Una razón importante por la cual tantos gobiernos estatales y locales en los EE.UU. parecen estar en una perpetua situación de crisis financiera, con sus políticos constantemente planteándose esquemas para incrementar impuestos ocultos (y no tan ocultos), es que los mismos proveen la mayoría de sus así llamados “servicios” a través de monopolios gestionados por el propio gobierno y con sus empleados sindicados.Los sindicatos de empleados del gobierno tienen señaladamente más fuerza que sus homólogos del sector privado debido a que las entidades para las que trabajan son fundamentalmente monopolios. Cuando los empleados de una tienda de comestibles, por ejemplo, van a la huelga y consiguen paralizar la tienda o la cadena, los consumidores pueden comprar en otra parte, y la dirección es libre de contratar trabajadores de reemplazo. En contraste, cuando un sindicato de profesores de instituto o de conductores de camiones de recogida de la basura van a la huelga, no hay escuela o recogida de basura en tanto la huelga esté en marcha. Esto da al sindicato gubernamental un enorme poder de negociación en tanto que los responsables electos deben enfrentarse a las rabiosas quejas de los votantes acerca de la ausencia de escuela o de recogida de basura, viéndose muy presionados para ceder a las demandas del sindicato.
Además, los profesores de instituto a menudo acceden al estatuto funcionarial tras apenas dos o tres años y la regulación legislativa de dicho estatuto hace extremadamente costoso, si no imposible, contratar trabajadores de reemplazo. Por ello, cuando los burócratas del gobierno van a la huelga, tienen la posibilidad de bloquear indefinidamente el “sector” o industria en que trabajan. Esta es la razón principal por la cual los gastos de los gobiernos locales y estatales se han disparado en los últimos tiempos.
Durante décadas, los investigadores han observado que cuanto más dinero se ha gastado por alumno en las escuelas públicas, peor es el resultado de los estudiantes. Resultados similares son corrientes en todas las demás áreas del gobierno. Como una vez escribió el economista Milton Friedman, las burocracias gubernamentales –especialmente las sindicadas- son como agujeros negros económicos donde “inputs” crecientes (por ejemplo dinero gastado en los programas estatales) conducen a “outputs” decrecientes (esto es, nivel del alumnado, pobreza, etc.). Cuanto más se gasta en los institutos públicos menos educados resultan los estudiantes. Cuanto más se gasta en bienestar, más pobreza hay, y así sucesivamente. Ocurre exactamente lo contrario que en la vida económica normal del mercado libre a través de la cual incrementos en los inputs conducen a más y mejores productos y servicios, no menos.
En el gobierno no existe mecanismo de retroalimentación que recompense (con beneficios) las mejoras productivas y recortes de costes, ni que castigue (con pérdidas) los sobrecostes y la disminución de la calidad del producto o servicio, pues no existe en él beneficios ni costes en sentido contable. De hecho, los incentivos en el gobierno son perversos: en cuanto peor funcionan las burocracias gubernamentales, más dinero suelen conseguir del presupuesto, tras excusar su pobre rendimiento en la supuesta falta de medios económicos.
Existen múltiples estudios en la literatura económica que muestran que los burócratas del gobierno reciben salarios más altos y mejores ventajas adicionales que sus contrapartes igualmente educadas del sector privado. El enorme poder de los sindicatos de empleados gubernamentales transfieren la efectividad de la potestad para imponer impuestos desde los votantes a los sindicatos, lo cual es claramente no democrático. Debido a que pueden tan fácilmente forzar a los responsables electos a incrementar los impuestos para cubrir sus “demandas”, son ellos, y no los votantes, quienes controlan la tasa impositiva efectiva. Ellos son los beneficiarios de una peculiar forma de “imposición sin representación” (taxation without representation; lo cual no quiere decir que la imposición con representación sea mucho mejor). Esta es la razón que hace que algunos países tengan leyes que prohíben las huelgas de empleados públicos.
