El BdE ya no puede alegar ignorancia en la quiebra de las cajas: ¿algún responsable?

El supervisor ya no puede seguir escudándose en que no era posible prever la gravedad de la crisis. El informe sobre Caja Madrid de 2009 lo desmiente. Debe haber responsabilidades

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COLUMNA CAPITAL

"Nadie podía prever la magnitud de la crisis ni que iba a tener un impacto tan grave en algunas entidades". Esta ha sido la excusa 'oficial' de los responsables del sector, el Banco de España y los gobiernos de PSOE y PP para no hacerse responsables del hundimiento de las cajas de ahorros, que han repetido por activa y por pasiva en comparecencias públicas, e incluso en sede parlamentaria y judicial. No es cierto. Hasta ahora, lo desmentían algunos inspectores del BdE, que aseguraban que ellos advirtieron en numerosas ocasiones a la dirección del supervisor pero que no les hicieron caso. Ahora ese desmentido queda confirmado negro sobre blanco con el informe oficial de la inspección que se realizó a Caja Madrid en 2009 que ha revelado El Confidencial (consúltelo aquí).

Lo que los inspectores detectaron entonces no sorprende a nadie:sobretasaciones generalizadas de los pisos, hipotecas por encima del 80% e incluso del 100% del valor de la vivienda, concesión de préstamos a clientes pese a que los modelos de las entidades decían que había que rechazarlos (y se les concedían porque el bonus de los empleados de las cajas estaba en función de cuánto crédito daban), refinanciaciones a mansalva de particulares y, sobre todo, promotores como "huida hacia delante" -literal en el informe- para no reconocer que esos créditos eran morosos y tener que apuntarse la pérdida correspondiente, adjudicaciones de inmuebles con valores inflados también para evitar el reconocimiento de pérdidas, etc. No nos sorprenden ahora, después de las quiebras y los rescates con dinero público. Pero los inspectores lo dijeron en 2009, cuando aún se podía haber hecho algo para evitarlo.

Incluso se habla de cosas todavía más chuscas, como el otorgamiento masivo de hipotecas a inmigrantes con permisos temporales de residencia y trabajos eventuales, o que el hecho de cobrar en negro computara para conseguir un préstamo o refinanciarlo. Algo que recuerda a la escena de la película 'The big short' ('La gran apuesta') sobre la burbuja inmobiliaria en Florida, cuando los agentes inmobiliarios -aquí los API también eran los que intermediaban las hipotecas a los inmigrantes a los que vendían pisos- dicen que les sale mucho más rentable darle una hipoteca a un inmigrante sin papeles que a una familia norteamericana solvente.

El BdE negó la evidencia y trató de engañar

                                                    Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

De todo esto alertaban los inspectores del Banco de España en 2009 en el caso de Caja Madrid, como se demuestra en el documento citado. Y es de suponer que también en otras entidades que realizaban prácticas similares y que acabaron corriendo su mismo destino: CCM (que cayó justo por esas fechas), Cajasur, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya, las cajas gallegas luego fusionadas, las entidades que formaron Banca Cívica, Ceiss o Unnim, etc. Es decir, la cúpula del Banco de España, encabezada por Mafo (Miguel Ángel Fernández Ordóñez) lo sabía. Ya no puede negarlo más. Y no hizo nada.

Peor aún: negó la evidencia. Y confundió al resto del mundo. En junio de 2014, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, dijo en Santander que la culpa del desastre la tuvo el Banco de España porque, siempre que le preguntaban por la situación de las cajas, respondía que "todo está perfecto", en vez de buscar soluciones cuando aún había tiempo. 

La hora de las responsabilidades

Ahora, todo se le ha venido abajo al BdE con la publicación de este informe solicitado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Ya no vale echarle la culpa al chachachá, como hace Mafo en el libro que ha escrito. Es hora de depurar responsabilidades. Este magistrado pretende considerar delito estas prácticas generalizadas que llevaron a las cajas a la quiebra. Si lo hace, se abre la puerta a juzgar a todos los responsables de las entidades (hasta ahora, la mayoría de procesos se centran en las indemnizaciones y pensiones millonarias que se llevaron, encima).

Pero no solo a ellos. Deberían responder también los auditores, cooperadores necesarios cuando no cómplices -como en el caso Bankia, donde Deloitte fue sancionado por ayudar a elaborar las cuentas que después él mismo auditó-. Y, a la vista de estas revelaciones, los responsables del Banco de España. Un despilfarro de 41.000 millones de dinero público, el rescate de las cajas, lo exige.