No es viable callar y permitir sin contrapesos que parte de lo que es la esencia que nos ha permitido progresar se desprestigie y desvanezca mientras dos tendencias ideológicas operen en paralelo para erosionar el formidable crecimiento del que nuestro país se ha visto beneficiado.
En el mundo de hoy la legislación y la práctica antimonopolios son en realidad un ejercicio de poder político camuflado bajo el manto de la ciencia jurídica y económica. Para constatar su dimensión política basta ver al gobierno orquestando su molestia frente al reciente caso en la industria del papel, y de paso desprestigiando a los empresarios y a la libre empresa, mientras minimiza sus propios errores y conflictos.
Esta politización de las normas sobre monopolio y regulación no es exclusiva de nuestro país. Lejos de ser originarios, se importa paulatinamente del mundo desarrollado. Lo que varía es la aplicación de la norma: cuando el resultado no afecta a grupos de interés activos políticamente, se muestra dureza y severidad, por ejemplo al actuar contra compañías como los gigantes de Internet que si algo han hecho es crear productos nuevos y accesibles para mayorías impensadas hasta hace pocos años. Por otro lado cuando esas mismas tecnologías crean un servicio muy competitivo como UBER, sustituto eficiente de los servicios de transporte individual, una tras otra las distintas jurisdicciones los prohíben para evitar conflictos con los poderosos sindicatos.
Ciertas teorías ampliamente difundidas de la ciencia económica enseñan que la existencia de un monopolio es nociva porque eleva los precios, aumenta la renta y por ello el beneficio social es menor al óptimo teórico, a la par que existirían numerosas instancias de externalidades que nos alejan de aquel óptimo. Más recientemente han aparecido los modelos de información asimétrica que abundan en lo mismo: la existencia de un mercado no asegura que se alcance un supuesto óptimo social. La intervención estatal es entonces inevitable y beneficiosa. Pero existe también otra escuela de pensamiento económico que conforma la tradición liberal y que entiende que la realidad es más compleja y no termina en modelos elaborados bajo premisas que no se constatan en la realidad. Que un modelo por sofisticado que sea haga una predicción no es suficiente para que un gobierno actúe imponiendo su fuerza e interfiriendo en los libre acuerdos entre personas, tal y como se ha generalizado hoy. Los modelos son útiles pero hay que saber distinguir sus limitaciones y en el caso del análisis de la competencia el modelo marginalista queda corto para explicarla porque no capta el complejo proceso de innovación que se produce a partir de la coordinación del conocimiento disperso y que es el verdadero origen del crecimiento económico, que es uno de los temas fundamentales en la evolución económica.
Existen, según la teoría liberal austriaca, al menos dos elementos adicionales a considerar si se va a regular un mercado.
Según las escuelas antes mencionadas, la definición de competencia implica cantidad de empresas; cuantas más empresas, más competencia. La competencia perfecta requiere de infinitas empresas operando en un mercado y por ello si hay una sola empresa el mercado se define como monopólico. Pero esta es una definición matemática de competencia que no se ajusta a la realidad. La definición de la tradición liberal clásica de competencia es “ausencia de barreras legales para entrar o salir de los mercados”. La competencia no se da sólo con las empresas que “están” en el mercado, sino también con las que pueden ingresar. Ejemplos históricos que ilustran el punto: IBM inició la era de las computadoras siendo la única empresa que las proveía en su momento y hoy está fuera del mercado. Por el contrario, Microsoft comenzó solamente con un sistema operativo DOS y desplazó del mercado a procesadores de texto, planillas de cálculo, etc. sin siquiera invocar derechos de propiedad intelectual que no existen en el sector. Henry Ford comenzó de cero en la industria automotriz y llegó a tener más del 60% del mercado para hoy bajar su participación a cerca de 4.5%.
El mundo no es imperfecto. Lo que es imperfecto es la teoría de la competencia perfecta. Una teoría debe poder explicar el mundo real y el mundo real no es estático, está en permanente desequilibrio aunque con una cierta tendencia al equilibrio, la información no es perfecta, es dispersa, asimétrica, la tecnología no es estática sino que está sujeta a innovaciones incluso provenientes de consecuencias no intencionadas y las personas actúan buscando su propio interés tratando de ofrecer un producto o servicio único por el tiempo que puedan hasta que venga otro competidor que sea más eficiente -se trate de un empresario, un futbolista, un cantante, un comediante o un pastelero-.
Por ello es incorrecto inventar un modelo ideal y luego decir que la realidad está mal. Es exactamente al revés. La realidad es mucho más compleja que lo que una mente o una organización es capaz de comprender integralmente. El conocimiento está disperso en cada uno de los miles de millones de personas que vivimos en este planeta y un avance surge del lugar y modo menos pensado. Un ejemplo reciente es el del desarrollo del shale gas y shale oil que ha revolucionado el mundo de la energía.
