José Luis Feito denuncia que la Generalitat oculta una variable decisiva, la de la extensión territorial de Cataluña, cuando se queja de las pocas inversiones en infraestructuras que recibe
Es uno de los agravios más repetidos para justificar el auge del independentismo en Cataluña. Establece que el Estado ha dedicado menos dinero a inversiones en infraestructuras del que Cataluña merece por el tamaño de su economía y su población. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la Confederación Españolas de Organizaciones Empresariales (CEOE), José Luis Feito, denuncia que esa queja oculta un tercer ingrediente que resulta clave en toda inversión en infraestructuras y que desmonta esa tesis: la extensión territorial.
En un informe presentado por la Cámara de Comercio de Barcelona en julio de 2014, que luego ha servido como base para denunciar esa falta de inversiones, se expone que entre 2004 y 2010 el stock de inversión pública en infraestructuras en Cataluña rondó el 13% -partiendo del 12,9% de 2004 y llegando al 13,9% en 2010- de las inversiones totales realizadas en España, según datos de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). O lo que es lo mismo, de cada 100 euros que el Estado invirtió en toda España en infraestructuras, a Cataluña le correspondieron 13 euros durante ese periodo -ver primer gráfico-.
En el informe se subraya que esta proporción está "claramente por debajo" del peso que Cataluña tiene en España, porque la economía catalana representa el 18,6% del Producto Interior Bruto (PIB) español y los catalanes suponen el 16% de la población total. "Estas cifras ponen en evidencia que la intensidad inversora del conjunto del sector público en Cataluña ha sido sistemáticamente inferior a la registrada en el resto de España", continúa el informe.
Desmenuzando estos datos por tipo de infraestructuras, el informe resalta que entre 2004 y 2012 la inversión en las carreteras catalanas apenas fue del 9,1% del total -"el déficit más importante se produce en la inversión en carreteras", enfatiza- y no destaca tanto que la inversión en puertos alcanza el 17,4% del total y sobre todo que la de ferrocarril llega al 19,4%, la mayor proporción de España, y la de aeuropuertos escala al 24,4%, la segunda mayor de todas las regiones -ver segundo gráfico-.
La extensión de Cataluña es de 32.114 kilómetros cuadrados (km2), que representan el 6,4% del total de la superficie española, que supera los 500.000 kilómetros cuadrados. O lo que es lo mismo, muy por debajo del 18,7% de Castilla y León, del 17,3% de Andalucía, del 15,7% de Castilla-La Mancha, del 9,4% de Aragón o del 8,2% de Extremadura. "Teniendo en cuenta la extensión del territorio catalán, ese 13% de stock de inversión pública para el periodo 2004-2010 o ese 15,6% para el intervalo 2004-2014 revela que en Cataluña se ha sobreinvertido", precisa Feito.
Más matices
El presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE añade otros matices que, desde su punto de vista, no pueden quedar fuera del debate sobre la inversión en infraestructuras. El primero consiste en tener presente que una Comunidad Autónoma no solo se beneficia cuando se realizan inversiones en ella, sino que también le favorecen las mejoras o los proyetos realizados en otra región. En este caso, a Cataluña no solo se le viene bien que se invierta en sus infraestructuras, sino que le conviene que Aragón o la Comunidad Valenciana también cuenten con unas infraestructuras desarrolladas.Otra precisión apunta hacia la insatisfacción por las inversiones recibidas. "Es compatible que Cataluña considere que la dotación de infraestructuras del Estado en su territorio ha sido insuficiente con el hecho de que el Estado haya realizado unas inversiones razonables o más que razonables", asegura Feito. "Pero es que eso mismo que es válido para Cataluña sirve para cualquier Comunidad, todas tienen algún grado de insatisfacción", añade. Y recuerda la influencia de la crisis en ese tipo de denuncias, puesto que ha obligado al Estado a frenar el gasto en infraestructuras.
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