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viernes, 29 de abril de 2016

Prosperidad económica y elecciones

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Desde la publicación del libro de Aron Acemoglu y James Robinson, Por qué fracasan los países, se vio cómo la política puede generar riqueza o destruir económicamente un país. Bastan medidas inclusivas para lo primero, y extractivas para lo segundo. Siendo este último caso cuando las decisiones políticas acaparan todo el espacio que debería corresponder a la iniciativa empresarial.


Durante cuatro meses hemos vivido una situación en España en la que se ha dado mucho más lo extractivo que lo inclusivo. Poco o nada se ha hablado de los verdaderos problemas que tiene España y que tienen los españoles. Aparte de vaguedades, no se ha escuchado ninguna propuesta concreta respecto de los problemas que tenemos, ni en el Parlamento ni por parte de los líderes políticos.

Nadie ha hablado de cómo poner una senda que asegure la prosperidad de los que aquí residimos. Nos hemos quedado en mensajes repetitivos que, de un lado, sólo persiguen desalojar al actual inquilino de la Moncloa, y del otro, la estrategia de convertir en necesidad juntar agua y aceite, a sabiendas de que es imposible.

Se podrá argumentar que existen 200 propuestas sobre la mesa, que pasan, en lo esencial, por deshacer todo lo hecho durante los cuatro años anteriores. Se dirá que hay que poner en marcha un Gobierno progresista y reformista sin saber exactamente qué es lo que significa. O se podrá intentar convertir a España en una nación de naciones de corte bolivariano, yendo más allá de lo que perseguía el presidente anterior, que no era sino algo parecido quitando el término bolivariano.

Aún así, nadie habla de los desafíos que tiene España que, en síntesis, son tres: disminuir la frontera que nos separa de los países más ricos, mejorar nuestra posición en la economía global y aumentar el capital humano combatiendo el serio problema del desempleo y el envejecimiento de la población española. Tres aspectos que, de mejorar, irían en la senda de aumentar la prosperidad de los que aquí vivimos.

Ya que de resolver estos tres problemas se podría dar solución a otras dos preguntas que aún están sin respuesta y que nadie dice a las claras cómo lo resolvería: ¿por qué el PIB per cápita español es 20 puntos porcentuales menor que el de los países europeos más ricos? ¿Por qué nuestra productividad por hora trabajada o nuestro desempleo respecto de tales países es una cifra parecida a la anterior?

Unas preguntas que se enlazan con otras: ¿bastaría derogar la actual Ley de Educación para que España mejorara la distancia de casi 30 puntos que le separa de estos países en fracaso escolar? ¿Cómo se resolvería el gap del 50% que tenemos de diferencia en gasto de I+D respecto al PIB con esos mismos países? ¿Derogando la actual reforma laboral se conseguiría mejorar el ineficiente mercado de trabajo español?

Lo que nos retorna al problema del capital humano, algo que necesita importantes mejoras en España, ya que sólo se conseguirá disminuir la distancia con los países a los que aspiramos parecernos si aumenta el capital humano, a la vez que lo hace el capital tecnológico y, por supuesto, la tasa de empleo.

Y es que cuando se compara la tasa de empleo con el índice de calidad institucional (Worldwide Governance Indicators), sorprende el hecho de que España, teniendo un índice similar al de otros países desarrollados, se dispara en desempleo. Y esto ¿por qué? Precisamente por lo que se quiere mantener: una deficiente negociación colectiva que separa los salarios de la productividad, una enorme rigidez salarial, una desfavorable fiscalidad del empleo, unas excesivas indemnizaciones en los despidos, etc.

A lo cual se unen los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) como método para buscar la eficiencia empresarial vía costes, en lugar de hacerlo con aumento de la productividad. Lo que se agrava por el pequeño tamaño de la empresa española comparado con el de las empresas de los países más avanzados. Una circunstancia que limita las capacidades exportadoras de España. Aspectos que no se resolverán mediante una política fiscal más exigente como algunos preconizan.

Se vuelve a la casilla de salida de esta interminable batalla electoral que dura ya demasiado tiempo. Quizás algunos nos querrán convencer de que en cuatro años un nuevo Gobierno de corte progresista o reformista nos pondrá a la altura de Corea del Sur en modelo educativo, en productividad o en empleo. Quizás, por el contrario, tengamos que escuchar los mismos argumentos que hemos oído en los últimos meses, donde todos han perdido la centralidad, incluso el partido que empezó en el centro y se escoró a la izquierda sin saber por qué.

Quizás se vuelva a sacar el arma de la corrupción cuando lo que se espera es que se corte de raíz el problema. O quizás alguien sensato piense que la mayoría de la población no quiere exclusiones de unos y otros, y que espera lo que se supone que han de hacer los políticos: mejorar la prosperidad del país en un mejor reparto de la riqueza para los de ahora y los que vendrán.

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