ECORY: PENSAMIENTO ECONÓMICO Y POLÍTICO (ANALIZANDO BUENOS ARTÍCULOS Y VÍDEOS)
domingo, 31 de mayo de 2015
El irremplazable papel del capitalista
Juan Ramón Rallo@juanrallo
La literatura marxista ha divulgado la idea de que el valor de cambio procede del trabajo y que, por tanto, es imposible que el capitalista genere valor sin trabajar. Siendo así, sus ganancias sólo podrán proceder de una apropiación del valor que sí generan sus alienados trabajadores: dado que el capitalista posee el control exclusivo de los medios de producción, es capaz de no remunerar a los proletarios por toda la jornada durante la que están generando valor. Es decir, el capitalista explota a los trabajadores arrebatándoles el plusvalor.
Sucede que la premisa de partida es errónea: la actividad económica del capitalista sí genera valor y su rol no puede ser simplemente eliminado. Si elimináramos a los capitalistas, alguien debería concentrar todas las funciones que hoy desempeñan, y ese alguien sería quien merecería la remuneración (plusvalor) que actualmente obtienen ellos. Pongamos un ejemplo intuitivo para comprenderlo.
Incluso aunque todos los sujetos gozaran de idéntico poder negociador, necesariamente tendería a haber incrementos patrimoniales entre algunas personas y mermas patrimoniales entre otras
Un mundo de pequeñoburgueses
Supongamos que vivimos en una sociedad donde todas las personas son trabajadores autónomos (no existe trabajo asalariado) y todos ellos cuentan con unos medios de producción valorados en 100.000 euros (a saber, cuentan con tierras, edificios, maquinaria o materias primas valorados en 100.000 euros y adaptados a la actividad profesional que realizan). La distribución de la riqueza es perfectamente igualitaria en esta sociedad, de manera que ni existen grandes capitalistas acaparadores ni tampoco desposeídos que se vean obligados a vender su fuerza de trabajo: simplemente existe división del trabajo en el sentido de que cada persona se especializa en producir unos pocos bienes que, ulteriormente, intercambio por los bienes que han producido otros autónomos.
¿Acaso con este conjunto de condiciones habríamos alcanzado un equilibrio económico estable donde la plusvalía y el trabajo asalariado fueran inexistentes? No. Incluso aunque todos los sujetos gozaran de idéntico poder negociador, aun cuando nadie obtuviera beneficios en un comienzo y aun cuando nadie recurriera a la violencia, necesariamente tendería a haber incrementos patrimoniales entre algunas personas y mermas patrimoniales entre otras.
Empecemos por constatar el hecho de que, para mantener el patrimonio, es necesario reinvertir recurrentemente una porción de nuestros ingresos: los inmuebles se deprecian, las máquinas se estropean, las tierras deben ararse y abonarse, etc. Es decir, no todos los bienes que se adquieren a otros productores pueden ser bienes de consumo, también es necesario adquirir bienes de capital a costa de ver reducidas nuestras posibilidades de consumo: para ello, pues, cada autónomo deberá ahorrar una parte de lo que ingresa y dedicarlo a la renovación de su propio equipo de capital. En tal caso, nos encontraremos con tres grandes grupos de personas: aquellas que ahorran estrictamente lo necesario para reponer su capital; aquellas que ahorran más de lo estrictamente necesario y aquellas que ahorran menos de lo necesario. El primer grupo de personas logrará conservar su capital. El segundo grupo tenderá a incrementar su capital (dispondrá de un mayor número de bienes de capital con los que será capaz de fabricar una mayor cantidad de bienes de consumo en el futuro). Y el tercer grupo verá cómo su patrimonio se hunde (las máquinas se estropearán y no se habrán repuesto, las tierras perderán su fertilidad, los inmuebles dejarán de ser funcionales, etc.). Es más, podría haber personas que tuvieran un deseo tan apremiante de consumir ahora y tan pocas ganas de ahorrar para el futuro, que optaran por vender su patrimonio a otros individuos, los cuales se lo comprarían merced al ahorro de una mayor parte de sus rentas (es decir, unas personas consumirían mucho hoy a costa de desprenderse de su capital; otros incrementarían su capital a costa de consumir muy poco hoy).
La verdadera fuerza que explica los grandes movimientos patrimoniales no son las distintas predisposiciones a ahorrar o a consumir, sino el acierto o el error con el que se reinvierte el capital
Parece claro que, únicamente por esta razón, ya podrían darse muy profundos movimientos patrimoniales que llevaran a algunas personas a desprenderse de todo su capital y verse empujado en el futuro a tener que trabajar para otras personas que sí han mantenido o incrementado su capital. Pero la verdadera fuerza que explica los grandes movimientos patrimoniales no son las distintas predisposiciones a ahorrar o a consumir, sino el acierto o el error con el que se reinvierte el capital. Y es que, como ya hemos indicado, cada persona con un patrimonio debería seguir reinvirtiendo en él conforme sus activos se vayan deteriorando con el paso del tiempo. Ahora bien, estas decisiones de reinversión no son automáticas: cuando uno reinvierte ha de decidir en qué reinvierte y, al hacerlo, puede acertar (incluso acertar extraordinariamente) o equivocarse (también equivocarse estrepitosamente).
Así, en una economía caracterizada por la división del trabajo y los intercambios voluntarios, una de las tareas más complicadas que existe es justamente la de seleccionar los proyectos de inversión exitosos: no sabemos qué producir ni cuál es la mejor forma de hacerlo (de hecho, la respuesta a estas preguntas está continuamente cambiado, según se modifican las preferencias de la gente o el conocimiento de las técnicas disponibles) y, por tanto, es necesario dedicar ingentes recursos intelectuales a averiguarlo. Si en los años 90 una persona se hubiese empeñado en producir en su empresa máquinas de escribir (o actualmente móviles que no fueran smartphones, o cámaras analógicas, o navegadores de internet que no se adaptaran a las exigencias crecientes de los usuarios…) y hubiese seguido reinvirtiendo sus ingresos en mantener ese modelo negocio, hoy estaría arruinada: sus activos específicamente usables en la producción de máquinas de escribir no valdrían para nada. Por el contrario, si una persona reinvierte su capital de un modo cada vez más acertado y sus productos van concentrando una creciente demanda del público sin que otros productores sean capaces de emularlo a la hora de fabricar bienes tan valorados, su capital puede ir multiplicándose aun cuando partiera de una estricta posición de igualdad con el resto de empresarios (de hecho, aquellos bienes de otros productores que sean vistos como total o parcialmente sustitutivos verán caer su demanda y el capital de esos productores menos competitivos perderá su valor).
