26 de Octubre de 2015
Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.
Una de las falsas verdades del actual debate social y económico en España es aquella según la cual la recuperación de la economía se basa en un modelo que conduce de manera inexorable a una ampliación estructural de la brecha entre los ingresos de los más ricos y los de los más pobres. Además para los opositores al Gobierno, ese sería el resultado deseado e impulsado por el Partido Popular (PP) cuya política estaría destinada a favorecer a las personas con mayores niveles de renta. Con independencia de que ningún partido que quiera ganar las elecciones en España o en cualquier otro país sería tan tonto, salvo que tuviese una desmedida propensión al suicidio, de aplicar medidas en beneficio de una minoría, la evidencia empírica no respalda esa hipótesis.
De entrada, la experiencia enseña que todas las grandes crisis financieras que se han producido desde la Segunda Guerra Mundial han elevado los niveles de desigualdad durante su desarrollo y en los primeros compases de su superación. Esta afirmación se aplica por igual a las bancarias, a las cambiarias y a aquellas en las que han confluido ambos episodios críticos. Por tanto no cabe esperar una inmediata disminución de la desigualdad en una España que acaba de salir de la Gran Recesión y que a lo largo de ella anotó una masiva pérdida de puestos de trabajo, 4.500.000 en números redondos. Hace falta tiempo para que el paro se reduzca de manera significativa y para que los salarios reales y la riqueza de los hogares consoliden su tendencia alcista. Pero ahí no termina la historia...
Si se analiza la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y se la coteja con la información ofrecida por las fuentes tributarias se observa que el Índice de Gini, el indicador clásico de desigualdad, creció del 31,9 en 2008 al 34,2 en 2012, esto es, 2,3 puntos mientras se elevó en medio punto desde ese ejercicio hasta 2014. Esto significa que el grueso del alza de la desigualdad en España se produjo durante el segundo mandato del gabinete socialista y ha reducido de manera significativa su trayectoria al alza en la presente legislatura. Esta es la realidad ofrecida por los datos y resulta incuestionable. Por lo que se refiere a la distribución de los ingresos, las personas sobre las que la crisis ha tenido un mayor impacto negativo fueron aquellas con menores ingresos por una razón elemental: la destrucción de empleo en esos colectivos fue superior a la registrada en aquellos con ingresos superiores a la media, representada por individuos con una cualificación profesional mayor y con una actividad profesional concentrada en sectores con una menor exposición a la evolución del ciclo económico. Estos han ganado participación en la distribución del ingreso porque su tasa de desempleo ha sido menor. En consecuencia, la escalada alcista del paro es el determinante básico del incremento de la desigualdad y el grueso de ese proceso se registró en el segundo mandato socialista.
Si bien el paro es la causa básica de la elevación de la desigualdad en España, la tasa de desempleo de larga duración explica en un 70,3% ese fenómeno. Éste creció en España más del doble que en la media de la Unión Europea entre 2010 y 2014, alcanzando su cénit en el primer trimestre de 2014. En ese momento, 2.419.400 españoles llevaban parados más de dos años. Desde entonces hasta los resultados ofrecidos por la última Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ese tipo de desempleados se ha reducido en 260.800. Esto significa una clara mejora en el principal factor explicativo de la elevación de la desigualdad durante la Gran Recesión.
Pero el mapa de la desigualdad no sólo ha de referenciarse a la distribución de los ingresos, sino también a la de la riqueza; es decir, a la proporción que de esa variable corresponde a los distintos segmentos de la población. Incluir este elemento es imprescindible porque la renta permanente de los hogares no depende sólo de sus remuneraciones corrientes, si no de su stock de riqueza. Desde esta óptica, España es de uno de los países de la antigua Europa de los 15 menos desigualitarios. El 1% de la sociedad más rico es propietario de un 15% de la riqueza frente al 24% en Alemania o al 18% en Francia, dos países con un teórico espíritu igualitario muy superior al de la Vieja Hispania.
Desde la izquierda se sostiene que el supuesto, por irreal, recorte del gasto social realizado por el Gobierno del PP es un factor clave para explicar el incremento de la desigualdad en su expresión extrema: el riesgo de caer en la pobreza. Esta tesis no se ve confirmada por los hechos. Eurostat define el umbral de pobreza en un 60% de la mediana de ingresos de un país después de transferencias sociales. Antes de la crisis, el porcentaje de ciudadanos españoles en peligro de incurrir en esa situación era del 20,2%, de 2009 en adelante se ha situado en el 20,6%. Si el PP hubiese recortado de modo sustancial el total del gasto en Estado del Bienestar, lo que no ha hecho, su impacto negativo sobre las rentas bajas o muy bajas sería irrelevante. En cualquier caso parece evidente que el actual Estado Providencia hispano no es muy efectivo para ayudar a mejorar la posición de las capas menos favorecidas de la sociedad.
En conclusión, el crecimiento de la desigualdad en España ha estado motivado por la brutal escalada del paro y, por ello, se reducirá a medida que la recuperación económica se consolide y se mantenga y/o se intensifique el ritmo de creación de empleo. Este es el reto al que se enfrenta la economía y la sociedad española en este momento, y la clave es no sucumbir a los cantos de sirena de quienes persiguen fines nobles pero yerran en la elección de los medios para alcanzarlos.
Este artículo fue publicado originalmente en El Mundo (España) el 25 de octubre de 2015.
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