La deuda total financiera de las ocho sociedades concesionarias que hace ya tiempo presentaron suspensión de pagos suma cerca de 3.800 millones de euros
La gran banca identificada en torno al G-6 que forman Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular ha empezado a tirar la toalla en su intento de recuperar la multimillonaria deuda acumulada en las autopistas de peaje en quiebra. El proceso de liquidación al que están abocadas las llamadas radiales parece irreversible, y las entidades financieras, tanto españolas como extranjeras, además del resto de acreedores comerciales, están cediendo poco a poco ante la tentación de los célebres fondos buitre que sobrevuelan el mercado español de infraestructuras y están desplegando ofertas a derribo con quitas de hasta el 90%.
La deuda total financiera de las ocho sociedades concesionarias que hace ya tiempo presentaron suspensión de pagos suma cerca de 3.800 millones de euros, de los que dos tercios corresponden a bancos nacionales y un tercio a entidades de crédito extranjeras. Aparte figuran 470 millones que deuda comercial que demandan las principales constructoras del país por obras pendientes de cobro más otros 1.200 millones por expropiaciones. En total, cerca de 5.500 millones que constituyen una espada de Damocles para el erario público, dada la obligación de pago que recae sobre el Estado por la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA).
(EFE)
El Gobierno ha desplegado una estrategia para ganar tiempo al tiempo y evitar que este 'agujero’ fiscal añada otras décimas de propina al desbocado déficit público. El Ministerio de Hacienda ha descartado finalmente la posibilidad de dejar caer las concesionarias con todas las consecuencias y ha coordinado una actuación claramente defensiva con el Ministerio de Fomento para que la Abogacía del Estado salga al quite de cualquier procedimiento jurídico que certifique la defunción por insolvencia de estas empresas. De momento, el juzgado mercantil número 2 de Madrid ha dictado la liquidación en los casos de la AP 36 de Ocaña a La Roda y en la M-12 de acceso al Aeropuerto de Barajas.
Ambos autos han sido recurridos ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya resolución final no se espera hasta el mes de octubre. En otras palabras, el ‘petardazo’ de las autopistas de peaje estallará en las manos del futuro Gobierno, que previsiblemente saldrá de las eventuales elecciones del 26 de junio. A partir del próximo otoño, los nuevos responsables del Ministerio de Fomento tendrán que verse las caras con los dueños de las concesionarias, que en buena parte no serán los mismos porque para esa fecha es muy previsible que la mayoría de los grandes bancos hayan salido por piernas del sector tras dar el ‘pase’ a sus respectivas posiciones acreedoras.
Un 20% de los 4.300 millones de deuda financiera y comercial ha cambiado de manos en los últimos meses, de acuerdo con los datos oficiales del Gobierno
La situación que se plantea no deja de tener su triste paradoja. Baste recordar que la propuesta definitiva formulada en su día por la ministra Ana Pastor para culminar el rescate de las autopistas ofrecía a los bancos la adquisición de la deuda por parte del Estado con una quita nominal del 50%. Las condiciones del pago establecidas a instancias del ministro Cristóbal Montoro incorporaban, eso sí, una letra pequeña que terminó por dar al traste con cualquier posibilidad de acuerdo, ya que Hacienda difería el reembolso de la deuda con un pagaré a 30 años y un interés del 1%.
La invitación del Gobierno suponía, al cambio, una quita implícita del 80% de pasivo, un listón que hace unos meses resultaba demasiado alto para las pretensiones de los grandes bancos. Con el tiempo, y tras comprobar cómo se las gasta el Estado a la hora de judicializar los procedimientos concursales, las entidades de crédito han ido provisionando en sus balances el fiasco de las autopistas. De ahí que ahora buena parte de los más distinguidos acreedores se decanten por cerrar acuerdos con los fondos oportunistas de inversión, renunciando al cobro de hasta el 90% de los créditos.
En la España de la incertidumbre galopante, es mucho más preferible pájaro en mano que ciento volando, pero lo cierto es que un 20% aproximadamente de la deuda de las autopistas ha cambiado de propietario en los últimos meses. Los compradores están adquiriendo un pleito porque son conscientes de que a la vuelta de unos meses podrán apretar las clavijas al Gobierno con la garantía de hacer un interesante negocio, a poco que el futuro responsable institucional del sector se atreva a desempolvar la misma oferta de rescate que fue rechazada por los bancos hace dos años. Todo dependerá del margen fiscal que tenga entonces Hacienda para cumplir sus compromisos con la Unión Europea y de la capacidad jurídica del Estado para seguir dilatando la solución del conflicto en los tribunales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario