Nicolás Maduro acaba de decretar cuatro horas diarias de cortes en el suministro eléctrico para las familias venezolanas. Así pues, al racionamiento de alimentos como la carne o el arroz o al de productos básicos como el papel higiénico o medicinas contra el cáncer, se le suma ahora el racionamiento del consumo eléctrico. La medida llega después de que el gobierno bolivariano impusiera restricciones similares a los centros comerciales o de que declarara festivo los viernes dentro de la administración pública con el propósito de “ahorrar” energía. A nadie se le escapará, pues, que Venezuela padece una gravísima crisis energética que en absoluto es novedosa: entre 2009 y 2013, el gobierno de Hugo Chávez ya se enfrentó a problemas similares que trató de capear con análogas restricciones (los venezolanos que residen fuera de Caracas ya han venido experimentando desde 2010 cortes eléctricos de 20 horas semanales).
La razón aparente de este desastre es la sequía: el 65% de la capacidad eléctrica instalada en Venezuela procede de centrales hidroeléctricas (en especial, del embalse El Guri), de modo que, cuando las lluvias son insuficientes, la generación eléctrica se desploma. Como sucedió con el racionamiento eléctrico decretado durante los primeros años del franquismo, la responsabilidad de los apagones sólo cabe atribuirla a causas externas como la “pertinaz sequía”: nunca a la pertinaz torpeza del régimen. Pero la realidad es que el apagón se debe a un desequilibrio estructural entre demanda y oferta que sí ha sido alimentado, promovido y consolidado por el socialismo bolivariano.
Por un lado, la demanda eléctrica se halla sobreestimulada por las tarifas artificialmente bajas que establece el gobierno (en términos reales, la electricidad se ha abaratado más de un 50% en la última década): electricidad barata pero indisponible. Por otro, la oferta eléctrica procedente de fuentes alternativas a la hidroeléctrica se halla totalmente devastada: más de la mitad de la capacidad instalada en centrales térmicas se ha vuelto inutilizable debido al nulo mantenimiento al que han sido sometidas tras la nacionalización chavista de la totalidad del sistema eléctrico en 2007. Tan es así que, si las centrales térmicas no se hubieran deteriorado hasta ese extremo, hoy Venezuela dispondría de un amplísimo excedente de oferta eléctrica sobre la demanda (incluso a los subsidiados precios actuales). El intervencionismo estatal no es la solución a la “pobreza energética”: al contrario, es su principal causante. No lo olvidemos cuando se pretendan trasladar tales recetarios bolivarianos a España.
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