La situación económica de Grecia es poco halagüeña. Presenta un crecimiento muy débil, con una parte importante de la población dependiente de las prestaciones del Estado, una baja recaudación impositiva, un déficit público del 3% del PIB y una deuda pública abrumadora de 346.000 millones de euros, equivalente al 180% del PIB.
Esto explica la baja calificación de su deuda, que los mercados de financiación externos e internos estén cerrados y que dependan para su funcionamiento de los fondos que se aprobaron en el plan de rescate de la troika —Comisión Europea, Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)—, que suma 274.500 millones de euros.
La percepción de dichos fondos está subordinada a la adopción de una serie de medidas que lleven a Grecia a normalizar su situación económica. Estas decisiones han sido la causa de que muchos griegos, principalmente funcionarios y personas dependientes del erario público, hayan visto reducida su renta, y de la pérdida de popularidad del Gobierno que las adoptó.
La posibilidad de que Grecia abandone el euro ha incitado a la población a sacar gran parte de sus depósitos bancarios por el temor a que se ponga de nuevo en circulación el dracma, moneda que nacería muy devaluada. Como consecuencia, la banca griega es absolutamente dependiente de la financiación del BCE.
En estas condiciones, el nuevo Gobierno griego está intentado renegociar las medidas impuestas para normalizar su economía y transformar su deuda en bonos ligados al crecimiento —si no se alcanzan unos niveles no pagan intereses— y en bonos perpetuos —sólo pagarían intereses, pero no principal—.
Por otra parte, la troika quiere recuperar su dinero y no está de acuerdo con que se echen atrás las reformas que se habían implementado. Es más, para conceder nuevos fondos exige que se profundicen en las mismas.
La baza de Grecia es que puede salirse del euro, con lo que provocaría una crisis institucional, al suscitar dudas sobre la subsistencia de la moneda única y la posible salida de otros países periféricos.
En la actualidad, Grecia está llegando a su límite para hacer frente a sus compromisos. Algo tiene que pasar en las próximas semanas, ya que si no se libera el próximo paquete de ayudas, por importe de 7.200 millones de euros, el Estado no podrá pagar sus prestaciones ni podrá hacer frente al vencimiento del FMI.
Nuestra idea es que, como ha ocurrido en otras crisis de la Eurozona, al final se llegará a un acuerdo y se adoptará una solución intermedia, según la cual seguirán adelante con las reformas, aunque se intentará que las consecuencias para la población sean más benignas.
En un caso extremo, cabría la posibilidad de una suspensión de pagos o salida del país del euro, que produciría un fuerte aumento de la volatilidad en los mercados, con un efecto mayor en los países periféricos, tanto en renta fija como en variable. Consideramos que sería temporal, ya que un país cuyo PIB representa el 2% del conjunto de la Eurozona o apenas unas semanas del crecimiento de la economía china, no debería descarrilar el proceso de crecimiento mundial. Será un mal precedente, habrá mucho ruido mediático, depreciación del euro y caídas de Bolsa y de bonos, pero los problemas hay que enmarcarlos en una economía globalizada como en la que vivimos.
Miguel Ángel García Muñoz es director de Estrategia de Mercados de Banca March
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