Ford Modelo "T " en exhibición. Seattle, junio de 1909, de Frank H. Nowell
Nuevamente, pues, nos topamos con otro motivo que explica por qué unas personas pueden sobrecapitalizarse y otras descapitalizarse, llevando a las segundas a tener que trabajar dentro de los planes empresariales de los primeros (al menos, hasta que ahorren de su salario un capital suficiente como para volver a ser productores autónomos). Pero existe un tercer motivo, en parte derivado del anterior, que explica cómo podría desigualarse el patrimonio de las personas: ya hemos visto que a la hora de seleccionar dónde debe uno especializarse, se está incurriendo en un riesgo de pérdida patrimonial muy considerable. Ahora bien, no todos los planes de negocio son igual de arriesgados: existen sectores cuyos patrones de demanda o cuyas técnicas productivas son mucho más estables y previsibles que otros. No es lo mismo, por ejemplo, un restaurante de barrio con una clientela muy fiel que una start-up biotecnológica. Pues bien, aquellos sectores menos arriesgados tienden a ser los preferidos por los inversores adversos al riesgo: casi todos desean invertir en ellos, de modo que la competencia es muy intensa e inevitablemente los precios se igualan con sus costes. Ahora bien, existen otros sectores mucho más arriesgados donde, justamente por ello, la competencia es casi inexistente y donde, en consecuencia, los productores exitosos sí pueden cobrar precios más elevados que sus costes: es decir, donde pueden obtenerse beneficios (y donde los productores no exitosos acumulan pérdidas y se quedan sin capital).
De la misma manera que las predisposiciones a ahorrar de todas las personas no son la misma, tampoco las predisposiciones a asumir riesgos sean idénticas
Resulta bastante probable que, de la misma manera que las predisposiciones a ahorrar de todas las personas no son la misma, tampoco las predisposiciones a asumir riesgos sean idénticas, de manera que quienes tengan éxito en los sectores más arriesgados, irán viendo cómo su capital crece mucho más rápido que quienes prefieran el confort de los sectores menos arriesgados. Es más, podría haber personas tan adversas al riesgo que optaran por vender todo su patrimonio no para consumirlo, sino para invertir diversificadamente en una variedad de empresas muy poco arriesgadas: “diversificación + poco riesgo” implica que las probabilidades de pérdida patrimonial serán casi nulas, pero a cambio de esa seguridad las rentas que podrán obtenerse de tales inversiones también lo serán. Es decir, puede haber personas que, a cambio de no ver su patrimonio expuesto al riesgo de selección de malos proyectos, opten por renunciar a gestionar su propio patrimonio incluso aunque no obtengan ninguna renta a cambio de esa renuncia. Esas personas también se convertirían inevitablemente en trabajadores asalariados: dado que han colocado su patrimonio en una forma no generadora de renta (el equivalente a si hubieran guardado su dinero debajo del colchón), si quieren obtener ingresos tendrán que trabajar por ellos dentro del plan empresarial de otros capitalistas.
Las tres funciones claves del capitalista
A la vista de este ejemplo, creo que es fácil inferir cuáles son las tres funciones económicas valiosas que desempeña todo capitalista. Tal como explico en mi nuevo libro Contra la renta básica, éstas son: diferimiento de su consumo para financiar inversiones, selección de proyectos de inversión exitosos y concentración patrimonial de riesgos. Dicho de otro modo, el trabajador, a diferencia del capitalista, puede consumir el 100% de sus ingresos, no necesita dedicar nada de su tiempo a juzgar el acierto o desacierto de la línea de negocio en la que está ocupado y en caso de que quiebre la unidad productiva en la que trabaja, pierde su empleo pero no su patrimonio (imaginen qué sucedería si cada vez que quiebra la empresa donde uno trabaja, también perdiera el dinero ahorrado en su cuenta corriente o incluso su casa totalmente pagada).
Evidentemente, la función económica desempeñada por el capitalista es costosa y valiosa: tiene valor que sea él quien retrase su consumo para financiar una actividad, que sea él quien dedique su tiempo y esfuerzos a evaluar proyectos empresariales, que sea él quien concentre los riesgos de las inversiones. Si esas actividades no tuvieran valor y el capitalista no pudiera “cobrar” por ellas, tampoco tendrían valor y tampoco podría cobrarse por las siguientes actividades: una persona renuncia a ir de vacaciones a su segunda residencia a cambio de que un desconocido se la alquile durante un par de semanas (diferimiento del consumo); un arquitecto diseña una vivienda de una forma más funcional y barata que aquella que originalmente le habían encargado sus dueños (selección creativa de proyectos); una persona acepta asegurar el coche de otra persona contra accidentes (concentración patrimonial de riesgos). Si estas tres actividades con respecto a los bienes de consumo son valiosas y merecen remuneración, estas mismas tres actividades con respecto a los bienes de capital también serán valiosos y merecerán remuneración: y esa remuneración es lo que el marxismo llama “plusvalor” fruto de la explotación capitalista.
Más bien al contrario: si el capitalista estuviera obligado a prestar esas actividades valiosas y se le prohibiera cobrar por ellas, el explotado sería él.
Karl Marx en 1875.
