Empleo oculta el índice que diseñó para garantizar la sostenibilidad de las pensiones

El Ministerio no da el dato de cuánto habrían tenido que caer las prestaciones si se hubiera aplicado la fórmula que pedían los expertos.

D. SORIANO 

Para el Gobierno del PP, pocas reformas de las aprobadas en esta legislatura han sido más relevantes que la de las pensiones y pocos colectivos han recibido más atención por su parte que el de los jubilados. Mariano Rajoy llegó al poder con la promesa de que nunca congelaría las pensiones (que serían "lo último" que se tocaría) como hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Y podría decirse que lo ha cumplido. Es cierto que entre el año 2012 y 2013 hizo un poco detrampa, puesto que no actualizó las prestaciones en relación al incremento del IPC que tuvo lugar en 2012, como preveía la Ley en ese momento. Pero incluso así, se puede decir que, técnicamente, no congeló las pensiones.

Quizás por eso, cuando se aprobó la reforma en 2013, Fátima Báñez incluyó una cláusula especial en la parte dedicada al nuevo Índice de Revalorización (IRP). Hay que recordar que este índice estaba diseñado para garantizar la sostenibilidad del conjunto del sistema. Los expertos que el Gobierno convocó plantearon una fórmula dirigida a equilibrar los ingresos y los gastos a lo largo del ciclo. En este artículo, Rafael Domenech y Víctor Pérez Díaz, dos integrantes de aquel grupo, lo explican así: "La revalorización de las pensiones vendrá dada por la diferencia entre la tasa de crecimiento nominal de los ingresos a la Seguridad Social y la tasa de crecimiento de los gastos si no se actualizasen las pensiones".

En resumen, se calculan los ingresos y gastos reales del sistema a lo largo del ciclo y se ajustan las prestaciones en consonancia. Si hay más ingresos que gastos, se podrán subir más las pensiones. Si aparecen los números rojos, habrá que congelar las prestaciones o, incluso, bajarlas. También es cierto que hay otras alternativas si un Gobierno no quiere asumir el coste de la medida: sacar prestaciones del sistema, allegar más ingresos vía impuestos, crear nuevos impuestos para pagar las pensiones…

Eso sí, al final destinar más dinero a través de los Presupuestos supone el reconocimiento implícito de que el sistema, pese a todo lo dicho en los últimos años por todos los partidos, no es sostenible. Y tiene un segundo coste, porque si pagas las pensiones con impuestos o subes estos o haces recortes en otras partidas.

La aprobación del IRP introducía claridad en el sistema. Luego el Gobierno de turno podrá hacer lo que quiera, pero al menos los interesados sabrán cómo están las cuentas. Expertos, analistas, cargos en Bruselas, ciudadanos de a pie… en teoría todos ellos sabrían a partir de 2014 cómo evolucionaban las cifras de la Seguridad Social.

Pero sólo en teoría. El Gobierno no ha publicado ni un sólo año cuál ha sido la cifra real del IRP. Simplemente, en cada uno de los tres últimos diciembres, el BOE ha publicado una disposición que establecía que las pensiones se revalorizaban un 0,25%. Pero nadie sabe cuál es la cifra del IRP. Se entiende que es menor a 0,25%, por eso se aplica el mínimo, pero ¿cuánto menos?. Domenech y Díaz calculaban que para 2014 ese índice habría sido del -2,57%. O lo que es lo mismo, el Gobierno aceptó un descuadre de casi tres puntos en el sistema. En un momento en el que se conoce que España ha vuelto a incumplir con su objetivo de déficit público (que se fue al 5% en 2015) y con la Seguridad Social señalada como principal responsable del descuadre, la transparencia brilla por su ausencia en un tema capital.

Sin respuesta

Libre Mercado se ha puesto en contacto con el Ministerio de Empleo en los últimos días. Les hemos solicitado las cifras del IRP de 2013 a 2015 (las aplicables a los años 2014-2016), un dato que debería ser público y que el Ministerio está obligado a calcular para saber si la revalorización es del 0,25%, del 0,75% o del 1%. Pues bien, no hemos obtenido respuesta al respecto. Si el cálculo se ha hecho, nadie conoce cuál ha sido el resultado.

No es extraño que Báñez oculte esta cifra a la prensa. Incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) (el organismo que el propio Gobierno creó, presionado por Bruselas, para controlar la evolución de las cuentas públicas) ha insistido en que es necesario que Empleo publique el dato y se sepa de qué magnitud estamos hablando. En este sentido, el pasado noviembre, la Airef publicó un informe sobre el IRP en el que afirmaba que "con los valores utilizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, corresponde aplicar a las pensiones contributivas la subida mínima del 0,25% en 2016".

