Juan Carlos Hidalgo cuenta cómo cuando un diputado se percata de una situación donde proveedores y usuarios de un servicio llegan a un acuerdo libre y felizmente, la conclusión es que el Estado debe intervenir.
Tras advertir una situación donde proveedores y usuarios de un servicio transan libre y satisfactoriamente, el diputado Franklin Corella del PAC (Partido Acción Ciudadana) llegó a la conclusión de que es menester del Estado intervenir. De tal forma, su proyecto para regular a Uber cumple todos los requisitos de lo que debe ser una buena ley socialdemócrata.
En primer lugar, plantea clavarle un impuesto con destino específico. El Estado debe siempre llevarse una tajada en toda transacción y la economía colaborativa no debería ser la excepción. Además, se sabe que Uber es más asequible que los taxis rojos y Costa Rica ya de por sí es un país demasiado barato.
El dinero de este impuesto irá a un fondo nacional que subsidiará proyectos de transporte público presentados por taxistas, autobuseros y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles(Incofer). ¿Qué podría salir mal de poner semejante buchaca a disposición de grupos de presión (y el mismo Estado)? El fondo será sabiamente administrado por un selecto comité de expertos que incluye, por supuesto, a representantes de las universidades estatales.
El proyecto además propone crear una nueva burocracia: la “Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa”, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con su respectivo presupuesto y personal administrativo. Enhorabuena, pues en este país la plata sobra y lo que falta son empleados públicos, así que matamos dos pájaros de un solo tiro.
La iniciativa no podría estar completa sin un registro nacional, de esos que están de moda. Obviamente no basta con que Uber ya realice un escrutinio de los choferes y sus vehículos, sino que también le corresponde al nuevo ente estatal requerir toda esa papelería —y más—. Malpensados los que crean que esto será una traba, pues está comprobado que nuestros ponesellos son especialistas en facilitar el emprendimiento.
Finalmente, se obliga a Uber a firmar contratos laborales con los choferes. ¡Pero por supuesto! Actualmente estos no tienen derecho a huelga, salario mínimo, jornadas laborales fijas, horas extras, feriados, aguinaldo, formar un sindicato, ni negociar convenciones colectivas. Tal y como opera, Uber es la epítome de la precarización del trabajo, como lo atestiguan los miles de conductores que gustosamente se han afiliado a esta empresa.
Como vemos, el proyecto del diputado Corella sigue al pie de la letra el viejo dictum socialdemócrata con olor a naftalina: “Si se mueve, métale un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlelo. Y si deja de moverse, subsídielo”.
Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 18 de abril de 2016.
En primer lugar, plantea clavarle un impuesto con destino específico. El Estado debe siempre llevarse una tajada en toda transacción y la economía colaborativa no debería ser la excepción. Además, se sabe que Uber es más asequible que los taxis rojos y Costa Rica ya de por sí es un país demasiado barato.
El dinero de este impuesto irá a un fondo nacional que subsidiará proyectos de transporte público presentados por taxistas, autobuseros y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles(Incofer). ¿Qué podría salir mal de poner semejante buchaca a disposición de grupos de presión (y el mismo Estado)? El fondo será sabiamente administrado por un selecto comité de expertos que incluye, por supuesto, a representantes de las universidades estatales.
El proyecto además propone crear una nueva burocracia: la “Oficina Nacional de Movilidad Colaborativa”, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con su respectivo presupuesto y personal administrativo. Enhorabuena, pues en este país la plata sobra y lo que falta son empleados públicos, así que matamos dos pájaros de un solo tiro.
La iniciativa no podría estar completa sin un registro nacional, de esos que están de moda. Obviamente no basta con que Uber ya realice un escrutinio de los choferes y sus vehículos, sino que también le corresponde al nuevo ente estatal requerir toda esa papelería —y más—. Malpensados los que crean que esto será una traba, pues está comprobado que nuestros ponesellos son especialistas en facilitar el emprendimiento.
Finalmente, se obliga a Uber a firmar contratos laborales con los choferes. ¡Pero por supuesto! Actualmente estos no tienen derecho a huelga, salario mínimo, jornadas laborales fijas, horas extras, feriados, aguinaldo, formar un sindicato, ni negociar convenciones colectivas. Tal y como opera, Uber es la epítome de la precarización del trabajo, como lo atestiguan los miles de conductores que gustosamente se han afiliado a esta empresa.
Como vemos, el proyecto del diputado Corella sigue al pie de la letra el viejo dictum socialdemócrata con olor a naftalina: “Si se mueve, métale un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlelo. Y si deja de moverse, subsídielo”.
Este artículo fue publicado originalmente en La Nación (Costa Rica) el 18 de abril de 2016.
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