Muchas políticas se justifican supuestamente porque “tomarían de los ricos y se lo darían a los pobres”. Aunque eso se ajuste a la opinión de que el robo “para una buena causa” hace que uno sea un filántropo, desde la perspectiva de la autopropiedad, es una afirmación de que el poder de la mayoría hace buena su coacción.
Incluso si familias con rentas bajas sí ganaran su renta actual como un grupo cuando se miden en estudios estadísticos, son las personas las que obtienen prestaciones o soportan costes reales y muchas de esas personas que soportan los costes son gente con rentas bajas.
Controles de salarios
Los que apoyan los salarios mínimos suponen que los pobres ganarán rentas como grupo. Sin embargo, como decía el economista laboral Mark Wilson, “evidencias de un gran número de estudios académicos sugieren que los aumentos del salario mínimo no reducen los niveles de pobreza”.¿Y cómo les va a las personas de rentas bajas bajo las leyes de salario mínimo? A menudo se ven perjudicados. Algunos pierden empleos y otros pierden horas. Para quienes mantienen sus empleos y horas, bajan la formación y las prestaciones laborales o aumenta la exigencia requerida, para compensar la subida salarial. Y los salarios actuales superiores son a menudo menos valiosos que aquello a lo que se renuncia, particularmente la formación laboral, que permite a la gente aprender y por tanto conseguir salir de la pobreza. Por eso bajan las tasas de participación de la fuerza laboral y aumentan las tasas de despido cuando aumenta el salario mínimo. Esto es lo contrario de lo que ocurriría si se beneficiaran todos los trabajadores que mantuvieran sus empleos.
Además, salarios mínimos más altos también obligan a los menos cualificados a competir con mano de obra más capacitada con salarios obligatoriamente mayores. Sufrirán de este socavamiento de su gran ventaja competitiva: un precio menor. Lo que tengan menos capacitación, menos formación y menos experiencia laboral afrontarán las mayores pérdidas de empleo. El efecto se magnifica por el hecho de que los empresarios pagan muchos más que el salario mínimo a esos trabajadores, mediante los costes adicionales para el empresario de la mitad del impuesto de la Seguridad Social, el impuesto del seguro de desempleo, primas de compensación al trabajador, etc.
Con el salario mínimo, algunos de esos trabajadores de rentas bajas tendrán la suerte de tener ya experiencia laboral y un historial que mantenga sus empleos. Muchos otros simplemente encontrarán que no son empleables.
Control de rentas
Los defensores del control de rentas a menudo suponen que son políticas propias de Robin Hood, que transfieren dinero de los dueños “ricos” a los inquilinos acosados. En realidad, los pobres están entre los mayores perdedores por el control de rentas.El control de rentas se lleva una gran parte del valor de las propiedades residenciales de alquiler de sus dueños a una transmisión coactiva de riqueza para los inquilinos actuales (y por eso los que viven en unidades con rentas estrictamente controladas casi nunca se van).
Pero eso no significa que se beneficien la mayoría de los pobres. Como los dueños de viviendas son incapaces de capturar el valor de sus inmuebles, estos se deterioran en cantidad y calidad y la construcción de nuevas unidades de alquiler afectadas por los controles se ve paralizada. El resultado es una reducción progresiva en la oferta de viviendas alquiladas.
Al final, el control de rentas hace poco por los pobres más allá de unos pocos individuos afortunados. Los que estaban “antes allí” se llevan prácticamente todas las ganancias y al resto se le deja una oferta de viviendas menor y más dilapidada.
¿Qué es lo que encuentra la gente que busca viviendas en alquiler después de que se imponen controles estrictos de rentas? Sobre todo, encuentran carteles de “no hay plazas libres”. Las rentas rebajadas aumentan la cantidad que les gustaría a los arrendatarios, pero reduce la vivienda disponible. Esa reducción en disponibilidad de vivienda daña directamente a las numerosas personas de renta baja, incluso si los políticos consiguen generar informes que demuestren que algunas familias de rentas bajas se han beneficiado (a costa de otras familias de rentas bajas).
Entretanto, los que tienen rentas superiores, mejores relaciones, etc., pueden maniobrar mejor en torno a las restricciones (por ejemplo, pagos por debajo de la mesa, conversiones de condominios, etc.). La consecuencia es que los que tienen medios limitados pueden dar datos retóricos sobre el control de rentas, pero muchos menos de la vivienda disponibles con este. Las áreas de renta controlada se ven por el contrario a menudo ocupadas por inquilinos de rentas superiores con pocos niños.
Las buenas intenciones no bastan
Las intervenciones en mercado laboral y de la vivienda no agotan el rango de políticas públicas contraproducentes de “bienestar social” para los pobres. Pero ilustran una forma importante y no explicada de redistribución. La atención se centra en la redistribución al estilo Robin Hood, apoyada por argumentos con más agujero que un queso suizo de por qué es aceptable imponer los costes a ciertas personas concretas que no han causado en modo alguno el problema, siempre que los pobres ganen en total. Pero esas políticas también dañan a muchos miembros de los grupos cuyo bienestar se supone que está mejorando. Y dañar a grandes cantidades de personas que son pobres no puede justificarse simplemente afirmando que la voluntad es ayudar a los pobres.Publicado originalmente el 11 de mayo de 2015. Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.
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