Michael D. Tanner es Director del Proyecto del Cato Institute para la Privatización de la Seguridad Social.
En 2013, el New York Times reportó (en inglés) el caso de Carina, una madre danesa soltera de 36 años que había estado recibiendo prestaciones sociales desde los 16 años. Dinamarca desde hace mucho ha tenido uno de los sistemas de prestaciones sociales más generosos en Europa, y Carina fue capaz de recibir más de €2.300 al mes en beneficios, una cantidad que le permitía vivir relativamente cómoda y sin trabajar.
Un segundo beneficiario discutido en el artículo, Robert Nielsen, había sido mantenido por el Estado por más de una docena de años. Él no había intentado encontrar trabajo y no pretendía hacerlo. Como él dijo, “Afortunadamente, nací y vivo en Dinamarca, donde el gobierno está dispuesto a mantenerme”.
Un nuevo estudio del Instituto Cato (en inglés) sugiere que, en demasiados países europeos, estos podrían no ser casos aislados. Los beneficios sociales pueden ser tan altos, comparados con lo que un trabajador de poca calificación podría esperar ganar en una posición de nivel básico, que desalientan el trabajo.
Utilizando datos provistos por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el año 2013, observamos el caso de una típica madre soltera con dos niños en 23 países de la Unión Europea (UE), enfocándonos en cuatros beneficios de cuatro categorías amplias: asistencia social, asistencia para vivienda, beneficios para la familia y los niños, y créditos tributarios.
Esta madre hipotética podría recibir un total de beneficios equivalentes a más de €15.000 al año en nueve países. En seis países, los beneficios excedían €20.000 (Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, y el Reino Unido). De hecho, en Dinamarca, el país más generoso, el paquete de beneficios potenciales excedió €31.709. En nueve países, los beneficios sociales excedían el ingreso bruto del salario mínimo en ese país.
Las personas con ingresos bajos que participan en estos programas responden a los incentivos, como todas las demás personas. Cuando los niveles de los beneficios llegan a ser así de altos, pueden crear un importante desaliento al trabajo, especialmente considerando que alguien que abandone las prestaciones sociales por el trabajo no solo pierde beneficios, sino que también debe empezar a pagar impuestos e incurrir en otros costos asociados.
Los economistas muchas veces se preocupan acerca de las tasas impositivas marginales altas para los negocios o los ricos. Pero algunas de las tasas impositivas marginales más altas de hecho se aplican a una persona pobre que abandona las prestaciones sociales por un trabajo.
En Austria, Croacia, y Dinamarca, por ejemplo, la tasa tributaria marginal efectiva para alguien que deja las prestaciones sociales por el trabajo es cerca de 100 por ciento, lo que implica que una persona gana virtualmente ningún ingreso adicional por trabajar, luego de descontar los impuestos aumentados y los beneficios reducidos. En otros 15 países, los individuos se enfrentarían a un tasa tributaria marginal de más de un 50 por ciento.
Subiendo la escalera
Los desalientos al trabajo de esta magnitud son problemáticos por varias razones. Primero, erosionan la solidaridad social, al romper el contrato implícito con los beneficiarios de que ellos den los pasos que les permitirían volverse auto-suficientes lo más pronto posible. Dicho requisito no es simplemente una cuestión de sentimiento moral y reciprocidad. La percepción de que los beneficiarios están contentos viviendo de otros, precisa o no, es probable que socave el respaldo político al programa.
Segundo, dependiendo hasta qué grado los beneficios generosos fomentan que se salgan de la fuerza laboral a los que de otro modo serían capaces de trabajar, esto desacelera el crecimiento económico, haciendo que todos sean un poco más pobres.
Pero más importante todavía es que, si nuestro objetivo es en realidad ayudar a que los pobres escapen dejen de serlo, sabemos que el trabajo es una de las formas en que pueden lograr ese objetivo. En EE.UU., de la población en edad de trabajar, solo 2,7 por ciento de los trabajadores a tiempo completo durante todo el año eran pobres en 2013. Incluso el trabajo a tiempo parcial marca una diferencia significativa. Solo 17,5 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial eran pobres, comparado con 32,3 por ciento de los adultos en edad de trabajar que no trabajan.
La evidencia sugiere firmemente que una vez que los individuos se inician en un trabajo, incluso uno de nivel básico, ellos suben en la escalera de ingresos. Por lo tanto, el trabajo debería estar en el centro de cualquier política anti-pobreza. Ayudar a la mayor cantidad posible de personas a que se trasladen desde las prestaciones sociales hacia el trabajo reduciría la pobreza y aumentaría la movilidad económica. Aún así el nivel alto de los beneficios disponibles en muchos países de la UE mueve a los beneficiarios en la dirección exactamente contraria.
Afortunadamente, muchos países europeos, notablemente Croacia, Lituania, Irlanda, y el Reino Unido, han reconocido el problema y han empezado a reformar sus sistemas de bienestar para crear una mejor transición desde las prestaciones sociales hacia el trabajo. De hecho, varios países de la UE puede que estén haciendo más para reformar sus sistemas de prestaciones sociales que EE.UU.
Pero en gran medida, las naciones de al UE todavía se quedan cortas al momento de establecer una clara preferencia de política pública por el trabajo sobre las prestaciones sociales. Los países que realmente quieren reducir la dependencia de las prestaciones sociales y recompensar el trabajo deberían considerar fortalecer los requisitos de trabajo, establecer límites de tiempo a la participación, y endurecer los requisitos para calificar y poder recibir los beneficios.
Los países deberían examinar el nivel de los beneficios disponibles y las tasas impositivas marginales efectivas que sus sistemas de prestaciones sociales crean, con miras hacia reducir los desalientos al trabajo y fomentarlo.
Este artículo fue publicado originalmente en Politico Europe (Europa) el 28 de agosto de 2015.
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