La regulación de los lobbies

Cuando estas instituciones no están reguladas y están formadas por ex altos cargos de la Administración Pública, caen en una actividad depredadora al margen de toda consideración ética

 

Jaime Rodríguez-Arana (*)

El problema de los lobbies es que su actividad, componentes y funcionamiento deben estar regulados con claridad. (Corbis)

 

El PP y Cs acaban de sellar un acuerdo de gobernabilidad en la Comunidad Autónoma de Madrid en el que se comprometen, entre otras medidas, a regular la actividad de los lobbies. Se trata de una iniciativa relevante que seguro será replicada en otras parte del territorio pues ciertamente estamos en presencia de una medida clásica de la lucha anticorrupción que se encuentra en cualquiera de los tratados y manuales sobre el tema y que, sin embargo, por estos lares, a pesar de necesaria, brillaba por su ausencia.

 

Recientemente, en abril de este año, Transparencia Internacional (TI) publicó un informe en el que estudiaba la actividad de los lobbies en diecinueve países y en tres instituciones europeas. Según la ONG internacional especializada en percepción de la corrupción, España es el quinto país que sale peor parado del informe. España, Italia y Portugal son los países dónde, en opinión de TI, las prácticas de lobby y los vínculos estrechos entre sector público y financiero se consideran más inseguras. Sólo nos superan en fragilidad y vulnerabilidad ante los lobbies Chipre, Hungría, Italia y, por cierto, y por algo será, el mismísimo Consejo de la Unión Europea.

 

A la cabeza de los países con mejor puntuación está Eslovenia, seguida de Lituania y de la Comisión Europea, que son los únicos que aprueban esta complicada asignatura. De los 19 países evaluados, en solo 7 hay regulación de lobbies, lo que demuestra la influencia sin limitaciones de los intereses comerciales en la vida cotidiana de los europeos.

 

En términos generales TI advierte en su informe titulado “El lobby en Europa: influencia encubierta y acceso privilegiado”, dado a conocer precisamente el 15 de abril de este año, que las iniciativas de reforma del sector financiero a nivel nacional y en el ámbito de la UE se han visto frustradas en gran parte a causa del intenso lobby desplegado en Europa precisamente por el sector financiero.

 

Parece que esta práctica de gestión de intereses gestada en la cultura anglosajona debe encontrar formas de regulación precisas también en España

 

El lobby o grupo de presión es un aspecto integral de toda democracia dinámica. El problema es que su actividad, componentes y funcionamiento deben estar regulados con claridad. Así se evitarían algunos sonados escándalos que se han producido por la falta de transparencia de estas organizaciones, muchas veces camufladas bajo otras formas.

 

En general, cuando estas instituciones no están reguladas y están formadas por ex altos cargos de la Administración pública que proceden de las puertas giratorias sin límites temporales prudentes, caen en una actividad depredadora al margen de toda consideración ética. Los grupos de presión están llamados a facilitar que el espacio público tenga presente la realidad y se abra al dinamismo social. Sin embargo, cuándo operan en la sombra, se dirigen a la busca y captura de los intereses públicos para entregarlos a determinados intereses privados, en un lamentable proceso de privatización que termina por socavar los más elementales principios de la ética pública y, sobre todo, de la primacía del interés general en que se basa toda democracia avanzada.

 

Lo público es, por esencia, transparente por la sencilla razón de que las instituciones públicas son del pueblo, no son ni de los políticos ni de los funcionarios

 

Los grupos de presión, si cumplen cabalmente su deber, insisto, pueden ayudar a que las decisiones públicas y las normas que se elaboran puedan recoger las aportaciones de determinadas versiones de la realidad que seguramente permitirían que lo público sea más cercano a la realidad social. Sin embargo, si los lobbies, los grupos de presión, campan a su aire sin reglas, sin normas que adecúen su actividad a la recta razón y al interés general, entonces, como en la selva, son utilizados por los desaprensivos para lanzarse a por lo público con el objetivo de dominarlo y gestionarlo según determinados intereses particulares. Por ello, parece que esta práctica de gestión de intereses gestada en la cultura anglosajona debe encontrar formas de regulación precisas también en España. Por lo que parece, la Comunidad de Madrid será pionera en la materia.

 

Es decir, es menester regular de una manera detallada, la actividad de estos grupos de presión, de manera que la transparencia y la rendición de cuentas sean dos de los principios que presidan la actuación de los lobbies. Transparencia para que sean conocidos los dirigentes de los lobbies y los intereses económicos y privados que patrocinan. También transparencia para que la gente pueda conocer las reuniones que mantienen con determinados diputados o miembros del poder ejecutivo o judicial, así como la financiación real de su actividad. Para ello nada mejor que anualmente los lobbies rindan cuentas económicas y cuentas de actividades con todo lujo de detalles. Y, como señala TI, que se ponga en práctica la llamada huella legislativa, de forma y manera que se pueda identificar el camino recorrido por una propuesta, incluyendo las aportaciones externas y los contactos entre grupos de presión y legisladores.

 

Lo público es, por esencia, transparente por la sencilla razón de que las instituciones públicas son del pueblo, no son ni de los políticos ni de los funcionarios. Por ello, las lógicas y hasta razonables relaciones que se han de producir entre lo público y lo privado deben ser conocidas. Cuando el secreto, la opacidad, o la falta de motivación de las decisiones públicas hacen acto de presencia entonces la corrupción está servida. Y si estas organizaciones operan en la sombra, no digamos. La transparencia, cuándo es real, es el mejor antídoto contra la corrupción. Vaya si lo es.

 

*Jaime Rodríguez-Arana es Catedrático de Derecho Administrativo y miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya.