¿Ciudadanos liberales? (V)

Juan Ramón Rallo

 

 

Ciudadanos ya ha presentado hasta la fecha sus propuestas económicas para luchar contra la crisis, para promover la empresa y la innovación, para cambiar la fiscalidad y para reformar la educación. Hace unos días, la formación política publicó sus recetas para enfrentarse a la corrupción y al capitalismo de amiguetes. Junto al de educación, se trata de su documento más detallado y completo, repleto de propuestas bastante específicas para reformar el entramado institucional español.

A la postre, Ciudadanos reconoce desde el comienzo que las instituciones son la clave para la prosperidad económica de cualquier sociedad: las instituciones inclusivas que respetan las libertades de las personas y que no privilegian a ningún grupo humano favorecen el desarrollo económico y, en cambio, las instituciones extractivas que habilitan la coacción y el parasitismo de unos individuos sobre otros lo erosionan.

 

En este sentido, Ciudadanos defiende la instauración de un "buen gobierno" que sea transparente, ecuánime y previsible, que ofrezca servicios públicos de manera eficiente y que favorezca el dinamismo económico: un "buen gobierno" que no sufra ni de corrupción interna (captura del Estado por la burocracia) ni de corrupción externa (captura del Estado por lobbies).

 

Para lograr esta regeneración institucional, la formación política pretende generar un cambio de valores entre la población (protección de los delatores que denuncien la corrupción, supresión del aforamiento, responsabilidad patrimonial de los corrupción, mayor transparencia de las administraciones, limitación de las puertas giratorias y potenciación de una sociedad civil independiente de la financiación pública) y una reforma de las principales estructuras del Estado (democratización y auditoría continua de los partidos políticos, prohibición de la libre designación de cargos públicos, restricción de la discrecionalidad municipal en la asignación de contratos púbicos, regulación de los lobbies, garantía de la profesionalidad e independencia de los organismos supervisores y creación de nuevas autoridades reguladoras de los sectores oligopolísticos y de los productos financieros complejos).

 

Un amplio paquete de reformas con las que se compromete a transformar las instituciones para que constituyan un marco imparcial de convivencia y no un mecanismo para ocultar la captura coercitiva de rentas y de prebendas.

 

El mejor gobierno, el menor gobierno

 

El establecimiento de un marco normativo que vertebre las bases comunes de la convivencia es un propósito que entronca perfectamente con el liberalismo. No en vano, el liberalismo parte de la igualdad jurídica de las personas: de su simétrica libertad para desarrollar su proyecto vital y de la inexistencia de un derecho natural de algunas personas a que gobiernen (y exploten) a otras. Dicho de otro modo, el liberalismo busca una convivencia basada en el imperio de la ley y no en el imperio de los hombres: no en el mandato arbitrario de unas personas sobre otras, sino en normas universales que, buscando maximizar la autonomía de cada individuo, habiliten y limiten las interacciones de todas las personas por igual.

 

Por consiguiente, muchas de las reformas que propone Ciudadanos para facilitar el control interno y externo de los abusos gubernamentales concuerdan bastante bien con los principios del liberalismo. Toda reforma dirigida a impedir la arbitrariedad del poder político (o de aquellos grupos que teledirigen al poder político) y a fiscalizar el ejercicio de su potestad discrecional favorece el imperio de la ley por encima del imperio de los hombres. Sin embargo, una de las idea políticas centrales del liberalismo con respecto a la interdicción de los abusos gubernamentales de poder se halla del todo ausente en el documento marco de Ciudadanos: a saber, que la mejor manera de controlar el abuso de poder es limitando el poder y que, por tanto, el mejor gobierno es el menor gobierno. La razón para ello es doble y afecta tanto a la forma en la que se materializa el poder cuanto al fondo por el que se despliega.

