El rescate de la banca costó otros 1.200 millones de déficit al Estado en 2014

 A pesar de que el rescate de la banca parece cosa del pasado, en 2014 costó otros 1.200 millones a los contribuyentes, que engrosaron el déficit público. La pérdida acumulada roza los 50.700 millones

Imagen de archivo de una de las sedes de Catalunya Caixa. (EFE)

Eduardo Segovia

 

Una cosa son las ayudas públicas a la banca (básicamente las cajas), cifradas en 61.495 millones por el Banco de España, y otra es la parte de esas ayudas que el Estado da por perdidas porque considera que no va a poder recuperar. Es el concepto "ayudas a instituciones financieras con efecto en el déficit público", que recoge la Intervención General del Estado (IGAE) en su web. Pues bien, todavía en 2014 –dos años después de que España pidiera el rescate de 41.000 millones a Europa– se dieron por perdidos otros 1.204 millones, lo que eleva el saldo acumulado de pérdidas hasta 50.698 millones.

 

Estas cantidades computan como déficit público puesto que son gastos para el Estado que se sufragan con dinero del contribuyente. Ahora bien, el Gobierno arrancó a Bruselas que no contara para calcular el exceso de déficit sobre el objetivo fijado por la Comisión Europea (lo que se conoce como procedimiento de déficit excesivo). Por tanto, no aparecen en el 5,8% oficial de déficit público en 2014, pero eso no significa que ese dinero no se tenga que pagar. Eso sí, si en el futuro el FROB consigue recuperar parte de lo que ha dado por perdido, ese exceso se considerará superávit público.

 

Sorprende que el rescate de la parte insolvente del sector financiero siga costando dinero a los ciudadanos, ya que el grueso del déficit (39.068 millones) fue consignado el año del rescate, 2012. Es más, en 2013 hubo otro reconocimiento de pérdidas de 4.897 millones (antes del rescate europeo, las ayudas del FROB habían supuesto un déficit de 392 millones en 2010 y de 5.137 en 2011).

Catalunya Banc, principal causa de las pérdidas

Sin embargo, así se recoge en la estimación inicial de la IGAE. ¿De dónde salen estos nuevos quebrantos? Según la información a la que ha tenido acceso El Confidencial, la mayor parte de esta pérdida –572 millones– corresponde a la ampliación de capital realizada por el FROB para devolver a Catalunya Banc por encima de los mínimos legales de solvencia tras rescatarla en 2012. Dicha ampliación tuvo un importe de 9.084 millones, pero hasta que no se completó el año pasado la venta de la entidad a BBVA no se ha podido determinar la pérdida definitiva que supone para las arcas públicas. El banco que preside Francisco González ha pagado unos 1.165 millones, ya que los 1.187 ofrecidos podían ser minorados en función de una serie de garantías suscritas con el FROB.

Estas cantidades computan como déficit público puesto que son gastos para el Estado que se sufragan con dinero del contribuyente

Por detrás aparece Ceiss (la antigua Caja España-Duero) con 205 millones. En el caso de Ceiss, el FROB concedió a Braulio Medel, presidente de Unicaja, toda clase de prebendas y garantías para que adquiriera la entidad castellanoleonesa y no tuviera que nacionalizarla. Entre esos compromisos se incluyen hasta 241 millones para cubrir el posible déficit de capital provocado por las demandas de los preferentistas de Ceiss que no acudieron al canje por acciones de Unicaja, y otros 200 para el llamado 'riesgo Sareb'.

Escotet, Fainé y Menéndez se llevan su pellizco

Otros 165 millones de pérdida son atribuibles a CaixaBank, que compró Banco de Valencia con un generosísimo esquema de protección de activos (EPA) e inyecciones de capital por un máximo de 9.850 millones, que le compensó también por los sinsabores de haber absorbido la inviable Banca Cívica sin ayudas públicas. Novagalicia, vendida al venezolano Banesco de Juan Carlos Escotet por 1.003 millones y ahora renombrada como Abanca, es la causa de otra pérdida de 161 millones que se supone que faltaba por imputar de 2013. Como se recordará, la venta de la fusión de las cajas gallegas supuso un quebranto total para el erario público de 8.550 millones.

Isidre Fainé, presidente de la Caixa. (EFE)

Finalmente, el EPA con que se vendió CCM (Caja Castilla-La Mancha) a Cajastur (presidida por Manuel Menéndez y hoy integrada en Liberbank) en 2009 sigue costando dinero al contribuyente: 101 millones en 2014, según estas cuentas. Dicha garantía también fue muy generosa, 2.475 millones, para zanjar a toda velocidad el problema –el Banco de España pensaba que no iban a quebrar más entidades–, en un proceso tan chapucero que provocó la creación del FROB.
En estos déficits se mezclan tanto ayudas concedidas por el FROB (el fondo público de rescate) como las garantías e inyecciones a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), propiedad de las entidades que operan en España, cuyo dinero en casos como el de CAM (vendida al Sabadell) o Unnim (al BBVA). El Gobierno socialista, primero, y el popular, después, acudieron a este instrumento precisamente para que las ayudas públicas no computaran como déficit público. Sin embargo, Bruselas las consideró también ayudas de Estado ya que, en caso de insuficiencia del FGD para hacer frente a sus compromisos, el Estado se hará cargo de los mismos.