Sólo con una subida brutal de la productividad de sus
trabajadores la economía española podrá mantener el poder adquisitivo de sus
pensionistas.
Los periodistas económicos saben que hay pocos temas que generen más interés
que los que tienen relación con las pensiones públicas. Prácticamente cualquier
noticia al respecto, ya afecte a los actuales jubilados o a los del futuro, se
cuela en las más leídas/vistas/escuchadas del día. Y cualquier novedad en el
sistema genera polémica. Por eso, entre otras cosas, le resulta tan complicado a
cualquier Gobierno abrir este melón.
En cierto sentido es lógico. Todos nos sentimos concernidos en lo que tiene
que ver con las pensiones. Cada mes, la Seguridad Social se lleva casi
un 30% de nuestro sueldo (entre la parte del empresario y la del
trabajador). A cambio, generamos un derecho futuro.
En este sentido, lo primero que hay que decir es que en un
sistema de reparto como el nuestro no estamos ahorrando. El dinero que va la
Seguridad Social no se guarda ni se invierte, sino que sirve para pagar las
prestaciones de los actuales pensionistas. Lo único que nos garantiza el Estado
es que cobrará a los trabajadores del futuro un cierto porcentaje de sus
ingresos para que también nosotros tengamos una paga cuando llegue el
momento.
En teoría, nada de esto debería ser objeto de discusión ideológica. Las bases
del sistema son las que son. Lo que se podría discutir es si el modelo es mejor
o peor, pero los fundamentos sobre los que se asienta tendrían que estar claros.
Hay algunos gastos que no responden al pago de pensiones contributivas y algunos
ingresos que no llegan de las cotizaciones, pero son una cifra muy reducida
respecto al total. La Seguridad Social responde a la siguiente identidad
contable:
(1) Número de pensionistas * (2) Pensión
media
= IGUAL =
(3) Número de trabajadores * (4) Salario
medio * (5) Cotización
Por lo tanto, para saber qué pasará con las pensiones del futuro y si el
sistema es o no sostenible, habría que analizar qué pasará con cada uno de los
cinco elementos de la identidad. No se puede saber con absoluta certeza qué
ocurrirá en el futuro, pero sí hay tendencias que se pueden anticipar. Y no son
demasiado alentadoras para los jubilados de 2030-2040 que sólo confíen en su
pensión pública.
Más y menos
(1) Número de pensionistas: según
The
2015 Ageing Report
de la Comisión Europea, en 2013 España tenía 8,3 millones de mayores de 65
años (lo que supone el 17,9% de su población) y 2,6 millones de mayores de 80
años (5,6%). En 2050, serán 15,1 millones (33,3% del total) y 5,8 millones
(12,7%) respectivamente.
(2) Pensión media: en diciembre de 2005, la pensión media de
jubilación era de 686,61 euros. En junio de este año ascendía a 1.020,80 euros.
Es una subida equivalente al 48,6%, aunque el IPC en estos diez años sólo ha subido un
18,8%.
Hay varias razones para esta subida. Por un lado están las leyes que
garantizan el poder adquisitivo de las pensiones. Pero sobre todo, los nuevos
pensionistas (los que cumplen 65 años) cobran más y tienen más derechos
adquiridos que los que salen del sistema porque fallecen.
(3) Número de trabajadores: de nuevo según la Comisión
Europea, la población entre 15 y 64 años pasará de 31,1 millones en 2013 a 24,3
millones en 2050. Esto no quiere decir que caiga el número de trabajadores,
porque podría subir el porcentaje de la población que tiene un empleo. En este
sentido, la tasa de actividad y la tasa de empleo en España están muy lejos de
las de otros países europeos.
(4) Salario medio: en 2005, el salario
medio en España ascendía a 18.676,9 euros. En 2013, última fecha en la que
el INE ofrece datos, había subido a los 22.697,8 euros. Implica una subida del
21%. El IPC en ese período ascendió un 18,9%.
(5) Cotizaciones sociales: en estos momentos, los españoles
pagamos el 28,3% de nuestro coste laboral a la Seguridad Social en concepto
de contingencias comunes. El 23,6% es la parte llamada a cargo del empleador y
4,7% a cargo del empleado. En ambos casos, es coste salarial y puede entenderse
como un impuesto al sueldo de cada empleado a cambio de generar un derecho a
cobrar una pensión en el futuro.
El panorama
¿Qué panorama nos dejan los anteriores datos? Pues uno bastante preocupante
para el futuro del sistema público de pensiones. Con respecto a
los puntos 1 y 3, todos tenemos claro que no hay mucho que hacer. El número de
pensionistas subirá y el de potenciales trabajadores bajará de aquí a 2050. El
efecto en el empleo puede moderarse algo si conseguimos aumentar la tasa de
empleo (personas entre 15 y 64 años que tienen un trabajo), pero las
estimaciones más optimistas de la UE hablan de que a mediados de siglo habrá el
mismo número de trabajadores que ahora.
