedores. Por consiguiente, arrebatar forzosamente el capital de aquellas manos que han sabido gestionarlo eficientemente hasta la fecha provoca una destrucción de riqueza para la sociedad.

En definitiva, el Índice Robin Hood elaborado por Bloomberg es un indicador engañoso dirigido a espolear el resentimiento social sobre el falaz prejuicio de que la riqueza está dada y de que conviene repartirla. En realidad, la riqueza no está dada, sino que puede incrementarse para el conjunto de los individuos sin necesidad de que nadie le meta la mano en el bolsillo a nadie. Para ello tan sólo debemos salvaguardar las libertades de las personas: es ésa libertad la que crea las oportunidades que nos permiten prosperar por la vía de cooperar, y no de rapiñar, al resto de conciudadanos. Más que al Índice Robin Hood deberíamos prestarle mucha más atención al Índice de Libertad Económica, ése en el que España obtiene tan malos resultados.

Desde el exterior

Alexis Tsipras volvió a alzarse con la victoria en las elecciones griegas del pasado 20 de septiembre. Syriza conservó el gobierno que había logrado en enero de este año gracias a un marcado discurso anti-austeridad y anti-Troika. Sucede, sin embargo, que en los últimos meses Tsipras ha mutado en uno de los mayores aliados de la Troika: no en vano, una de las primeras medidas que planea adoptar su nuevo Ejecutivo es la de rebajar las pensiones en más de un 11% con el objetivo de contener el gasto público.

El pretexto intervencionista

La noticia económica de la semana pasada fue el fraude cometido por Volkswagen en materia medioambiental. Son muchos los que creen haber hallado en esta práctica un nuevo rotundo argumento contra el capitalismo: pero el capitalismo se basa en el respeto a la propiedad privada y a los contratos, de modo que la sanción del fraude no sólo no es incompatible con el capitalismo, sino consustancial al mismo. Además, en este caso cada vez contamos con mayores indicios de que la compañía ejecutó su fraude con la complicidad de los reguladores y supervisores de la Unión Europea: la solución no es darle más poder a la burocracia.

A costa del contribuyente

Gobierno, intermediarios y ganaderos han llegado a un principio de acuerdo para solucionar la crisis del sector lácteo: los intermediarios cargarán precios mayores a los consumidores para poder remunerar mejor a los ganaderos y el gobierno repartirá subvenciones de 300 euros por vaca. Lejos de proceder a una profunda reestructuración del sector, los costes de esta crisis los van a concentrar los grupos desorganizados de siempre: consumidores y contribuyentes.

El dato

Aunque cada vez más analistas afirman que el ajuste del ladrillo ya ha tocado fondo en España, los expertos de Sociedad de Tasación, la empresa nacional más importante en valoraciones inmobiliarias, estima que en muchas zonas del país todavía será necesario una corrección de precios adicional de entre el 15% y el 20%. Que estemos cerca del fondo no significa que ya lo hayamos alcanzado