Pánico en las bolsas. Un gran banco alemán bajo sospecha de insolvencia. Una crisis real de los países emergentes que está ralentizando la economía global e incrementando la incertidumbre sobre el impacto que sufrirán las economías occidentales.
Seguramente, el titánico esfuerzo realizado por las familias y empresas durante la Gran Recesión suavizará de alguna manera los posibles efectos adversos que puedan avecinarse. Todo lo contrario que el Estado, que está en una vulnerable situación financiera con una deuda equivalente al PIB de un año (más de un billón de euros). Y ante este panorama de creciente incertidumbre económica, ¿cómo se está preparando ‘el sistema de partidos’ que los votantes refrendan y aúpan elección tras elección? ¿Qué política económica prudente e inteligente van a diseñar aquellos que están negociando la formación de Gobierno para tratar de garantizar, y acreditar, que el Estado es solvente y evitar que nos cierren la financiación del exterior, lo que ahogaría financieramente a empresas y familias? ¿No es ahora cuando nuestros próceres deberían ejercer esa responsabilidad y sentido de estado para protegernos a todos? Se supone que están para evitar el caos, ¿no?
Estado ha venido gastando en esta crisis alrededor de 650 mil millones de euros más de los que ingresaba
La respuesta es la idea hegemónica de todos los partidos: endeudarse en los próximos dos o tres años en varias decenas de miles de millones de euros más, que vendría de no reducir el déficit al ritmo (re)negociado con Bruselas. Y no es tanto el ritmo en sí como la voluntad de gastar más todos los años, por encima de los ingresos, incurriendo en déficits y esperando que sea otro, el BCE, quien asuma la responsabilidad de esta fechoría. De hecho, el PSOE intenta contentar a propios y extraños con más presupuesto de un Estado que, recordemos, ha venido gastando en esta crisis alrededor de 650 mil millones de euros más de los que ingresaba.
Asistimos a las filtraciones de lo que negocian, en última instancia, únicamente tres o cuatro personas investidos de un Poder desorbitado, que se centran en cómo repartirse el presupuesto, en cómo redistribuir esa ingente cantidad de dinero que gestionarán, qué partidas dotarán de mayor presupuesto... Sin embargo, como diría Robert Nozick, las teorías de justicia que fundamentan esas políticas redistributivas se centran únicamente en el destinatario, en el receptor de ese dinero. ¿Y el origen? ¿Y las circunstancias personales y sociales de aquellos a los que se detraerá vía impuestos el dinero que maneja, o manejará, Rajoy, Sánchez, Iglesias o Rivera? ¿Y sus derechos? Parece que sean sólo cifras que vemos en los titulares, que provengan de un saco invisible representado por los acreedores internacionales, el Banco Central Europeo, los fondos públicos europeos, los inversores, los ahorradores... Son impuestos. El gasto público y la deuda, son impuestos.
Por ejemplo, el documento del PSOE sobre el que se basa para entablar las negociaciones con Podemos y Ciudadanos (al menos eso es lo que han divulgado), dice que es difícil reducir el déficit en un entorno deflacionario. ¿Y pagar impuestos? ¿Es fácil cumplir con Hacienda en un entorno deflacionario? Al parecer, mientras el Estado tiene derecho a no ajustarse, el sector privado (familias y empresas) tiene la obligación de hacer un fuerte ajuste.
Se quiere sustituir una trifa plana (elevada) por otra proporcional a los rendimientos netos, es decir, una nueva tarifa que grave y recaude más
También parece que sólo el que vaya a recibir dinero del Estado tiene derechos. Elevar las cotizaciones sociales a los autónomos, como consta en el documento del PSOE, no parece que repercuta en sus derechos, en su libertad de crear la actividad que les dé la gana. Como dicen ahora la mayoría de los políticos, se pretende que la cuota de autónomos no sea un gasto fijo y así no se perjudique (demasiado) a aquellos que ganen poco. Traducido: se quiere sustituir una trifa plana (elevada) por otra proporcional a los rendimientos netos, es decir, una nueva tarifa que grave y recaude más. Un embrión de otro IRPF, un impuesto que ya grava la renta (neta) en las actividades económicas de personas físicas. Medida que es compartida por los cuatro principales partidos políticos.
Tampoco parece que los empleados, proveedores, pequeños accionistas y clientes de las grandes empresas y PYME de este país tengan muchos derechos. El documento del PSOE pretende también elevar los impuestos sobre la actividad económica, en concreto, sobre las Sociedades -más palos en la rueda de la generación de riqueza-. Pretenden desatender la razón de muchas de las deducciones que todavía sobreviven al PP (compensar las pérdidas, deducirse los gastos financieros, deducciones que no pudieron aplicarse por tener pérdidas, etc.), y obligarlas a que paguen siempre, como mínimo, el 15%. Obviamente, la propaganda para justificar tales medidas es: ¡que paguen las (malvadas) grandes empresas! La realidad: que las grandes empresas tienen un positivo efecto de arrastre para la economía y el resto de empresas, al movilizar cuantiosos recursos e inversión, crear empleo, etc. Por lo que se perjudicará a las PYME que cooperan con estas empresas, y les resultará mucho más difícil internacionalizarse ya que muchas de ellas se valen de las grandes para salir al exterior.
Los millones de empleados, tanto de las grandes como de las PYME adyacentes, sentirán estos efectos, aunque no sea fácil visualizar causa y efecto. Los proveedores, y los proveedores de los proveedores, lo mismo. Y lógicamente sus accionistas, mayoritariamente clase media, verán mermados sus ahorros (en un contexto de bolsas castigadas). De nuevo, una medida ampliamente compartida por los partidos que negocian: todos quieren ampliar las bases imponibles en este impuesto, eliminar deducciones y fijar un tipo del 20% (Ciudadanos) o un 25%-30% (PSOE, Podemos). Y también por el PP, que en la pasada legislatura ha eliminado deducciones para incrementar el tipo efectivo.
Las víctimas son las clases medias, que tendrán que tendrán que sufragar auemtnos de impuestos pactados por dos o tres personas
Otro mantra repetido últimamente por quienes están negociando: no subir los impuestos a los que sí pagan. Pues no parece que estos tengan muchos derechos cuando los cuatro principales partidos, como consta en sus programas electorales -y también en el documento progresista y reformista del PSOE -, coinciden en incrementar todavía más el poder de Hacienda, así como crear un Gran Hermano tributario. Dotar de más poder a la Agencia Tributaria, que es de facto juez y parte, se vede como medida para "luchar" contra el fraude fiscal, muy especialmente de los grandes evasores. Pero ¿cuál es en realidad el principal objetivo de Hacienda, los que pagan o los que no pagan? ¿Cuál es la parte de la sociedad que puede financiar la colosal cantidad de euros que succiona el sistema? Sólo puede provenir mayoritariamente de las clases medias. Entonces, ¿para qué va a servir ese recrudecimiento de las medidas tributarias? Las grandes empresas y fortunas se verán afectadas, sí. Pero las víctimas son las clases medias, que tendrán que tendrán que sufragar auemtnos de impuestos pactados por dos o tres personas.
En definitiva, ante una creciente incertidumbre económica, los partidos que negocian la formación de Gobierno, capitaneados por el PSOE, prometen más déficit y más gasto, es decir, más dinero que nos sacarán a todos vía impuestos. Sobre esto no discutirán mucho, y tendrán un muy democrático y fructífero diálogo.
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