El gobierno extrajo otros 8.700 millones de euros del fondo de reserva de la Seguridad Social para abonar la paga extra del mes de junio. De este modo, la dotación total de ese fondo que estaba llamado a garantizar la viabilidad futura de nuestras pensiones ha quedado reducida a apenas 25.200 millones de euros: el equivalente al 2,3% del PIB español.
En solo cuatro años y medio, el Ejecutivo de Rajoy ha tomado 56.000 millones de euros de la hucha de las pensiones (7.000 millones en 2012, 11.600 millones en 2013, 15.400 millones en 2014, 13.300 millones en 2015 y 8.700 millones en lo que llevamos de 2016), los cuales se han visto parcialmente compensados por unos ingresos de 14.000 millones de euros derivados de los intereses sobre la deuda pública en la que está invertido el fondo. En total, pues, el capital de esta caja previsional ha menguado en cerca de 42.000 millones de euros, desde el máximo de 66.800 millones alcanzado a finales de 2011.
Ciertamente, las perspectivas del fondo no son nada positivas: al ritmo actual de fagocitación, todo su capital habrá sido consumido a lo largo del primer semestre de 2018. Y lo peor es que no existen planes alternativos a esta muerte anunciada. El PP no tiene prevista ninguna reforma del sistema de pensiones, plenamente confiado en que el actual ritmo acelerado de creación de empleo terminará cuadrando el déficit de la Seguridad Social y acudiendo al rescate del menguante fondo.
Pero tal optimismo resulta infundado: es verdad que los ingresos de la Seguridad Social aumentarán durante los próximos años —si el crecimiento económico presente se mantiene—, pero sus gastos también lo harán. Por ejemplo, en el año 2015 —el período de mayor creación de empleo de toda la crisis, que difícilmente se repetirá en los ejercicios venideros— los ingresos por cotizaciones sociales se expandieron en 1.300 millones de euros, pero los gastos en pensiones se inflaron en 3.400 millones. Unas pesimistas tendencias que se están reproduciendo a lo largo de 2016: hasta mayo de este año, la recaudación por cotizaciones apenas ha mejorado en 1.000 millones de euros, mientras que los desembolsos en pensiones han aumentado en 3.500 millones.
En definitiva, la progresiva liquidación del fondo de reserva de la Seguridad Social es sólo un síntoma de problemas estructurales mucho más graves dentro de nuestro sistema de pensiones. No estamos ante un desequilibrio transitorio que vaya a remediarse creando empleo: pues el problema esencial es que los gastos aumentan más de lo que lo hacen los ingresos. Diferir el problema no lo solventará: sólo lo pospondrá mientras nos fundimos irresponsablemente el fondo de reserva. En realidad, las soluciones mágicas no existen: o incrementamos los ingresos del sistema con más cotizaciones y más impuestos (tal como propusieron en campaña PSOE o Podemos) o recortamos sus gastos en pensiones y prestaciones complementarias (como debería hacerse a pesar de que ninguna formación política se atreva a defenderlo ante la amenaza de perder el voto de los pensionistas).
No hay más y tampoco lo va a haber. Lejos de cruzarnos de brazos contemplando estoicamente cómo el fondo de reserva desaparece, deberíamos estar ocupándonos de atajar aquellos agujeros presupuestarios que lo están haciendo desaparecer a un ritmo vertiginoso. Y el único camino que no pasa por sablear con mucha mayor inquina a los trabajadores españoles consiste en recortar los gastos de la Seguridad Social mientras vamos preparando la transición hacia un sistema de pensiones verdaderamente sostenible: el de capitalización. Puede que no sea popular —ni populista— decirlo, pero no por ello deberíamos cerrar los ojos ante esta preocupante realidad.
Malos datos de déficit
Los números rojos no sólo atenaza a la Seguridad Social: el déficit público del gobierno central hasta el mes de mayo se ubicó en los 23.300 millones de euros, el equivalente al 2,08% el PIB. Las cifras son especialmente preocupantes dado que el desequilibrio presupuestario, lejos de reducirse con respecto al año pasado, aumenta: en concreto, el déficit hasta mayo fue 1.200 millones de euros superior al de 2015 (el equivalente a cuatro centésimas del PIB). De hecho, y por mostrar con todavía mayor crudeza la magnitud del desajuste, recordemos que la administración central debe cerrar 2016 con un déficit equivalente al 1,8% del PIB: por consiguiente, antes haber llegado a la mitad de este ejercicio ya estamos incumpliendo nuestros compromisos con Bruselas para la totalidad del año. Teniendo en cuanta que, entre junio y diciembre de 2015, el desequilibrio de las cuentas del gobierno central todavía se expandió en más de 8.000 millones de euros, corremos el muy serio riesgo de volver a deshonrar nuestra palabrada dada a las autoridades comunitarias. Es imprescindible recortar el gasto de inmediato.
El coste de la deuda, en mínimos históricos
Pese a los malos datos de déficit público, el coste de la deuda estatal se ubicó el pasado viernes en mínimos históricos. En particular, el tipo de interés del bono a 10 años llegó a cotizar sólo al 1,1%, muy lejos del 7,75% que llegamos a soportar en julio de 2012, cuando nuestro país se halló al borde de la bancarrota. Las causas que parecen estar detrás de este resultado son dos: por un lado, las cienmilmillonarias inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo, las cuales se dirigen preferentemente a la adquisición de deuda pública y, por ende, a hundir los tipos de interés; por otro, el resultado de las elecciones generales del pasado domingo, los cuales parecen haber despejado el riesgo de que el populismo tome La Moncloa en el corto y medio plazo. De esta forma, todo indica que los mercados de deuda ya han superado el pánico generado en un primer momento por el Brexit. Sin embargo, no deberíamos dormirnos en los laureles: el déficit público, como ya hemos indicado, sigue siendo preocupantemente alto.
Hacia una Europa más competitiva
La canciller alemana, Angela Merkel, ha manifestado ante sus ciudadano que Europa debe aspirar a ser el continente más competitivo del mundo. En efecto, sin competitividad no hay bienestar posible: se hallan en un profundo error quienes creen posible mantener (o mejorar) los actuales niveles de calidad de vida de los europeos sin, al mismo tiempo, continuar incrementando el valor económico que generamos. Acaso la confusión sea previa: pensar que la única forma de mejorar la competitividad pasa por deteriorar los estándares de vida rebajando los salarios. Pero no, la competitividad también puede subir porque incrementamos nuestra productividad, esto es, la cantidad de bienes y servicios que, como media, fabrica cada trabajador europeo. Con mayor productividad, los salarios puede aumentar al tiempo que mejoramos nuestra competitividad. Pero el único camino de incrementar nuestra productividad consiste en potenciar la inversión privada en un entorno de libertad económica: y Europa, de momento, no se caracteriza ni por promover el ahorro, ni la inversión, ni la libertad económica. Difícil, pues, que Merkel pueda ver cumplidos sus objetivos.
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