Rajoy lo ha vuelto a hacer: a los pocos días de ganar unas elecciones generales en cuya campaña se comprometió a bajar los impuestos —incluido el Impuesto de Sociedades—, ha anunciado un nuevo sablazo tributario, en este caso para las empresas. Por boca de su ministro de Economía, Luis de Guindos, hemos sabido que el Gobierno del PP pretende incrementar los pagos a cuenta de las sociedades mercantiles en 2017 para así recaudar 6.000 millones de euros adicionales con los que maquillar el déficit de ese ejercicio.
El movimiento rememora la puñalada por la espalda con la que el propio Rajoy castigó a todos los españoles a finales de 2011: tras obtener una amplísima mayoría absoluta al grito electoralista de que no incrementaría los impuestos, el recién estrenado gobierno del PP aprobó uno de más sangrantes sablazos en el IRPF de toda nuestra historia. Al parecer, ni los españoles aprendieron la lección, ni Rajoy ha abandonado sus típicas prácticas marrulleras.
Sin embargo, y a decir verdad, el apretón de tuercas a las empresas que anunció ayer Luis de Guindos no es exactamente equiparable a la mordida del IRPF de 2011: y no porque el primero recaiga sobre personas jurídicas y el segundo sobre personas físicas (ambos son nefastos), sino porque lo que se ha prometido es aumentar los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades, esto es, el equivalente a las retenciones en el IRPF.
Como es sabido, una retención es un pago adelantado del impuesto por la obligación tributaria que se espera que devengaremos a lo largo de un ejercicio. La cuestión, claro, es que al no saber cuál será esa obligación tributaria futura, las retenciones son meramente estimativas: si la totalidad de las retenciones abonadas supera la obligación tributaria final, el Estado deberá devolvernos el exceso; si, en cambio, la obligación tributaria final supera la totalidad de las retenciones, deberemos saldar nuestra deuda pendiente.
En este sentido, si el Gobierno pretende recaudar 6.000 millones de euros más en 2017 mediante mayores pagos a cuenta en Sociedades, deberá incrementar muy sustancialmente el tipo de retención que aplica a las empresas: esto es, deberá obligarlas a que adelanten un porcentaje muy superior de la incierta suma que deberán abonar por todo el ejercicio fiscal.
Pero, como es obvio, si el tipo efectivo que soportan las empresas durante 2017 no se incrementa con respecto a 2016, es muy dudoso que las obligaciones tributarias se incrementen en 6.000 millones de euros. O dicho de otra manera, si no hay una subida impositiva real, las empresas adelantarán 6.000 millones de euros al Gobierno (para así maquillar el déficit de 2017) que luego el Gobierno tendrá que devolverles a lo largo de los siguientes ejercicios fiscales. Una mera maniobra de distracción para ocultar la gravedad del déficit a costa de machacar la posición de tesorería de las empresas (pues muchas de ellas tendrán que endeudarse para poder adelantar el pago de impuestos por unos beneficios que no han logrado todavía e incluso puede que ni siquiera logren). Mera contabilidad creativa para engañar a Bruselas mientras continúan endeudando insosteniblemente a los españoles.
Claro que acaso el ministro De Guindos no haya dicho toda la verdad y, junto al incremento de los pagos a cuenta, nos encontremos con un aumento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades: en tal caso sí que reeditaríamos plenamente el confiscador engaño colectivo que sufrimos en 2011 y se demostraría, nuevamente, que el PP prefiere castigarnos con impuestos antes que recortar enérgicamente el gasto público.
En definitiva, las opciones quedan reducidas a dos y ninguna es buena: o el Ejecutivo incrementa en términos efectivos los impuestos a las empresas (sablazo) o sólo está dándole un patadón hacia adelante al agujero del déficit (mascarada). Cualquiera de las dos, eso sí, serían actitudes típicamente rajoyanas.
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