Carlos Rodríguez Braun
Es increíble que se diga seriamente que los contratos no están vinculados con su coste.
Así tituló El Huffington Post: "La economía sumergida representa el
18,6% del PIB y está relacionada con la alta corrupción", añadiendo: "Las
dimensiones asustan".
No se entiende bien por qué tanto susto, cuando resulta que
el paraíso nórdico de Suecia tiene una economía sumergida del 13,9%. Si en los
países nórdicos la corrupción es menor, probablemente tiene que ver con la
también menor arbitrariedad del intervencionismo, más que con su volumen. Pero
entonces es la seguridad y previsibilidad jurídica lo que debería
ponderarse.
Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, cuyo
Informe sobre flexibilidad en el trabajo se glosaba,
aseguró que "la carga fiscal no está relacionada con el recurso de los
empresarios a la contratación no declarada". No me había repuesto de leer una
osadía semejante cuando pude leer que para el señor Pérez "es precisa una mayor
intervención estatal para proteger a los grupos más vulnerables y una mayor
protección social, porque de esa forma se puede cerrar la puerta a que muchas
personas tengan que recurrir al empleo sumergido". Y, por fin, dos Luis explicó
la necesidad de “aflorar tanto empleo sumergido para sanear las cuentas
públicas, lograr una reducción de las altas tasas de paro que arrastra España y
contar con una economía más competitiva”.
Todo esto sí que asusta un poco. De entrada, es increíble que se diga
seriamente que los contratos no están vinculados con su coste: todo lo que
sabemos va en dirección contraria. La mayor intervención estatal aumenta los
costes, con lo que puede hacer lo mismo con la economía sumergida. Y decir que
aflorar la economía sumergida puede reducir el paro es decir una verdad de
Perogrullo…o no haberle dedicado mucho tiempo a pensar en por qué hay
paro.
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