Los políticos se encuentran pillados en una trampa política por los sindicatos de empleados gubernamentales: si acceden a sus demandas salariales e incrementan los impuestos para financiarlas, entonces incrementan la probabilidad de no ser reelegidos en las siguientes elecciones por los enfadados contribuyentes. La “solución” a este dilema ha venido siendo ofrecer a los sindicatos incrementos salariales moderados pero con unas espectaculares promesas de pensión de jubilación. Esto permite a los políticos complacer a los sindicatos a la vez que retrasa los costes hacia el futuro, años después de haber ascendido a mayores responsabilidades o haberse retirado de la política.
Los sindicatos de empleados del gobiero suelen estar muchas veces menos interesados en el bienestar de sus miembros que en el del propio sindicato en cuanto organización. Los líderes sindicales muchas veces guían los sindicatos principalmente en su propio interés. Consecuentemente emplean la legislación sobre servicio público como herramienta para proteger el empleo de hasta el último burócrata, no importa cuan incompetente o negligente sea. Menos burócratas gubernamentales significan menos subvenciones a los sindicatos y una menor perspectiva de salarios extravagantes y de prebendas para los líderes sindicales. Esta es la razón por la cual los sindicatos de empleados gubernamentales siempre impugnan en los tribunales (o amenazan con ello) cualquier intento de despido de cualquier burócrata, a veces incluso de aquellos acusados de conducta criminal.
Despedir a un profesor de instituto incompetente, por ejemplo, puede llevar meses o años de enmarañamiento judicial. Los políticos hace tiempo que descubrieron que la estrategia más conveniente viene a ser recompensarle con un puesto administrativo mejor pagado, que el incompetente empleado aceptará encantado. Esto resuelve el problema de los padres que se quejan de que el profesor de matemáticas no enseña matemáticas a sus hijos, a la vez que evita el pleito que interpondría el sindicato. Esta es la razón por la cual las oficinas administrativas de los institutos aparecen monstruosamente infladas y ocupados sus puestos por profesores que no pueden enseñar pero a los que se les otorga la responsabilidad de “administrar” todo el sistema escolar. Ningún colegio privado podría sobrevivir bajo tan perverso sistema.
Los sindicatos de empleados públicos son también campeones de “featherbedding” –la venerada práctica sindical de forzar al empleador a contratar un número mayor de empleados que el necesario para hacer el trabajo. Si esto ocurriera en el sector privado, al haber competencia los mayores costes salariales harían a la empresa menos rentable o la haría quebrar. Nada de esto ocurre con los monopolios estatales. El “featherbedding” es una estrategia “win-win” para políticos y burócratas, pero una fuente de saqueo hacia los contribuyentes. El sindicato recolecta incluso más prebendas, mientras que los políticos consiguen crédito por haber generado más empleo a los afines. Los contribuyentes obtienen impuestos más elevados.
Cada sindicato de empleados del gobierno es una máquina política que protesta y presiona sin descanso por mayores impuestos, mayor gasto público, mayor empleo público (y featherbedding), y mayores promesas de pensiones, a la vez que demoniza a los contribuyentes indecisos como despreocupados enemigos de los niños, los ancianos, las viudas y huérfanos, los pobres, etc. Es el viejo truco que Frédéric Bastiat reflejó en su famoso libro La Ley. Los sindicatos dibujan a los proponentes de la privatización de las escuelas, por ejemplo, no como legitimados críticos de un sistema fallido, sino como si odiasen a los niños. Tratan a los críticos del estado del bienestar no como a personas preocupadas sobre la destrucción de los incentivos laborales y el daño a las familias, sino como si odiaran a los pobres.
Al permitir sindicarse, los monopolios regidos por el gobierno han convertido a los estadounidenses en siervos del gobierno, en vez de sus amos. Han proveído año tras año “servicios” de cada vez menor calidad por más y más dinero. Son un ejemplo de libro del fracaso del socialismo y deberían ser abolidos. Cualquier servicio que ellos provean para el que exista una demanda real puede ser proveído con superior calidad y menor coste por agentes privados en mercados competitivos.
Publicado originalmente el 24 de febrero de 2011. Traducido del inglés por Jorge Bueso Merino. El artículo original se encuentra aquí.
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