 

En cuanto a la forma: para que el poder político sea formalmente fácil de controlar por parte de la ciudadanía (control externo) es necesario que sea un poder simple. Cuanto más compleja y burocratizada se vuelve la organización del poder, más opaco, ininteligible e inabarcable resulta para la población. Y para que un poder sea simple, debe contar con muy pocas atribuciones, dado que a mayores funciones, más compleja deberá ser su estructura. Dado que Ciudadanos no promueve ninguna reducción significativa del poder político, la mayor parte de sus propuestas para controlar los abusos de poder pivotan sobre la autotutela, esto es, sobre el control interno: Ciudadanos aspira a incrementar el número de organismos, comisiones, agencias, oficinas, tribunales e interventores burocráticos que fiscalicen al Estado desde dentro del propio Estado. Los pesos y contrapesos se construyen en el interior de la bestia, confiando en que los intereses del controlado y el controlador no se alineen y coaliguen para instrumentar a esa bestia en su propio beneficio mancomunado y en contra del resto de la ciudadanía.

 

Pero las dificultades para que el Estado se autotutele son más que evidentes. Primero porque, en última instancia, el nombramiento de la dirección de tales organismos fiscalizadores dependerá de los políticos a los que se pretende fiscalizar: y éstos evidentemente tendrán un fuerte incentivo a torcer en su propio provecho los procedimientos pretendidamente imparciales para nombrarla. Segundo porque, en tanto se mantenga el poder político, los beneficiarios del mismo intentarán monetizarlo sorteando a aquellos órganos internos fiscalizadores por muy independientes que sean. Y tercero, porque tales organismos fiscalizadores también pueden corromperse al igual que se corrompen los propios políticos.

 

Por ejemplo, Ciudadanos muestra su preocupación por las puertas giratorias, dado que son una forma de corrupción diferida: un político favorece regulatoriamente a una empresa y ésta lo recompensa con un suculento puesto en el Consejo de Administración. Para luchar contra las puertas giratorias, Ciudadanos propone crear una Oficina de Conflicto de Intereses que elabore informes públicos sobre posibles incompatibilidades, así como prohibir que un político regulador trabaje para la empresa regulada durante un período prudencial lo suficientemente largo. No obstante, es bastante evidente que una Oficina de Conflicto de Intereses cuyo presidente esté nombrado por el Congreso podrá seguir tomada por "la casta" que controle el Congreso; y también es bastante evidente que existen muchas formas directas e indirectas de recompensar a los políticos que van más allá de ofrecerles un puesto en el consejo de administración. En realidad, la mejor forma de acabar con las puertas giratorias es disminuir, hasta el punto de eliminar, la potestad política para regular tales sectores económicos (esto es, la potestad para que un político asigne beneficios y pérdidas en un sector económico al margen del mercado).

 

En cuanto al fondo: el poder político no es sólo arbitrario cuando el gobernante instrumenta al Estado en su privativo provecho (o en el de la burocracia o en el de los lobbies), sino también cuando se instrumenta en favor de las mayorías electorales. El imperio de los hombres también puede prevalecer por encima del imperio de las leyes cuando algunos hombres (aunque sean mayoritarios) instrumentan las leyes en su beneficio. El liberalismo no sólo pretende proteger a las personas de la tiranía de los políticos, de los grupos de presión o de los burócratas, sino también de la tiranía de las mayorías. No sólo las élites son extractivas: también las plebes pueden serlo. Si aspiramos a un marco normativo verdaderamente universal e imparcial, la potestad intervencionista del Estado para alterar ese marco al que el propio Estado y las mayores deben someterse habrá de reducirse a su mínima e imprescindible expresión.

 

Por ejemplo, que un político decida otorgarle un monopolio a una empresa privada porque espera que ésta le termine recompensando con cuantiosas rentas futuras es rechazable porque un grupo de personas (accionistas y resto de stakeholders de la compañía privilegiada) está obteniendo privilegios parasitarios sobre el resto. Pero que un político decida otorgarle un monopolio a una empresa privada porque así se lo ordene una mayoría de ciudadanos también es rechazable porque ese mismo grupo de personas siguen obteniendo privilegios parasitarios sobre el resto. Que la mayoría esté a favor del parasitismo (ya sea por convencimiento, manipulación, seducción o soborno) no legitima el parasitismo y no convierte en menos extractivas a las instituciones resultantes.