El socialismo también le extrae el plusvalor al trabajador
Como hemos visto, el plusvalor no es más que el cobro legítimo por tres actividades valiosas desempeñadas por los capitalistas. Ahora bien, uno podría plantearse, ¿acaso si socializáramos los medios de producción no nos podríamos ahorrar todos esos costes y ampliar los salarios de los trabajadores?
Bajo el socialismo, es el conjunto de trabajadores los que deben asumir en sus propias carnes el coste de esas tres actividades. Son ellos los que deben ahorrar forzosamente; son ellos los que han de soportar el riesgo patrimonial de equivocarse (la socialización de riesgos es completa); y son ellos los que tienen que pagar forzosamente a los burócratas encargados de seleccionar proyectos productivos.
El propio Marx, en su Crítica al Programa de Gotha, rechazaba que en una sociedad socialista el trabajador vaya a recibir “el fruto íntegro de su trabajo”
El propio Marx, en su Crítica al Programa de Gotha, rechazaba que en una sociedad socialista el trabajador vaya a recibir “el fruto íntegro de su trabajo”. Al contrario, Marx pensaba que del fruto íntegro del trabajo era necesario restar: “primero: una parte para reponer los medios de producción consumidos; segundo: una parte suplementaria para ampliar la producción; tercero: el fondo de reserva o de seguro contra accidentes, trastornos debidos a fenómenos naturales, etc.”. Asimismo, del fruto íntegro del trabajo hay que deducir: “los gastos generales de administración, no concernientes a la producción.” Es decir, Marx pretende que sea la colectividad de trabajadores los que ahorren (reponer los medios de producción e invertir para ampliar la producción), los que soporten el coste íntegro de los riesgo (fondo de reserva) y los que abonen el salario a los burócratas escogidos por el Politburó (gastos generales de planificación). ¿Qué sentido tiene este tipo de imposiciones generales e indiscriminadas? ¿Por qué los trabajadores que valoren más el consumo presente no pueden pagarle una comisión (plusvalor) a otra persona para que sea él la que ahorre una mayor parte del fruto íntegro de su trabajo para reponer el capital? ¿Por qué, asimismo, no pueden pagarle otra pequeña comisión (plusvalor) a otra persona para que sea esa la que centralice los riesgos derivados de los desastres naturales? ¿Y por qué no pueden ser ellos los que escojan a qué burócrata selector de proyectos pagarle por esa tarea intelectual (plusvalor)?
Las funciones del capitalista son irremplazables: si no las desempeña él, deberá desempeñarlas (y cobrarlas) otro. Para mucha gente, el coste de desempeñarlas puede ser mayor que el precio a pagar para que las desempeñe otro. ¿Por qué impedírselo? Al igual que si se nos rompe una cañería en casa podemos optar por contratar a un fontanero (se lleva parte de nuestros ingresos) o por repararla nosotros mismos (nos quedamos con la integridad de nuestros ingresos), para hacer frente a las condiciones, los riesgos y las dificultades de una economía caracterizada por la división del trabajo podemos dejarnos “explotar” por un capitalista o convertirnos en “autónomos autoexplotados”. Lo que no podemos hacer es contratar al fontanero y no pagarle, es decir, ser autónomos heteroexplotadores: a eso se reduce la vana ensoñación de muchos de los críticos de la explotación capitalista.
La pelea 'entre dos aguas' de Tsipras
No sólo pelea con Bruselas, si no con su propia coalición
El primer ministro griego Alexis Tsipras, en una intervención en el congreso de Syriza. REUTERS
HÉCTOR ESTEPA
Alexis Tsipras accedió al cargo de primer ministro con la intención de echar un pulso a Europa y al FMI. Formó gobierno en apenas unas horas. Se alió con Anel, un pequeño partido de derecha nacionalista. Fue entonces cuando comenzó el desafío, ayudado por su ministro de Finanzas, Yanis Varufakis: en apenas unos días le había dicho a la Troika que no era interlocutora válida y llegó a rechazar los 7.200 millones de euros restantes de los rescates.
Bruselas reaccionó, restringiendo la financiación helena por medio del BCE, manteniendo tan sólo una línea de emergencia para los bancos del país. Aquellos tensos días acabaron con el acuerdo del 20 de febrero por el que se extendía el rescate hasta finales de junio y el desbloqueo del dinero, que Atenas no despreció, se supeditaría a la aprobación de medidas concretas. Tsipras consiguió, además, cambiar el término de la Troika por el de "las instituciones", como un símbolo de cambio.
De eso hace ya más de tres meses y todavía no hay acuerdo sobre las reformas del país. El Gobierno ha hecho concesiones para avanzar. Por el camino también se ha desgastado la figura de Varufakis, muy criticado por sus socios europeos y señalado también por parte de Syriza, según los medios helenos. Perdió poder político tras una reestructuración de los equipos de negociación.
La estrategia negociadora de Tsipras contaba en febrero con elapoyo del 72% de los helenos, según un estudio de la Universidad de Macedonia. Hoy sólo la apoya el 35%.
Un 45% destaca, por otro lado, que la estrategia "no es estable". A veces es buena, y a veces no: "La gente se está comenzando a dar cuenta de que la Troika sólo ha cambiado de nombre y probablemente sospecha que el mismo juego de palabras está ocurriendo en otros campos", comenta a MERCADOS la socióloga Ioanna Kaftanzoglou, de la Universidad de Atenas.
"La impaciencia y la insatisfacción se están abriendo paso. No ha habido subidas en pensiones ni en el salario mínimo, ni se ha cancelado el impuesto sobre la propiedad", subraya. Lasmanifestaciones han vuelto poco a poco a las calles de la capital.
Ese desgaste no parece notarse, sin embargo, en algunas encuestas de intención de voto. Syriza ganaría las elecciones con el 48,5% de los apoyos -consiguió el 36,3% en enero- comparado con el 21% de Nueva Democracia, según una encuesta de Public Issue realizada a mediados de mayo. El 54% de los griegos apoyan cómo el Gobierno está llevando las negociaciones, según ese sondeo.
