Vulnerabilidad. Así describe la Comisión Europea el patrón de crecimiento de la economía española. En su último informe sobre la situación macroeconómica de nuestro país, Bruselas alerta de dos grandes problemas que ni siquiera se hallan en vías de corrección: las finanzas públicas y la bajísima productividad de nuestro tejido empresarial. No son, desde luego, los únicos problemas contra los que alerta la Comisión, pero sí son aquellos que aparecen como más enquistados y contra los cuales apenas se han adoptado medidas correctoras desde el gobierno.
Así, en primer lugar, sucede que los recortes del gasto dirigidos a redimensionar el desequilibrio de las cuentas públicas han sido escasos: la corrección del déficit acaecida desde el año 2010 se ha debido más al aumento de la recaudación —tanto por las subidas de impuestos como, sobre todo, por el crecimiento económico— que a una decidida austeridad de los desembolsos estatales. A su vez, y en segundo lugar, la productividad de los trabajadores sigue estando completamente estancada, lo que dificulta que los salarios puedan incrementarse dentro de nuestro país sin mermas de la competitividad (si la productividad aumenta, hay margen para aumentar salarios sin que la competitividad se reduzca).
¿Qué hacer para mejorar la productividad? Bruselas destaca las enormes rigideces de nuestra economía, las cuales impiden recolocar a los trabajadores y a los restantes recursos desde las empresas y los sectores menos productivos a las empresas y los sectores más productivos: es decir, lo que está frenando la mejora la productividad en nuestra economía, según la Comisión Europea, es la ausencia de mercados liberalizados donde los peores dejen competitivamente paso a los mejores. Añadan a lo anterior que, según han puesto de manifiesto recientemente varios economistas adscritos al Banco de España y al CEPR, alrededor de un tercio de la decadente baja productividad española se debe al intervencionismo del sector público a la hora de determinar clientelarmente qué empresas prosperan y cuáles no: dado que nuestros políticos pueden asignar de manera caprichosa contratos, concesiones ayudas o subvenciones, las compañías que prosperan al calor de nuestras administraciones públicas no tienen por qué ser las más productivas, sino aquellas con mejores conexiones con nuestros burócratas.
En suma, el denominador común de los dos grandes problemas de la economía española es el mismo: el excesivo peso del Estado en nuestras vidas. Con menos gasto público y con menores regulaciones estatales, mejoraremos nuestro déficit y nuestra productividad. ¿Algún político dispuesto a hacerse el haraquiri?
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