 

Ciudadanos ha promovido una reforma institucional cuyo propósito es que el mandato de las mayorías ciudadanas a sus representantes no se vea distorsionado por el ruido ni de la burocracia ni de los lobbies, pero no se ha preocupado en absoluto por evitar que el Estado destruya el marco imparcial de convivencia con la connivencia de coaliciones electorales mayoritarias.

 

Una omisión consciente

 

Acaso pueda pensarse que, si bien el documento presentado por Ciudadanos no tiene objetivos tan ambiciosos como los anteriores, ello no equivale a que su filosofía de fondo sea incompatible con la aquí expuesta. Básicamente, uno podría aducir que Ciudadanos persigue a medio plazo objetivos realistas y moderados que no afectan a los más radicales objetivos de largo plazo que persigue el liberalismo: mejor gobierno por ahora, menor gobierno más tarde.

 

Sin embargo, Ciudadanos es bastante contundente en su promoción de un gran Gobierno sometido a la arbitraria voluntad de la mayoría: "En el núcleo del problema del mal Gobierno español está la falta de imparcialidad de los gobernantes: en gran medida se dedicaron a defender sus intereses en detrimento de los de la gran mayoría". La imparcialidad normativa que defiende Ciudadanos no es la de un marco universal y general que no promueva los intereses de nadie en particular a expensas de los del resto —un marco normativo al que incluso la mayoría deba someterse—, sino la parcialidad normativa de las mayorías electorales. No el imperio de la ley, sino el imperio de la mayoría de hombres.

 

Por eso, además, la defensa de una economía de mercado no es principial, sino instrumental. El mercado no es legítimo porque sea el marco económico voluntario, sino porque es el mejor mecanismo para crear riqueza dirigida a ser redistribuida por el Estado: “no es posible preservar e incluso ampliar el Estado del Bienestar, una aspiración que todos compartimos, sin una economía de mercado pujante, basada en la iniciativa privada, en la competencia y en el esfuerzo individual de empresarios y trabajadores”. Pero bajo semejante prisma, también será legítimo quebrantar el mercado —esto es, la libertad de las personas en su esfera económica— siempre que una mayoría de votantes así lo reclame. Que el político abuse de su poder porque una minoría (por ejemplo, un lobby) se lo exija debe ser impedido; que un político abuse de su poder porque una mayoría ser lo exija debe ser protegido.

 

Conclusión

 

Como en ocasiones anteriores, no se trata de que muchas de las propuestas planteadas por Ciudadanos no puedan resultarles atractivas a los liberales: probablemente, también en esta rúbrica, sean las recetas más atractivas de entre todas las grandes formaciones políticas. Pero, de nuevo, no son reformas que entronquen con la tradición de pensamiento liberal. Ciudadanos renuncia explícitamente a luchar contra la corrupción de la manera más eficaz y liberal en que puede lucharse: reduciendo el poder del Estado y, por tanto, la existencia de estructuras de poder socialmente legitimadas para parasitar y extraer rentas a unos ciudadanos en beneficio de otros (ninguna otra institución posee hoy en Occidente suficiente legitimidad social para comportarse de ese modo y, por tanto, la pervivencia de un gran gobierno constituye el mejor mecanismo para legalizar socialmente la corrupción). Su receta consiste en promover la autotutela del Estado para garantizar que el mandato de los electores no se vea desvirtuado: pero ello deja abierta la puerta no sólo a que el Estado no se autotutele, sino a que el mandato de los electores sea un vehículo para la macrocorrupción institucional.

 

Ciudadanos, por consiguiente, se consolida como una opción socialdemócrata moderna: una que pretende combinar una economía de mercado medianamente funcional con un Estado fuertemente intervencionista a la hora de redistribuir la renta pero no a la hora de interferir torpemente en su creación originaria. Una socialdemocracia que huye del mercantilismo y que, al hacerlo, guarda puntos en común con el liberalismo pero sin ser propiamente liberalismo.

Nota: Esta semana se ha publicado #Ciudadanos. Deconstruyendo a Albert Rivera, donde se analiza el fenómeno de este partido político desde la perspectiva de diversos analistas entre los que tengo el placer de figurar.