Juan Ramón Rallo
Durante una de las crisis económicas más devastadoras, han
sido desahuciadas de su vivienda el 0,8% de todas las familias españolas.
La triste realidad del desahucio de familias ha copado el
debate social, mediático y político de nuestro país durante años. En parte era
comprensible, ya que arrebatar a una persona la propiedad privada de su casa
constituye uno de los procesos civiles más duros que podemos contemplar. Sin
embargo, como sucede siempre que los partidos políticos (o los embriones de
partidos políticos) se convierte en adalides de alguna causa social, existe un
más que cierto riesgo de aprovechamiento electoralista del problema y, por
tanto, de politización manipuladora.
En el caso de los desahucios en España, hubo una clara intención de
inflar las cifras de familias desahuciadas para magnificar un drama que
en sí mismo no debería haber requerido de ninguna magnificación. A este
respecto, hemos escuchado que 600.000 familias perdieron su vivienda entre 2007
y 2014 como consecuencia de los desahucios bancarios. La cifra parece sólida y
veraz, ya que procede de una fuente tan oficial como son las estadísticas del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, si uno se detiene a
estudiar mínimamente la cuestión comprobará que lo es mucho menos de lo que
parece.
El propio CGPJ reconoce
que sus estadísticas versan sobre ejecuciones hipotecarias que pueden haberse
resuelto sin pérdida de la vivienda (por ejemplo, si el deudor hipotecario
regulariza su situación financiera) y, sobre todo, sobre ejecuciones que, aun
concluyendo en lanzamientos (desahucios), incluyen no sólo viviendas
principales, también secundarias e incluso otro tipo de inmuebles: "[La
estadística ofrecida] facilitaba el número de ejecuciones hipotecarias
iniciadas, resueltas y en trámite, pero sin ningún detalle sobre los bienes
objeto de la hipoteca ni la naturaleza de sus titulares. También facilita el
número de lanzamientos cuya práctica se ha solicitado a los servicios comunes de
actos de comunicación y ejecución. No distingue si el lanzamiento era en una
vivienda, principal o secundaria, u otro bien inmueble".
La cifra del CGPJ siempre debió tomarse cum grano
salis: como una estimación máxima –probablemente muy inflada– de
las cifras reales de desahucios de vivienda familiar. No obstante, por motivos
injustificables pero perfectamente explicables, la cifra de 600.000 terminó
convirtiéndose en el guarismo oficial de familias que habían perdido sus hogares
en España como consecuencia de la crisis económica. ¿Acaso no disponemos de una
estadística algo más precisa?
Sí, afortunadamente, desde el año 2012 disponemos de una estadística
elaborada por el Banco de España mucho más detallada que la del CGPJ, donde no
sólo se distingue entre viviendas principales y secundarias, también entre las
circunstancias que han rodeado la pérdida del inmueble (entrega voluntaria al
banco o desahucio/lanzamiento judicial). Hace unas semanas el Banco de España
publicó las cifras correspondientes a 2014, de manera que ya disponemos de los
datos completos del trienio 2012-2014, en el que según la estadística del CGPJ
hubo 255.051 procesos de ejecución hipotecaria: casi la mitad
de los presuntos 600.000 desahucios que han tenido lugar durante esta
crisis.
Pues bien, atendiendo a las cifras del Banco de España, entre 2012
y 2014
los procesos de ejecución hipotecaria han concluido en las siguientes pérdidas
de vivienda principal:
Ejecuciones hipotecarias con pérdida de vivienda principal en España
en 2012, 2013 y 2014
Entregas voluntarias de vivienda con dación en pago | 46.633 |
Entregas voluntarias de vivienda sin dación en pago | 10.312 |
Lanzamiento judicial hallándose la vivienda vacía | 46.632 |
Lanzamiento judicial hallándose la vivienda ocupada pero sin intervención policial | 6.183 |
Lanzamiento judicial hallándose la vivienda ocupada y con intervención policial | 380 |
TOTAL | 110.140 |
Fuente: Banco de España |
Varios comentarios al respecto:
Primero, la cifra agregada de viviendas familiares perdidas a raíz de un
proceso de ejecución hipotecaria (110.140) es menos de la mitad
de todos los procesos de ejecución hipotecaria recogidos por el CGPJ durante ese
período (255.051).
Segundo, de todas las viviendas pérdidas durante este período (110.140),
casi la mitad (46.633) implicaron una dación en pago, que es la
medida de justicia social que recurrentemente reclamaban los distintos
partidos políticos y las plataformas de afectados por la hipoteca. Otras 10.312
viviendas fueron entregadas de mutuo acuerdo entre el banco y el hipotecado, en
condiciones que algún tipo de ventaja acarrearían a este último. Son el resto
(53.195) las que sí fueron seguidas por un desahucio (o, más técnicamente, un
lanzamiento judicial). Por tanto, sólo el 20,8% de todos los procesos de
ejecución hipotecaria recogidos por las estadísticas CGPJ concluyeron
en un desahucio de vivienda familiar.
Tercero, durante estos tres años, los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado sólo tuvieron que intervenir en 380 desahucios, esto es, en el 0,15% de
todos los procesos de ejecución hipotecaria. Sin embargo, en el imaginario
colectivo español ha terminado asimilándose ejecución hipotecaria con
desahucio policial gracias a la incansable labor de unos medios de
comunicación que, a tenor de los datos, debieron retransmitir en directo la
práctica totalidad de los desahucios policiales que se produjeron en España
durante esos años.
Por último, desgraciadamente no contamos con estas mismas estadísticas
detalladas para el período 2007-2011. Pero si trasladamos los mismos porcentajes
del trienio 2012-2014 al período 2007-2014, obtendremos que el número de
viviendas principales perdidas a raíz de procesos de ejecución hipotecaria no
fueron 600.000, como se predica desde numerosos ámbitos, sino 261.000: de ellas,
110.000 familias entregaron su vivienda beneficiándose de una dación en pago,
algo menos de 25.000 lo hicieron con algún otro tipo de acuerdo con el banco, y
126.000 fueron desahuciadas. Si incrementamos un poco esta última cifra para
cubrirnos conservadoramente las espaldas frente a cualquier margen de error,
podríamos decir que alrededor de 150.000 familias fueron
desahuciadas de su vivienda principal entre 2007 y 2014.
¿Son muchas 150.000 familias? En términos absolutos, desde
luego: son 150.000 unidades familiares que se han visto privadas de su hogar
como consecuencia de desatender la devolución del crédito con el cual la
adquirieron. Pero en términos relativos estamos hablando de cifras bastante
modestas: en España hay alrededor de 18,1 millones de viviendas
familiares, de las cuales 5,8 millones retienen algún tipo de carga
hipotecaria. Por tanto, durante una de las crisis económicas más devastadoras de
la historia de España han sido desahuciadas de su vivienda el 0,8% de
todas las familias españolas o el 2,5% de las familias con hipoteca
sobre su vivienda principal. O por leerlo a la inversa: el 99,2% de las familias
españolas y el 97,5% de las familias hipotecadas no han sido desahuciadas de sus
hogares.
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