Las grandes alharacas con las que los políticos del PSOE-C's celebraron su pacto ("histórico", "modelo económico para 40 años", y otras) se debe más al hecho insólito de que dos formaciones políticas lleguen a un acuerdo de gobierno, que a que fuera ese acuerdo el necesario para mejorar las condiciones de vida de la población. Sin entrar en el aspecto estratégico de este acuerdo, diseñado tanto para usarse en campaña electoral (en la que todavía estamos inmersos) como para ejercer presión sobre el resto de partidos (especialmente el PP), es un acuerdo contra la riqueza y el empleo.
El documento se vanagloria de no querer subir los impuestos a la clase media, pero al mismo tiempo refrenda la política fiscal del PP
Dentro del consenso socialdemócrata de PP, PSOE y C's, es normal que un acuerdo entre estos dos últimos no aporte medidas liberalizadoras para los ciudadanos, pero no por ello deja de ser menos contradictorio cargar contra la riqueza y al mismo tiempo pretender crearla, aunque se quiera denominar 'empleo'. El documento se vanagloria de no querer subir los impuestos a la clase media, pero al mismo tiempo refrenda la política fiscal del PP: mantiene su IRPF y el IVA que fue varias veces incrementado. ¿Si se pretende que la recuperación llegue a la clase media, por qué no se le afloja la presión impositiva ya? PP bis.
Se le añade unas propuestas de modificación de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos, cuyo objetivo es la recaudación, tanto para los más modestos (se les cobrará menos para que se den de alta y paguen cuanto antes) y al resto, se pretende cobrarles en proporción a lo ganado, abandonando el tipo único (o cuota fija). Y al mismo tiempo, se huye de proponer una reforma al grave problema del precario sistema estatal de pensiones, y sólo se ofrece la original solución de abrir la posibilidad a un nuevo impuesto para financiarlas.
El acuerdo político también destila una inquina clasista a la riqueza. El problema es que odiar la riqueza tiene la casual consecuencia de destruirla, y ser los más modestos, al final, los más afectados. Y, a no ser que ésta provenga del BOE o causa ilícita, es absurdo y contraproducente. ¿Cómo se plasma esta visión regresiva? Con impuestos, cómo no: implantación obligatoria del Impuesto sobre Sucesiones y el Patrimonio en todas las CCAA, impuesto extraordinario a las grandes fortunas á la Piketty... O la absurda eliminación de las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros) en el Impuesto sobre Sociedades, a las que se acusa de favorecer 'la evasión y a los paraísos fiscales'. En realidad, es un vehículo de inversión que se creó a finales de los noventa originariamente para aliviar la doble imposición, al que se le ha venido limitando sus beneficios fiscales, con una importancia menguante y cuyos requisitos se ligan al de otra medida para evitar pagar dos veces por lo mismo que está fuera de toda persecución. ¿Entonces, si no es por recaudación ni por importancia creciente, por qué su eliminación? Por lo mismo, enorgullecerse de atacar la riqueza y al chivo expiatorio 'los ricos' como coartada para no bajarnos los impuestos a la clase media. Lo mismo que crear de manera muy grandilocuente una "Oficina para el Control Fiscal de las Grandes Fortunas" o subir los impuestos a las empresas grandes. Traslademos el foco a los malos mientras incrementemos la presión fiscal a todos: más inspectores, más inspecciones, más sanciones, más castigo, esas son otras de las medidas acordadas por PSOE-C's.
La visión belicista les conduce a acordar un incremento de la rigidez en la contratación
Y, justo después de todo esto, el acuerdo manifiesta en su siguiente apartado la más sincera intención de luchar contra el paro y crear empleo de calidad. Por si los impuestos anteriores no fueran suficientes, se echa mano de la otra pata filosófica del documento: la concepción de las relaciones laborales como una guerra: es imposible que empresario y trabajador se pongan de acuerdo pacíficamente. Imposible pensar en que ambos se necesiten para crear valor y deban llegar a acuerdos. Imposible pensar que el empresario que no aporta valor al empleado se ve penalizado con una estructura laboral poco productiva y con intereses contrapuestos a los de la empresa. Al contrario, la visión belicista les conduce a acordar un incremento de la rigidez en la contratación, a través de obligar a, por ejemplo, fijar los salarios atendiendo a los convenios colectivos de ámbito superior en lugar del convenio de empresa. Es decir, sometiendo a empleado y empleador a cláusulas alejadas de la realidad concreta del proyecto empresarial, mayoritariamente microempresas o Pymes.
Al mismo destino nos conduce encorsetar los contratos laborales a sólo cuatro modalidades (sobre todo indefinido y temporal): a desligar, una vez más, la legislación a la realidad de cada relación laboral, de cada pacto entre partes, obligando a que la indemnización por despido (ya sea procedente o improcedente) sea fijada de manera homogénea y arbitraria por políticos en lugar de atender a la negociación entre los interesados. Otro tanto ocurre con eliminar la posibilidad de encadenar contratos temporales. Esta práctica precariza las relaciones entre empresario y empleado, pero desgraciadamente esto se explica en gran medida para flexibilizar la contratación. A esto lleva estas medidas que embarran el mercado laboral.
El salario es un coste que sí genera valor, la multitud de impuestos al trabajo resta valor al trabajador
Todo lo anterior provoca tasas de paro de dos dígitos que les resta poder de negociación a los trabajadores. Cuando, en realidad, es uno de los factores productivos más versátiles y, por tanto, más potencialmente demandados por los empresarios, por lo que no debería existir un desorbitado paro crónico. Pero con un sistema legal inflexible y una educación decimonónica y encerrada en el aula, se debilita a los trabajadores menos cualificados relegándolos al paro, y a los que encuentran empleo, imponiéndoles cargas que no producen valor. El salario es un coste que sí genera valor, la multitud de impuestos al trabajo –incluido contratos de hierro-, resta valor al trabajador.
Por tanto, este tipo de medidas contempladas en el acuerdo 'Reformista y de progreso' vuelven a lo de siempre, a justificarse ante una precaria realidad que ellas mismas contribuyen a crear, atándonos a todos a una entorno legislativo que vicia y distorsiona el mercado laboral.
Independientemente del valor estratégico y electoral de este pacto, y de que sea mejor del que hubiera podido existir de haber pactado el PSOE con Podemos, no deja de contener medidas que cargan contra la actividad económica, la creación de riqueza y empleo con más impuestos y más trabas al mercado laboral.
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