Han tenido que pasar más de cien años para que un político español, de convicciones actualmente marxistas, haya acabado abogando públicamente por la libertad contractual
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"¿Es este un ejercicio justo, razonable y adecuado del poder de policía del Estado, o se trata de una interferencia irrazonable, innecesaria y arbitraria en el derecho del individuo a su libertad personal o a entrar en esos contratos en relación con el trabajo lo que le parezca apropiado o necesario para el apoyo de él y su familia? “ 'Justicia' Rufus Peckham, miembro del Tribunal Supremo de los EEUU, 1905.
Corría el año 1895 cuando el Estado de Nueva York promulgó la Ley de Pastelerías. Los trabajadores andaban en esas fechas muy preocupados por sus condiciones de trabajo. Movilizados en huelgas y muy activos en los procesos electorales, presionaban a las autoridades para modificar la legislación laboral. En concreto, el Sindicato de Panaderos Artesanos logró que la citada ley les reconociese un máximo de 10 horas de trabajo diarias y 60 horas a la semana. Para el gremio fue un auténtico éxito, pues su principal batalla se centraba en la mejora de unas condiciones que consideraban insalubres debido a la exposición al polvo de harina, las emanaciones de gases y las temperaturas extremas.
Mientras tanto, el pequeño empresario de origen bávaro Joseph Lochner mantenía una pastelería familiar en Utica, ciudad en el centro del Estado de Nueva York. No hay referencias de que Lochner fuera un tirano, un explotador o un capitalista neoliberal. Entra las pocas que existen está una foto del patrón con su mujer y su hijo, un amiguito de éste y tres empleados de su pastelería; muy mal jefe no debería ser, parece.
Sin embargo, a Lochner le multaron sucesivamente con 25 dólares (unos 700 dólares actuales) y otros 50 más por infringir la legislación laboral al contratar a sus empleados en jornadas más largas de lo que la ley permitía. Tras perder su pleito en la Corte del Condado de Oneida, Lochner recurrió a la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, con el mismo resultado. Cabe señalar que en ambos casos la defensa de Lochner argumentó su decisión en el derecho a ganarse la vida, derecho que según sus abogados de veía claramente compelido por la nueva ley.
La Ley de Pastelerías violaba el derecho fundamental de un empleador de definir su relación legal con sus trabajadores sin la interferencia del Estado
Cambió entonces de letrados para afrentar una demanda ante el Tribunal Supremo de los EEUU. Su nuevo equipo estaba dirigido por Henry Weismann, un antiguo trabajador del gremio de los panaderos reconvertido primero en empresario y posteriormente en abogado. Como trabajador, Weismann había sido uno de los pilares fundamentales del sindicato de panaderos y pasteleros de Nueva York, llegando a ser el editor del 'Baker’s Journal', algo así como el 'Mundo Obrero' de los panaderos. Como empresario, Weismann constató en sus carnes que la ley que con tanto esfuerzo personal había promovido era contraria a los empresarios, impidiéndoles llevar a cabo su labor en condiciones y limitando el acceso al trabajo a muchos profesionales.
En su defensa de Lochner, Weismann argumentó ante el Tribunal Supremo de los EEUU que la Ley de Pastelerías violaba la protección constitucional de libertad contractual, o el derecho fundamental de un empleador de definir su relación legal con sus trabajadores sin la interferencia del Estado. En su escrito, el antiguo empleado de panadería señaló que la nueva ley enmascaraba el poder policial del Estado y barría la libertad que el individuo había atesorado. Y la presentó como unaviolación flagrante de la 14ª enmienda de la Constitución.
Y el Tribunal Supremo de los EEUU estuvo de acuerdo en la argumentación del entonces abogado, previamente empresario panadero y anteriormente trabajador y sindicalista del gremio Weismann. La clave de la sentencia estuvo en la pregunta que abre como cita esta columna. El Estado se había arrogado la defensa de unos trabajadores sin ser capaz de demostrar si estos habían sido incapaces de velar por sus propios intereses al prolongar la jornada, sin aportar prueba alguna de que la actividad laboral fuese en condiciones de insalubridad o comprometiese de algún modo la salud de los empleados.
El Estado se arrogó la defensa de unos trabajadores sin demostrar si habían sido incapaces de velar por sus propios intereses al prolongar la jornada
La sentencia contó con el voto particular del juez Holmes, que señaló que “la 14ª enmienda no da fuerza de ley al Social Statics del Sr. Herbert Spencer”, en referencia al libro que en 1851 había publicado el filósofo defensor del 'laissez-faire'. En 1884, ante el cariz intervencionista que tomaban los acontecimientos, Spencer escribió un alegato fundado que tuvo gran predicamento entre muchos intelectuales, y que evidentemente hoy está adecuadamente oculto; se trataba de El derecho de ignorar al estado dentro de El Hombre contra el Estado, que Hazlitt describió como “uno de los más poderosos e influyentes argumentos a favor del gobierno limitado, el laissez-faire y el individualismo jamás escritos”.
Se abría así la que se ha conocido como era Lochner, en la que los tribunales anularon cientos de regulaciones estatales de acuerdo con la 14ª enmienda y en defensa de las libres relaciones contractuales entre empresarios y trabajadores. Por supuesto, esa posición no duró siempre y ya en los años de la Gran Depresión cambiaron las tornas. En 1955 se acabó definitivamente con la interpretación garantista de la enmienda para confirmar, para siempre, la intromisión del Estado en las relaciones contractuales que se habían venido rigiendo conforme a la libre actuación de las partes.
El exceso de regulación, la enorme carga fiscal que soportamos los ciudadanos, la intromisión del Estado, empuja a la economía sumergida a miles de personas
Han tenido que pasar más de cien años para que un político español, abanderado de la regeneración democrática y de convicciones actualmente marxistas (pero que no dudó en apoyar la guerra de Irak, de afiliarse a Ciudadanos o de identificarse a sí mismo como “neoliberal”), haya acabado abogando públicamente por la libertad contractual. Pablo Echenique, número tres de Podemos, ha puesto sobre la mesa lo que muchos llevamos denunciando años: cómo el exceso de regulación, cómo la enorme carga fiscal que soportamos los ciudadanos, cómo la intromisión del Estado empuja a la economía sumergida a miles de personas en este país. Y cómo, obviamente, una regulación laboral más sencilla, menos intrusiva, con una defensa explícita de los contratos, les permitiría a unos y a otros situarse dentro de la ley.
Como siempre, desde esta columna damos la bienvenida a todos los defensores de la libertad, y Pablo Echenique, con su acto de desafío al Estado culpando al sistema de la indefensión de su asistente, ha dado prueba de ello. No importa la pena (civil u otra) que tenga que soportar, no importa la pérdida de confianza de sus electores y de los directivos de su agrupación, su segura dimisión (de no haberse producido ya) sólo supondrá la confirmación de la persecución a la que hoy se somete a la libertad.
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