La República gala se une a Dinamarca y apuesta por restringir fuertemente la libertad de los ciudadanos para operar con efectivo.
Diego Sánchez de la Cruz.
Desde hace años, no pocos economistas, políticos y analistas han puesto
encima de la mesa la posibilidad de eliminar el dinero en efectivo como medida
contra la economía sumergida. Como informó Libre Mercado, Dinamarca ya ha empezado a
dar los primeros pasos en esta dirección, apostando por anular el uso
de efectivo en ciertos sectores.
Pues bien, el caso danés no es, ni mucho menos, un ejemplo aislado. De hecho,
la vecina Francia acaba de aprobar una serie de medidas que, justificadas por
motivos de seguridad nacional, supondrán un fuerte avance hacia la eliminación
del dinero en efectivo. Así lo ha anunciado Michel Sapin, el
ministro de Finanzas del país galo.
La primera de las medidas aprobada por el Ejecutivo de Manuel Valls contempla
un tope de 1.000 euros para los pagos en metálico. Hasta ahora,
el umbral fijado por las autoridades era tres veces más alto, llegando a los
3.000 euros.
También los no residentes y turistas se verán afectados por la medida: sus operaciones en efectivo no podrán superar los 10.000 euros, frente a los 15.000 que se venían permitiendo. Los nuevos topes empezarán a aplicarse a partir de septiembre de este mismo año 2015.
También los no residentes y turistas se verán afectados por la medida: sus operaciones en efectivo no podrán superar los 10.000 euros, frente a los 15.000 que se venían permitiendo. Los nuevos topes empezarán a aplicarse a partir de septiembre de este mismo año 2015.
Un 'control policial' sobre las finanzas
El gobierno francés también tiene previsto el establecimiento de un nuevo
proceso de vigilancia que controlará los movimientos y transferencias
superiores a 10.000 euros. Los más críticos con el Ejecutivo han
afirmado que esta medida supone un 'control policial' sobre los asuntos
financieros de los ciudadanos, aunque Sapin no ha rectificado y tiene prevista
la entrada en vigor de esta medida a comienzos de 2016.
El Elíseo también ha apostado por reforzar los controles al cambio de divisas: desde enero del próximo año, cualquier operación de este corte por un valor superior a 1.000 euros tendrá que aportar su número de identificación fiscal a un nuevo registro.
El Gobierno francés ha reconocido que la medida afectará a numerosos ciudadanos, ya que la transacción media asciende a 800 euros, apenas 200 por debajo del nuevo tope a partir del cual se aplicarán las restricciones.
El Elíseo también ha apostado por reforzar los controles al cambio de divisas: desde enero del próximo año, cualquier operación de este corte por un valor superior a 1.000 euros tendrá que aportar su número de identificación fiscal a un nuevo registro.
El Gobierno francés ha reconocido que la medida afectará a numerosos ciudadanos, ya que la transacción media asciende a 800 euros, apenas 200 por debajo del nuevo tope a partir del cual se aplicarán las restricciones.
Control a las entradas y salidas de capital
Francia también quiere controlar las entradas y salidas de capital
en metálico, entregadas por valija diplomática, maletines de seguridad
privada o sistemas de correo. Hasta los lingotes de oro
entrarán dentro de esta nueva medida, que obligará a declarar todas estas
transacciones, sin importar el importe que sumen.
La cruzada contra el efectivo también involucra al sistema inmobiliario. Las nuevas medidas aprobadas por la República gala incluyen la posibilidad de congelar la venta de cualquier activo en caso de que haya sospechas sobre la operación. A esto se unen los topes que limitarán los pagos en efectivo dentro del sector inmobiliario.
Por último, el Gobierno francés también ha decidido ampliar su vigilancia sobre las cuentas que hasta ahora gestionaban sin apenas supervisión los estancos del país. Los 80.000 clientes de estos vehículos financieros pasarán ahora a un modelo de control similar al de las entidades bancarias tradicionales.
La cruzada contra el efectivo también involucra al sistema inmobiliario. Las nuevas medidas aprobadas por la República gala incluyen la posibilidad de congelar la venta de cualquier activo en caso de que haya sospechas sobre la operación. A esto se unen los topes que limitarán los pagos en efectivo dentro del sector inmobiliario.
Por último, el Gobierno francés también ha decidido ampliar su vigilancia sobre las cuentas que hasta ahora gestionaban sin apenas supervisión los estancos del país. Los 80.000 clientes de estos vehículos financieros pasarán ahora a un modelo de control similar al de las entidades bancarias tradicionales.
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