La oposición no debería quitarle el sueño a Tsipras. Sí estará más preocupado por el ala más izquierdista de su partido, liderada por el ministro de Energía, Panayiotis Lafazanis: "Las voces contradictorias en Syriza están confundiendo a la gente", expone Philip Jrisopulos, analista de Greek Reporter. "Hay miedo a una bancarrota, mientras varios miembros del Ejecutivo están pidiendo una ruptura con Europa y una vuelta al dracma", abunda. Tsipras no lucha sólo para convencer a sus acreedores, sino también a losmiembros de su propio partido. La relación con sus socios de Gobierno parece, en cambio, estable, aunque ya se han dado desavenencias en temas no económicos, como en la construcción de una mezquita en Atenas, apoyada por Syriza y contra la que podría votar Anel.
La economía, al mismo tiempo, se está deteriorando: "Hay pensionistas y funcionarios que temen no poder recibir su sueldoel mes que viene", apunta Jrisopulos. El país ha vuelto a la recesión, ha recaudado 884 millones menos de lo previsto hasta abril y ha visto cómo los depósitos bancarios han descendido a niveles de 2004. De ahí la impaciencia de parte de la población
Adiós capital, adiós empleo
CARLOS CUESTA
No es la primera vez que se grita el «sí se puede». Ni será la última vez que se arroje la frase al resto de ciudadanos, como si no creer en promesas suicidas fuese delito. Y no lo será, pese a que los defensores del populismo nunca jamás han calculado previamente los efectos de sus promesas. Ni han admitido a posteriori el desastre económico y social originado. Quienes hoy vuelan sobre nuestras ciudades montados en las alfombras de la utopía aseguran haber aprendido de Venezuela. Pero ¿qué es lo que han visto allí?
La historia reciente de aquel país no es ningún calco de la nuestra. Pero sí tiene puntos en común. Porque la Venezuela de finales de los 90 era un país cosido a corrupción, con partidos desacreditados y dificultades económicas y sociales. Con grados y motivos distintos a los nuestros, cierto. Pero no tan lejanos en su génesis. Y claro que se puede aprender de lo ocurrido allí. Para evitarlo con todas las fuerzas. Venezuela era y es una de las potencias petroleras con mayores reservas del mundo. Uno de los centros que debería haber atraído capital extranjero con total facilidad. Y así lo debió creer Chávez cuando decidió manosear el sector energético y establecer un férreo control de cambios allá por 2003. 'Yo controlo las fuentes de riqueza y el resto de empresarios ni se mueven' debió pensar. Pero obviamente ocurrió lo contrario.
Chávez limitó la libertad de empresa, la salida de dividendos y hasta los precios finales. Exactamente igual que hoy reclama el populismo en España. Incrementó el crédito público, forzó a la banca privada a seguir su ejemplo y paralizó inversiones 'neoliberales', tal y como hoy piden los seguidores de Podemos. Y, todo, con el objetivo de suavizar el coste de los productos básicos y evitar la salida de dólares, los mismos que hoy gritan algunos de nuestros recién elegidos cargos. Pero Chávez logró exactamente lo contrario. Mientras que en Venezuela ingresaron entre 1998 y 2012 cerca de 14.000 millones de dólares, Colombia recibió 64.000 millones, Perú 66.000 millones y Brasil 405.000 millones. Y mientras que otras economías vecinas lograban pelear contra la fuga de capitales, Venezuela registraba en esos 14 años una salida de capitales de 177.500 millones. ¿No lo recuerdan nuestros genios de la promesa? ¿O es que todo daño vale con tal de cumplir su sectario sueño de poder?
Grecia, en busca del tiempo perdido
CRISIS HELENA
Los últimos seis meses han empobrecido aún más a los ciudadanos
Grecia, en busca del tiempo perdido
La economía griega ha sufrido una contracción que costará mucho recuperar
Desde diciembre, la Bolsa ha caído un 20% y la prima ha vuelto a superar los 1.000 puntos
DANIEL VIAÑA
Una caída del ASE, el principal índice de la Bolsa de Atenas, de más del 20%; una prima de riesgo que vuelve a superar los 1.000 puntos básicos y que alcanzó los 1.300 enteros en el mes de abril; las agencias de calificación hundiendo aún más en el bono basura el rating soberano; y una fuga de depósitos superior al 15% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Todos estos acontecimientos son una buena muestra de lo que ha sufrido la economía de Grecia desde que el pasado mes de diciembre, el entonces presidente del país, Antonis Samaras,convocó elecciones presidenciales. Aquella decisión desencadenó la peor sesión bursátil en Atenas desde 1987, ya que el mercado descontó lo que posteriormente ocurriría: Samaras perdió su órdago, Syriza ganó los comicios generales que se celebraron en enero y las conversaciones con los acreedores del país se enquistaron.
De aquello hace ya seis meses, un periodo en el que los indicadores económicos del país se han deteriorado de tal manera que se teme que haya sido un semestre perdido. Un ejemplo evidente y notorio son las previsiones que realiza la propia Comisión Europea (CE). El 5 de febrero, cuando Eurostat publicó sus datos de febrero, Bruselas esperaba que la economía helena creciera un 2,5% durante el presente año; tres meses después, en las previsiones de primavera, la cifra era apenas de un 0,5%. Y además, las proyecciones de déficit, deuda y paro empeoraron y las buenas cifras que se esperaban para el próximo ejercicio también se rebajaron sensiblemente.
"Es totalmente un semestre perdido, se ha generado una situación de incertidumbre absoluta e injustificable que ha provocado unaintensa fuga de capital que sólo se ha podido paliar gracias a la ayuda del Banco Central Europeo (BCE)", apunta Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana. "Es un tiempo irrecuperable, en el que se han cancelado proyectos y se ha hundido la actividad económica, de manera que se ha llegado, incluso, a retroceder", añade Rallo.