Además, hay que tener en cuenta que cambiar los patrones demográficos es muy
complicado a corto plazo, por no decir imposible. Los trabajadores de 2040
deberían haber nacido ya. Si no lo han hecho, llegamos tarde. Imaginemos que las
familias españolas decidieran cambiar de un día para otro su planteamiento sobre
cuántos hijos quieren y empiecen a ampliar su descendencia. Este panorama no
parece muy posible, pero es que incluso aunque se produzca, los nuevos hijos que
tengan a partir de ahora no llegarán al mercado laboral como mínimo hasta 2040,
cuando ya habrá una carestía de nuevos trabajadores.
Por otro lado, lo de los mayores de 65 años es una gran
noticia. Quiere decir que viviremos más y mejor. Pero que se algo positivo no
quiere decir que no tenga implicaciones financieras. De nuevo, es un fenómeno
que sabemos que ocurrirá. Salvo catástrofe (y esperemos que no pase), ya podemos
calcular con bastante fiabilidad cómo será la estructura de edades de la
población española en 2050. Los jubilados de ese año ya han nacido y podemos
estimar cuánto vivirán.
Sobre los demás elementos de la ecuación hay más dudas, entre otras cosas
porque son cuestiones sujetas en parte a decisiones políticas. Respecto al punto
2, la pensión media, sabemos que subirá
si no se hace nada. Como decíamos, los nuevos jubilados llegan a los 65 años
con más derechos y habiendo cotizado más que los antiguos. Pero esto podría
cambiar, y de hecho está cambiando: no hay más que subir la edad legal de
jubilación, endurecer los requisitos para cobrar el 100% de la pensión,
penalizar más las anticipadas,...
El punto 5, cotizaciones sociales, también podría cambiar,
al menos en teoría, sólo habría que modificar la ley. Pero parece poco probable
que lo haga, al menos al alza. Los costes
no salariales del empleado medio español ya están entre los más altos de
Europa. Subir las cotizaciones sociales sólo perjudicaría aún más nuestra ya
débil competitividad. De hecho, lo que recomiendan los expertos es, si acaso,
bajar estas cotizaciones.
Por lo tanto, para detener la imparable tendencia de los puntos 1-2-3 sólo
queda un recurso: sueldos más altos que paguen cotizaciones más
elevadas. Eso sí, esto no es tan fácil. Ya hemos visto que los salarios
medios han crecido por debajo de la pensión media en los últimos años.
Pero subir sueldos no es algo que se
pueda hacer por decreto, aunque algunos políticos así lo piensen. Para que
sea sostenible, un incremento de los salarios medios debe ir acompañado
de un movimiento equiparable en productividad. Y no parece que los cambios
legislativos que puedan empujar en esa dirección (liberalizar sectores
protegidos, flexibilizar los mercados, impulso de la competencia, premio a los
que mejor lo hagan,...) estén en lugares destacados de nuestra agenda
política.
Las alternativas
Con todo esto, ¿cuál es el panorama que nos espera? Siendo muy optimistas,
podemos imaginar que las pensiones medias podrían llegar a mantener el
poder adquisitivo que tienen en la actualidad. No será fácil, pero
sumando el endurecimiento de los requisitos para cobrar una pensión (aunque esto
es una rebaja pura y dura, se venda como se venda) y el incremento de los
salarios, podría conseguirse. Cuidado, esto oculta una realidad: dentro de 40
años todos seremos más ricos, por lo que si las pensiones sólo logran mantener
su poder adquisitivo, los jubilados quedarán mucho más atrás respecto al
conjunto de la sociedad. Es decir, la tasa de sustitución entre el último
salario y la primera pensión será muchísimo más baja que ahora. Y eso en el
escenario positivo.
En segundo lugar, está la cuestión de la reforma silenciosa del
sistema. La que se
hace año a año, recortando de un sitio y poniendo un poco en otro. La
jugada, básicamente, consiste en subir las bases máximas de cotización por
encima de lo que sube la pensión más alta (incluso hay quien ya pide
abiertamente eliminar los topes de cotización sin tocar por ello las pensiones
más elevadas). Al mismo tiempo, se van incrementando las prestaciones más bajas.
Lo que se consigue es pasar de un sistema contributivo (tanto aportas, tantos
derechos generas) a uno asistencial (más o menos todos cobrarán lo mismo). Es
una tendencia que parece imparable, entre otras cosas porque tiene muy pocos
costes políticos a corto plazo. Eso sí, no saldrá gratis: según la sociedad vaya
tomando conciencia de esto, la legitimidad del modelo (que se basa en buena
parte en ese carácter contributivo) empezará a quebrar.
Por último, queda la alternativa a la que siempre recurren los políticos:
que pague el contribuyente. Es decir, financiar
la Seguridad Social vía impuestos. Pero esto también tiene un coste. Si el
incremento en el peso de las pensiones en el gasto público se quiere pagar con
impuestos, habrá que subir esto (dañando de forma irreversible nuestra
competitividad) o recortar gastos de otras partidas.
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