El Gobierno lanza los primeros 'misiles' para atacar el despilfarro de las autonomías
El año 2015 se ha saldado con un déficit del 5,16%, pero el Gobierno ha demostrado a las autoridades comunitarias que las desviaciones alarmantes son las que se refieren a las CCAA
La actual situación de incertidumbre política no va a privar al Gobierno en funciones de ejecutar con todas las consecuencias las medidas coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para meter en vereda a todas las comunidades autónomas que se han saltado el 'disco en rojo' de los objetivos de déficit público en 2015. En dos semanas, todos los gobiernos regionales incumplidores tendrán que pasar por la horca caudina con compromisos específicos de no disponibilidad de gasto que obligarán a modificar los planes de ajuste pactados con el Estado dentro del llamado Fondo de Liquidez Autonómico. A la postre, la mayor parte de las autonomías tendrán que recortar sus presupuestos para este año.
El Ministerio de Hacienda ha recogido el guante tendido por la Comisión Europea el pasado 9 de marzo, que fue cuando se recibió la recomendación de Bruselas para establecer mecanismos de control que permitan reconducir la senda del déficit público pactada por España. El cierre del pasado ejercicio ha resultado desalentador, con números rojos en las cuentas públicas que exceden en un punto la previsión del 4,2% establecida en el Plan de Estabilidad. El año 2015 se ha saldado con un déficit del 5,16%, pero el Gobierno ha demostrado a las autoridades comunitarias que las desviaciones verdaderamente alarmantes son las que se refieren a las comunidades autónomas.
Con excepción de Canarias, País Vasco y Galicia, todos los demás gobiernos autonómicos se han pasado de la raya del 0,7% de déficit público que tenían comprometido. La consecuencia es que el agujero de las CCAA se ha disparado hasta el 1,66%, y ahora la pretensión de Hacienda es atar en corto los gastos para reducir el pozo sin fondo hasta el 0,5% en 2016, dos décimas todavía por encima del objetivo estimado de antiguo con vistas a este año, aunque más de uno se daría con un canto en los dientes si finalmente se consigue embridar a los diferentes centros de gasto existentes de un Estado descentralizado y cada vez más difícil de gestionar.
El Gobierno cree que todo el desvío de 2015 se debe a las autonomías que han pasado a ser gobernadas por coaliciones empeñadas en subidas de gasto público
Sin llegar a utilizar los niveles de intervención de las comunidades autónomas que la ley faculta al Gobierno central, lo que ahora se va a producir es un paso decisivo en la adopción de medidas de ajuste con carácter coercitivo, siguiendo el artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El artículo 26 invoca al 155 de la Constitución, que permite la suspensión de la autonomía, aunque eso son palabras mayores que nadie se atreve siquiera a esbozar en estos momentos. Lo que sí va a hacer Hacienda es atacar la administración económica de los gobiernos regionales en cuestión, todos ellos menos los tres citados, para que cumplan con plenas garantías las reglas de gasto que en los últimos meses del pasado año se han saltado a la torera.
Los responsables del erario público van a aplicar con mayor severidad la llamada condicionalid del FLA, que es una atribución exclusiva del Gobierno a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Dicho órgano colegiado del actual Ejecutivo en funciones se reunió este jueves y decidió un drástico control de las liquidaciones presupuestarias reguladas en el actual sistema de financiación autonómica. Ahora llega el momento de materializar el reparto de la recaudación generada en 2014, que supone un remanente adicional de 7.500 millones. Esta cifra deberá ser destinada exclusivamente a reducir los déficits fiscales, de modo que la libertad de actuación de los gobiernos regionales quedará restringida a una cifra de 3.000 millones, equivalente a la nueva financiación aportada anualmente por el Estado.
En algunos casos, se darán situaciones de mayor rigor presupuestario, como en Aragón y Extremadura, que han vuelto a las andadas en los pagos a sus proveedores con retrasos que superan lo 90 días. El Estado suspenderá en ambas comunidades el mecanismo ordinario habilitado a tal efecto y liquidará directamente las facturas a los acreedores de uno y otro territorio autonómico. En Navarra, la excepción tendrá un signo mucho más venial, por cuanto que el Gobierno de Uxue Barkos no está acogido al FLA pero figura, por supuesto, entre los que han incrementado su déficit por encima de lo previsto. Hacienda no podrá aplicar en este caso las mismas medidas coercitivas que en el resto de comunidades autónomas y deberá conformarse con adoptar instrumentos de ajuste de carácter preventivo.
Con excepción de los gobiernos regionales de Canarias, País Vasco y Galicia, todos los demás deberán modificar sus presupuestos para 2016
El Gobierno considera que todo este marco de actuación presupuestaria es una obligación ineludible, aun en el supuesto de que las distintas comunidades sigan la vía emprendida por Cataluña y decidan recurrir al Tribunal Constitucional en contra de lo que, a buen seguro, se va a interpretar como un control sin precedentes de su soberanía autonómica. El gran problema que tiene España ahora es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria puede ser bloqueada en sede judicial, pero antes de que eso ocurra Cristóbal Montoro está dispuesto a parar como sea la sangría que puede provocar en nuestro país una situación como la que se critica en Francia y Portugal.
Nuestros más próximos vecinos están bajo la lupa de Bruselas, no solo porque hayan incumplido los pactos de estabilidad sino porque en ambos casos han aumentado el déficit público. España no ha alcanzado los objetivos, pero el 'agujero' de las cuentas públicas se ha reducido en el pasado año en relación a 2014, cuando se contabilizó un 5,8% del PIB. Si se descuentan los gastos no recurrentes de 2015, el déficit ahora habría sido del 4,8%. Lo más importante para el Gobierno es que además la deuda pública en términos de PIB se ha reducido por primera vez desde 2007, y todo ello en un escenario de creación de empleo y crecimiento económico
El Estado central y los ayuntamientos han mejorado incluso sus previsiones presupuestarias. En el primer caso, con un déficit del 2,68% del PIB frente al 2,9 estimado inicialmente, lo que supone 2,2 décimas. En lo que respecta a las corporaciones locales, incluyendo las denostadas diputaciones, se ha obtenido un superávit del 0,44%. En suma, un 0,66% que absorbe todo el desvío de la Seguridad Social, que ha cerrado el ejercicio con un déficit del 1,26%, cuando tenía estimado solo un 0,6%. El Gobierno entiende, no obstante, que el sistema público de pensiones está todavía a salvo, como demuestra el hecho de que en 2015 el número de pensionistas haya crecido en 79.000 pero los nuevos cotizantes hayan superado los 533.000.
A este ritmo no habría nada que temer, pero para eso hace falta que la economía se siga moviendo a velocidad de crucero y no por la inercia de una etapa de ajustes draconianos que, como se puede apreciar, todavía no han terminado. La relajación fiscal del pasado año electoral ha sido realmente demoledora para las arcas públicas y la situación política hace temer que lo peor pueda estar aún por venir. 2016 empieza a ser un año perdido, y eso ha obligado al Gobierno a despertar del letargo que exige su actual estado en funciones para ejercer el 'despacho ordinario' del poder que en estos casos otorga la Constitución.
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