La banca se desploma
Uno de los sectores que más ha sufrido esta convulsa situación ha sido el bancario, con caídas bursátiles que en el caso de Piraeus Bank sobrepasan el 40% en 2015, mientras que Alpha Bank o National Bank of Greece han perdido entre un 20% y un 30%. Y es que los más de 28.000 millones que han salido de un país cuyo PIB apenas alcanza los 182.000 millones, unidos a la paralización de gran parte de la actividad forman un lastre demasiado pesado. Ante este complicado panorama, Fitch decidió el pasado mes de abril degradar la calificación de los cuatro principales bancos del país (los citados más Eurobank) hasta B-, esto es, seis escalones por debajo del bono basura. La decisión reflejó que el riesgo de quiebra es una "posibilidad real" ante las presiones de liquidez, solvencia y financiación a las que se enfrentan las entidades, apuntó la agencia en el informe en el que explicaba de su decisión, a lo que añadió que el entorno doméstico era (y sigue siendo) "excepcionalmente complicado", y que podía producirse un deterioro en la calidad de los préstamos.
La deuda, como ya se ha apuntado, también ha padecido en primera persona las dificultades de los últimos meses. Además del fuerte repunte de la prima, los bonos a 2 años cotizan en niveles propios de una economía sobre la que se cierne el riesgo de impago. En concreto, el interés ofrecido por esta referencia en el mercado secundario supera holgadamente el 20%, cuando en España, por ejemplo, apenas están llega al 0,2%. De esta manera, la curva de tipos de Grecia se ha invertido, ofreciendo mayor interés a corto que a largo plazo, lo que entre los economistas y analistas se entiende como otra muestra más del riesgo de default.
A todo ello hay que sumar las tensiones generadas cada vez que el país se ha aproximado a uno de los pagos que ha tenido que realizar al Fondo Monetario Internacional, que desataban los rumores de un posible impago e incrementaban el nerviosismo en los mercados. A este respecto, el cordón sanitario que Mario Draghi desplegó en forma de programa de compra de deuda ha sostenido los episodios de contagio al resto de economía europeas. Así JP Morgan asegura que "la correlación entre los movimientos de la prima de riesgo griega y las de otras economías periféricas como España e Italia ha sido escasa o nula". Sin embargo, la propia entidad reconocía en un documento distribuido este mismo mes que "últimamente hemos observado signos de contagio".
Tampoco resulta nada desdeñable el impacto que ha sufrido Grecia en su ya debilitada credibilidad. Las numerosas ocasiones en las que ha adelantado un acuerdo sin que éste existiera, ha hecho que los inversores duden aún más de un país que hace mucho tiempo hizo de la cuerda floja su hábitat.
El imperio global del maíz mexicano
DAVID MARCIAL PÉREZ
Gruma es el rey del "nixtamal" y sus marcas llegan a 113 países de cuatro continentes
En náhuatl, la lengua del pueblo indígena mexica, la palabra nixtamal significa polvos de cal y masa de maíz cocido. Así es la mezcla que desde hace más de 5.000 años convierte los granos de maíz en harina, la base de la pirámide alimenticia en gran parte de Latinoamérica. Y esta fórmula ancestral es también, trasladada a la lógica industrial, el origen del éxito de Gruma, una empresa mexicana que pasó de tener una pequeña planta nixtamalizadora al norte del país, a convertirse en la multinacional líder de su sector con presencia en 113 países, cuatro continentes, más de 20.000 empleados y una facturación el año pasado de 835 millones de dólares.
Tortillas, tamales, humitas, arepas. Todas son criaturas de harina de maíz, una materia prima en la que Roberto González Barrera, hijo de una familia de pequeños propietarios del Estado mexicano de Nuevo León, se sumergió a finales de la década de los cuarenta. El resultado de pasar la receta por la fábrica fue la creación de la marca de harinas Maseca, hoy día la más popular en México. La primera aventura internacional, a mediados de los 70, fue a Costa Rica, donde además de la producción, pusieron en marcha toda una cadena de logística y distribución. Antes de terminar la década ya habían aterrizado en EE UU, concretamente en California y Texas, antiguo territorio mexicano y ya entonces destino de millones de emigrantes. El vecino del norte, donde hoy viven más de 50 millones de latinoamericanos, supuso el año pasado cerca de la mitad de la facturación y del Ebitda (130 millones de dólares). Ambos apartados crecieron un 5% y 9% respectivamente el año pasado.
La expansión siguió por Centroamérica (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua) y bajó hasta Venezuela. A mediados de los noventa las acciones de Gruma ya rodaban por el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE), siguiendo los pasos del mercado de valores en México (BMV). Al cierre de 2014, las acciones de Gruma registraron el mejor rendimiento anual de entre todos los títulos de la Bolsa mexicana, al acumular una subida del 54,6%. El avance en los últimos cuatro años y medio es aún más vigoroso: un 786% desde comienzos de 2011 hasta finales de marzo. La capitalización bursátil de la compañía es de 5.600 millones de dólares.
Los resultados del año pasado le han valido los elogios de los analistas internacionales. Recientemente, la calificadora Standard & Poor’s aupó su calificación crediticia. Mucha incidencia han tenido dos factores externos: la bajada del precio del maíz (más de un 30% en los últimos dos años) y la apreciación del dólar desde que a finales del año pasado la Reserva Federal abriera la puerta a una subida de tipos.
Pero la buena senda es, además, resultado de un cambio en la dirección y en la gestión de la empresa. La muerte en 2012 del fundador de Gruma y patriarca de la familia, Roberto González Barrera, supuso un cambio de paradigma. Bajo el mando de Don Maseco, como era popularmente conocido, el maíz americano viajó al Reino Unido, que se convertiría en la pasarela de entrada a Europa. La empresa apostó entonces por modalidades muy del gusto anglosajón como la pita, el naan (pan árabe), o el wrap, que no deja de ser la tortilla de trigo de un burrito. La expansión siguió en Asia y Australia.
