La reforma laboral de 2012 es, probablemente, la norma más vilipendiada de cuantas se aprobaron durante la pasada legislatura. Sus críticos siempre se opusieron a ella afirmando que no serviría en absoluto para crear empleo y, ciertamente, durante algunos trimestres, tan negros augurios parecían cumplirse: la tasa de desempleo española aumentó desde el 21,6% en 2011 a más del 26% a finales de 2013. Sin embargo, una vez superada la recesión, nuestra economía volvió a crecer y a generar empleo: el mercado laboral dio un giro de 180 grados y los enemigos de la reforma laboral se quedaron descolocados. Así, desde 2014, las críticas a la misma cambiaron de contenido: lo que se nos ha venido vendiendo es que el actual ritmo de creación de empleo no tiene nada que ver con la reforma laboral, la cual sólo ha servido para precarizar las relaciones laborales.
Sin embargo, para poder sentenciar tan tajantes juicios necesitamos efectuar lo que se conoce como un “análisis contrafactual”, es decir, estimar qué habría sucedido en España sin la reforma laboral para posteriormente contrastarlo con lo que ha sucedido con la reforma laboral. Es decir, ¿España está creando empleo gracias a la reforma laboral o lo está haciendo a pesar de la reforma laboral? Hasta ahora no contábamos todavía con ningún estudio que tratara de estimar seriamente tales efectos, pero hace unos días la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicó el primero de los muchos que probablemente se irán pergeñando en los próximos años. Sus conclusiones son tajantes: la reforma laboral ha resultado muy beneficiosa para la creación de empleo y, en especial, para la creación de empleo indefinido entre los más jóvenes.
Así las cosas, la probabilidad de que los parados encuentren un empleo indefinido ha aumentado en un 51,3% gracias a la reforma (entre los jóvenes lo ha hecho en un 88,5%). A su vez, y en contra de lo que suele criticarse, la reforma no ha incrementado la probabilidad de encontrar un empleo temporal: ésta sigue siendo básicamente la misma que antes de 2012. O dicho de otra manera, los cambios laborales introducidos durante la pasada legislatura no han contribuido a precarizar, sino a mejorar, la calidad del empleo en España: mientras que, antes de 2012, era 7 veces más probable salir del paro mediante un contrato temporal que mediante un contrato indefinido, hoy, gracias a la reforma, lo es 4,6 veces. No hay más precariedad de la que habría habido sin reforma laboral, sino mucha menos.
Claro que acaso los enemigos de la reforma laboral podrían alegar que ésta, si bien facilita la creación de empleo, también incrementa muy sustancialmente la probabilidad de ser despido. Pero no: el estudio también concluye que la probabilidad de rescisión de un contrato indefinido no ha aumentado tras la reforma y que, en el caso de los contratos temporales, se ha reducido un 14%. De hecho, la duración media de contrato temporal se ha incrementado, merced a la reforma, de 10,5 a 13,3 meses.
En definitiva, si tomamos en consideración la mayor probabilidad de encontrar empleo y la menor probabilidad de ser despedido, podemos atribuir a la reforma laboral un tercio de todo el empleo creado durante la pasada legislatura. Es decir, sin reforma laboral, España habría creado un 33% menos de empleo. Eso sí, nada de lo anterior debería interpretarse como que nuestro país ya disfruta de un mercado laboral de ensueño: pese a la sustancial mejoría, la probabilidad de encontrar un empleo indefinido sigue siendo bajísima. La reforma laboral debería ser vista sólo como el primer paso en la dirección adecuada, no como su destino final. Toca revisarla para completarla: es decir, toca liberalizar plenamente nuestro mercado de trabajo.
La amenaza
El Banco Central Europeo aprobó el pasado jueves nuevas medidas de estímulo monetario con las que presuntamente pretende relanzar el crecimiento económico dentro del Viejo Continente. En concreto, el BCE ha anunciado nuevas inyecciones de liquidez en el sistema bancario y la imposición de tipos de interés negativos a las entidades que mantengan sus reservas en líquido. Con todo ello, se pretende empujar a los bancos a prestar más de lo que actualmente lo están haciendo para relanzar la actividad empresarial. Pero el problema de Europa no es que los bancos se hayan vuelto excesivamente conservadores, sino que las familias y las empresas europeas continúan estando excesivamente endeudadas y, por tanto, carecen de margen para endeudarse todavía más. Por ello, la estrategia del BCE puede terminar siendo contraproducente: empujar a que los agentes se endeuden más cuando siguen estando muy endeudados sólo puede conducir a crear nuevas burbujas y a alimentar nuevas bancarrotas futuras. Si aspiramos a que Europa se recupere, necesitaremos de más liberalizaciones y de menores impuestos, no de más chutes monetarios.
Parálisis reformista
Precisamente, si Europa necesita de más reformas y de menores impuestos para crecer con vigor, no parece que en España vayamos a disfrutar de ninguna de ambas recetas. La parálisis política y la ausencia de un gobierno sólido y reformista fueron justamente dos problemas criticados la semana pasada por Bruselas: el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, nos recordó que durante este año hemos de aprobar ajustes presupuestarios de 8.000 millones de euros y profundizar en muchas de las liberalizaciones que quedaron pendientes en la pasada legislatura. Sin embargo, ninguna posible coalición de gobierno parece que vaya a abrazar tan necesaria agenda: PSOE y Ciudadanos proponen incrementar el gasto en cerca de 20.000 millones y Podemos reclama un aumento de 135.000 millones. A su vez, tanto unos como otros pretenden derogar algunas partes —o la totalidad— de la reforma laboral, multiplicando las rigideces de nuestro mercado de trabajo. No deja de resultar dramático que, conociendo la dirección hacia la que tenemos que remar, las fuerzas políticas insistan en llevarnos por la contraria.
El ejemplo de Chipre
La economía de Chipre se desmoronó en el año 2013 tras el colapso de su sistema financiero. La Eurozona se negó a rescatar a sus bancos quebrados y, en consecuencia, el gobierno de la isla tuvo que imponer pérdidas a los acreedores de las entidades financieras y establecer controles de capitales para evitar más bancarrotas desordenadas. En ese complicado contexto, la Troika se limitó a otorgar le a su gobierno una línea de crédito extraordinaria para cubrir sus necesidades de financiación, a cambio de que éste efectuara ajustes presupuestarios y aprobara determinadas reformas estructurales. Desde entonces, y a diferencia de lo que ha sucedido con sus vecinos griegos, el país ha logrado salir de la recesión, estabilizar su sistema financiero, acabar con su déficit público y volver a crear empleo. La lección que nos transmite el caso de Chipre es, pues, bastante clara: una economía desmoronada puede salir de la crisis cuadrando sus cuentas, abriendo sus mercados y evitando rescatar a sus bancos a costa de los contribuyentes. Tomando las medidas adecuadas, sí se puede.
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