Bajo este prisma de la teoría liberal clásica lo que realmente importa es que los acuerdos sean voluntarios, que el uso de la fuerza sea el mínimo posible y que al menos en principio sea viable para los individuos y organizaciones entrar y salir del mercado. Sólo si alguno de esos requisitos no estuviera presente tiene sentido aceptar que una institución basada en el poder de imperio como los gobiernos considere involucrarse.
Pero allí pasa a tener incidencia una segunda consideración. Si existen imperfecciones de mercado, que las existen porque el mercado está formado por seres humanos y por lo mismo su producido también es imperfecto ¿quién asegura que el que las pretende corregir -los gobernantes de turno- no sea aún más imperfecto dados los incentivos propios del sistema político? Deberíamos desconfiar tanto o más de los gobiernos que tienen el monopolio de la fuerza y que se financian con nuestro dinero que de los mercados que en esencia son voluntarios. Por ello no resulta raro que Andrés Velasco diga que la verdadera colusión que existe en Chile es la de los actuales actores políticos.
Si miramos la evolución de las fuerzas y prácticas antimonopolio ello salta a la vista de inmediato. A los gobiernos no les interesa la competencia sino la demagogia, lo que les hace captar la atención del público, grandes intervenciones televisadas, y de ahí que la mayoría de los impedimentos a la competencia provengan de sus normas. En el caso de UBER sin duda en Santiago, que hace tiempo tiene cupos máximos para taxis y el derecho a entrar en el mercado ha ido subiendo de valor, pronto veremos los mismos argumentos para prohibirlo que en otras latitudes.
En este sentido será interesante ver qué sucede con el caso North Carolina Board of Dental Examiners que recientemente ha aceptado revisar la Corte Suprema de los Estados Unidos y que podría llevar a modificar en parte la doctrina de la Parker immunity. Esta doctrina, llamada así por la decisión de la Corte Suprema en el caso Parker v. Brown de 1942, permite a los gobiernos estaduales declarar ilegal la competencia o establecer cárteles de empresas a su entera discreción, aun cuando estas mismas acciones serían ilegales si fuesen realizadas por agentes privados. La lógica subyacente a la Parker immunity es que el Congreso, al aprobar la Sherman Act como ley antitrust, no evidenció intención de restringir las conductas antimonopólicas a nivel de los gobiernos locales y por ello las conductas reguladas por dicha ley no se aplicarían a los gobiernos locales.
Incluso más, desde que la Corte sentenció Parker, las cortes estaduales han expandido sus inmunidades de tal manera que hoy los estados tienen poderes casi ilimitados para otorgar excepciones a las leyes federales antimonopolio que se suponen establecen la línea de base de la política económica nacional.
Por ello es interesante que la Corte haya aceptado revisar este caso que podría frenar los excesos cometidos bajo la doctrina de la inmunidad Parker y limitar los poderes de los gobiernos estaduales de excluir la competencia través de sancionar leyes que obligan a sacar licencias y permisos especiales, y otras barreras regulatorias a la entrada a los mercados. Estas inmunidades son muy difíciles de reconciliar con cualquier teoría subyacente a una ley antimonopolio y representan el ejemplo paradojal que causa lo mismo que el gobierno pretende corregir. Si una conducta anticompetitiva es mala porque restringe la disponibilidad de bienes y servicios, eleva los precios para los consumidores y hace más difícil para los empresarios ingresar a un mercado, es absurdo permitir que el gobierno -que está mejor equipado que cualquier otra entidad para infligir esos daños- haga ello con inmunidad. Son los gobiernos los que realmente pueden afectar la competencia, pues tienen el monopolio legal sobre el uso de la fuerza, están exentos de la vigilancia de la libre competencia y son los principales creadores de barreras a la libre entrada al mercado.
Desde esta perspectiva, si lo que verdaderamente preocupa es el consumidor, lo relevante es detectar los mercados donde los productos no son variados, sus precios son muy superiores a los comparativos del mundo, el dinamismo es muy reducido y hay dificultades de ingreso al sector o impera el uso de la fuerza. Claramente los casos más resonantes en Chile, el del sector farmacéutico, avícola y ahora el de la industria del papel de baño, distan de estar en esta situación. La calidad, variedad y fácil acceso en el último caso indicado es infinitamente superior a los del modelo venezolano o argentino y sólo se compara a los países más desarrollados. Nada indica que en estos casos haya un daño a los consumidores y que por tanto el gobierno deba entrometerse. No es extraño que la SCA y CMPC ahora empiecen a competir y que los precios bajen por un tiempo, pero no se tratará de un equilibrio estable porque no pueden estar a pérdida permanente en relación con el precio del mercado mundial. En un tiempo más veremos el precio del papel volver a su tendencia de equilibrio.
De hecho en el mercado chileno el consumidor final recibe el producto de intermediarios como Líder, de propiedad del gigante de supermercados más grande del mundo, Walmart, que tienen todas las posibilidades de comprar el producto de otras partes del mundo si se les estuviera cobrando más caro o de Jumbo, otro gigante del sector con presencia en varios países.