“Los herederos empezaron a cuestionar el estilo del padre y a enfrentar varios problemas que tenía la compañía. Se modificó el modelo de crecimiento de la empresa y se concentraron las energías en reducir los problemas de endeudamiento que se venían arrastrando desde hacía años por haber jugado con el tipo de cambio”, explica Gaspar Quijano, subdirector de análisis de la firma Vector.
El relevo tomado por Juan Antonio González Moreno, uno de los hijos, significó un golpe de timón. A finales de 2012 comenzó una nueva ruta marcada por el cierre de 600 marcas, un recorte de 1.400 empleados (16% del total) y la compra del paquete accionarial en manos de la estadounidense Archer Daniels por 450 millones de dólares. “Nos enfocamos en los negocios base de Gruma, que son aquellos en los que cuenta con claras ventajas competitivas, liderazgo en el mercado y marcas reconocidas”, subrayó González Moreno en una reciente entrevista para CNN Expansión.
La carga de la deuda, una de las piedras en el zapato durante la gestión anterior, se redujo notablemente el año pasado (un 34% menos) tras culminar con éxito un duro proceso de reestructuración. A cierre de 2014 supone una cuarta parte de los activos totales de la compañía.
Ese enfoque en los principios fundamentales, es decir, el maíz, y el desendeudamiento estuvieron entre los factores que llevaron a S&P a mejorar la nota de la empresa. En 2014, tras siete ejercicios en blanco, Gruma volvió a repartir dividendos entre sus accionistas.
La empresa ha marcado el acento en la expansión internacional, tanto a través de crecimiento orgánico como de adquisiciones, primando la rentabilidad de sus territorios ya conquistados, principalmente en Estados Unidos, Europa y Asia. En España, se ha hecho con una fuerte posición en el mercado de tortillas, totopos y salsas mexicanas, tras adquirir Mexifoods por 15 millones de dólares, y, el pasado marzo, con Fat Taco y Azteca Foods por 48 millones de dólares.
¿Quiénes son los dueños de los edificios de la Castellana?
FERNANDO BARCIELA
Los edificios emblemáticos del eje madrileño pertenecen a un puñado de propietarios
Las Cuatro Torres del Paseo de la Castellana de Madrid.
La Castellana tiene cada vez menos dueños. Sus mejores edificios se han ido concentrando en manos de un reducido grupo de propietarios. Esta acumulación de cromos inmobiliarios ha sido muy intensa por parte de la Mutua y de Amancio Ortega. Es de destacar también la entrada en el eje de negocios madrileño de una empresa casi desconocida que se ha hecho con algunos de los rascacielos icónicos: Gmp, la inmobiliaria patrimonialista de la familia Montoro.
Algunos de estos operadores se han beneficiado de la crisis para tomar el relevo de los propietarios anteriores. La necesidad de FCC de reducir deuda fue la oportunidad para que PonteGadea (Amancio Ortega) pudiera comprar Torre Picasso en 2011 por 400 millones de euros. También la venta de Castellana 2000, promovida por Reyal Urbis en 2014, por 140 millones de euros, se debió a la necesidad de la firma de desinvertir parte de sus activos. La decisión de algunos bancos de trasladar sus sedes a la periferia fue otra oportunidad para los nuevos: el BBVA vendió Castellana 81 a Gmp en 2007.
La tendencia se mantuvo en lo que va de año. La misma inmobiliaria compró el edificio Ederra, también propiedad del BBVA, y la Corporación Financiera Alba (recién llegada al distrito), adquiría Castellana 89, la sede de Ahorro Corporación, por 147 millones de euros.
El renovado interés por la Castellana tiene mucho que ver con el aumento de la inversión en oficinas. El año pasado, dice Luis Gonzalo Martino, de Deloitte RE, “alcanzó unos 2.500 millones de euros, un 363% más que en 2013”. La prueba de ese interés ha sido la propia operación de Castellana 89, “en la que se presentaron muchas ofertas”, dice Ángel Estebaranz, de Aguirre Newman, que intermedió en la venta.
Lo que no está claro es que los aspirantes a comprar en la Castellana —‘family offices’, inmobiliarias, fondos o Socimis— puedan cumplir fácilmente sus objetivos. “Hay mucha avidez por comprar”, prosigue Estebaranz, “todos quieren entrar, pero no hay producto, los dueños no quieren vender”. Y eso ocurre, básicamente, porque, según José Miguel Setién, de Jones Lang LaSalle, “los actuales propietarios no son especuladores, sino operadores patrimonialistas a largo plazo, con intención de quedarse”.
Otro factor que contribuye a que lleguen pocos edificios al mercado es que los precios de los alquileres, que bajaron casi a la mitad, están repuntando. “Entre 2008 y 2013, llegaron a caer hasta un 45%”, asegura el ejecutivo de Aguirre Newman. Los precios medios en la zona, que alcanzaron los 40 euros por metro cuadrado, bajaron hasta los 22 o 23. Pero ahora están ya sobre los 26 o 27 euros (en algunos edificios ya está en los 30). Y van a subir más. Estebaranz apunta que “los precios de los alquileres en el eje de la Castellana han aumentado un 2% en cada uno de los tres últimos semestres y en los cuatro primeros meses de 2015 hasta un 3%”.
Además, la desocupación en este eje —entre el 12% o 13%— ha empezado a bajar. Se espera que acabe el año en el 9%. Ya empieza a haber dificultades para encontrar oficinas en la Castellana, sobre todo “grandes”, asegura Humphrey White, de Knight Frank. “Nos está costando ya encontrar espacios de 4.000 o 5.000 metros en la mejor zona”, indica Javier Bernardes, de Cushman & Wakefield, “tanto que algunas empresas se arrepienten de no haberse cambiado ahí antes”.