Sin embargo, la Airef no ofrece una cifra sobre el resultado del IRP, entre otras cosas porque no tiene todos los datos necesarios para hacer el cálculo. Por eso, lo único que dice es que con la información que facilita el Gobierno, hay que aplicar ese 0,25%, pero lanza algunas advertencias de mucho calado:

• El Ministerio de Empleo y Seguridad Social no ha facilitado a la AIReF información detallada sobre el escenario macroeconómico subyacente en sus previsiones y tampoco sobre las diferentes fuentes de ingresos.
• El IRP tiene un claro impacto sobre una parte importante de la sociedad y es un elemento fundamental para reforzar la sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones. Por este motivo, la AIReF ya consideraba en la Opinión sobre el IRP 2015 que era necesario dotar de mayor transparencia su cálculo.
• La publicación de las series de datos para su cómputo, incluidos los distintos componentes de los ingresos y gastos y los supuestos macroeconómicos subyacentes, así como el resultado del cálculo obtenido para el IRP, aportaría transparencia y supondría, por lo tanto, una mayor comprensión de los ciudadanos de este mecanismo de revalorización anual de las pensiones.
• El Ministerio de Empleo y Seguridad Social debe publicar la información sustancial que permita realizar los cálculos del IRP de acuerdo al contenido de la DA 1ª de la Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones.

Una decisión política

Aquí surge una pregunta relevante, ¿por qué el Gobierno oculta una cifra que, en teoría, debería servirle para sacar pecho ante sus votantes? Todo apunta a que el IRP ha sido negativo en los últimos tres años. Esto quiere decir que seguir el índice que crearon los expertos hubiera implicado una reducción de las pensiones. Pero la decisión política de Báñez y Rajoy de fijar un mínimo del 0,25% ha permitido que los pensionistas no sólo no vean una merma en su prestación, sino que ésta se ha incrementado ligeramente. Y si además tenemos en cuenta que el IPC ha estado en terreno negativo casi todo este tiempo, podrían vender que los jubilados han ganado poder adquisitivo durante la legislatura popular.

Claro, también es cierto que la no publicación y la no aplicación del IRP tiene otra lectura. El Gobierno aprobó la reforma de las pensiones con una palabra como lema: "Sostenibilidad". Más o menos lo que se vendió a la opinión pública fue que el PP asumía el coste que siempre traen aparejadas estas reformas con el objetivo de asegurar las cuentas del sistema a medio plazo. En un momento como 2013, en el que los inversores internacionales y nuestros socios europeos en Bruselas tenían la mirada fija en nuestras cuentas públicas, no era una cuestión menor. ¡Una reforma que incluso abría la puerta a reducir las pensiones si no había dinero para pagarlas!

El problema es que si el resultado del índice que garantiza la sostenibilidad es negativo año a año y el límite mínimo del 0,25% entra en juego en todos los ejercicios, entonces es como si no se hubiera aprobado la reforma. Parece todo un juego de palabras, pero tiene unas implicaciones importantes. Si el resultado del IRP sale un -2% o un -3% todos los años, pero aplicas el límite mínimo del +0,25%... te estás cargando tu propia definición de sostenibilidad, porque no aplicas el índice que acompasa gastos e ingresos.

Digamos que la clave está en cuántos años entra en juego el índice. Cuando se aprobó la reforma, todo apuntaba (o al menos eso se dio a entender) a que el IRP estaría normalmente por encima de 0,25% y que sólo en años de crisis con muy pocos cotizantes o de inflación muy reducida el resultado sería inferior a ese límite. Así, la frontera del 0,25% actuaría como recurso de última instancia para que los jubilados no vieran una reducción de sus pensiones ni siquiera en los peores momentos.

Sin embargo, si todos los años se aplica esa revalorización porque el IRP es inferior a 0,25%, entonces el cálculo de este índice deja de tener mucho sentido. Lo que debería ser la excepción se convierte en regla. Y el sistema es exactamente igual de insostenible que antes. De hecho, es casi peor, porque hasta 2013 las pensiones se actualizaban con el IPC (o no subían nada si éste era negativo) y en los últimos tres años han subido un 0,25%, incluso aunque los índices de precios estaban por debajo del 0. Evidentemente, éste es un mensaje que los inversores, la Comisión Europea, los demás gobiernos de la UE y los pensionistas y contribuyentes del futuro es mejor que no sepan... O puede que alguien en el Gobierno haya pensado que es mejor ocultar la cifra real: se intuye que hay un agujero en la última reforma, pero nadie sabe con exactitud su magnitud.