Corregir el agujero de inversión en infraestructuras permitiría alentar demanda, actividad y empleo en el momento en que la economía global más lo necesita
Lo acaba de decir el Banco Mundial.
Hay un déficit anual de un billón de euros en infraestructuras a nivel global. Casi una España enterita en términos de producto interior bruto.
Cada año.
El cálculo resulta de la diferencia entre necesidades -se deriven estas de nuevas instalaciones o de la renovación de las existentes- e inversiones, esto es: lo efectivamente ejecutado en 12 meses.
Algunas consultoras, como McKinsey, elevan aún más el diferencial. Así, estiman que los proyectos terminados serán inferiores en 20 billones a lo requerido en los próximos 15 años, lo que da una media algo superior al importe al que hacíamos referencia en el arranque de este 'post'.
¿Cómo es esto posible?
Es evidente que la situación financiera de muchos países, en términos de endeudamiento público o recaudación impositiva, no es la más idónea para acometer este tipo de obras, pero no es menos verdad:
que el coste de financiación de estados y sector privado nunca ha sido tan barato;
que la desesperación de los inversores por encontrar opciones que les aporten un plus de rentabilidad, por mínimo que sea, jamás ha sido tan elevada;
que, a falta de ajustes por el lado de la oferta, esta es una buena vía para mejorar la demanda, actividad y empleo (incluso de manera selectiva en donde se han cometido excesos pasados, caso de España y su, por ejemplo, corredor ferroviario del Levante);
que muchas tesorerías estatales están caninas y los ingresos 'upfront' que estos ‘sponsors’ aportan les vendrían de perlas;
y, por último, que buena parte del futuro de las naciones menos desarrolladas pasa por una mejora sustancial de sus redes de transporte, energía, comunicación o agua.
¿Entonces?
Buena parte del problema, según denuncia John Authers en la siguiente pieza del FT, radica en la incapacidad de muchos gobernantes para construir modelos financiero-fiscales que permitan conciliar sus intereses con los de los potenciales aportantes de fondos, requisito imprescindible para la necesaria colaboración público-privada.
Algo que sucede:
bien por tener los unos dudas sobre la contribución final de la Administración al desarrollo del proyecto, o por temer que los costes de ejecución se disparen por decisiones burocráticas condicionando viabilidad y 'yield' (caso de las radiales en España);
bien por no ofrecer los otros la seguridad jurídica imprescindible para la titularidad y/o los flujos, o ser incapaces de ajustar riesgo y rendimiento a la realidad subyacente del activo en cuestión, lo que desincentiva su desarrollo.
Eso, en el mejor de los casos.
Porque, en demasiadas ocasiones, tanto más cuanto los populismos acaparan poder local, regional o central, no se llega a plantear la disyuntiva. El dinero pa' los pobres y a los tiburones, por más que sean en realidad mansos delfines expertos en la materia, cero carnaza, viene a ser su discurso. Para estos 'lumbreras' prima el Estado del bienestar sobre el bienestar del Estado, por más que, al final, sean los ciudadanos los finalmente perjudicados por la falta de inversiones o una gestión eficiente de las mismas.
Solo en Estados Unidos, que dista mucho de ser la cuna de la socialdemocracia por más que el gráfico anterior invite a pensar lo contrario, la carencia de instalaciones adecuadas supondrá en 2020, de seguir el nivel actual de bajas inversiones, 28.000 dólares por cada ciudadano en inconvenientes varios, sean apagones, atascos, cortes de suministro…
De media, con independencia de su nivel de renta.
Pocas cosas hay más regresivas que eso.
Siempre, claro está, que ese déficit de gasto no se lleve a muchos de ellos por delante, que es lo que está pasando. Así lo destaca 'The New York Times' en este imprescindible reportaje del jueves pasado: ‘Human cost rises as old bridges, dams and roads go unrepaired’.
Lean y me cuentan.
Es, por tanto, hora de la altura de miras y de la grandeza, más en el momento actual de ralentización del crecimiento económico mundial. Si se necesitan políticas de demanda, esta es sin duda una de las más evidentes. Más cuando el sector privado cuenta con recursos como nunca antes para suplir el papel de los estados. Simplemente, hay que poner los medios para que ocurra.
No parece mucho pedir.
¿O sí?
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