No toda la culpa de la actual tasa de desocupación es de la crisis. Justo cuando empezaba, entre 2008 y 2009, se añadieron de golpe al parque de oficinas del llamado Centro Distrito de Negocios —básicamente el Eje de la Castellana—, un total de 230.000 metros, correspondientes a los cuatro rascacielos construidos en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, la llamada Cuatro Torres Business Area. “Esa nueva oferta”, aclara Gonzalo Martino, “elevó elstock total de la zona desde los 570.000 a los 810.000 metros, un 40% más”. Sin embargo, y pese a eso, incluso las cuatro torres se están llenando. “Ya están ocupadas al 90%” dice White.
Hay que recordar que la Castellana es donde las multinacionales, consultoras y despachos de abogados quieren estar. Y no hay sitio para todos. “Esos 810.000 metros representan solo el 6,4% de toda la superficie de oficinas de Madrid, que es de 12,8 millones de metros”, apunta Gonzalo Martino.
Además, esa oferta no va a crecer, al menos por ahora. Echavarren, de Irea, recuerda que “no hay solares ni posibilidad de ofrecer producto de nueva planta”. De momento, habrá algo de espacio nuevo por la desocupación de algunos edificios. Es el caso de unas 15 plantas en Torre Europa, en Castellana 95, de las que saldrá en diciembre KPMG para irse a la Torre de Cristal. “También se incorporarán”, explican en Deloitte, “unos 18.000 metros procedentes de la rehabilitación de la Torre Ederra y otros 3.000 de un edificio en Recoletos”. También se vaciarán a final de año la mayor parte de las plantas del edificio del BBVA, en Castellana 81, una vez que el banco culmine su traslado a su sede de Las Tablas.
Los precios en la zona no solo subirán por la creciente falta de espacio, sino también porque los propietarios están pensando en rehabilitar sus edificios para lograr mejores rentas. Pese a que PonteGadea, Testa (Sacyr) o la Mutua han renovado ya sus inmuebles, “la mayoría de la Castellana” dice White, de Knight Frank, “está obsoleto”. Es uno de los parques de oficinas más obsoletos de Europa”. Es una gran oportunidad para hacerlo. “La diferencia entre un edificio reformado y uno viejo puede ser del doble, de cobrar 17 o 30 euros por metro”.
No obstante, los expertos creen que las rehabilitaciones no serán suficientes para cubrir la demanda. La gran esperanza es la Operación Chamartín, aunque no a corto plazo. “Habrá que esperar”, asegura White, “a que el mercado se recupere mucho más. Ahora sería una operación arriesgada, y difícil de financiar”. Además si en Madrid no tenemos nada parecido a La Defense de París o lasDocklands de Londres es sencillamente “porque no tenemos la necesidad de espacio de esas dos ciudades, donde hay empresas que alquilan hasta 100.000 metros de oficinas”.
El estadounidense inseguro
PAUL KRUGMAN
Hay toda una capa de la población del país norteamericano que no se puede permitir planificar para su jubilación. Es un problema grave
Varias personas buscan entre la basura de Los Ángeles (EE UU)
Estados Unidos sigue siendo, a pesar del daño infligido por la Gran Recesión y sus secuelas, un país muy rico. Pero muchos estadounidenses no gozan de seguridad económica y están poco protegidos de los peligros de la vida. Con frecuencia, sufren penurias financieras; muchos no esperan poder jubilarse y, si llegan a hacerlo, tienen poco de lo que vivir aparte de la Seguridad Social.
A muchos lectores, espero, no les parecerá nada sorprendente lo que acabo de decir. Pero hay demasiados estadounidenses ricos —y, en particular, miembros de nuestra élite política— que parecen no tener ni idea de cómo vive la otra mitad. Esta es la razón por la que un nuevo estudio sobre el bienestar económico de las familias estadounidenses, llevado a cabo por la Reserva Federal, debería ser de lectura obligatoria entre el funcionariado de Washington.
Antes de entrar en lo que dice el estudio, unas palabras sobre la cruel falta de interés tan frecuente en nuestra vida política.
No me refiero, o no solamente, al desprecio de la derecha por los pobres, aunque el predominio del conservadurismo incompasivo es un espectáculo digno de contemplar. Según el Centro de Investigación Pew, más de tres cuartas partes de los conservadores creen que los pobres "lo tienen fácil" gracias a las ayudas públicas; solo uno de cada siete cree que la vida de los pobres sea "difícil". Y esta actitud se traslada a la política. Lo que deducimos de la negativa a ampliar Medicaid (la asistencia sanitaria a los mayores de 65 años) en los estados bajo control republicano —aun cuando el Gobierno Federal pagaría esa factura— es que castigar a los pobres se ha convertido en un fin en sí mismo, algo que vale la pena defender aunque perjudique, más que beneficie, al presupuesto estatal.
Pero dejemos a un lado a los autodenominados conservadores y su desdén por los pobres. Lo que de verdad resulta llamativo es la desconexión existente entre el sentido común centrista y las realidades de la vida —y la muerte— de gran parte del país.
Fíjense en el ejemplo perfecto que representan las posturas sobre la Seguridad Social. Durante décadas, la disposición manifiesta a recortar las ayudas de la Seguridad Social, sobre todo aumentando la edad de jubilación, ha sido casi una postura obligada —una muestra de seriedad— para los políticos y los expertos que quieren parecer sensatos y responsables. Al fin y al cabo, la gente vive más tiempo, así que ¿por qué no debería trabajar más tiempo también? ¿Y no es la Seguridad Social un sistema anticuado, desconectado de las realidades económicas modernas?
Mientras tanto, el hecho es que vivir más tiempo en esta sociedad más desigual que nunca es, en gran medida, algo propio de cierta clase social: la expectativa de vida a los 65 años ha aumentado mucho entre los ricos, pero apenas ha cambiado entre quienes se sitúan en la mitad inferior de la distribución salarial, es decir, entre quienes más necesitan la Seguridad Social. Y aunque el sistema de pensiones que creó Roosevelt pueda parecerles anticuado a los profesionales adinerados, es casi literalmente un salvavidas para muchos de nuestros conciudadanos. La mayoría de los estadounidenses mayores de 65 años reciben más de la mitad de sus ingresos de la Seguridad Social, y más de la cuarta parte de ellos depende casi por completo de esos cheques mensuales.
