Un momento clave para la industria española de Defensa

 

Félix Arteaga

La industria de Defensa atraviesa un proceso de transformación. En España no tiene más remedio, porque la demanda interna está cayendo (un tercio, de 8.500 millones de euros en 2008 a 5.750 millones en 2014), se han reducido las inversiones en I+D+i (dos terceras partes, de 1.664 millones en 2008 a 507 en 2014, según datos de la Fundación Cotec) y crece la competencia internacional por los mercados emergentes. La situación en la Unión Europea es parecida, por lo que a partir de 2012 los Estados miembros decidieron movilizarse para contener la caída de un sector que genera un volumen anual de negocio de 197.300 millones de euros, de los cuales 20.000 se destinan a I+D, empleando 778.000 trabajadores en 3.000 compañías y 80.000 proveedores, siendo pymes en su mayoría. En ese contexto, se convocó un Consejo Europeo en diciembre de 2013 para poner en marcha medidas que ahora se revisarán en la cumbre que se celebra mañana y pasado (25 y 26 de junio de 2015).

Para reestructurar el sector, la Comisión Europea intenta liberalizar el mercado interno, acabar con las preferencias nacionales en las adjudicaciones, prohibir las compensaciones (offsets) y restringir mecanismos como las ventas Gobierno a Gobierno o los acuerdos internacionales que escapan al control del mercado interior. A cambio, intenta permitir el acceso de las tecnologías duales del sector a fondos de I+D (programa Horizon 2020 y Fondos Estructurales Europeos, destinados al desarrollo regional). Son propuestas en construcción, porque la Comisión no puede cuantificar ni garantizar el acceso a los fondos comunes, los Estados miembros siguen incumpliendo sus directivas para favorecer a las industrias nacionales y algunas de las medidas que se proponen favorecen más a los grandes países industriales. La Comisión, junto con la Agencia Europea de la Defensa, la Alta Representante y los Estados miembros están elaborando una acción preparatoria para financiar la I+D sobre tecnologías críticas de naturaleza dual, como la nanotecnología, microelectrónica o fotónica, que podría aprobarse en 2017 con un programa de financiación plurianual (2021-2027).

En segundo lugar, los Estados miembros desean asegurarse de que las cadenas de suministro no se interrumpan poniendo en peligro la operatividad de sus capacidades críticas, por lo que se está elaborando un régimen de seguridad de suministro aplicable a toda la UE, que podría estar listo en el primer trimestre de 2016. En tercer lugar, se está estudiando cómo ayudar a las pymes, facilitar la subcontratación, integrarlas en cadenas europeas de suministro, así como facilitar su acceso a fondos para I+D dual o su participación en el programa de competitividad de la Comisión para pymes (Cosme 2016-2020).

El sector industrial desearía que la UE elaborara una estrategia industrial para integrar al sector de la Defensa en el mercado único y poder beneficiarse de las políticas comunes. Por ejemplo, participando en la agenda para el crecimiento y la inversión de la Comisión Europea. También desearía que los gobiernos se comprometan a asignar el 10% de sus inversiones en defensa a I+D –el 20% de ellos a proyectos cooperativos–, dando prioridad a las tecnologías multiplicadoras y disruptivas. Algo difícil porque, a diferencia de la OTAN, donde los Jefes de Gobierno se comprometieron en la cumbre de Gales de 2014 a gastar más (hasta el 20% en capacidades), en la UE no existe ningún acuerdo sobre objetivos y distribución de inversiones. Tampoco han tenido éxito vías alternativas de financiación como los incentivos fiscales o algunos proyectos piloto de la Agenda Europea de Defensa que se están explorando.

Estrategia nacional
El Consejo Europeo de diciembre de 2013 cogió al sector industrial español en una situación difícil porque, además de una situación presupuestaria complicada, España no disponía de una visión de política industrial, no se habían catalogado las capacidades industriales y tecnológicas críticas a proteger por su carácter estratégico y no existía un interlocutor capaz de impulsar reformas en el sector. Desde entonces, se han tomado algunas decisiones, como asignar al Ministerio de Defensa, en colaboración con los Ministerios de Industria, Economía y Hacienda, la responsabilidad de la planificación, dirección, control y ejecución de las políticas necesarias para el fortalecimiento y consolidación del sector industrial de la defensa.

Para ello, el Ministerio de Defensa ya puede disponer del ejercicio de los derechos, salvo el económico, derivados de la participación estatal en empresas como Navantia, Indra o Airbus. El Ministerio es ahora interlocutor directo con el sector industrial de la defensa, para lo que ha reforzado la Dirección general de armamento y material, que depende de la Secretaría de Estado de Defensa, para centralizar la gestión de los programas de armamento y material, la política industrial, la de I+D+i y la de adquisiciones. Además, y desde mayo, el sector industrial ya conoce las tecnologías críticas para el Ministerio (9 áreas de conocimiento y unas 40 capacidades).

Al igual que ocurre en la UE, las medidas adoptadas ayudan, pero no resuelven los retos estructurales. España no dispone de una estrategia de política industrial ni de una estrategia para integrar en ella su industria de Defensa porque la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España de 2014, es solo una visión de un modelo industrial que no cuenta con objetivos, plazos ni presupuestos concretos. Sin ese marco general, las decisiones que el Ministerio está tomando tendrán un recorrido muy limitado. Contra lo acordado en Gales, no se podrá gastar más porque la situación socioeconómica no permitirá aumentar la demanda, pero sí se podría gastar mejor, reforzando la inversión en I+D de tecnologías duales y, sobre todo, canalizando fondos europeos para esas tecnologías y a las pymes hacia el sector industrial de la defensa, al igual que otras administraciones estatales y autonómicas canalizan fondos europeos hacia sectores como el automóvil, la energía o las comunicaciones. Si esos fondos nacionales y europeos para la I+D no llegan pronto, el sector industrial –y especialmente las pymes– perderán en muy pocos años el capital tecnológico actual, y el tejido industrial dejará de ser competitivo.

Lo que está en juego, según datos de la Asociación española de tecnologías de defensa, aeronáutica y espacio (Tedae), es el futuro de un sector que a día de hoy aporta el 5,5% del PIB industrial nacional, factura 13.000 millones de euros, exporta el 82% de su facturación, dedica a innovación el 10,5% de ella y emplea a 62.486 personas (el 40% de nivel superior y el 47% de alta cualificación técnica). El juego de la reestructuración está en marcha, pero no todos los jugadores juegan a las mismas cartas ni con la misma rapidez, por lo que habrá que estar atento a lo que se juega en la partida europea. Pero el Gobierno, las administraciones públicas, el sector y los sindicatos deberían mirar con más atención sus cartas, saber de qué deben descartarse y en qué momento envidar.

Félix Arteaga
Investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano | @rielcano