Con muchos límites, Pekín permitirá la entrada privada en compañías públicas para impulsar la ralentizada economía
Dentro de sus reformas para liberalizar el mercado, el autoritario régimen de Pekín tiene previsto privatizar parte de sus numerosísimas empresas estatales. Desde la época de Mao, en China funciona una enrevesada constelación de compañías públicas que emplean a millones de personas y se llevan una gigantesca tajada de la economía. Según los cálculos de la consultora JPMorgan & Chase, por todo el país hay más de 150.000 empresas estatales, que generan el 17% del empleo urbano y suman el 80% del índice CSI 300, donde se engloban las principales compañías que cotizan en las Bolsas de Shanghái y Shenzhen.
Además, bajo el control directo del Gobierno operan 111 grandes empresas que controlan sectores estratégicos, como el petróleo, el gas, la electricidad, la banca, las telecomunicaciones o los ferrocarriles. Pero las privatizaciones no afectarán a dichas compañías porque el régimen chino, que se ha inventado un capitalismo de Estado controlado por el Partido Comunista, no quiere perder tan importantes monopolios. De hecho, su plan consiste en reducir mediante fusiones ese centenar de firmas estatales para crear 40 «campeones nacionales» que sean líderes en sus respectivos sectores y tengan el músculo necesario para competir en el extranjero con otras multinacionales.
Las privatizaciones se centrarán, por lo tanto, en ese otro enjambre de empresas pertenecientes a las administraciones provinciales y locales, que poseen unos activos estimados en más de 14 billones de euros. El problema es que la mayoría de estas compañías públicas sufre una gestión deficitaria que ha reducido su producción a su nivel más bajo desde 2008, lo que acarrea fuertes pérdidas para el Estado y lastra la ralentizada economía china.
Con el objetivo de racionalizar su eficiencia, profesionalizarlas y obtener dividendos, el régimen va a permitir «una inversión privada limitada» para crear una «propiedad mixta» y espera obtener «resultados decisivos» a partir de 2020, informa la agencia estatal de noticias Xinhua. Su modelo es Temasek, el poderoso brazo de inversión estatal de Singapur, controlado por el Gobierno y gestionado por los mejores profesionales del sector privado.
Pero los esperados planes para las privatizaciones chinas, que aún deben ser concretados en detalle, han causado más decepción que esperanza entre las empresas privadas extranjeras afincadas en este país, que presionan por una mayor apertura de su descomunal mercado. «La economía ha estado dominada por potentes empresas estatales a las que el Gobierno inyectaba los ahorros de la población para llevar a cabo proyectos a gran escala. Este sistema ha sido costoso e ineficiente y debe ser abandonado ahora si el mercado va a jugar un papel decisivo en la economía», reclamaba hace unos días la Cámara Europea de Comercio en China.
A pesar de las promesas de liberalización de la economía del primer ministro Li Keqiang, anunciadas durante el Tercer Pleno en noviembre de 2013, el régimen se encuentra dividido entre los reformistas que quieren impulsar el mercado y la «vieja guardia» que se resiste a perder sus privilegios y negocios multimillonarios en las empresas estatales. Además, en China todavía se recuerda que la anterior gran tanda de privatizaciones, que tuvo lugar en la década de los 90 bajo el primer ministro Zhu Rongji, acabó con el cierre de 60.000 empresas y el despido de 30 millones de trabajadores. Un escenario que las autoridades no quieren repetir por miedo a la inestabilidad social que generaría, y más en plena desaceleración económica. Intentando evitar ese riesgo, los planes para estas nuevas privatizaciones han resultado bastante descafeinados con el fin de contentar a todas las partes. De todas maneras, los expertos tienen claro que todo proceso de liberalización de la economía se va a basar fundamentalmente en empresas nacionales, ya que China no necesita recurrir al capital extranjero.
«Pero eso no significa que las compañías extranjeras no puedan beneficiarse, ya que aumentarán sus posibilidades de colaboración con las empresas privadas chinas que se hagan cargo de las firmas estatales. Frente a la mentalidad del sector público, las empresas privadas tienen una cultura más internacional y son más propensas a hacer negocios con las extranjeras», indica a ABC Javier Serra, responsable de la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín.
Además de recordar la fortaleza de las empresas españolas en campos como el agroalimentario, los componentes de automoción, la farmoquímica y el sector salud en general, Serra recomienda «jugar la baza de Latinoamérica, donde nuestras compañías están muy bien posicionadas y China las ve como una llave porque tiene vastos intereses comerciales en la región».
Aunque la liberalización ha sido muy limitada en sectores como el financiero, ya hay entidades españolas, como Santander y La Caixa, ofreciendo préstamos para comprar coches y financiar el consumo, pero no hipotecas. Por su parte, la aseguradora Mapfre ha montado un servicio de asistencia en carretera con Road China. «Una mayor apertura ayudaría también a impulsar el crecimiento en China», recomienda Serra, quien ve nuevas oportunidades de negocio si se liberaliza el sector servicios, dominado por empresas estatales.
A pesar de estas perspectivas, otro de los temores es que las privatizaciones beneficien sobre todo a los magnates ligados al Partido Comunista, como ocurrió en los años 90. Pero en este régimen autoritario, donde la política y los negocios están íntimamente unidos, eso ya se da por hecho. Aunque seguramente habrá quien se forre con el proceso, muchas de las empresas estatales que se privaticen están lejos de ser una bicoca por sus pérdidas millonarias e ineficientes métodos de gestión. Entre dudas, China sigue avanzando hacia el capitalismo, pero de Estado.
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