Puede que estas realidades por fin estén penetrando en el debate político, hasta cierto punto. Últimamente, parece que no se oye hablar tanto de recortar la Seguridad Social y hasta vemos que se presta cierta atención a las propuestas de incrementar las ayudas, dada la merma de las pensiones privadas. Pero tengo la impresión de que Washington sigue sin tener ni idea de las realidades de la vida de los que todavía no son ancianos. Y aquí es donde entra en juego el estudio de la Reserva Federal.
El 47 % de los estadounidenses afirmaba no poder afrontar un gasto extra de 400 dólares. Eso me ha asustado hasta a mí
Este es el segundo año en el que se realiza este estudio, y la edición actual ofrece de hecho la imagen de un país que se recupera: en 2014, a diferencia de 2013, una mayoría relativa de los entrevistados afirmaba que le iba mejor que hace cinco años. Pero llama la atención el escaso margen de error que tienen muchas vidas estadounidenses.
Nos encontramos, por ejemplo, con que tres de cada diez estadounidenses no ancianos declaran que no tienen pensiones ni ahorros de jubilación, y la misma fracción afirma habérselas apañado sin ninguna clase de atención médica el año pasado porque no podía permitírsela. Casi la cuarta parte afirmaba que ellos mismos o un familiar habían pasado apuros económicos en 2014.
Y algo que me asustó incluso a mí: el 47 % afirmaba que no tendría los recursos necesarios para afrontar un gasto extra de 400 dólares. ¡Cuatrocientos dólares! Tendrían que vender algo o pedir dinero prestado para cubrir esa necesidad, en caso de que pudieran hacerlo.
Claro está que podría ser mucho peor. La Seguridad Social está ahí, y deberíamos alegrarnos mucho de que así sea. Mientras tanto, la cobertura por desempleo y los vales para alimentos han contribuido en gran medida a proteger a las familias desfavorecidas de lo peor durante la Gran Recesión. Y Obamacare, aun siendo imperfecta, ha reducido inmensamente la inseguridad, sobre todo en aquellos estados cuyos Gobiernos no han intentado sabotear el programa.
Pero aunque las cosas podrían ir peor, también podrían ir mejor. La seguridad perfecta no existe, pero las familias estadounidenses podrían fácilmente tener mucha más seguridad de la que tienen. Tan solo haría falta que los políticos y los expertos dejasen de hablar alegremente de la necesidad de recortar las "ayudas sociales" y empezaran a fijarse en cómo viven realmente muchos de sus conciudadanos.
Paul Krugman es profesor de Economía en la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía de 2008.
El control oculto de las empresas
JOSEPH E. STIGLITZ
Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en la práctica, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EE UU y la Unión Europea. Hoy en día, con mayor frecuencia, tales pactos se denominan como “asociaciones”; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE UU es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los “socios” de EE UU se muestran más recelosos.
No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.
Tal vez la parte más odiosa –y más deshonesta– de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el Gobierno estadounidense y otros Estados proporcionan seguros similares. No obstante, EE UU demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus “socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.
La verdadera intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intención de impedir que actúen las regulaciones financieras que deberían proteger a la propia economía y a los propios ciudadanos de EE UU. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier reducción de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.
Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto que ambos países fueron un poco más allá en comparación con EE UU, ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de tabaco.
El etiquetado está logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de ganancias.
En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque éstos estuviesen tratando de evitar que se maten a más personas. Lo mismo podría suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposición similar, denominada “expropiaciones regulatorias”. Ellos sabían que una vez promulgada, las regulaciones se frenarían, simplemente porque el Gobierno no podía permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos éxito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales como en el Congreso de EE UU.
No obstante, ahora los mismos grupos están intentando realizar una triquiñuela para pasar por alto los procesos democráticos mediante la inserción de tales disposiciones en las facturas comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para el público (pero no para las compañías que están presionando para conseguir dichas inserciones). Es sólo a consecuencia de fugas de información, y mediante charlas con los funcionarios del Gobierno que parecen estar más comprometidos con los procesos democráticos que llegamos a conocer lo que está pasando.
Es fundamental que el sistema de gobierno de EE UU cuente con un poder judicial imparcial y público, con normas legales construidas a lo largo de décadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto está siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, sin transparencia, y muy caro. Es más, esta forma de administración de justicia está a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden ser “jueces” en un caso y defensores en un caso relacionado.
Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes están comprometidos con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las compañías pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violación de otros compromisos –en lo referido a las normas laborales y ambientales, por ejemplo– los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales mediante los cuales puedan personarse para plantear juicios.
Si alguna vez en la Historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es dicho mecanismo. Es por esto que me uní a líderes expertos en asuntos legales en EE UU, incluyéndose entre ellos a profesionales de las Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el envío de una carta al presidente Barack Obama explicándole cuán perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.
Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos señalan que EE UU ha sido demandado solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las empresas, sin embargo, apenas están empezando a aprender cómo utilizar estos acuerdos para su beneficio.
Y los abogados corporativos de importantes minutas en EE UU, Europa y Japón probablemente superen a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el interés público. Peor aún, las empresas de los países avanzados pueden crear filiales en los países miembros a través de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus países de origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para bloquear las regulaciones.
En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protección de la propiedad, y en caso de que este mecanismo privado y caro para la resolución de controversias fuese superior a un poder judicial público, deberíamos estar cambiando la ley no sólo para las adineradas empresas extranjeras, sino también para nuestros propios ciudadanos y pequeñas empresas. Pero nada indica que este sea el caso.
Las reglas y regulaciones determinan en qué tipo de economía y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociación relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad, que es un problema creciente en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las compañías ricas usen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos de comercio para dictar cómo vamos a vivir en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE UU, Europa, y el Pacífico respondan con un rotundo no.
Joseph E. Stiglitz, es premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.
Copyright: Project Syndicate, 2015.
www.project-syndicate.org. Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.
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