El dinero invertido en las sicavs alcanzó en mayo un nuevo récord histórico en España: casi 36.000 millones de euros gestionados por unas 3.300 sociedades de inversión de capital variable. Desde los fatídicos ejercicios de 2011 y 2012, cuando nuestro país se halló al borde de la quiebra por la inepcia de PSOE y de PP a la hora de sanear las bases de nuestra economía, el patrimonio invertido en las sicavs se ha incrementado en un 50%, dando pábulo a la teoría de que los ricos no sólo se están volviendo cada vez más ricos durante esta crisis, sino que además disfrutan de un privilegiado régimen fiscal.
Las sicavs se han convertido en el paradigma de prebenda tributaria insolidaria para las clases acomodadas y en el símbolo de la gran reforma impositiva que todo gobierno progresista debe promover inmediatamente. Dado que, según reza el mito, los propietarios de una sicav apenas pagan unos impuestos del 1% sobre las plusvalías obtenidas a través de esa institución de inversión colectiva, resulta cuanto menos llamativo el contraste con los elevados impuestos que están soportando por las clases proletarias. ¿Acaso no existe una injustificable discriminación fiscal a favor de los ricos?
De entrada, es menester aclarar que, en caso de existir alguna discriminación fiscal, no sería a favor de los dueños de las sicavs, sino, en general, a favor de los partícipes en instituciones de inversión colectiva (IIC): todas ellas pagan un gravamen del 1% sobre sus beneficios. Dentro de las IIC no sólo entran las sicavs, sino los mucho más populares fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria: basta señalar que, si bien las sicavs alcanzaron un patrimonio de 36.000 millones de euros en mayo, el total de capital administrado por las instituciones de inversión colectiva se ubicó en 366.000 millones..., esto es, diez veces más que en las sicavs.
En este sentido, cualquier persona puede contratar un fondo de inversión y beneficiarse -en los mismos términos que la sicav- de la tributación por beneficios empresariales del 1%. Sí, repito: un fondo de inversión -de esos que intentan colocarnos los bancos junto con un juego de sartenes- tributa al mismo tipo ultraprivilegiado que las sicavs.
Demagogia con las sicavs
Entonces, ¿por qué quien ha contratado un fondo de inversión no tiene la sensación de estar pagando bajísimos impuestos? Pues porque cuando se desata la demagogia acerca de las sicavs se mezclan sin pudor alguno todos los impuestos que ésta está soportando.
Imaginemos que un señor monta una sicav y que esa sicav compra el 100% de las acciones de una compañía. Si esa sociedad mercantil gana 10 millones de euros, le tocará tributar por el Impuesto de Sociedades de la sociedad mercantil a alrededor de un 25%, de manera que los 10 millones de euros quedarán reducidos a 7,5 millones. Esos 7,5 millones serán ulteriormente distribuidos en dividendos a la sicav, por los cuales ésta sí pagará el 1% en concepto de Impuesto de Sociedades de la sicav, minorándolos por tanto hasta 7.425 millones de euros.
Pero cuando más adelante el dueño de la sicav quiera cobrar personalmente ese dividendo, deberá pagar cerca del 23% en IRPF (tipo general del ahorro), acortando la ganancia inicial de 10 millones de euros hasta los 5,72 millones. Es decir, el tipo efectivo que realmente estaría pagando este inversor, incluso utilizando como instrumento una sicav (o de un fondo de inversión, que tanto monta), sería del 42,8%. No estamos en un paraíso fiscal para el ahorro, sino un infierno fiscal.
La excepcionalidad, por consiguiente, se halla en que los intermediarios financieros, por el mero hecho de ser intermediarios, no deban pagar dos veces impuestos por los mismos conceptos (el beneficio empresarial o las rentas del ahorro). Ahora, imaginémonos que sí los forzamos a pagar dos veces: es decir, que los beneficios de las sicavs comienzan a tributar a, por ejemplo, el 25% de media. ¿Solventaríamos con ello nuestro gigantesco agujero presupuestario?
No: si el patrimonio de las sicavs es de 36.000 millones de euros, eso significa que sus beneficios anuales rondarán, en el mejor de los casos, los 1.800 millones de euros (estamos suponiendo una muy generosa tasa media de retorno del 5%). Hacer tributar esos 1.800 millones de euros al 25%, arrojaría una recaudación adicional para el fisco de 450 millones de euros al año: dado que nuestro déficit público actual es de 60.000 millones de euros, apenas serviría para cubrir el 0,75% del mismo. Y todo ello suponiendo que, en caso de subir la tributación de las sicavs al 25%, éstas no huirían en desbandada de España.
No: España no necesita seguir convirtiéndose en un infierno fiscal para el ahorro. Si es que existe alguna discriminación a favor de las sicavs, la solución no pasa por penalizar todavía más el ahorro, sino por extender ese régimen fiscal al resto de españoles: urge que cualquier persona pueda crearse su propia sicav sin límite de inversiones iniciales o de partícipes. Una sicav para todos que fomente el ahorro de todos: también de las clases medias. Esa es la reforma tributaria que ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos se atreverán a impulsar.
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