Pero aun así si luego de un trabajo adecuado, que es mucho más complejo de lo que parece, se viera un área con un comportamiento subóptimo la principal tarea es detectar qué impide al mercado – a las personas – desarrollarse. En la mayoría de los casos en el mundo actual descubriremos una barrera de entrada creada por el gobierno o por cuasi mafias sindicales o gremiales. Por ejemplo, los sindicatos portuarios con su violencia crean un poder monopólico que daña en forma muy importante al país y nadie se anima siquiera a discutir sobre ellos. O la huelga del registro civil que afectó a miles de contribuyentes y que ha concluido pero nadie los ha cuestionado seriamente. Los gobiernos buscan evitar conflictos con grupos de poder y tomar medidas que tengan fácil impacto político como encontrar culpables individuales.
Así, en lugar de focalizarse en los escenarios que causan verdadero daño a los consumidores los gobiernos se concentran en acciones de gran impacto mediático contra uno u otro empresario, fácil de sindicar como culpable, y van creando hechos nuevos como la denominada colusión. Lo que Adam Smith dijera en 1776 respecto de que “rara vez suelen juntarse las gentes ocupadas en la misma profesión u oficio, aunque solo sea para distraerse o divertirse, sin que la conversación gire en torno a alguna conspiración contra el público o alguna maquinación para elevar los precios” debe ser puesto en la perspectiva histórica correspondiente y recordar que los hombres de negocios de esa época eran justamente los cortesanos y amigos del rey, quienes accedían a sus permisos y licencias monopólicas, y justamente contra ellos era que Adam Smith escribía. O sea, la misma historia de siempre.
La estructura industrial pasa a ser objeto de cuestionamientos por funcionarios que no han trabajado en una fábrica, menos aún creado un producto o tecnología más eficiente. Hay miles de razones por las cuales las empresas pueden y deben coordinarse. De hecho en el pasado los gobiernos la promovían con el propósito de crear mercados ordenados y uniformes supuestamente en beneficio de los consumidores y lo que era castigado era la descoordinación. Que una empresa dominante no entorpezca que nuevos actores aparezcan hasta hace poco era positivo. Hoy sin embargo se castiga con escándalo.
El país ha visto surgir una variedad impensada de productos y servicios en las últimas tres décadas. Los empresarios y trabajadores y la competencia de una economía abierta lo han hecho posible. Pero no es viable callar y permitir sin contrapesos que parte de lo que es la esencia que nos ha permitido progresar se desprestigie y desvanezca mientras dos tendencias ideológicas operen en paralelo para erosionar el formidable crecimiento del que nuestro país se ha visto beneficiado: la regulación del capitalismo y la desregulación del gobierno.
Es posible que el caso de la industria del papel represente la infracción a una norma y en tal sentido debe ser castigada como la ley prevea. Pero de acuerdo al contexto dicho, no puede tener la gravedad que se le ha pretendido dar. Ello sin perjuicio del castigo moral que quepa conforme su conciencia, tema en el que no se opina públicamente. Pero lo verdaderamente relevante desde el punto de vista de la teoría liberal clásica es castigar a quienes estén creando con el uso de la fuerza barreras de ingreso al mercado o impidiendo su normal funcionamiento, monopolizando en la práctica un sector, elevando los precios, restringiendo la diversidad de un producto, en fin, realmente perjudicando al consumidor. En tanto esto no suceda no existe ninguna razón para que intervenga el gobierno creando regulaciones que con certeza restringirán la competencia. Porque además somos los contribuyentes los que tenemos que sufragar los gastos de las comisiones de defensa de la competencia y demás funcionarios incumbentes cuya principal tarea es abrir permanentemente expedientes legales, gastando decenas de millones de pesos en costas y costes legales y despilfarrando un tiempo de gestión enorme de los empleados públicos y de los privados que deben tratar con estos organismos.
En el tema de la competencia la teoría neoclásica nos conduce a legitimar regulaciones que atacan aquellas empresas que en cada momento son más hábiles para descubrir las necesidades de los consumidores y más eficientes a la hora de satisfacerlas. Desde la validación social sería interesante dejar de premiar la mediocridad frente a la excelencia, a los taciturnos emuladores frente a los líderes enérgicos, y aun así pretender seguir innovando y prosperando. Para retomar la senda del crecimiento habrá que terminar antes con la persecución de los innovadores e inversores y comprender que éstos no son unos monopolistas explotadores, sino unos visionarios que se sobreponen continuamente a la feroz competencia a que les somete el resto de la sociedad. Y recordar que el verdadero actor anticompetencia existe y es, una y otra vez el gobierno.
Eleonora Urrutia, abogada y MBA y PhD (c) en Economía
No hay comentarios:
Publicar un comentario